Facultad

  • Discurso de don Carlos Estévez

Resumen

Abstract

 

Discurso de incorporación de don Carlos Estévez como miembro académico de la Facultad, pronunciado el 8 de Julio de 1941, en la sesión solemne de esa Corporación.

 

Reforma que la Constitución de 1925 introdujo a la de 1833

Sea mi primera palabra, al incorporarme a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, de agradecimiento por el honor que ha querido dispensarme, asociándome a sus tareas y dándome un lugar junto al de tantos chilenos ilustres que han sido miembros de ella Comprendo que no tengo méritos para ello, la Facultad al elegirme miembro académico, ha querido distinguir al Profesor, que durante 30 años desempeñó en la Escuela de Derecho la cátedra de Derecho Constitucional y que retirado de la Universidad de Chile, ha continuado en la Universidad Católica de Santiago, sirviendo esa misma asignatura desde hace 10 años. El ramo que durante tanto tiempo he profesado, tiene importancia capital en la formación intelectual del joven estudiante; el Derecho Constitucional le da a conocer las nociones fundamentales de derecho; su estudio lo hace penetrarse de la idea de que toda la organización de su patria descansa en un orden jurídico; conoce en detalle la organización de los poderes públicos de su país; aprende a respetar las garantías, libertades y derechos, que en el régimen constitucional, son el patrimonio de todos los habitantes de la República. No es poca, pues, la responsabilidad que pesa sobre el profesor que toma sobre si la tarea de enseñar tan importante materia y de procurar que el joven universitario sienta cariño y respeto por lo que constituye el derecho constitucional de su país. Mi larga experiencia me permite asegurar que ningún esfuerzo, deja en el espíritu una satisfacción mas honda y duradera que el ejercicio de la enseñanza; ningún trabajo tiene una mayor compensación: sentir que las ideas que inculcó en los jóvenes estudiantes, han dado los frutos que el esperaba, y al mismo tiempo verse rodeado del respeto y del afecto de los que han sido sus alumnos. Basta esto para sentir una profunda satisfacción. Para dar cumplimiento a los reglamentos universitarios, debo hacer un discurso de incorporación a la Facultad; he escogido un tema que tiene relación con la asignatura que he desempeñado. Voy a referirme a las principales reformas que la Constitución de 1925, introdujo en la Carta de 1833, reformada en los años 1873 y 1874. Sólo podré ocuparme y en forma somera de alguna de esas reformas, las más Importantes; estudiarlas todas en sus detalles, es decir, en su historia y aplicación practica en la República, seria tarea propia de un trabajo de largo aliento, que excedería con mucho los limites de un discurso.

