Artículo

  • Delitos de Imprenta o de Publicación

Resumen

Abstract

Advertencia (*)

El estudio de la libertad de imprenta puede ser abordado desde dos puntos de vista diferentes, aunque íntimamente vinculados entre sí: uno de carácter constitucional que investiga su origen histórico, analiza sus principios filosófico-jurídicos y busca la mejor manera de reglamentarla y de asegurar su inviolabilidad; y otro de índole penal, que teniendo como fundamento al anterior, tiende, a señalar los delitos a que da lugar su ejercicio y a determinar cuáles son los medios más adecuados para reprimirlos eficazmente. Numerosos trabajos de carácter constitucional han sido presentados a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, sobre dicha libertad; el presente, es el primero que aborda su estudio desde un punto de vista principalmente penal.

Hasta no hace mucho tiempo atrás se consideraba a los delitos de imprenta como infracciones privilegiadas, como simples extralimitaciones-a menudo disculpables-en el ejercicio de la libertad de opinión; de ahí, que se les denominase comunmente 'abusos de imprenta'. Este criterio ya no es admisible; el derecho moderno estima que dichas infracciones son, por su naturaleza, verdaderos delitos que deben ser reprimidos como tales. En otro sentido, el concepto de los delitos de imprenta ha evolucionado, haciéndose mas extenso, y en la actualidad no sólo comprende a los delitos que se cometen mediante la imprenta, sino que también a aquellos que se verifican por cualesquiera otros medios de publicidad. Tales son las razones que nos han inducido a intitular este trabajo con el nombre de 'Delitos de imprenta o de publicación'.

Antes de entrar de lleno en el estudio de la reglamentación penal, hemos hecho, en el capítulo primero, algunas consideraciones generales acerca de los regímenes legales de imprenta que respetan la libertad de pensamiento, como asimismo, acerca de aquellos que no la reconocen. Para facilitar el conocimiento de estos últimos, hemos creído útil hacer una reseña de las respectivas legislaciones de Italia y de Rusia; lamentamos no haber podido hacer igual cosa con la actual legislacion alemana; pero, a pesar de nuestros esfuerzos, no logramos reunir los antecedentes indispensables para ello.

 

(*)

Los capítulos que integran el presente ensayo constituyen la primera parte--de la tesis de licenciatura que, con el titulo de , presento el autor a la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de Chile. Se publican por acuerdo del sector Decano.

 

Capítulo I - Regímenes jurídicos de la imprenta

PÁRRAFO I :  Exteriorización de las ideas

En el pensamiento -proceso intelectual interno- radica el carácter fundamental de la personalidad humana. La facultad de generarlo, si bien está subordinada a fenómenos tanto internos como externos, es independiente -salvo casos particulares de experimentación científica- de todo control ajeno. Las personas gozan, en consecuencia, de libertad para pensar, la que es absoluta porque permanece fuera del campo de la reglamentación jurídica y porque, dada su naturaleza íntima, sus abusos constituyen a lo sumo transgresiones de orden moral o religioso. Pero los pensamientos tienden naturalmente a exteriorizarse del fuero interno de las personas y entonces sí que son capaces de producir perturbaciones jurídicas cuando llegan a vulnerar derechos ajenos. La ley, cuya misión primordial es proteger los derechos de todos y de cada uno de los miembros del conglomerado social, debe contener las normas adecuadas para que la manifestación de los pensamientos sea respetada, y al mismo tiempo, para que ella respete los legítimos intereses de los demás. Para cumplir la primera finalidad las legislaciones de todos los Estados democráticos garantizan, generalmente con preceptos de índole constitucional, la facultad de expresar libremente los pensamientos. Para llevar a cabo la segunda, las legislaciones penales sancionan los delitos que pueden cometerse por todos los medios con que las ideas cuentan para manifestarse o difundirse.

