Artículo

  • Responsabilidad del Gerente y de los Administradores de una Sociedad Anonima frente a la Sociedad misma

Resumen

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Abstract

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Con motivo de una emisión fraudulenta de acciones de la Sociedad Anónima denominada 'SOCIEDAD MINERA MARGA-MARGA', y en el carácter de Abogado del Departamento de Sociedades Anónimas de la Superintendencia del ramo, emitimos un informe jurídico sobre la responsabilidad de la Compañía respecto a los tenedores de esas acciones, y sobre la de los Directores y Gerente para con la sociedad.

La primera parte de ese trabajo trata exclusivamente una situación jurídica. especial, que es difícil pueda presentarse en otras sociedades, ya que siempre los Estatutos de éstas contienen cláusulas diferentes sobre materias análogas.

La segunda parte, que es la que publicamos, ha sido corregida para que las conclusiones a que llegamos puedan servir a cualquiera sociedad y no a una determinada.

Al entregar este breve estudio a la consideración de los profesores y alumnos de la Escuela de Derecho, no nos guía otro propósito que ofrecer un bosquejo sobra un aspecto legal de gran interés práctico, que puede servir de punto de partida para un estudio más completo o para una Memoria de Licenciado.

Responsabilidad del Gerente y de los Administradores o Directores de una Sociedad Anónima frente a la Sociedad misma.

La naturaleza jurídica de esta responsabilidad no merece ninguna duda: es la de todo mandatario con respecto a su mandante.

El articulo 458 del Código de Comercio, que la establece, dispone que los administradores no son responsables sino de la ejecución del mandato que recibieren y que es nula toda estipulación que tienda a absolver a los administradores de esta responsabilidad o a limitarla.

Este es el único precepto que encontramos en el Código de Comercio, en el párrafo referente a las sociedades anónimas; pero debe tenerse presente que de acuerdo con el articulo 2.° del mismo Cuerpo de Leyes, en los casos que no estén especialmente resueltos por ese Código se aplicarán las disposiciones del Código Civil.

En conformidad al derecho común, los administradores son responsables de la ejecución del mandato que han recibido y de las faltas cometidas en su gestión.

En virtud de esas reglas, todo mandatario que, por faltas cometidas en su gestión, causa un perjuicio a su mandante, le debe indemnización.

Esta responsabilidad supone, entonces, una negligencia, una falta cometida, pero basta un descuido ligero, o culpa leve.

Sin embargo, la responsabilidad será apreciada con más rigor si el mandato es remunerado, y no gratuito.

El artículo 2129 del Código Civil da en su inciso 1.9 la pauta sobre la materia, diciendo a la letra : 'El mandatario responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo. Esta responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado'.

En apoyo de lo que hemos sostenido, podemos citar la opinión del tratadista belga Mr. A. Leroi, quien en un estudio sobre la responsabilidad de los administradores de sociedades anónimas en el derecho belga, publicado en 1932 en la Colección Cuadernos de Derecho Extranjero, que edita la Librería Recueil Sirey, de París, dice textualmente lo que sigue :

'Esas reglas (refiriéndose a las del derecho común), se aplican sin dificultad a la responsabilidad de los administradores con respecto a la sociedad'.

En esta aplicación queda bien entendido que hay que tener en cuenta la naturaleza de las funciones de los administradores. Estos no tienen, en general, la obligación de la gestión diaria; su rol se encierra en el dominio de la gestión y dirección general y superior. Su campo de actividad comprende todo lo que concierne al examen y aceptación de concesiones y mercados de importancia, su realización de conjunto, la aprobación de proyectos y presupuestos, los medios financieros y las colocaciones, la elección de agentes, la organización y el control. Por consiguiente, la responsabilidad de los Administradores no estará comprometida por el sólo hecho de que se haya causado un perjuicio a la sociedad por una negligencia cometida en el cumplimiento de funciones relativas a la actividad del personal subalterno y aun superior. Semejante negligencia no comprometerá la responsabilidad de los administradores sino cuando una falta personal pueda ser señalada en su contra, por ejemplo, si han elegido empleados manifiestamente incapaces o deshonestos, o si han descuidado de ejercer sobre el personal la vigilancia que se tiene derecho a, esperar de los administradores'.

El autor mencionado, dice que opinan en el mismo sentido los tratadistas Wauwermans, en su obra 'Manual Practique des Société Anonymes', y Restau en su libro 'Les Société Anonymes devant la loi belge'.

Además de todo lo que hemos manifestado, debemos agrega r que muchos Estatutos contemplan especialmente la responsabilidad de los directores por deficiencia o descuido en la administración.

Así el artículo 14 de los Estatutos de la 'Sociedad Minera Marga-Marga', dice textualmente:

'Los Directores son personalmente responsables ante la sociedad de todos sus actos, por deficiencia o descuido en la administración, y cada uno deberá otorgar una garantía del correcto cumplimiento de seis deberes'.