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La primera y mas importante de todas has reformas es la que se refiere a la forma de gobierno. Para comprender todo su alcance se hace necesario recordar algunos de los hechos mas sobresalientes de nuestra vida constitucional. Todas las Repúblicas Americanas que nacieron, a principios del siglo XIX, desprendidas de la Monarquía Española, trataron de organizarse políticamente con arreglo a normas jurídicas deducidas de las instituciones inglesas, norte-Americanas o francesas. Las nuevas nacionalidades, y especialmente la nuestra, manifestaron desde el comienzo de su lucha por la Independencia el deseo de organizar su vida política y social fundándola en los principios del derecho. El trabajo tenia que ser largo y difícil, ya que faltaban las tradiciones políticas que las nuevas Repúblicas no habían heredado de España. Esta aspiración de nuestro país, aparece de manifiesto cuando se estudia el movimiento de nuestra vida institucional iniciado en 1810 y proseguido hasta 1833, periodo a que nosotros hemos dado el nombre de periodo de formación Constitucional. En el transcurso de esos 23 años de nuestra historia, se dictan constituciones y reglamentos, mas o menos perfectos bajo el punto de vista teórico, pero desconectados con las realidades de la vida a que eras disposiciones debían aplicarse. Todas ellas fueron aspiraciones ideológicas de imposible realización práctica, hijas de una falta absoluta de experiencia política, eso sí, siempre inspiradas en un espíritu del más puro patriotismo y en el deseo de dar a la República una organización que asegurara el orden, la libertad y la justicia. el estudio de aquellos documentos nos muestra como van apareciendo poco a poco las principales instituciones del derecho publico, y como los principios consignados en un Reglamento o en una Constitución se perfeccionan y mejoran para adaptarse mejor a las-realidades políticas del momento. Nuestra evolución fue relativamente corta, si se la compara con la de otras Repúblicas Américanas, que tardaron muchos años en encontrar las instituciones que dieran estabilidad a su organización política. Fue para nosotros una suerte que eso se lograra gracias a situaciónes peculiares nuestras, que los historiadores han dado a conocer. El movimiento de formación constitucional chileno, terminó en 1833, con la dictación de la Constitución del 25 de Mayo de ese año. La Carta de 1833 es una creación genuinamente nacional, cuyo fin primordial fue asegurar la tranquilidad y el orden en la República; su objetivo poner término a un periodo de desordenes políticos, de anarquía y de militarismo; para ello creó un poder ejecutivo fuerte y poderoso. Dentro del concepto de la Constitución de 1833, el Presidente de la República no es un poder pasivo, todas sus características son las que corresponden al Jefe y Director del Gobierno de la República. En la práctica el Presidente era el gran elector y a pesar de las facultades del Congreso la supremacía del Presidente sobre él era evidente. Podía ese régimen no ser muy ajustado a los principios republicanos, muchas de las disposiciones de la Carta de 1833, merecen criticas, sobre todo analizadas después de muchos años del progreso político; pero el sistema ideado en la Constitución consolidó el poder, creó el respeto a la, autoridad no encarnada en una persona o en un caudillo militar, sino en el representante del poder publico. La paz interior y el orden imprimieron al país un ritmo de progreso que no se detuvo. Junto con la organización de nuestro régimen político, se organizo también nuestra administración pública y nuestro régimen financiero. Aunque la más pobre de las colonias américanas, nuestro país fue el primero que alcanzó una organización estable y una situación de justo prestigio en el Continente. Todo lo que pudo hacerse en los primeros 50 años de nuestra vida independiente fue el resultado de la organización política ideada en 1833; nada había sido posible realizar en el campo político, administrativo o financiero; si al frente del gobierno no hubiéramos tenido un poder Ejecutivo poderoso encarnado en el Presidente de la República. El régimen político creado por la Constitución del 33, se aplico durante cuarenta años, sin que se tocaran las disposiciones de la Constitución y sin que se produjera conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, salvo en dos o tres casos que fueron la excepción en las relaciones normales entre ambos poderes. - El progreso que el orden y la tranquilidad, habían creado en la República, la mayor cultura política adquirida durante los cuarenta años de vida constitucional permitió que se iniciara en los años 1873 y 1874 un periodo de reformas a la Constitución de 1833. De las reformas efectuadas, algúnas fueron felices, otras desgraciadas, la experiencia que las fue aquilatando así lo demostró; pero todas ellas importaron un cambio profundo en la organización ideada en la Carta de 1833, un cambio completo en el concepto del rol político que correspondía a cada uno de los poderes del Estado. De ese periodo de reformas, vale la pena recordar entre otras la que al prohibir la reelección presidencial, quitó al Presidente de la República, gran parte de la enorme influencia de que disponía; la modificación de las disposiciones relacionadas con la concesión de facultades extraordinarias, cambió el carácter que esa institución tenía por una disposición que solo autoriza la restricción o suspensión de algúnas libertades publicas; el estado de sitio y las atribuciones que por el se conceden al Presidente de la República fueron también modificadas. Aquellas reformas ampliaron y precisaron las facultades fiscalizadoras de la Comisión Conservadora, dando así una mayor influencia a esa corporación que actuaba en representación del Congreso; en cambio, sin alterar las atribuciones del Consejo de Estado se cambio su composición y de cuerpo netamente presidencial, como lo habían concebido los Constituyentes de 1833, se hizo un cuerpo en que la mayoría de los miembros era de nombramiento del Congreso. El Senado de la República ideado por los constituyentes como un cuerpo netamente conservador, en el que debía manifestarse sin contrapeso la influencia del Presidente de la República, fue notablemente cambiado en su forma de elección, cesando de ser una asamblea elegida por la nación entera, para convertir se en una asamblea representativa de las provincias. Las libertades publicas reconocidas en la Carta de 1833, fueron ampliadas con las de reunión, asociación y enseñanza; el sufragio restringido establecido en la Carta de 1833 paso en realidad a ser sufragio universal, al establecer la Ley de elecciones de 1874, que se presumía de derecho, que el que labia leer y escribir tenía la renta. Que la Constitución exigía para el ejercicio del derecho de sufragio; el sufragio así ampliado iba a encontrar su complemento en la adopción del voto acumulativo en las elecciones políticas, en un régimen de incompatibilidades parlamentarias que reformas posteriores iban a hacer absolutas. Todas estas reformas y otras de carácter secundario estaban llamadas a introducir un cambio profundo en las relaciones entre los poderes del Estado: Presidente de la República y Congreso. Hasta entonces ambos poderes habían caminado unidos y hecho juntos la labor de Gobierno, en adelante iban a actuar en planos distintos. el Presidente de la República iba a dejar de tener la influencia electoral que hasta entonces había ejercido. Los partidos políticos no tendrían la cohesión que la acción del Presidente de la República les había impreso; cuando esa acción cesó, los partidos se dislocaron, se dividieron en grupos que hacían imposible la acción del Gobierno, no podrían prestarle una colaboración que fuere estable y duradera. Es indudable que los Congresos de 1874 y 1888, que hicieron las principales reformas constitucionales a la Carta de 1833, no quisieron que el Congreso absorbiera al Presidente de la República, se sobrepusiera sobre él y anular a su acción; sin duda alguna que ese no fue su pensamiento, pero en el hecho las reformas habían debilitado la acción del Presidente de la República, y desnaturalizado la del Congreso; el equilibrio entre ambos poderes podía romperse en cualquier momento con grave perjuicio para la estabilidad de las instituciones y el funcionamiento del Gobierno. La lucha entre el Presidente de la República y el Congreso se inició en 1888 y vino a terminar en 1891 con la revolución de aquel año. La crisis doctrinaria del conflicto se precisó el año 1890 para determinar si las disposiciones de la Constitución de 1833 consagraban el régimen de gobierno parlamentario o de gabinete de tipo ingles o el gobierno representativo o presidencial de tipo norte-américano. Probablemente los Constituyentes de 1833 no dieron al problema especial importancia; si lo tuvieron presente, no pretendieron soluciónarlo; del conjunto de las disposiciones de la Carta de 1833 no se desprende que sus autores quisieran pacer una imitación servil de las disposiciones constitucionales de otros pueblos, tomaron de ellas lo que creyeron mas adecuado a las necesidades del país y al momento en que legislaban, crearon un poder ejecutivo poder oso, sin que su acción pudiera llegar a convertirse en tiranía, ya que el Congreso contaba con medios para obligarlo a respetar las leyes, aparte de que la Constitución consagraba independientemente de la acción del Presidente de la República y del Congreso, las garantías y libertades constitucionales prolijamente enumeradas. En las sesiones ordinarias de 1890 la mayoría de la Cámara de Diputados manifestó su desconfianza al Ministerio organizado en vísperas de la iniciación del periodo. el Ministerio expreso, a su vez, que a pesar de la desconfianza de la mayoría parlamentaria, permanecería en su cargo mientras contara con la confianza del Presidente de la República, quien sostenía que la disposición constitucional lo autorizaba para nombrar y remover a su voluntad a los Ministros del Despacho; si la Constitución le ha dado esa facultad, quiere decir que el Presidente, no esta sometido en su ejercicio a otra voluntad que la suya, lo demás seria incompatible con los términos expresos de la disposición constitucional. A este concepto, agregaba el Presidente que si la Constitución no daba expresamente al Congreso la facultad de censurar a los Ministros de Estado, el Congreso no tenía esa atribución, ni podría atribuírsela, porque importaría el olvido de un principio fundamental de Derecho Público, según el cual los poderes públicos no tienen otras atribuciones que aquellas que les hayan sido expresamente conferidas por las leyes. A la tesis del Presidente de la República se oponía por la mayoría parlamentaria, la de que con arreglo a las disposiciones constitucionales tomadas en su conjunto, la Carta de 1833, creaba en sus disposiciones el gobierno parlamentario o de gabinete. Esas disposiciones eran las que hacían al Presidente de la República irresponsable mientras gobernaba y solo responsable dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, para salvar esa añomalía del régimen republicano, los constituyentes del año 33 establecieron, que las ordenes del Presidente de la República para ser obedecidas deberán ser refrendadas por el Ministro de Estado respectivo. Los Ministros eran ampliamente responsables ante el Congreso, individual y solidariamente. Estos conceptos aparecían robustecidos, en la tesis del Congreso, por sus facultades especiales, deducidas de las leyes constitucionales de duración periódica, que autorizaban el cobro de las contribuciones, el mantenimiento de las fuerzas de mar y tierra y la ley de residencia. Esas leyes daban al Congreso una arma poderosa para influir directamente en la gestión del gobierno, obligando al Ejecutivo a aceptar la política que impusiera la mayoría parlamentaria. Si a esto se agrega que el ejercicio de las facultades fiscalizadoras del Congreso, sobre todos los ramos de la administración publica estaba expresamente reconocida y ejercitada. en la práctica por las dos ramas del Parlamento, se tendrá que el conjunto de esas disposiciones daban al Gobierno de la República el carácter típico del régimen parlamentario, según el cual el gobierno se realiza mediante la colaboración estrecha de los poderes Ejecutivo y Legislativo, realizada por el Gabinete. El Gabinete no puede permanecer en funciones si no cuenta con la confianza de la mayoría parlamentaria. Aplicado ese régimen a una República como la nuestra, el Presidente, solo presidía la función del Gobierno, no la dirigía, estaba colocado sobre los partidos, debía servir de elemento moderador entre ellos; para que la función del gobierno parlamentario se realizara era indispensable la existencia de una mayoría estable, disciplinada y homogénea que colaborara a la acción del gobierno y permitiera a los Ministros de Estado realizar las funciones administrativas con prescindencia absoluta de los intereses de los partidos políticos. La lucha entre las dos tendencias tenía forzosamente que traducirse en el predominio del Presidente de la República, sobre el Congreso o el del Congreso sobre el Presidente de la República. La mayoría parlamentaria, inspirada en sanos y elevados propósitos de bien publico, quería implantar en nuestro país, el régimen parlamentario ingles, que creían más que en ningún otro compatible con los principios de libertad política, mas apto para asegurar el progreso de la nación y la ingerencia de esta en el manejo de los negocios públicos. Nada mas respetable que ese ideal político, sin embargo quedaba por resolver el problema fundamental, saber si ese ideal era realmente practicable en Chile, si era posible realizarlo en las Repúblicas Américanas o era solo posible en Inglaterra, donde una tradición de siglos lo había ido implantando lentamente. No podíamos tener seguridad de poder contar con la masa ciudadana ilustrada, sensata, consciente y animada del espíritu publico necesario par a que su influencia en el Gobierno se hiciera sentir en forma benéfica. Era también una incógnita saber si contaríamos con los partidos políticos, organizados, disciplinados, conscientes de sus deberes mas que de sus derechos, y sin los cuales el mecanismo del régimen parlamentario seria imposible. Surgía en muchos espíritus el terror de que estuviéramos seducidos por el brillo de teorías políticas, que llevadas a la práctica no nos dieran los resultados que se esperaban. La Revolución de 1891, dio el triunfo al Congreso que preconizaba la implantación en nuestro país del gobierno parlamentario o de gabinete. Desgraciadamente, los revolucionarios triunfantes, no emprendieron el trabajo de reformar la Constitución y amoldar sus disposiciones a las reglas esenciales del Gobierno de Gabinete, sin los cuales no iba a ser posible su funcionamiento correcto. Iban a faltarle aquellos resortes que son de su esencia, como la existencia de una sola Cámara política, la facultad del jefe del poder Ejecutivo para disolver esa Cámara, la adopción de reglas que modificaran los reglamentos de las asambleas políticas, para facilitar el trabajo legislativo y reglamentar el ejercicio de las facultades fiscalizadoras, para evitar que el abuso de ellas concluyera con la estabilidad de la administración publica. Nada de eso se hizo, el gobierno de gabinete que empezó a funcionar desde 1892, fue un régimen imperfecto, incompleto en el sentido jurídico de la expresión. La gestión gubernativa desde 1891 a 1925, fue, sin duda, desgraciada; el régimen cuya implantación había importado tantos sacrificios, no fue acertado en el manejo de los negocios públicos no por que faltaran a nuestros gobernantes y a nuestros parlamentarios, capacidad, patriotismo y desinterés, sino porque el régimen mismo no podía funcionar en nuestro medio y en la forma en que había sido ideado. Luego se vió reducido el rol que la Constitución asignaba al Presidente de la República; el poder que hasta entonces había sido ejercido por el Presidente fue hábilmente absorbido por el Congreso. No pudo el Presidente imprimir rumbos al gobierno, desde que el no gobernaba, el gobierno había pasado a los partidos políticos, a quienes estaba entregada su dirección. Los partidos políticos, que debían jugar un rol de primera importancia en el gobierno, carecían de la cohesión necesaria. Había muchos partidos o muchos grupos dentro de un mismo partido, que se unían o se separaban según las circunstancias del momento. Los Ministros no eran, según las reglas del juego del gobierno parlamentario, los conductores de esa mayoría que debía sostenerlos y colaborar con ellos en el gobierno, eran dependientes de esas mayorías, muchas veces esclavos de sus caprichos. el rol que a ellos les correspondía desempeñar, estaba en la práctica reemplazado por la voluntad de mayorías ocasionales. Había nacido así una verdadera dictadura parlamentaria, la más peligrosa de todas las dictaduras, porque es una dictadura irresponsable. La omnipotencia del Congreso, había ido creciendo día a día, era indispensable encontrar la forma de ponerle termino y restaurar el equilibrio en el gobierno. Las organizaciones ministeriales eran el reflejo de esas mayorías ocasionales; se sacrificaba la preparación de las personas a las exigencias políticas del momento, los ministerios duraban tres o cuatro meses. A partir de 1891 las crisis ministeriales fueron haciéndose en cada periodo presidencial más frecuentes, después de cada crisis la autoridad del Presidente de la República, su rol de conductor del Gobierno de la nación, aparecía más desmedrada. Se comprende fácilmente que este régimen, tuviera como resultado inmediato, la anarquía y el desorden, la falta de orientación fija en la dirección política y administrativa de la República. La administración pública aparecía completamente desquiciada, influenciada por la política y la intromisión del Congreso en los servicios públicos, los ministros no tenían autoridad para corregir el mal, les faltaba la estabilidad y la continuidad necesaria en el desempeño de sus cargos. Existía en la práctica, como consecuencia del rol que a los ministros se les había asignado en el Gobierno, la imposibilidad práctica de legislar, de imprimir una dirección en la obra legislativa, las leyes aún las más urgentes o no se despachaban o eran el resultado de transacciones de intereses opuestos y antagónicos; lo que en la práctica resultaba agravado con el defectuoso funcionamiento del Congreso, por la carencia de disposiciones reglamentarias bien concebidas. El sistema hizo crisis en 1924; lentamente había venido formándose en la conciencia publica, la necesidad absoluta de modificarlo en lo referente a las relaciones entre el Presidente de la República y el Congreso; si queríamos mantener nuestro gobierno en las vías del derecho debíamos implantar las reformas necesarias para hacer que el gobierno parlamentario contara con los resortes constitucionales, sin los cuales, no es posible su funcionamiento; en caso contrario deberíamos buscar otro sistema más sencillo, de rodajes menos complicados que basado en la independencia de ambos poderes hiciera viable la armonía necesaria entre ellos para realizar la función del gobierno. Desgraciadamente las reformas necesarias, no se hicieron por las vías que la Constitución misma señalaba, aprovechando la renovación del Congreso, sino que tuvieron su origen en un golpe de fuerza, seguido poco después de la convocación por el Ejecutivo de una Comisión Consultiva que preparo las reformas a la Constitución de 1833, que se cristalizaron con el proyecto que fue sometido y ratificado en un plebiscito en 1925. Las reformas efectuadas para precisar nuestra forma de gobierno democrático representativo, han hecho desaparecer de nuestra Constitución todo vestigio de régimen parlamentario. El concepto de la Constitución vigente, que se transparenta en el conjunto de disposiciones, es el régimen de gobierno en que ha querido buscarse el equilibrio de los poderes públicos ejecutivo y legislativo, mediante la independencia en sus relaciones y en el ejercicio de sus atribuciones perfectamente definidas y señaladas. Para realizar ese fin se ha hecho al Presidente de la República, responsable ante el Parlamento, mientras gobierna, sin perjuicio de la responsabilidad de los Ministros. Han quedado expresamente eliminadas de la Constitución las leyes políticas de carácter periódico, a excepción de la Ley de Presupuestos de la nación, sometida a una modalidad especial. Ha quedado expresamente establecido, al señalar la forma de ejercicio por el Congreso de sus facultades fiscalizadoras, que los proyectos de acuerdo que apruebe la mayoría de la Cámara o las observaciones que sugiera no comprometen la responsabilidad política de los Ministros, son ellos funcionarios, libremente designados por el Presidente de la República, permanecen en el Gobierno, mientras cuenten con su confianza, sin que los partidos, puedan tener otra ingerencia que la que resulte de su importancia política y de su colaboración al gobierno. La Constitución ha vuelto así a los conceptos fundamentales de la Carta de 1833, el Gobierno de la República esta encomendado al Presidente de la República, así mismo la administración con la colaboración de los Ministros; al Congreso la tarea de legislar y de fiscalizar los actor del Gobierno. Dentro del concepto de la Constitución, el Presidente de la República, no puede imponer su voluntad al Congreso, ni el Congreso puede absorber al Presidente de la República. En el ejercicio de sus respectivas atribuciones, esta el funcionamiento correcto del régimen de gobierno. ¿La reforma en esta materia tan fundamental ha sido feliz o desgraciada? en materia política, nada hay absolutamente bueno o absolutamente malo, todo tiene que guardar relación con el estado del país al cual se aplican tales o cuales instituciones; será la aplicación práctica, las que nos va a permitir aquilatar si la reforma hecha ha sido o no beneficiosa para el país. Seria una enorme ventaja, si da al Gobierno estabilidad política sin la cual no puede existir una gestión administrativa correcta y eficiente. Lo que si hay el derecho a pedir a gobernantes y gobernados es la aplicación honrada en su letra y en su espíritu de las disposiciones de la Constitución.