Los actos de exteriorización del pensamiento pueden realizarse de dos modos que tienen diferente trascendencia. Ellos son la revelación y la propagación o difusión. La revelación -nos referimos a las ideas propias- consiste simplemente en comunicar un pensamiento a otra persona; es un acto privado que, aunque en sí mismo sea inmoral o malévolo, no puede ser reprimido por la ley, a menos de que constituya una lesión directa para quien recibe la revelación o de que ella llegue posteriormente a divulgarse. La propagación tiene por efecto hacer llegar los pensamientos a conocimiento de cierta cantidad de personas, motivo por el cual puede producir tanto grandes beneficios como graves daños para los individuos y la colectividad social.

Uno de los medios de difusión de las ideas que tiene mayor importancia por la enorme influencia que ejerce en todas las actividades humanas, es, sin lugar a dudas, la imprenta; por esta razón las legislaciones de todos los países contemplan disposiciones destinadas a reglamentar su funcionamiento y a sancionar las infracciones en que ella pueda incurrir. El conjunto de estas normas legales que recaen sobre ella es lo que constituye su régimen jurídico. Un régimen de imprenta, puede estar fundado en dos principios diferentes: el de la libertad que, en cuanto a su extensión, puede ser absoluta o relativa; y el de la ausencia de la misma. La adopción de alguno de ellos depende del concepto que domine en cada Estado acerca del rol que la imprenta debe desempeñar en la vida política y social y también del mayor o menor respeto que tengan los gobiernos por el ejercicio de las libertades públicas. Estudiaremos separadamente estos dos tipos de regímenes, comenzando por aquél que se fundamenta en la falta de libertad.

 

PARRAFO II : Régimen de imprenta falto de libertad

Los regímenes de esta clase fueron los que primeramente recayeron sobre las publicaciones impresas. Cuando la imprenta hizo su aparición en Europa, los fuertes Estados de la época comprendieron que ella podía ser capaz de significar una grave amenaza para el mantenimiento de los temas políticos imperantes. A este temor se agregó el de la Iglesia Católica, de ver atacados la integridad de sus dogmas y la influencia que ejercía en todos los países donde predominaba su fe. Se debe a estas prevenciones, sobradamente justificadas, como la historia lo ha demostrado, que la imprenta se haya visto sujeta, desde que su uso se generalizó hasta fines del siglo XVIII, a un régimen de absoluta servidumbre que le impedía toda publicación que no fuese expresamente autorizada por las autoridades encargadas de esta tarea. Carece de importancia determinar cuáles eran las medidas que la subordinaban en los distintos países y cuáles eran los diversos funcionarios u organismos encargados de aplicarla. El temor a arbitrarias persecuciones políticas o religiosas dominaba todas las manifestaciones del pensamiento y donde quiera que la imprenta existiese, semejante era su falta de independencia. Tal fue el estado de cosas que hizo exclamar a Voltaire aquella célebre frase: 'Sin el beneplácito del rey no se puede pensar'.

Tales regímenes de imprenta guardaban armonía con el absolutismos imperante en aquella época; su justificación fundamental radicaba en la necesidad de las monarquías hereditarias de defender sus prerrogativas y sus intereses amenazados por la creciente propagación de nuevas ideas contrarias al orden jurídico existente. Es propio de la naturaleza humana que los individuos tiendan a defenderse por todos los medios que están a su alcance de quienes los atacan, aún cuando los ataques sean justificados; y los gobiernos, menos que nadie, no escapan a esta realidad.

El advenimiento de la era constitucional puso fin a estos regímenes, pero su supresión no fue definitiva porque aquellos otros fundados, en la libertad, que vinieron a reemplazarlos, estuvieron afectos a la inestabilidad de los sistemas políticos que los incorporaron a la vida jurídica; y así se explica que durante el transcurso del siglo XIX la situación legal de la imprenta haya experimentado continuas alternativas, que la llevaban de la más amplia libertad al más severo control, según fuesen las tendencias de los gobiernos dominantes.