El artículo 16 de los Estatutos de la 'Sociedad Anónima Marítima y Comercial R. W. James y Cia.', expresa

'Los Consejeros son personalmente responsables de todos sus actos y por la deficiencia o descuido en su administración '.

La responsabilidad de los Directores frente a la sociedad es, en principio, conjunta, es decir, por iguales partes y no solidaria, ya que la solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley.

Por otra parte, puede ocurrir que determinados actos o contratos, se ejecuten o celebren en épocas en que intervengan Directores que después han cesado en sus funciones y Directores nombrados, en reemplazo de aquellos: Si de esos actos o contratos resulta responsabilidad para quienes los acordaron, ejecutaron o celebraron, la responsabilidad, fuera de ser conjunta, tendría que dividirse en cuanto al tiempo.

Analizaremos ahora la forma cómo debe ejercerse por la sociedad la acción civil de responsabilidad contra sus administradores.

La acción civil por la cual la sociedad puede perseguir judicialmente a los administradores por los perjuicios que le hayan causado las faltas por ellos cometidas, es la acción de mandato.

Esta acción debe intentarla el Directorio en funciones de la sociedad, ya que la representación judicial de toda sociedad anónima corresponde al Directorio como Cuerpo Colegiado, sin perjuicio de que delegue esta representación en el Gerente, en cualquier Director o Comisión de Directores y aun en un extraño para objetos especialmente determinados, como lo permite el artículo 102 del Decreto con Fuerza de Ley N.° 251, de 20 de Mayo de, 1931.

Es entendido que el Directorio podrá tomar la iniciativa de intentar acción judicial de responsabilidad, tanto contra los antiguos administradores, como contra los miembros del Directorio que estén todavía en funciones.

No quedaría completo este trabajo si no dijéramos que la responsabilidad de los administradores frente a. la sociedad es susceptible de extinguirse por las causas de extinción del derecho común, o sea, por la transacción, renuncia o prescripción.

Por medio de la transacción puede precaverse el posible litigio entre la sociedad y sus Administradores, para perseguir la responsabilidad de éstos, o bien, para poner término extrajudicialmente a la acción civil que la sociedad haya podido entablar contra los Directores y el Gerente, todo de acuerdo con lo prescrito por el artículo 2446 del Código Civil.

La renuncia de la acción o descargo a favor de los Administradores, debe ser votada por la Asamblea General de Accionistas especialmente convocada al efecto.

Si la Asamblea aprueba el descargo a favor de los Directores y del Gerente, la responsabilidad de ellos queda cubierta en principio. La acción de la sociedad contra ellos se extingue. La Asamblea puede hacer reservas en cuanto a ciertos actos determinados ó bien no renunciar a la acción sino respecto de algunos Administradores y no dé otros.

Si la acción social se extingue por el acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, especialmente convocada al efecto, queda siempre en pie la acción individual que podrá ejercer cualquier accionista que no haya asistido a la Asamblea o que habiendo asistido se haya opuesto al otorgamiento de finiquito a los Administradores.

Esta acción civil individual, al contrario de la acción civil social de mandato, que se basa en una falta contractual de los Administradores en el desempeño de sus funciones, tiene por fundamento un delito o cuasi-delito civil, que sale del cuadro convencional o legal de la gestión del mandatario, y que tiende a la reparación del perjuicio causado por el delito o cuasi-delito a cada uno de los demandantes personalmente, con completa abstracción del perjuicio que, paralelamente, hayan o no sufrido otros accionistas.

El fundamento de la acción civil individual se encuentra en el artículo 2314 del Código Civil, que dice: 'El que ha cometido un delito o cuasi-delito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi-delito'.

Si algún accionista ejerciera acción individual contra, los Administradores de la sociedad, debemos dejar constancia que éstos responderían solidariamente de la indemnización que se persiguiera, pues el artículo 2317 del Código Civil establece la solidaridad para responder de los perjuicios causados por un delito o cuasi-delito cometido por dos o más personas.

Por último, tanto la acción social como la individual, pueden extinguirse por prescripción, en conformidad a los artículos 2492 y 2514 del Código Civil, es decir, en virtud de transcurrir el tiempo que la ley señala sin que se ejerzan las acciones pertinentes.

Este tiempo es de veinte años y debe contarse para el caso de la acción social, desde que el acto o contrato perjudicial haya sido cumplido.

Algunos autores sostienen que la regla según la cual la prescripción corre a partir del momento de la ejecución o celebración de los actos o contratos perjudiciales, sufre excepción si los hechos han sido ocultados dolosamente, en cuyo caso la prescripción no corre sino a partir del descubrimiento de los hechos, sin que importe de quien emane el dolo.

La prescripción individual se cuenta, como es lógico, desde la fecha de la Asamblea General de Accionistas que haya aprobado la renuncia de la acción social.