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La Constitución abordó y resolvió el problema religioso en nuestro país. El derecho público chileno en materia de relaciones entre la Iglesia y el Estado estaba todo el inspirado en los principios que habían regido en la América Española, durante el periodo colonial. La Constitución de 1833, consagro en esta materia las disposiciones contenidas en las Constituciones anteriores; sanciono el reconocimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana como religión oficial del Estado de Chile; consagro el régimen de unión de los dos poderes civil y religioso, para aprovechar las ventajas que el ofrece, Canto al Estado como a la Iglesia; prohibió el ejercicio publico de otra religión que no fuera la de la Iglesia Oficial, al mismo tiempo dejo a la Iglesia Católica sometida a las disposiciones del Patronato Nacional, que autorizaban al Estado para intervenir en la Constitución de la jerarquía eclesiástica y para someter al pase o exequatur las bulas, breves y rescriptos pontificios. El régimen implantado después de nuestra Independencia no había sido sancionado por un acuerdo con la Sede Apostólica, estaba consagrado por disposiciones consignadas en las diversas Constituciones y aplicadas por ambas partes Estado a Iglesia, salvando cada uno lo que creía sus derechos esenciales a los cuales no podía renunciar. El régimen de unión entre la Iglesia y el Estado, aplicado durante mas de noventa años de nuestra vida republicana, había dado origen a conflictos, por la diferente apreciación que de sus derechos mutuos tenía el Estado y la Iglesia, por las dificultades inherentes a la aplicación de las leyes españolas, inadecuadas a la situación de nuestro país y porque aplicado por hombres, no era raro que pusieran en juego sus intereses o sus pasiones. Por otra parte la unidad de creencias religiosas, condición, sino indispensable, por lo menos de gran importancia, pare el funcionamiento del régimen de unión entre la Iglesia y el Estado, había desaparecido, existían en el país confesiones religiosas disidentes y partidos políticos que tenían en sus programas el principio de incorporar en nuestro derecho publico, la neutralidad del Estado en materia religiosa y la negativa para reconocer o profesar una religión determinada. Cuando se inicio el movimiento que iba a llevarnos a una reforma de las disposiciones de la Constitución de 1833, se creyó que seria posible también resolver el problema que estaba latente desde hacia algún tiempo y que en otros periodos de nuestra historia non había ocasionado graves dificultades de carácter político-religioso. Dos criterios podían aplicarse para llegar a su solución; el criterio de libertad para la existencia de las diversas confesiones religiosas y principalmente para la existencia de la Iglesia Católica, ya que nuestro país es esencialmente católico, y no es posible ignorar a la Iglesia o prescindir de ella, por su arraigo con la nacionalidad misma y por el carácter de su apostolado. Podía también resolverse el problema dentro de un principio de hostilidad a la Iglesia Católica y a las demás confesiones religiosas, desconociendo su personalidad, negándoles en forma franca o encubierta los medios necesarios para su vida y su desarrollo. Ello habría importado herir el sentimiento religioso del país, violentar la conciencia de los ciudadanos, crear la lucha religiosa cuyos males son inmensos, sin que sea posible en un momento dado medir las perturbaciones de todo orden que son su consecuencia. La reforma Constitucional de 1925, quiso eliminar toda posibilidad de lucha religiosa y toda sombra de persecución. Para conseguirlo en el artículo 10, N°. 2, colocado entre las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, garantías que según el concepto del derecho Constitucional, importan limitaciones a la soberanía misma, consignó el principio de la libertad de conciencia que si bien podía deducirse de las disposiciones de la Carta de 1833, no aparecía consagrado como en la actual en una forma expresa. La libertad de conciencia tal como hoy la concebimos significa, que no hay autoridad alguna, que pueda imponer valiéndose de coacción material o moral una creencia religiosa determinada, que el Estado no puede ingerirse en las ideas religiosas de una persona, ni imponer, ni prohibir a nadie que profese una creencia religiosa determinada, ni ser la diferencia de creencias religiosas, causas de desigualdad ante la ley para el ejercicio de los derechos y garantías asegurados a los ciudadanos. Es este el mas amplio concepto de libertad religiosa, garantía de paz y de tranquilidad social. Igualmente aseguro el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden publico. Conviviendo en el país, ciudadanos de diversas creencias religiosas, al Estado, le compete amparar el derecho de todos a la libre manifestación de sus creencias, dentro de las normas que el artículo señala Por el hecho de no reconocer a la Iglesia Católica, su carácter de religión oficial del Estado, se substituía, aunque no se dijera expresamente, el régimen de unión bajo el cual había vivido la República desde 1833, a un régimen de separación entre el Estado y la Iglesia y que se refería también a las demás confesiones religiosas. Pero tanto la Iglesia Católica y las demás confesiones, no son meras abstracciones de carácter filosófico o religioso, sino entidades que tienen vida y que se caracterizan por las varias formas de su acción; para poder realizarlo necesitan el reconocimiento de su personalidad y el amparo de las leyes para su vida y desarrollo. el reconocimiento de esa personalidad aparece expresamente consignado en la Constitución. Lógicamente, desaparecido el régimen de unión entre el Estado v la Iglesia Católica, si una y otra autoridad iban a conquistar su completa independencia, para convivir respetando sus mutuos derechos, era justo que también desaparecieran las atribuciones del Estado que en alguna forma entraban la independencia de la Iglesia y que entre nosotros estaban consignadas en las disposiciones constitucionales sobre el Patronato Nacional, las que fueron expresamente derogadas. La personalidad jurídica de las confesiones religiosas aparece principalmente del reconocimiento de sus derechos para erigir y conservar templos y sus dependencias, solo las personas naturales o jurídicas pueden ejercer el derecho de propiedad, la Constitución les reconoce esa personalidad, ya que les permite adquirir, poseer y conservar bienes para poder llenar los fines que le son propios. La Iglesia Católica era la única que al dictarse la Constitución de 1925, era según nuestras leyes persona jurídica de derecho público. Esa personalidad se remontaba a la época colonial, la Constitución de 1833, la reconoció y la proclamó religión oficial del Estado, creo para ella, sin duda alguna, un régimen de favor. Nuestro Código Civil, sancionó ese régimen al establecer en el titulo final de su Libro I la diferencia entre las personas jurídicas de derecho público y las de derecho privado, disponiendo que las reglas que señala para las personas jurídicas de derecho privado, no se extienden a las Corporaciones o Fundaciones de derecho publico; enumera entre ellas a las Iglesias, las Comúnidades Religiosas y los establecimientos que se costean con fondos del Erario. La Constitución de 1833, y también la actual, reconocen la personalidad internacional de la Iglesia Católica, al autorizar que el Presidente de la República pueda celebrar con ella concordatos. La reforma Constitucional, quito a la Iglesia Católica, su carácter de religión oficial del Estado, pero no altero su personalidad, subsiste ella por mandato expreso de la Constitución tal como existía a la fecha de dictarse la Constitución de 1925. Las leyes existentes en ese momento en cuanto reconocían la personalidad jurídica de derecho publico de la Iglesia Católica, han quedado incorporadas a la Constitución. La Constitución en esta materia no quiso alterar las normas generales del derecho, en materia de personalidad jurídica, que distinguen entre la existencia misma de la personalidad y las aptitudes, facultades o derechos que de esa misma personalidad se derivan. Estas facultades o derechos pueden alterarse sin alterar la personalidad misma, :que subsiste aun, cuando sea derogada la ley que la creo. La nueva ley podrá reglamentar el ejercicio del derecho, pero no destruirlo, ni atacar la validez de un derecho adquirido. Se podrán reglamentar las consecuencias nuevas de actor anteriores, señalar la forma de sus ejercicio, pero respetando la forma substancial del derecho mismo. No porque desapareció el régimen de la unión de la Iglesia y del Estado desapareció la personalidad jurídica de la Iglesia Católica, esta subsiste por las consideraciones hechas y especialmente a virtud de las disposiciones de los artículos 3.° y 10 de la Ley de Efecto Retroactivo, legislación cuya finalidad es resolver los conflictos que surgen del paso de una legislación a otra. No hay duda alguna acerca del pensamiento que inspiro a la Constitución de 1925, se quiso consagrar en la disposición constitucional el estatuto existente en ese momento; se quiso evitar un trastorno violento que habría podido dar origen a una lucha religiosa y crear en cambio dentro de una atmósfera de amplia tolerancia religiosa una amigable convivencia entre el Estado y la Iglesia Católica. Esta situación, en los quince años de vida del precepto constitucional, ha sido reconocida y sancionada, tanto por el poder Legislativo en diversas leyes dictadas, por el poder Ejecutivo en resoluciones de carácter administrativo y por los Tribunales de Justicia. cuando la cuestión ha sido llevada ante ellos La Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas son sujetos de derecho respecto de sus bienes presentes, los que existían al dictarse la Constitución de 1925 y sujetos también de derecho respecto de sus bienes futuros. Respecto de los primeros la Constitución hizo un reconocimiento expreso acerca de su dominio. Respecto de los bienes que se adquieren en el futuro, expreso la Constitución que ellos quedaban sometidos al derecho común, dentro de las garantías de la Constitución. Manteniéndose en nuestro derecho la distinción entre personas jurídicas de derecho público y derecho privado, el derecho común para las primeras en su propio derecho, son sus leyes y reglamentos especiales y par a las segundas el régimen especial que el Código Civil estableció en el Título 33 de su Libro I. Si se trata de personas jurídicas de distinto carácter, solo es posible aplicar, a unas y otras la legislación que es peculiar de cada una de ellas. Pero la garantía principal que del artículo constitucional se desprende, es que la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas, están amparadas por las garantías constitucionales, que la Constitución reconoce a todos los habitantes de la República sean personas naturales o jurídicas, de manera que respecto de sus bienes presentes o futuros no podrán dictarse leyes discriminatorias que desconozcan esas garantías. La Constitución dejo así resuelto el problema religioso en nuestro país, reconociendo la amplia libertad de conciencia y su manifestación externa, dentro del concepto de libertad y tolerancia religiosa. Reconoció la personalidad jurídica de derecho público de la Iglesia Católica, y la personalidad de las demás confesiones religiosas. Le aseguro a la primera y a las segundas sus medios materiales de vida, sin los cuales es imposible el desarrollo de su acción de apostolado religioso y social en beneficio del orden, de la paz y de la tranquilidad publica. La Iglesia Católica quedó libre de las trabas que nuestras leyes, herederas de las tradiciones de la monarquía española, tenían establecido con el nombre de Patronato Nacional. Libre cada cual para apreciar la bondad de los diversos regímenes que pueden ordenar las relaciones de la Iglesia y del Estado, sobre todo en los países católicos; consagrado por la Constitución el de separación entre el poder civil y el poder religioso, es de felicitarse que las disposiciones adoptadas por la Constitución la hayan sido, dentro del mas amplio respeto a la libertad religiosa.