A comienzos del siglo en que vivimos existía libertad de imprenta en la gran mayoría de los países de Europa y  en la totalidad de los Estados americanos; los regímenes de supresión parecían ya para siempre desterrados de las legislaciones y se les miraba como pertenecientes a una época pretérita; pero las graves perturbaciones sociales que sobrevinieron a raíz de la guerra mundial los han puesto nuevamente de actualidad. Los regímenes políticos de moderna estructura que hoy día existen en algunos países de Europa, mantienen los órganos de publicidad al servicio absoluto de sus finalidades políticas, sociales y económicas. No deben causar sorpresa las restricciones que estos nuevos sistemas imponen a la imprenta y, en general, a todos los medios de publicidad, porque en ellos la facultad de dirigir y encauzar la opinión pública corresponde al Estado, a la inversa de lo que ocurre en los países de organización democrática en los cuales es la opinión pública la que debe orientar -al menos en principio- la actividad del Estado. Mussolini, refiriéndose al rol que debe desempeñar la prensa fascista, dijo en cierta ocasión: 'En un régimen totalitario, que no puede ser sino el fruto de una revolución triunfante, la prensa es un elemento de ese régimen y una fuerza al servicio de ese régimen' (1).

Cualquiera que sea el juicio que merezca, este moderno concepto sobre la función de la imprenta, no puede discutirse que es el único que se aviene con la naturaleza de los regímenes políticos que lo sustentan, ya que sería absurdo que quienes están empeñados en realizar revolucionariamente un programa de renovación integral, desperdiciasen una fuerza tan considerable y creciente como la que ejerce la imprenta en todos los sectores de la opinión pública.

Hasta aquí nos hemos referido a los regímenes legales de restricción o de supresión de la libertad de imprenta y han quedado deliberadamente excluídos de todo comentario aquéllos que suelen ser implantados de hecho por gobiernos de fuerza prescindiendo de las disposiciones legales pertinentes; sistemas de esta clase no pueden ser objeto de un estudio jurídico. Tampoco hemos comentado las restricciones que dentro del funcionamiento de un régimen de libertad, se imponen a la imprenta por motivos extraordinarios; comentar estos últimos corresponde a otra parte del presente trabajo.

Hechas estas breves consideraciones generales sobre los regímenes restrictivos de la libertad de imprenta, entramos a analizar las características particulares que presentan en las principales legislaciones en que se encuentran incorporados. Son ellas: las de Rusia e Italia.

Régimen de imprenta en Rusia

No existe en el derecho soviético una ley especial relativa a la imprenta. Las disposiciones que rigen sobre la materia están fundadas en el artículo 5.1 de la Constitución de la R. S. F. S. R. (República Socialista Federal Soviética de Rusia) cuyo contenido guarda perfecta armonía con las ideas que al respecto sustentaba Lenín. A juicio de líder de la revolución rusa, mientras las imprentas y los grandes stocks de papel estuviesen en manos del capitalismo, la libertad de prensa no seria sino una farsa destinada a engañar a las clases proletarias. Consecuente con este criterio, el artículo en referencia estatuye :

'A fin de asegurar realmente a los trabajadores la libertad de expresar sus opiniones, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia suprime toda dependencia de la imprenta frente al capital y pone en manos de la clase obrera y campesina todos los medios materiales y técnicos destinados a la edición de periódicos, libros, folletos y otros impresos y asegura la libre distribución de ellos en todo el país'.