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Entre las libertades que consagra la Constitución, ninguna mas importante, en un país democrático, que la libertad de la prensa. La prensa en el gobierno libre, tiene la misión de exponer las ideas de los ciudadanos, amparar sus libertades y derechos y fiscalizar la acción de los gobernantes. El problema que presenta el ejercicio de esta libertad, consiste en reconocer la libertad, pero al mismo tiempo asegurar su responsabilidad, ya que no hay libertad sin responsabilidad. La Constitución de 1833, aseguró su ejercicio sin censura previa, y para hacer efectiva su responsabilidad, entregó el conocimiento de los abusos que pudieran cometerse al juicio de jurados. Pensaron los constituyentes que era conveniente sustraer al poder judicial del conocimiento de delitos de carácter político, como lo serian los de la prensa de esa época, y creyeron también que en esa forma se aseguraba más la libertad del escritor. El Jurado que es un Instituto Judicial, requiere que sus miembros tengan ciertas condiciones de conocimientos a independencia; el error de las leyes de imprenta dictadas para complementar la Constitución fue constituir los Jurados de Imprenta, tomando a sus miembros de entre los individuos inscritos en el registro electoral, confundiendo así el jurado con el simple elector político. Por otra parte la institución no tenía entre nosotros tradición alguna, nuestra incipiente educación política no nos capacitaba para implantarla. Las leyes de imprenta promulgadas en 1846 y en 1872, tuvieron que dictarse, respetando el precepto constitucional que establecía el jurado de imprenta. Paso entre nosotros lo que era lógico que sucediera, cuando las leyes no se adaptan a las tradiciones del país para lo cual se dictan. Nadie busco en Chile la responsabilidad de la prensa por el medio legal que las leyes tenían establecido, los pocos juicios de imprenta que se ventilaron en nuestro país fueron de carácter político. La Constitución de 1833 y la ley que la complementaba, estaban en realidad anticuadas con relación al problema de la responsabilidad de la prensa. La reforma hecha en 1925, siguió la tendencia de la legislación moderna, no otra que la de entregar el conocimiento de los delitos de imprento a los Tribunales Ordinarios de Justicia en la forma que señale una ley especial; no se ve porque la calumnia o la injuria verbal son castigadas con arreglo a la ley penal común y no pueda serlo la calumnia o la injuria que se vierta por la prensa, que time mucho mayor resonancia y gravedad. La reforma importo un adelanto en nuestra legislación y, sin duda, contribuirá a que la educación de los ciudadanos y el respeto a la opinión pública, hagan que la prensa llene en un país democrático como el nuestro, la importante misión que esta llamada a cumplir.

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La Carta de 1925 ha establecido en una de sus disposiciones; que en las elecciones de diputados y senadores se empleará un procedimiento que dé por, resultado en la práctica, una efectiva proporcionalidad en la representación de las opiniones y de los partidos políticos. En cuanto sea posible dentro de la imperfección humana la representación del país en las asambleas políticas, debe ser una carta geográfica, un espejo en que se reflejen las diversas tendencias en que se encuentra dividida la opinión.

La representación debe comprender a las mayorías y a las minorías. Son peligrosos y anti-políticos los sistemas electorales que niegan representación a las minorías, porque eras minorías que no encuentran los medios de manifestar sus opiniones por las vías legales, irán a buscar por movimientos revolucionarios la forma de exponerlos o imponerlos Son, además, corruptores de hombres y de gobiernos, suprimen la fiscalización, resorte indispensable en los gobiernos democráticos. La disposición constitucional sanciono en forma expresa, como base de nuestras elecciones políticas la aplicación. De un sistema de representación proporcional, dejando a la ley la elección del sistema que se estimara mas conveniente. La representación proporcional como sistema de votación tiende a hacer obra de justicia y de verdad dando a cada partido o entidad la representación a que le dan derecho sus fuerzas efectivas, hace obra de libertad encauzando hasta donde es posible las diversas corrientes de opinión y hace obra de paz social ya quo la lucha electoral no debe dejar odios, sino la sana emulación de la conquista de los ideales políticos en nuevas luchas electorales. En materia de sufragio la Constitución conservo lo que existía en la Constitución de 1833 reformada en 1888, sin otra modificación que dar el, carácter de precepto constitucional al secreto del voto, ya sancionado en las leyes electorales. Amplio también el sufragio concediéndolo a las mujeres y a los extranjeros para las elecciones municipales. Es sensible que la reforma no abordara la resolución del problema del sufragio que viene preocupando intensamente a los políticos de los países democráticos. el ejercicio del, sufragio no es solo un derecho, es mas que eso, es una función publica, que time Una enorme importancia en la feliz o desgraciada elección de los poderes públicos. Nuestro sufragio restringido implantado en la Carta de 1833 y transformado en sufragio universal desde 1874., sin otros requisitos que la edad de 21 años, saber leer y escribir y estar inscrito en los registros electorales, tiene que ser objeto de una revisión, que la ciencia política exige y que la experiencia hace cada vez mas necesaria. No debe olvidarse que el valor del sufragio esta en relación directa con la capacidad intelectual y moral de quien lo ejercita, debe el elector poseer un mínimum de conocimientos, que le permita darse cuenta de los problemas de interés nacional, que con su elección va a resolver; debe tener la independencia necesaria para el ejercicio de su derecho, y acreditar interés por el mantenimiento y el progreso del orden social. Cuando el sufragio se ejercita en buenas condiciones constituye un gran elemento de educación política, crea la responsabilidad de los gobernantes que han sido elegidos por personas conscientes y libres. Cuando el sufragio se ejercita en malas condiciones, forzosamente quedara entregado a la acción de la fuerza, del engaño o del dinero. El sufragio implantado en nuestras instituciones políticas, de acuerdo con las tendencias constitucionales del siglo XIX, es el tipo del sufragio universal, basado en el concepto filosófico de la igualdad de todos los hombres y de la igualdad de los derechos civiles y de los derechos políticos. el concepto de la igualdad de todos los hombres, verdadero en lo que se refiere a la, igualdad de su origen y de sus destinos, verdadero también en lo que mira a la protección que la ley debe prestar a su persona y a sus derechos, es profundamente falso, cuando se pretenda igualar a los hombres en sus condiciones de inteligencia, de preparación, de aptitudes y de virtudes; bajo este aspecto los hombres son profundamente desiguales, las leyes no podrán hacer desaparecer las desigualdades que la naturaleza ha creado. Este concepto de la igualdad absoluta que coloca en el mismo plano al hombre consciente y capaz con el inconsciente y sin preparación alguna, tiene, en materias políticas que llevarnos a tristes y dolorosas consecuencias. el gobierno del país, sus más arduos problemas sean estos políticos, económicos, sociales, internacionales, serán resueltos por personeros de un sufragio formado por hombres de escasa o rudimentaria cultura. El desempeño de cualquiera actividad y mucho mas el de una función pública, exige requisitos especiales que la aplicación del sufragio igualitario no contempla en forma alguna. Por regla general, dadas las prácticas electorales no llegan al desempeño de las funciones públicas los mas aptos sino los más audaces. En el manejo de los negocios públicos deben influir los que tienen interés, en el mantenimiento y estabilidad de las instituciones que rigen el país, en la conservación de aquellos que son sus fundamentos como la familia, la propiedad, aquellos la defensa de los intereses agrícolas, industriales o comerciales que son los elementos con que se realiza el, progreso social. La práctica del sufragio universal igualitario lleva con frecuencia a que los que se sirven de él, tengan interés no en el mantenimiento del orden, sino en la implantación del desorden. De aquí que se haya dicho, no sin razón, que esta forma de sufragio lleva forzosamente a la eliminación de los ciudadanos aptos para el manejo de los negocios públicos y a la exaltación de los mediocres. Tiene el sufragio en la forma como hoy se práctica otro grave inconveniente, toma al hombre aislado, sin tomar en cuenta su vida social, las condiciones especiales que le crea en el desarrollo de su actividad, el ejercicio de una profesión, de un arte, de una industria, de un empleo. Estas masas que con el sufragio igualitario generan los poderes públicos, son los mismos que presionan a los gobiernos que han elegido para la resolución de los problemas de gobierno, no conforme al interés nacional, sino a un interés particular; los gobiernos que han nacido con ese principio de debilidad, no tienen la fuerza para resistir, sino que se ven obligados a halagar las pasiones de sus amos electorales. Si las democracias quieren vivir deben apresurarse a resolver este problema del sufragio como generador de los poderes del Estado, el gobierno democrático, que en el concepto político es el gobierno de los ciudadanos mas escogidos y más preparados, no se realizara en la práctica por medio del sufragio universal igualitario e inorgánico. La experiencia de otros países así lo demuestra. Evitemos, antes que sea tarde, vernos arrastrados a la anarquía y al desorden, o a un régimen de despotismo que importe el sacrificio de todas las libertades públicas. Es seguro que la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos quieren salvar los conceptos de nuestra democracia; para conseguirlo es urgente encarar este problema, tal vez hoy, el mas importante de nuestros problemas políticos: no es de fácil solución; no seria posible sin un estudio detenido, buscar la manera de realizar una reforma que sea beneficiosa y se adapte a nuestro modo de ser nacional, ya sea bajo la forma de un sufragio plural, familiar o corporativo. el interés social exige si, iniciar cuanto antes el estudio del problema.

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Los Constituyentes de 1833, en resguardo de la independencia del Congreso, frente al Ejecutivo o dentro del Parlamento, a la minoría frente a la mayoría, confirieron a cada Cámara la facultad exclusiva de allanar el fuero constitucional de sus miembros y declarar si había lugar a formación de causa, sin lo cual, la Justicia Ordinaria no podría proceder en contra de un parlamentario. Si bien la inmunidad personal de los miembros del Congreso esta establecida y fundada en razones de orden público, hay que evitar que ese privilegio degenere y se convierta en un instrumento de denegación de justicia. La facultad exclusiva dada, a nuestro Congreso de conceder o negar el allanamiento del fuero parlamentario, tenía el peligro de entregar esta facultad a un cuerpo político; las Cámaras lo son por esencia y es fácil que en ellas domine sobre la Justicia, el interés o la pasión política. Fácil también que se dejen llevar del espíritu de cuerpo y se nieguen a todo lo que signifique privar a alguno de sus miembros del privilegio constitucional. La experiencia en nuestro país, igual a lo de otros mas adelantados, no había sido feliz; las Cámaras se negaron a acceder a la petición de desafuero, aun en casos de evidente justicia, por consideraciones de orden político. el mal era grave, desde mucho tiempo antes que se pensara en la reforma constitucional de 1925. Es del caso recordar que el Código de Procedimiento Penal, que entro a regir el 1.° de Marzo de 1907, exigió que la petición de desafuero de un miembro del Congreso, no fuera solicitada a la Cámara por el juez de primera instancia que instruía el sumario, sino por la Corte de Apelaciones jurisdiccional respectiva; se quiso así dar a la petición de desafuero mayor seriedad, garantir más la persona del parlamentario, ya que era lógico suponer, que una Corte de Apelaciones, solo solicitaría el desafuero, cuando se reunieran antecedentes que justificaran la petición. La medida, sin embargo, no produjo el efecto que de ella se esperaba, en dos o tres ocasiones que algunas de las Cortes de .Apelaciones de la República solicitaron el desafuero de un parlamentario, la Cámara negó la autorización y dejo así impune al autor de un delito. Es indudable que ese no era ni podía ser el espíritu con que la Constitución había establecido el privilegio del fuero parlamentario. El mal era mas hondo, no seria posible curarlo con simples paliativos legales, era necesario extirparlo en su raíz, quitar al Congreso una facultad que ofrecía el peligro de ser ejercida con criterio político. La Constitución de 1925, realizo la reforma; quito al Congreso toda ingerencia en las gestiones sobre allanamiento, del fuero parlamentario, y la entrego a los Tribunales de Justicia. Pero no olvido que el privilegio del diputado o senador, obedece a razones de interés publico y trato de revestir las resoluciones que se dictan de la mayor seriedad posible. De allí que con arreglo a sus disposiciones el fuero sólo puede ser allanado por una Corte de Apelaciones reunida en Tribunal Pleno; de la resolución que pronuncie puede apelarse ante la Corte Suprema. Queda así garantido el parlamentario en su inviolabilidad y conjurado el peligro de la denegación de justicia. La aplicación de las disposiciones de la Constitución en la práctica han dado buenos resultados. Nuestros tribunales son garantía de que ni los intereses ni la pasión política perturbarán su criterio para aplicar la Ley con la estrictez que ella exige, pero sin que juegue papel alguno el móvil político.