Pareciera desprenderse de esta disposición que tiene por finalidad reconocer la libertad de imprenta, por lo menos a una clase social, ya que habla de otorgarla, a obreros y campesinos y de asegurar la libre circulación de las ediciones impresas. Pero la realidad es diferente; una declaración formulada en 1927 por Stalin, el actual jefe del gobierno soviético, respondiendo a ciertas críticas que se le habían hecho con motivo de la falta de libertad de imprenta, da una idea clara del despotismo que impera en la Rusia soviética sobre las manifestaciones del pensamiento 'Nosotros no tenemos libertad de imprenta para la burguesía. No tenemos libertad de imprenta para los mencheviques ni los socialistas revolucionarios que, entre nosotros, representan los intereses de la burguesía aplastada y sometida. Hay en esto algo de extraño. Nosotros no nos hemos jamás comprometido a dar la libertad de imprenta a todas las clases ni a hacer la felicidad de todas las clases. Al tomar el poder en Octubre de 1917, los bolcheviques declararon abiertamente que su poder era aquél de la clase proletaria que aplastaría a la burguesía en favor de los obreros y de los campesinos que representan una mayoría aplastante de la población de U. R. S. S. Cómo después de esto se puede exigir a la dictadura proletaria que conceda libertad de imprenta en favor de la burguesía,' (2).

Según los principios en que se inspira el régimen soviético todos los medios de publicidad debieran pertenecer al Estado, y así ocurrió en los años siguientes a la revolución bolchevique. En el Otoño de 1918 el gobierno revolucionario suprimió todas las publicaciones privadas y la imprenta pasó a constituir un monopolio del Estado y del partido comunista. Después de la adopción del plan de Nueva Política (NEP) se permitieron las ediciones privadas de revistas y libros, pero quedó subsistente el monopolio para la publicación de los diarios (Decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo, de 19 de Diciembre de 1921).

Las publicaciones impresas, sean oficiales o privadas -salvo contadas excepciones- están sujetas a censura previa ejercida por un organismo denominado Dirección General de Ediciones y Literatura ('Glavit' de sus iniciales en idioma ruso) creado por Decreto de 19 de Diciembre de 1921. La sección principal y directiva de la Glavit funciona en Moscú, pero mantiene organismos departamentales en todo el territorio de la Unión Soviética; tanto la oficina central como las que de ella dependen están integradas por un director y dos ayudantes designados por el Comisariato de Instrucción Pública de acuerdo con el Consejo General Revolucionario y el Comité Central del partido comunista. A la Glavit le corresponden las siguientes atribuciones determinadas en su reglamento orgánico: a) Formar las listas de las obras rusas o extranjeras cuya circulación deba ser prohibida; b) Otorgar los permisos necesarios para realizar ediciones; c) Proceder al examen previo de todas las obras escritas destinadas al público; d) Dictar reglamentos obligatorios para la prensa periódica, imprenta, casas editoras, bibliotecas y librerías; e) Autorizar la organización e instalación d e imprentas o casas editoras; y f) Decretar la confiscación de las obras publicadas sin la correspondiente autorización.

De la censura previa y de la autorización para efectuar ediciones sólo están exentas las publicaciones oficiales del Estado, las del Comité Central del partido comunista, las de la Internacional Comunista, los periódicos llamados Izvestias y los trabajos de la Academia de Ciencias de Moscú. Todas las demás publicaciones no incluídas en esta enumeración taxativa, aun las editadas por las reparticiones dependientes del Estado, están afectas a la censura, la cual, en caso de estado de sitio o cuando las necesidades militares lo requieren, puede ser aplicada por las autoridades superiores del ejército.

Del cumplimiento de las disposiciones que recaen sobre la imprenta, como asimismo de las medidas que adopta la Glavit, está encargada la O. G. P. U. (Policía Política llamada Guepeú), la cual debe evitar especialmente que se introduzcan obras prohibidas del extranjero y de que circulen impresos cuya publicación no haya sido debidamente autorizada, para cuyo efecto cada ejemplar de las ediciones permitidas debe llevar un timbre que certifique su correspondiente autorización. Para facilitar la fiscalización de la Guepeú, cada empresa editora, inclusive las del Estado, está obligada a inscribir en un libro foliado que es visado periódicamente por la Glavit, el nombre de las obras que se hayan entregado a la publicidad y el de las que vayan a ser impresas (Decreto de 3 de Abril de 1924).