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Problema que había sido discutido entre nosotros, era el de gratuidad o remuneración de las funciones legislativas. Los partidarios de la gratuidad, sostenían que era exigida por la dignidad del cargo de representante del pueblo, la mejor remuneración era el honor de su desempeño y la satisfacción que produce el servicio de los intereses públicos. el mandato gratuito da al representante verdadera independencia. Estos conceptos no eran aceptados por considerarlos contrarios al principio económico, según el cual todo trabajo debe ser remunerado, es así más productivo, no es justo no remunerar un servicio que exige para desempeñarlo preparación y consagración continuada; el concepto de la remuneración es más conforme con la idea democrática. La Carta de 1833, no había tratado el problema de manera que pudo la ley o la práctica en los primeros tiempos remunerar en forma de Dieta, el mandato parlamentario; pero esa práctica no se arraigó entre nosotros y cayo en, desuso. La reforma constitucional ratificada después de la revolución de 1.891, creo un sistema de incompatibilidades parlamentarias absoluto, sistema que con una pequeña atenuación ha mantenido la Carta de 1925 y, estableció expresamente la gratuidad del mandato parlamentario. La Constitución de 1925, siguiendo el ejemplo de otras constituciones resolvió el problema fijando una remuneración al mandato legislativo, sin otra limitación que el debe ser establecido por la ley y no puede alterarse, sino para el período legislativo siguiente al de la dictación de la ley. No seria posible ocultar que la remuneración del parlamento ofrece sus peligros, sus resultados prácticos no han sido ventajosos, lo seria menos aun si el monto de la dieta se aumentara y pasara a considerarse como un sueldo por servicios que pueden o no prestarse. La dieta parlamentaria debe tener el carácter de una mera indemnización por el tiempo de que se priva a una persona que necesita de su trabajo para a tender a sus necesidades.

La organización del Senado, fue también objeto de una reforma en la Constitución de 1925. Este cuerpo cuya importancia es trascendental en los regímenes democráticos, ha pasado en nuestra historia Política por varias evoluciones. El Senado que ideo la Constitución de 1833 y que con razón llamo Senado Nacional, era un cuerpo compuesto de un número fijo de senadores, elegidos por toda la República por elección indirecta, con duración de nueve años renovándose por terceras partes cada tres años. el concepto de los constituyentes al organizarlo así, fue crear una asamblea nacional donde tuvieran asiento las personalidades más representativas de todo el país. Las reformas de 1874, cambiaron la fisonomía del Senado, transformándolo de Senado Nacional en provincial, elegido por provincial en proporción de un senador por cada tres diputados y fracción de dos. La reforma de 1874, que fue muy resistida en el momento de su discusión, no fue feliz. La provincia era entonces y lo es todavía una mera división política o administrativa, sin intereses propios, distintos de los departamentos que la componen; no había razón alguna que justificara la creación de un Senado que tuviera la representación de la provincia y que en la práctica seria solo una Cámara de Diputados más pequeña. La organización del Senado de la Constitución de 1925, es un termino medio entre el Senado de 1833 y el reformado en 1874. No es el Senado Nacional, ideado en 1833, ni tampoco el Senado netamente provincial de la reforma de 1874, peso se acerca mas a este que a aquel Esta formado por un numero fijo de Senadores elegidos por las nueve agrupaciones provinciales creadas por la Constitución en numero de cinco Senadores por cada agrupación; al formarse las agrupaciones no se toma en cuenta la población de las provincial. el pensamiento de la Constitución de 1925 es que este Senado represente las características a intereses de las diversas regiones del territorio de la República. La práctica ha demostrado. Que esta aspiración no se ha cumplido, la elección del Senado se ha hecho con criterio netamente de partido. La reforma privo al Senado de toda atribución de carácter político; el Senado actual es una Asamblea colegisladora y mas que todo moderadora de la acción del Presidente de la República o de la Cámara de Diputados. En la evolución que en nuestros días, esta sufriendo el Derecho Constitucional, uno de los organismos llamados a sufrir transformaciones radicales, son los Senados, principalmente en los países democráticos, para darles un carácter funcional, corporativo o de otra naturaleza, que les de una mayor influencia, no solo en la legislación, sino sobre todo en la dirección de la economía nacional.

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En la materia relacionada con el funcionamiento del Congreso la reforma de 1925, mantuvo el sistema establecido en la Carta de 1833; el funcionamiento del Congreso durante cierto tiempo por derecho propio y la convocatoria a sesiones extraordinarias. Ese régimen no había ofrecido dificultades en la práctica. La reforma impuso al Presidente de la República, la obligación de dar cuenta al Congreso, al iniciar la legislatura ordinaria de cada año, del estado político y administrativo del país. La vieja tradición nuestra, cumplida en el Mensaje Presidencial, ha pasado a ser una obligación de carácter constitucional; con arreglo a los conceptos delrégimen Presidencial de gobierno, el Mensaje es la expresión del pensamiento del Presidente de la República. Respecto a la convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias el Presidente de la República puede hacerla con entera libertad y el Congreso puede también convocar se a si mismo, bastando para ello la petición escrita de la mayoría de una a otra Cámara. Se ha hecho así mas expedita la facultad del Congreso Para convocarse y se ha reconocido el derecho de cada, Cámara para reunirse separadamente para el despacho de los asuntos de su exclusiva atribución. Cabe recordar la historia de esta atribución en el desarrollo de nuestro derecho constitucional. La Carta de 1833, dio solamente al Presidente de la República, la facultad de convocar el Congreso a sesiones extraordinarias; una reforma del año 1874, facultó a la Comisión Conservadora para pedir al Presidente la convocatoria, petición que este magistrado podía o no aceptar; por fin la reforma constitucional ratificada después de la revolución de 1891, dio a la Comisión Conservadora la facultad de hacer ella la convocatoria y la obligación de efectuarla si lo pedía por escrito la mayoría de los miembros de una a otra Cámara. el concepto de la Constitución de 1925 es a este respecto más amplio que las disposiciones anteriores y facilita, en los casos en que sea necesario, el funcionamiento del Congreso en sesiones extraordinarias. En el ejercicio de la función legislativa, hay que hacer notar la iniciativa exclusiva que la Constitución reserva al Presidente de la República para ciertas leyes o materias, generalmente relacionadas con el régimen financiero del país. Esa iniciativa exclusiva del Presidente de la República responde al concepto de entregar el manejo de las finanzas nacionales al Presidente de la República. Es sensible que en materia legislativa no se hubiera precisado más las disposiciones relacionadas con el ejercicio del derecho de veto, que la Constitución reconoce al Presidente de la República; el régimen presidencial de gobierno basado en la independencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, hará forzosamente que el veto, tenga en el futuro mayor, aplicación. Habrá positiva, conveniencia en aclarar los conceptos constitucionales para evitar conflictos entre los dos poderes del Estado. Un resorte nuevo ha introducido la Constitución de 1925 en la tramitación de las leyes; la facultad concedida al Presidente de la República para solicitar la urgencia en el despacho de una ley en cualquiera de sus tramites constitucionales. El Congreso no puede negar la urgencia, solo puede calificarla, dentro de las normal que señalan los Reglamentos de las Cámaras. Esta facultad, unida a la disposición que obliga a ambas Cámaras a consultar en sus reglamentos la clausura de los debates por simple mayoría, han tenido por objeto evitar la obstrucción parlamentaria, sin atentar contra la libertad de los debates. Nuestras prácticas, sobre todo en los últimos cuarenta años hacían necesaria y de importancia las dos medidas adoptadas, pero de ambas; sobre todo de la urgencia, es necesario hacer un usa discreto, si no, las consecuencias serán fatales, porque la legislación que se despache, bajo la aplicación de una urgencia repetida y sin control, tendrá necesariamente que ser defectuosa.