Este es, en sus rasgos generales, el régimen legal al cual están sometidas las publicaciones de la imprenta en la Rusia soviética. Su característica principal reside en la exclusiva implantación de medidas preventivas que se aplican -con absoluta prescindencia judicial- por organismos administrativos y políticos; ello tiene por consecuencia, y esa es su finalidad, la mantención del pensamiento escrito bajo la más completa dependencia de la dictadura comunista. Creemos que el régimen de imprenta soviético -y sin que esta opinión implique un ataque- es el más restrictivo de cuantos existen en la actualidad y, muy posiblemente, de cuantos reconoce la historia.

Régimen de la imprenta en Italia.

En Italia, el funcionamiento de la imprenta estaba reglamentado por el Edicto de Carlos Alberto, dictado para el Reino de Cerdeña y hecho extensivo, una vez terminado el proceso de unificación, a todas las regiones del país. El régimen implantado por este texto legal fue el de la libertad para la expansión, de las ideas por todos los medios de publicidad; sus disposiciones suprimieron expresamente todas las medidas preventivas que con anterioridad a su dictación afectaban a la imprenta y crearon, en cambio, un sistema represivo judicial para sancionar los delitos en que pudiesen incurrir las publicaciones. Este régimen establecido por el Edicto de Carlos Alberto, que se mantuvo en vigencia durante más de medio siglo, fue radicalmente transformado con el advenimiento del fascismo.

El concepto fascista de la libertad es diametralmente opuesto al que sustenta la escuela liberal; la doctrina fascista rechaza el dogma democrático de la libertad y en lugar de considerarla como un derecho individual inalienable que merece siempre el respeto y protección de los poderes públicos, sostiene que ella es un privilegio que se concede solamente a quienes son útiles a la Nación y dentro de los límites que aconseja la conveniencia suprema del Estado. En conformidad a este criterio, no es de extrañar que el fascismo haya suprimido el régimen de libertad de imprenta para reemplazarlo por otro más de acuerdo con su ideología y más adecuado para defender sus conquistas revolucionarias.

Para analizar la legislación de imprenta fascista es necesario distinguir entre las publicaciones periódicas y las que no tienen este carácter, porque ambas se encuentran sometidas a una reglamentación diferente.

En la actualidad, la prensa periódica italiana está regida en conjunto por el Decreto - Ley de 8 de Julio de 1923 (publicado en 1924); el Decreto-Ley de 10 de Julio de 1924; la Ley de 31 de Diciembre de 1925; el Reglamento de 4 de Marzo de 1926 y el Decreto de 20 de Febrero de 1928, todos los cuales no han derogado expresamente al Edicto de Carlos Alberto, de modo que las disposiciones de éste, que no sean contrarias a la nueva legislación, se encuentran aún en vigencia.

De la minuciosa y compleja legislación contenida en los textos legales citados, resulta, expuesto en resumen, el siguiente régimen legal para la prensa: Toda publicación periódica debe tener un director responsable y en caso de que la persona que desempeñe esta función goce de fuero, la responsabilidad corresponde al redactor principal del diario o periódico. La designación del director o redactor responsable debe ser aprobada por el Procurador General de la Corte de Apelaciones que ejerza jurisdicción en el lugar donde se verifica la publicación del periódico; dicho funcionario puede negar o revocar su aprobación en caso de que las personas designadas o propuestas hayan sido condenadas dos veces por delitos de imprenta (arts. 1.2 y 2.1 de la Ley de Diciembre de 1925); si el Procurador niega o revoca su consentimiento, la persona afectada puede recurrir al Ministerio del Interior, y ante la negativa de éste, al Consejo de Estado el cual resuelve en definitiva (Art. 3.° del Reglamento de 1926).

Obtenido el reconocimiento del director responsable puede iniciarse la publicación del periódico, el cual queda desde ese momento bajo la tuición del Prefecto de la Provincia, quien está facultado para aplicar tres sanciones, a saber: la retención preventiva de las publicaciones, la advertencia o amonestación y la revocación del nombramiento del director responsable.

La retención preventiva procede en una gran cantidad de casos previstos por la ley (Art. 4.º del D.-L. de 1923 y Art. 3.9 del D.-L. de 1924). La amonestación la pronuncia el Prefecto con acuerdo de un juez nombrado por la Corte de Apelaciones respectiva y de un delegado del Sindicato de Periodistas; ella procede, según los propios términos de la ley, cada vez que un periódico 'provoque alarmas injustificadas en la población o motive perturbaciones del orden público'; dos amonestaciones hechas a una publicación en el curso de dos años, dan lugar a que el Prefecto revoque el nombramiento del director responsable, decisión contra la cual sólo puede reclamarse ante el Ministro del Interior, quien se pronuncia en último trámite (Art. 3° del D.-L. de Julio de 1923 y Art. 6.9 del Reglamento de 1926).

Por Decreto de 26 de Marzo de 1928, se organizó en Italia la actividad y la disciplina de los periodistas, de acuerdo con los principios del sistema corporativo. Según lo dispuesto en este decreto, el ejercicio del periodismo sólo lo está permitido a los que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Periodistas. La formación de este registro y el mantenimiento de la disciplina de los inscritos en él es tarea que corresponde a un comité de cinco personas, pertenecientes a algún Sindicato Regional de Periodistas e inscritos en el mismo registro; la designación de los miembros del comité la efectúa el Gobierno, el cual los escoge de entre las personas propuestas en listas dobles por el Sindicato Nacional de Periodistas. Las medidas disciplinarias y las decisiones que en materia de inscripciones adopte el comité son susceptibles de apelación ante la Comisión Superior de la Prensa, designada por decreto real y compuesta por un presidente y diez vocales; las resoluciones de esta comisión son a su vez apelables ante la Corte de Casación, la cual se pronuncia en última instancia.

Este es, descrito en sus rasgos más importantes, el conjunto de disposiciones administrativas que reglamentan la publicación de los periódicos italianos. La multiplicidad y minuciosidad de las medidas impuestas obedece al objetivo de convertir los medios de publicación en instrumentos útiles a la propaganda política del régimen fascista. El resultado práctico de toda esta legislación preventiva ha sido el de suprimir la prensa adversa al fascismo, la cual, debido a las numerosas trabas que la agobiaban, se vió en la disyuntiva de desaparecer o de adaptarse a la ideología fascista; y es así cómo en la hora actual todas las publicaciones periódicas italianas se encuentran al servicio del régimen dominante.

Por lo que respecta a las publicaciones que no tienen carácter periódico, ellas están regidas por la Ley de Seguridad Pública promulgada el 6 de Noviembre de 1926, la cual reglamenta en forma minuciosa la impresión, circulación y distribución de está clase de impresos. Sus preceptos pertinentes disponen que ninguna persona o empresa puede dedicarse a la impresión de libros, folletos o de cualquiera publicación que no se efectúe periódicamente, sin autorización previa -que debe renovarse todos los años- de la policía; se requiere, asimismo, permiso policial para proceder a la distribución de esta clase de obras impresas. La ley no determina en forma precisa cuándo la policía debe denegar o conceder los mencionados permisos y se limita a prescribir que no debe autorizarse 'la circulación de impresos contrarios al orden del Estado o que lesionen la dignidad de la Nación o de sus autoridades'.

Paralelamente a este conjunto de normas preventivas funciona en Italia un régimen represivo que se aplica para sancionar todas aquellas infracciones que no presentan relación directa o indirecta con la seguridad del Estado fascista. Este régimen, que es un vestigio del que establecía el Edicto de Carlos Alberto, resulta de las disposiciones aun vigentes de éste y de los preceptos que sobre la materia contiene el Código Penal, según el cual los delitos de imprenta son de naturaleza jurídica análoga a la de aquellos que se realizan por cualquier otro medio, con la sola diferencia de que para los primeros se alteran las reglas relativas a la responsabilidad de las personas que en ellos intervienen y se agravan las penas correspondientes.