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Aunque viejo y muchas veces repetido vale la pena recordar el concepto que asegura que para tener buena política es necesario primeramente tener buenas finanzas. El manejo de las finanzas nacionales no puede quedar entregado a las asambleas políticas por respetables que sean, debe estar en manos de una persona que sea responsable de la gestión financiera, capaz de mantener la unidad necesaria para su desarrollo. No eran leyes las que nos hacían falta para tener una gestión financiera ordenada, basta para ello recordar las disposiciones de la Ley de 16 de Septiembre de 1884, sobre formación del Presupuesto y Cuenta de Inversión. Su lectura después de 50 años de la fecha de su dictación, nos manifiesta que los principios fundamentales de un buen régimen financiero del Estado están consignados en sus diversos artículos, que leyes posteriores no han hecho sino ampliar o desarrollar. La Ley N.° 2,672, de 7 de .Agosto de 1912, reguladora del funcionamiento de la Comisión Mixta de Presupuestos, la Ley de 26 de Febrero de 1924, que autorizó el pago de duodécimos provisorios y otras hasta llegar a la Ley . N.° 4,520, de 13 de Septiembre de 1929, no han hecho otra cosa que ir reuniendo las disposiciones que nuestra experiencia aconsejaba para obtener una gestión financiera correcta. El trabajo legislativo se realizaba al mismo tiempo que el trabajo necesario para armonizar con la ley, las disposiciones de los reglamentos de las Cámaras a fin de obtener el despacho de la Ley de Presupuestos en forma exacta, fiel y en época oportuna. No habían sido, sin embargo, suficientes en la práctica las disposiciones legales y reglamentarias, hacia tiempo que habíamos entrado por el camino de cerrar nuestros presupuestos con déficits, quo se saldaban con emisiones de papel moneda o que quedaban arrastrándose por años. Los presupuestos no eran despachados oportunamente, en algunos casos cuatro o cinco meses después de la fecha en que debieron haber empezado a regir; se explica que semejante sistema trajera una completa desorganización en los servicios del Estado, en el pago de sus obligaciones contractuales o con el personal de la administración. Ya habíamos entrado francamente en el régimen de los duodécimos provisorios, que es la antesala de la desorganización financiera. Estos males resultaban agravados con el derecho de iniciativas del parlamento en materia de gastos públicos que no reconocía restricción alguna. Los Congresos que nacieron para representar a los contribuyentes y conceder al Poder Ejecutivo solo los dineros necesarios para la satisfacción de las necesidades publicas, se convierten fácilmente en derrochadores de los dineros particulares, olvidando completamente su misión. Nada más peligroso para el correcto ejercicio financiero, que esta iniciativa incontrolada que compromete la responsabilidad fiscal sin el estudio necesario, que crea gastos y compromisos financieros que van a sobrevivir por mucho tiempo al Presupuesto, que los ha creado, gravitando sobre las finanzas nacionales. Todo sin pensar, todavía que, esta iniciativa no tiene en muchos casos otra razón de ser que intereses políticos o partidistas. Habíamos llegado por obra de estas circunstancias y de otras que eran la consecuencia de nuestro régimen de gobierno, a un sistema incompatible con una gestión ordenada de finanzas del Estado. Era indispensable reaccionar contra las prácticas parlamentarias y administrativas si queríamos evitar el desastre a corto plazo. La reacción se preciso en las disposiciones constitucionales de 1925, relacionadas con la Ley de Presupuestos. Según el pensamiento de la Constitución, toda la gestión financiera del país, esta encomendada al Presidente de la República, le es necesaria la colaboración del Congreso, pero en ningún momento esa colaboración, limita su libertad de acción. En la Constitución de 1925 encontramos sancionados los siguientes principios de nuestro régimen financiero. El proyecto de presupuesto para los gastos de la nación debe ser presentado al Congreso Nacional con cuatro meses de anticipación a la fecha de su vigencia. La presentación comprende los dos elementos que van a formar el Presupuesto, el cálculo de las entradas fiscales y el detalle de los gastos; es forzoso que entre unos y otros resulte el más perfecto equilibrio para evitar el déficit en el Presupuesto o para crear el superávit; debe mantenerse el concepto de la economiza fiscal, los Estados no ahorran, no imponen más contribuciones que las necesarias para la atención de los servicios públicos. Solo el Presidente de la República tiene la iniciativa para alterar el cálculo de entradas, de manera que es imposible al Congreso obligarlo a aumentar las entradas calculadas para crear nuevos gastos. Asimismo solo el Presidente de la República tiene la iniciativa para aumentar los gastos variables del Presupuesto, el rol del Congreso queda reducido a suprimir o disminuir esos gastos, pero no a aumentarlos Las Cámaras son así moderadoras de los gastos del Ejecutivo, cuando estos no son necesarios para el desarrollo de los servicios públicos. Solo el Presidente de la República tiene la iniciativa para solicitar, después de ocho meses de vigencia del Presupuesto, suplementos a las Partidas o ítems del mismo. No será posible así presentar al Congreso, presupuestos que no reflejen exactamente las necesidades del servicio publico, ya que el gasto calculado no podrá suplementarse, sino después de un periodo de tiempo relativamente largo. El Congreso dispone de cuatro meses para estudiar el proyecto de Ley de Presupuestos, si no lo hace en ese tiempo, queda automáticamente aprobado el proyecto presentado por el Presidente de la República; se evita así que sufra perturbaciones la marcha de la administración publica. Quiere la Constitución que esta tenga perfecta estabilidad, de aquí, que los gastos fijos que emanen de leyes de efectos permanentes, no pueden ser aumentados o disminuidos en la Ley Anual de Presupuestos cuya duración es solo de un año. Finalmente la Constitución tiene un precepto de capital importancia para el ejercicio correcto de la gestión financiera del Estado, es el que dispone que el Congreso no podrá autorizar ningún gasto nuevo, sin crear o indicar la fuente de recursos con que se va a financiar el gasto. Mucho de los preceptor constitucionales, que he señalado habían sido consignados en las leyes a que antes me he referido; hoy tienen la ventaja de tener la estabilidad de una disposición constitucional. Hemos entrado así en el camino de una ordenada gestión financiera del Estado y es seguro que podremos mantenernos en ella respetando y aplicando estrictamente las disposiciones de la Constitución. Ha sido, sin duda alguna, feliz la reforma de 1925, al consignar las disposiciones relacionadas con el régimen financiero del Estado. Será posible mejorar mas esas disposiciones, si se sanciona un proyecto de reforma constitucional pendiente sobre la materia. (1).

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Uno de los problemas de mayor importancia en el régimen republicano de gobierno, es la elección del Presidente de la República, por el interés que despierta, por las ambiciones que suscita y por el apasionamiento de los ánimos en la lucha política. La Constitución de 1925 introdujo en nuestro régimen un cambio fundamental, reemplazo la elección indirecta del Presidente de la República por la elección directa. Siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, los constituyentes de 1833, implantaron el sistema de elección del Presidente de la República por medio de electores de Presidente, elegidos en proporción triple al numero de Diputados. En realidad la elección no era indirecta, los electores de segundo grado no eran elegidos por los de primer grado, por ser las personas cuyo criterio inspirara mayor confianza, sino sabiendo de antemano que se caminaba a un resultado conocido o previsto. Las ventajas que los autores del sistema se propusieron al implantarlo, no se había producido en la práctica; lejos de eso, en diversas épocas, la elección había dado origen a una inmensa agitación política y en ocasiones la estabilidad normal de las instituciones se había visto amenazada. Los constituyentes de 1925, tuvieron que optar entre los dos sistemas practicados o la elección directa o la elección por el Congreso; optaron por la elección directa, teóricamente más conforme con el régimen republicano y aparentemente de más fácil aplicación. Es indudable que el sistema de elección por el Congreso, ofrece ventajas, la rapidez de la elección, el desaparecimiento de las luchas políticas, las probabilidades de una elección acertada y otras, sin que sea posible tampoco desconocer que adolece de graves inconvenientes. Nuestras elecciones presidenciales realizadas con el sistema de elección directa han producido en el país una inmensa agitación, que es necesario evitar, dada la exacerbación de las pasiones políticas. La reforma en mi sentir no ha sido feliz; sin pretender volver a la elección indirecta teórica y prácticamente condenada, se podría pensar en un sistema, que entregar a la elección del Presidente de la República a una gran asamblea formada por los elementos más representativos del país, en el órden político, económico, industrial, etc. Esa asamblea estará capacitada para elegir, sin que en ella predominaran solo los intereses políticos, a un ciudadano que encarnara los intereses permanentes de la nación. Aunque la ley electoral adopta todas las precauciones posibles para quo el ejercicio del sufragio, resulte la expresión exacta de la voluntad nacional, exento de todo fraude o vicio, ello no se obtiene en la práctica, y se hace necesario buscar un tribunal que resuelva las contenciones que se producen, que depure el sufragio de los vicios que lo han manchado y restablezca la verdad de sus resultados. La Constitución de 1833, entregó a cada una de las Cámaras como atribución exclusiva la calificación de la elección de sus miembros, y al Congreso Pleno la calificación de la elección del Presidente de la República. Se inspiró para ello en la necesidad de asegurar la independencia del Congreso, en resguardar su prestigio y su dignidad, creyó que nadie mejor quo el Congreso mismo podía tener interés en su recta y legal composición y trató, sobre todo, de evitar que pudieran ejercitarse influencias extrañas que alteraran la voluntad nacional. el régimen establecido en la Constitución del 33, era el régimen consagrado en todas las Constituciones de su época. Las Asambleas políticas se han manifestado siempre sumamente celosas en el mantenimiento de este privilegio. Los efectos prácticos, sin embargo, no habían correspondido entre nosotros al pensamiento que había inspirado el sistema, no era Taro que así sucediera, las Cámaras, son esencialmente cuerpos políticos y por desgracia no siempre corren hermanadas las ideas de justicia y de interés político. En la calificación de Elecciones jugaba como punto capital el interés de los partidos, el juego de las mayorías y de las minorías, el triunfo de combinaciones políticas, muchas veces ocasionales. Se olvido que la calificación de una elección es un problema de carácter judicial y que las Asambleas no son aptas para ejercer funciones de esa naturaleza. Este defecto emanado del sistema mismo, no era solo propio de nosotros, existía con mayor o menor intensidad en todos los países que entregaban a sus asambleas la calificación de las Elecciones de sus miembros. Abusos electorales de todo orden y principalmente un grave peligro para la estabilidad y prestigio del Congreso, las dualidades electorales fueron generando en la opinión publica y en nuestros legisladores la necesidad de cambiar el sistema establecido en la Carta de 1833, o por 10 menos atenuar sus efectos. El primer paso se dio con la Ley N.° 1,807, del año 1906, que creó la Comisión Revisora de Poderes; en conformidad a las disposiciones de esa ley, la comisión debía examinar solo la forma externa de los poderes de los diputados y evitar así el peligro de una doble o triple representación. Es de advertir que en la composición de la Comisión, tres jueces y dos políticos, se dio mayoría al elemento judicial, reconociendo así el carácter que tiene toda reclamación electoral. Un paso mas dio la Ley de Elecciones de 1915. Tema que mantener como objetivo de la Comisión creada en 1906 y mantenida en la nueva Ley Electoral, el que ella tenia que concretarse al examen de la forma externa de los poderes, dispuso si que sus resoluciones se extendieran también a la calificación de las Elecciones de los Senadores. No fue feliz la ley al cambiar la composición de la Comisión, dando en ella mayoría al elemento político, sobre el judicial. Ambas Comisiones en 1906 y 1915; en sus fallos, salvaron las dificultades que hacían necesario distinguir para los efectos de la competencia de la Comisión entre el Tondo y la forma de una elección, no siempre materia de fácil apreciación. Todavía, una ley dictada en 1924 amplió las funciones de la Comisión haciendo que informara a cada Cámara, acerca del fondo de la elección, de tal manera que se dispusiera de un dictamen imparcial ajeno a las influencias políticas, al calificar la elección. La reforma no dio, sin embargo, resultado alguno. El mal provenía del sistema mismo; no seria posible resolverlo con disposiciones legislativas mas o menos acertadas, mientras se mantuviera la disposición de la Constitución de 1833, que consideraba como atribución exclusiva de cada Cámara la calificación de la elección de sus miembros. La reforma la realizó la Constitución de 1925, con la creación del Tribunal Calificador de Elecciones, compuesto de tres magistrados elegidos entre los de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago, dando así predominio al elemento judicial, y dos personas que hayan desempeñado los cargos de Presidente o Vice-Presidente del Senado y de la Cámara de Diputados por mas de un año. La designación de los cinco miembros se hace por sorteo. La Constitución y las leyes complementarias, entregaron al Tribunal todo el proceso electoral en todas las Elecciones de carácter político. El tribunal hace el escrutinio de la elección, fija la cifra repartidora o cuociente electoral y determina los elegidos dentro de cada lista. El Congreso no tiene nada, absolutamente nada que hacer en la calificación de las Elecciones políticas, los fallos que pronuncia el tribunal son definitivos a inapelables. El mecanismo de la Constitución de 1925 ha sido aplicado en la práctica en 1926, en 1932, en 1937 y en 1941 y lo ha sido con resultados ampliamente satisfactorios. Se ha podido obtener un procedimiento rápido en las operaciones do calificación, los fallos del Tribunal han sido acogidos por la opinión publica como la expresión de la verdad legal, ajena a todo interés político o partidista, sea que el Tribunal haya aprobado los procedimientos electorales; los haya anulado total o parcialmente o haya rectificado cifras o datos para ajustar a la verdad el resultado de la elección. El Parlamento ha ganado en prestigio, solo han podido llegar a el los que realmente han recibido mandato de la nación. 'El Tribunal Calificador de Elecciones es, sin duda, una de las creaciones más interesantes de la Constitución de 1925. La experiencia ha justificado ampliamente la reforma

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Una de las cuestiones más delicadas en la organización del poder judicial es la forma de su nombramiento. La independencia del poder judicial, su inamovilidad, su responsabilidad, garantías preciosas de una buena administración de justicia, están, en buena parte, condicionadas por el sistema del nombramiento que se adopte. Hay que descartar en absoluto todo sistema de nombramiento de jueces basado en la elección popular; toda elección popular es por la fuerza de las cosas elección política, el magistrado se verá forzosamente envuelto en las luchas de ere carácter, inspirará sus actos en móviles políticos, conservará gratitud para los que lo han elegido y pondrá a su servicio las influencias de su cargo. Esto sin contar con que la masa electoral de nuestro sufragio, carece en absoluto de la capacidad necesaria para apreciar las condiciones de idoneidad de un funcionario judicial. La elección del poder judicial por el Ejecutivo permitiría tal vez que se hiciera una mejor selección,pero al lado de esta posible ventaja, se tendría el grave inconveniente de que desaparecería la independencia del poder judicial, seria este, no un poder público soberano, sino dependiente del Ejecutivo, las acciones del magistrado estarían al servicio de este poder. No es aceptable tampoco el sistema de que el poder judicial, se genere a si mismo; aparte de que en los regímenes democráticos estos sistemas son funestos, aplicado al poder judicial se llegaría fácilmente a la organización de una oligarquía judicial. La generación del poder judicial hasta 1925, realizada con la intervención del Consejo de Estado, cuerpo en el cual después de la reforma de 1874, tenia intervención la política, ya que el Congreso designaba a la mayoría de sus miembros, lejos de habernos dado en la práctica buen resultado, había creado un ambiente que redundaba en desprestigio del poder judicial. El sistema adoptado por la Constitución de 1925, consagró el ya adoptado por nosotros, desde 1833; el nombramiento del poder judicial debe hacerse con la intervención de ambos poderes Ejecutivo y Judicial, sin intervención del Congreso, buscando una forma de nombramiento en que se asegure al magistrado, el derecho que da la antigüedad en el servicio y se contemple también el mérito adquirido en el ejercicio de las funciones judiciales. La regla que inspira el sistema de nombramiento adoptado, sea que se trata de magistrados de los tribunales superiores de justicia o de tribunales unipersonales de primera instancia, en forma de quinas o de ternas, es que debe reservarse en la quina o en la terna dos o un lugar al funcionario más antiguo de la categoría inferior, y los otros lugares asignarse según el mérito de los candidatos. La disposición Constitucional se ha completado con la dictación de una ley que señala las normas para la formación del Escalafón Judicial, que complementa y da vida práctica al principio que informa la Constitución. La práctica ha demostrado que, si el sistema no es perfecto, y es bien difícil que lo sea, tratándose de una materia excepcionalmente delicada, como es la generación del poder judicial, tiende él a asegurar la independencia y la inamovilidad de la judicatura, dando al magistrado la espectativa del ascenso en su camera, que es estimulo y es justicia.

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La Constitución de 1833, consagró el principio de la inamovilidad del poder judicial, necesario para asegurar la independencia del mismo, indispensable para hacer practico el principio de la separación de los poderes públicos y obtener que el magistrado se dedique absolutamente al desempeño de su alto cargo y se aleje completamente de la política. La inamovilidad no puede, sin embargo, cubrir al mal juez, la Constitución lo mantiene en el desempeño de sus funciones, durante su buen comportamiento. La Constitución de 1833 autoriza su deposición por causa legalmente sentenciada, lo que en nuestro derecho procesal, se traducía en la iniciación de una querella de capítulos, procedimiento, largo, engorroso y de resultados inciertos. La Ley N.° 2,445, de 5 de Enero de 1911, remedio en parte esa situación precisando, en que casos debía entenderse que el juez no tenia el buen comportamiento que ella exigía como garantía de la inamovilidad. La Constitución de 1925, ha dado vida Constitucional al concepto de la Ley de 1911, creando el proceso de remoción contra el mal juez, que la Corte Suprema puede iniciar a requerimiento del Presidente de la República, de parte interesada o de oficio. Ha cuidado la Constitución de garantir al juez afectado; ya que su audiencia es obligatoria, como lo es igualmente la de su superior jerárquico y a demás, para la declaración que acuerda su remoción, exige que se reúna el quórum de las dos terceras partes de los miembros del Tribunal. La reforma mantuvo el principio fundamental de la inamovilidad del poder judicial, pero facilito los medios para que sea rápidamente alejado del ejercicio de sus funciones el mal juez, sin la espera del resultado de un largo proceso que en definitiva no prestigia a la administración de justicia. La reforma por otra parte tiene la enorme ventaja de robustecer la acción de la Corte Suprema, a cuya superintendencia la misma Constitución somete a todos los Tribunales de la nación.

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La Constitución de 1925, al detallar las atribuciones de la Corte Suprema en su artículo 86 N.° 2.° ha creado un recurso especial que hemos llamado de inaplicabilidad y cuy o alcance, según la letra de la Constitución, es que la Corte, 'en los casos particulares de que conozca o le fueren sometidos en recurso interpuesto en juicio que se siguiera ante otro tribunal, pueda declarar inaplicable para ese caso cualquier precepto legal, contrario a la Constitución'. La nueva disposición obedece al principio reconocido por todos los tratadistas de derecho público, de que la Constitución del país es su ley superior; Canto por su naturaleza como por su fuerza obligatoria y por consiguiente debe prevalecer sobre todas las leyes, siendo nulas las disposiciones que la contraríen. La facultad que se entrega al primer. Tribunal de la República, es un correctivo a los posibles desvaríos del Parlamento y mas que todo una seguridad dada a los ciudadanos de que sus garantías y libertades, consignadas en la Carta Fundamental, no podrán ser desconocidas por las leyes. Esta facultad podría llegar a ser peligrosa si se colocara al poder judicial sobre el poder legislativo, pero en la forma establecida en la Constitución ese peligro no existe, porque la Corte Suprema no puede hacer declaraciones generales de inconstitucionalidad de una ley, su declaración se refiere sólo al caso particular sometido a su decisión en un juicio pendiente ante ella o que se siguiere ante otro tribunal. En la Constitución de 1833 no había organismo alguno que pudiera desconocer los efectos de una ley inconstitucional, sea que la inconstitucionalidad fuera de fondo o de forma Nuestros Tribunales lo habían declarado así, en repetidas ocasiones. El poder legislativo no tenia correctivo alguno si dictaba una ley inconstitucional. La disposición establecida en la Constitución de 1925, a semejanza de la establecida en otras Constituciones, crea esa autoridad y la radica en la Corte Suprema. Hasta hoy la aplicación práctica de la disposición ha sido escasa, significa ello que el Poder Legislativo, ha ejercido su alta facultad de legislar sin atentar contra los principios Constitucionales, lo que debe constituir un justo motivo de satisfacción.

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En lo referente al gobierno del Estado la Constitución ha hecho una clara distinción entre el Gobierno político y el Gobierno administrativo; para el primero mantuvo la división de la República en provincias, departamentos, subdelegaciones y distritos y creó entre las autoridades que se encuentran al frente de estas reparticiones un sistema de rigurosa centralización, único compatible con la forma unitaria del Estado de Chile; de esa manera la acción del Gobierno central se extiende a todo el territorio en el orden político y queda así entregado al Presidente de la República y a sus agentes el Gobierno del Estado. Para el régimen administrativo la Constitución dividió al país en provincias y comunas y estableció la equivalencia entre las divisiones políticas y administrativas. La estabilidad de esta organización está asegurada al consagrar el principio del artículo 44 N.º 7.° de que solo en virtud de una ley se puede 'establecer o modificar la división política o administrativa del país', comprediendo así no solo la creación de las provincias y departamentos, sino también las de las subdelegaciones y comunas con sus limites respectivos. Para el régimen administrativo interior la Constitución de 1925 ha creado las Asambleas Provinciales. No eran una novedad en nuestra organización política las Asambleas Provinciales, ya existieron, entre nosotros, en la Constitución de 1828, sólo si que aquella Carta las creó como cuerpos de carácter político, de elección popular y con atribuciones que en la práctica les daban el carácter de verdaderos Congresos dentro de cada provincia. Las Asambleas de la Constitución de 1828, eran un resabio de las ideas federales que habían tenido influencia en la organización de la República en los años 1826 y 1827, fueron un desgraciado ensayo en nuestra organización, restaban facultades a la autoridad central, la desquiciaban en momentos en que era mas necesario que nunca robustecer su acción. Por otra parte, no teníamos ni la educación política, iii los hombres preparados para que esos organismos de carácter político, desligados completamente de la autoridad central, hubieran podido funcionar con alguna ventaja. La Carta de 1925, ha restablecido estas Asambleas Provinciales, pero les ha quitado todo carácter político, son son cuerpos administrativos, formados por representantes de las Municipalidades, llamadas a asesorar al Intendente en el gobierno administrativo de la provincia. Quince años después de la vigencia de la Constitución, no se ha dictado la ley que regula el funcionamiento de estas Asambleas, de manera que en la práctica no han tenido vida. La ley deberá evitar dos extremos igualmente peligrosos, convertir estos cuerpos en organismos donde los intereses y las, pasiones políticas tengan campo para ejercitarse, lo que importaría un grave perjuicio, debe la ley mantenerles su carácter administrativo ajeno a todo otro interés; debe también evitarse el extremo opuesto, que estos cuerpos sean meramente decorativos, sin un rol de importancia en el gobierno provincial, si así fuera, en la práctica más servirían de perturbación que de ayuda. La Constitución conservo, con ligeras alteraciones de detalle, el régimen de administración comunal. establecido en la Carta de 1833, estructurado en las diversas leyes de Municipalidades dictadas a través de muchos años. Ha sido una feliz innovación la de asociar al manejo de los intereses comunales a las mujeres y a los extranjeros, interesándolos en los diversos problemas de carácter local, ajenos a todo espíritu político. No es la obra de la Constitución, sino de las leyes, dar a las Municipalidades los recursos necesarios para que puedan llenar sus fines, devolviéndoles muchas de las atribuciones que nuestra centralización administrativa les ha ido cercenando. La Constitución en su artículo 107, ha consignado una disposición que es una aspiración de la opinión nacional, la descentralización administrativa, al efecto dispone: 'que las leyes confieran paulatinamente a los organismos comunales o provinciales las atribuciones y facultades administrativas que ejercen en la actualidad otras autoridad, para proceder a la descentralización del régimen administrativo interior'. No hay oposición alguna entre los conceptos de centralización política requerido por la forma de nuestro Estado unitario y de descentralización administrativa; uno y otra son perfectamente compatibles. En nuestro país por una serie de circunstancias junto con la centralización política necesaria, ha existido también la centralización administrativa, en tales condiciones que la dirección de todos los servicios públicos, sean estos fiscales o semi-fiscales, reside en Santiago; nada seria si se tratara sólo de la dirección superior, desgraciadamente se trata aun de los detalles que son necesarios para su funcionamiento. Nuestra centralización es la causa principal de la demora en la resolución de los principales problemas, demora que es lógica, ya que todo está enconmendado al poder central: Es clásico entre nosotros el excesivo papeleo de nuestra administración y el retardo para resolver negocios aun de escasa importancia. Este in al engendra otros que son su natural consecuencia; el desconocimiento de la naturaleza de los problemas que se presentan, desconocimiento del medio en que deben resolverse, la falta de adaptación de los servicios a las necesidades que están llamados a satisfacer. El régimen de descentralización, permite dar a éstos mayor actividad, formar el personal administrativo y técnico necesario para cada localidad y obtener así una mejor fiscalización. Se hace con el sistema descentralizador una distribución a inversión más justa de las entradas nacionales entre las diversas partes del territorio. Se impide el desarrollo de uno de los males que afectan a todas las democracias del mundo, el excesivo desarrollo de las burocracias; razones de orden político, económico y social aconsejan, acelerar el ritmo de nuestra descentralización de los servicios administrativos, tal como lo desea la Constitución. El régimen de descentralización supone que las reparticiones de los servicios públicos en las provincias, tengan la autonomía necesaria para resolver sus diversos problemas, libertad para escoger los medios necesarios para esa realización, y recursos para que la resolución una vez adoptada, sea traducida oportunamente en la practica. La disposición Constitucional que hasta hoy es solo una aspiración, debe encontrar la primera forma de su realización en dar vida legal a las Asambleas Provinciales y en hacer efectiva la autonomía de las Municipalidades.

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La Constitución es la ley superior en la organización de un país, debe, en consecuencia, tener la estabilidad inherente a los principios fundamentales sobre los cuales descansa esa organización; la reforma de sus disposiciones debe hacerse con tranquilidad, cuando lo exijan necesidades realmente sentidas por la opinión; si no es justo cerrar la puerta a las innovaciones que la evolución de las ideas hagan necesarias, no es tampoco conveniente modificar las disposiciones de la Constitución en la misma forma como se modifica una ley cualquiera. El régimen de la Constitución de 1833, hacia sumamente difícil la reforma Constitucional; era necesario para aprobarlas la intervención de dos Congresos en don periodos legislativos distintos, sea que con arreglo a las disposiciones de la primitiva Constitución el primer Congreso declarara solo  reformable las disposiciones Constitucionales, y el siguiente formulara el texto de la reforma o que desde 1882 le correspondiera este trabajo al primer Congreso y al segundo ratificarla o rechazarla La Constitución de 1925, ha simplificado este sistema, la reforma de una disposición constitucional puede hacerse dentro de un periodo legislativo, su tramitación es sencilla en cada Cámara, sin otra exigencia que el quórum de la mayoría de los Diputados y Senadores en ejercicio para aprobarla; la, ratificación de la reforma se hace por el Congreso pleno, sesenta dial después de aprobada por ambas Cámaras. La novedad que establecen las disposiciones de la Constitución en orden a la reforma de sus disposiciones, es la facultad concedida al Presidente de la República para pedir a la nación, es decir, al electorado, que por medio de un plebiscito, se pronuncie en el desacuerdo producido entre el y el Congreso en orden a una materia Constitucional. Las disposiciones actuales tienden a facilitar la reforma de las disposiciones Constitucionales y permiten corregir en forma rápida los defectos que la práctica haga notar, o introducir los cambios que la experiencia aconseje.

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Las reformas a que me he referido, deteniéndome algunos momentos en cada una de ellas, son las de mayor importancia, porque o importaron un cambio radical en nuestro régimen de gobierno, o modificaron las instituciones políticas o las normas Constitucionales. Hay otras, de menor importancia, pero que representan un mejoramiento en nuestra estructura Constitucional. Voy a referirme brevemente a ellas, algunas tan solo enunciándolas. Las disposiciones de la Constitución de 1833 en orden a la nacionalidad y a la ciudadanía, no eran precisas, la reforma distingue claramente los dos conceptos y fija el alcance de cada uno de ellos; en lo que se refiere a la nacionalidad, por nacimiento armoniza sus disposiciones con el derecho internacional moderno; en lo referente a la nacionalización deja una mayor amplitud a la ley para fijar las condiciones para concederla. Entre las garantías Constitucionales, junto con consagrar la inviolabilidad del derecho de propiedad, consigno en forma mas explícita de lo que ya estaba en la Carta de 1833, el concepto de que la propiedad, tiene una finalidad social y que dentro de las garantías que la Constitución señala, debe servir al mayor bien común, sea mediante el ejercicio del derecho de expropiación o mediante la Constitución de servidumbres o limitaciones de interés público. Ha quedado establecido por mandato expreso de la Constitución que nuestras leyes tributarias pueden establecer impuestos no solo proporcionarles sino progresivos, buscando así una mayor justicia y una mas equitativa repartición de la cuota con que los ciudadanos contribuyen a los gastos públicos. La Constitución de 1925, mantuvo el sistema de incompatibilidades parlamentarias, tal vez demasiado riguroso, con la única excepción de los profesores de enseñanza superior, secundaria y especial. Cuido, si, de precisar en su naturaleza y en sus efectos las inhabilidades parlamentarias, las incompatibilidades propiamente dichas y las incapacidades. Asimismo ha señalado con perfecta precisión las causales por las cuales se pierde el mandato parlamentario. Tendrá en la Constitución de 1925 mayor aplicación el juicio político y aunque en la parte referente a los funcionarios afectados por el, se han conservado las disposiciones de la Constitución de 1833, con variaciones en lo referente a la responsabilidad del Presidente de la República que es mas amplia que la Carta de 1833 y puede hacerse efectiva mientras el Presidente esta en funciones y de los gobernadores departamentales, en cambio se ha hecho una innovación de importancia en la ritualidad a que se somete el juicio político, uniformando los procedimientos para toda la tramitación. Se ha ampliado la duración del mandato parlamentario y del presidencial: el Senado a ocho años, la Cámara de Diputados a cuatro y el Presidente de la República a seis. Se da así mayor estabilidad a los cuerpos legislativos y se evita la repetición frecuente de luchas electorales; el Presidente de la República dispondrá de mayor tiempo para el desarrollo de su plan de Gobierno. Atendido el aumento del numero de miembros de nuestras Asambleas Políticas, se hizo necesario rebajar el quórum Constitucional a fin de facilitar el funcionamiento del Congreso. La experiencia nos había demostrado que el régimen de subrogación presidencial, establecido en la Carta de 1833, sino se ajustaba estrictamente a las doctrinal democráticas, entre nosotros su aplicación no había ofrecido dificultades, lejos de eso en varias ocasiones había hecho que se salvaran dificultades en el orden político y Constitucional. La Constitución de 1925 ha mantenido en su esencia el mismo sistema con las necesarias variaciones de detalle. Quiso la Constitución dar estabilidad a la administración publica, al efecto creó garantías para los funcionarios del Estado y de las Municipalidades; ha dado vida Constitucional al Estatuto Administrativo y Municipal a fin de poder contar con una administración ordenada y eficiente. Debo, por ultimo, referirme a dos instituciones desaparecidas en la Constitución de 1925; la Comisión Conservadora y el Consejo de Estado. El rol de la Comisión Conservadora, reducido al ejercicio en forma limitada de las facultades fiscalizadoras del Congreso, y a la facultad de convocarlo a sesiones extraordinarias, dejaba de tener importancia, desde que la Cámara de Diputados podía en cualquier tiempo ejercitar sus facultades fiscalizadoras y el Congreso convocarse a si mismo, a petición de la mayoría de una a otra Cámara. Su desaparecimiento no ha afectado a nuestro mecanismo político. Si este cuerpo volviera a aparecer en nuestro rodaje Constitucional, seria con otra finalidad y atribuciones distintas de los que tenia la Comisión Conservadora de 1833. Las reformas efectuadas en la composición del Consejo de Estado en 1874, habían cambiado completamente la fisonomía del cuerpo, creado por los Constituyentes de 1833; había dejado de ser un Consejo Presidencial, para convertirse en un cuerpo político, ya que la mayoría de sus miembros eran elegidos por el Senado y por la Cámara de Diputados. Sus atribuciones puramente consultivas las mas, judiciales algunas, podrían ser suprimidas o entregadas a otras autoridades con ventaja para la simplificación de nuestro mecanismo administrativo.

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El derecho Constitucional, como todas las ramas del derecho, vive en constante evolución, sea para adoptar las instituciones a las nuevas modalidades nacionales, o para crear los organismos que situaciones diferentes hacen necesarios. La reforma Constitucional de 1925, que es en nuestra historia política una parte de ese proceso evolutivo tuvo a mi juicio un aspecto de importancia que es necesario recordar: no pretendió destruir lo que el esfuerzo de casi un siglo de vida Constitucional había creado en nuestro país, respetó las tradiciones que la experiencia política había aquilatado, solo procuro amoldar las instituciones existentes a las modernas orientaciones del derecho público. La Carta de 1833 organizó políticamente nuestro país, su honrada aplicación por los gobiernos de la República, había creado un profundo respeto por el régimen Constitucional; era aspiración nacional conservarlo, ya que nos había dado paz, progreso y libertad. La Constitución de 1925, es la misma de 1833, los principios esenciales de aquella los encontramos en esta.

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Sería un error no darse cuenta de la crisis porque actualmente atraviesan las instituciones de tipo democrático representativas; para algunos son formas arcaicas del gobierno de los pueblos que ya han hecho época, deben pasar a la historia como tantas otras que han sido ensayadas; otros, sin condenar los principios que le sirven de fundamento, las creen incapaces de resolver los problemas, sobre todo de orden económico, que hoy agitan a las sociedades, juzgan indispensable abandonar esos principios y echarse en brazos de los regímenes totalitarios, en que la nación confía sus destinos a la voluntad de un Jefe quo toma sobre si el ejercicio de todo el poder público, sin limitación alguna con el consiguiente sacrificio de todo el concepto de la libertad en que hasta hoy hemos vivido. Más de una de las experiencias del momento actual, parecen justificar, ese modo de concebir el gobierno de nuestro tiempo. Somos muchos, sin embargo, los que continuamos creyendo, que es posible mantener en una República como la nuestra, el gobierno que respeta los derechos y libertades dc, la persona humana y que dentro del concepto de la verdadera democracia, asocie a la nación al gobierno del país. Pero no debemos olvidar que la democracia debe ser selección; es el régimen que supone en gobernantes y gobernados la mayor suma de virtudes; es indispensable que los personeros a quienes esta democracia confíe sus destinos, estén dotados de especiales condiciones de inteligencia, de preparación; de experiencia y de virtud. Nada es más necesario ante la amenaza a que están expuestos los regímenes democráticos, que purificar la fuente de donde deben salir sus personeros, es decir, rodear el ejercicio del derecho de sufragio de tales garantías de seriedad, conciencia, independencia a interés de quienes lo ejercitan, que Sean prenda segura de una buena elección de los hombres de gobierno. Esa reforma, a mi juicio, la mas importante de todas, es posible realizarla conservando las instituciones seculares que le han dado a nuestro país el progreso político que ha alcanzado. Con la mente serena, sin prejuicios, sin obedecer a intereses políticos ocasionales, podríamos llegar a resolver el importante problema del sufragio, que aunque no se diga, es la preocupación constante; de todos los que piensan en el porvenir de nuestra patria.

Nota

(1)

En el periodo legislativo 1937-1941 se despachó por el Congreso un proyecto de reforma constitucional, que agregaba o intercalaba en algunas de las disposiciones de la Constitución las siguientes disposiciones: a) La Contraloría General de la República, sería un organismo autónomo, con vida constitucional, encargado, entre otras funciones, de la fiscalización del ingreso a inversión de los fondos fiscales y municipales; b) Correspondería exclusivamente al Presidente de la República la iniciativa para alterar la división política y administrativa del país, crear nuevos servicios, conceder o aumentar sueldos, gratificaciones, jubilaciones, etc.; y c) El Presidente de la República podría decretar pagos no autorizados por la ley, pare atender a necesidades impostergables del servicio publico. El total de los giros no podría exceder anualmente al 2% del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. El proyecto de reforma no fue ratificado por el Congreso Pleno reunido en 1941, al iniciarse el nuevo periodo Legislativo. volver