Examinando comparativamente las legislaciones de imprenta de la Rusia soviética y de la Italia fascista, puede apreciarse que existe entre ellas una marcada analogía, que se suma a muchas otras que en múltiples aspectos presentan las dos organizaciones estatales. Ambas legislaciones están fundadas sobre el principio de una absoluta subordinación al Estado de las publicaciones impresas; lo que es consecuencia del nuevo concepto -que ya hemos tratado de precisar- que acerca de las libertades públicas tienen dichos regímenes. Esta subordinación se manifiesta en la legislación positiva en las siguientes medidas que constituyen las características principales de los sistemas restrictivos de la libertad de imprenta

 a) Autorización, esencialmente revocable, para efectuar publicaciones impresas, muy especialmente cuando éstas tienen carácter periódico;

b) Exigencia de ciertos requisitos para dirigir publicaciones o desempeñar la profesión de periodista;

c) Censura previa sobre las publicaciones periódicas o monopolio de éstas en favor del Estado o determinados partidos políticos; 

  d) Jurisdicción judicial-administrativa o simplemente administrativa para reprimir las infracciones de las normas de carácter preventivo; y

e) Facultad conferida a la policía o a otras entidades para retener preventivamente los ejemplares impresos, o para requisarlos cuando ya han sido puestos en circulación.

La aplicación de estas medidas preventivas tiene por efecto que los regímenes de supresión de la libertad de imprenta no sean de un carácter propiamente penal, ya que ellos tienden a excluir -en forma más o menos arbitraria- la posibilidad de que se lleguen a cometer hechos constitutivos de delito; y sólo en el caso de que tales hechos lleguen a cometerse -lo que supone el incumplimiento de las finalidades del sistema preventivo adquiere- el régimen un carácter verdaderamente penal, ya que únicamente en este caso puede constatarse la violación de una norma jurídica.

Creemos que no es acertado formular una conclusión categórica acerca de los méritos o de los defectos de que adolecen estos sistemas legales de imprenta. Puede, no obstante, afirmarse que si su existencia es defendible en los Estados de nueva estructura política en los cuales se encuentran implantados, resultan, por. el contrario, inaceptables -como regímenes permanente- en los países en que imperan verdaderas democracias.

 

PÁRRAFO III  : Régimen de libertad de imprenta

A partir de la Revolución francesa, los Estados democráticos han venido incorporando en sus legislaciones el régimen de libertad de imprenta, cuya existencia e inviolabilidad han sido, generalmente, garantidas por preceptos de índole constitucional. Es así cómo la gran mayoría de las cartas fundamentales consagran, ya sea en el párrafo de las garantías individuales o bien en el referente a las libertades públicas, el principio de la libertad para manifestar los pensamientos por la imprenta y demás medios de publicidad.

Uno de los problemas que sobre esta materia provocó mayores discusiones entre los publicistas y políticos del siglo pasado, es el que guarda relación con la amplitud del principio de la libertad de imprenta. Los partidarios de que ésta fuese absoluta, sostenían en apoyo de su tesis que la libertad de pensamiento y, por consiguiente, la de imprenta, más que una libertad, es una necesidad tan apremiante para el espíritu como lo es para el cuerpo, la de beber o de comer; y que, en consecuencia, limitarla en cualquiera forma equivale a cometer un ultraje contra la dignidad humana. Los partidarios de la limitación replicaban que conferir la libertad absoluta significaba autorizar la perpetración de toda clase de desmanes y atropellos contra los individuos y las instituciones; y que limitarla no quería decir coartarla, sino que admitir y hacer efectiva la responsabilidad de los que llegasen a delinquir, Fué este último criterio el que prevaleció, tanto en la doctrina como en la práctica; y en la actualidad es un principio universalmente aceptado, que todos los derechos, y por ende, todas las libertades tienen su propia limitación en el respeto a los legítimos derechos ajenos, ya sean éstos individuales o colectivos. En concordancia con este principio jurídico, las cartas fundamentales modernas que consagran las facultades de expresar libremente los pensamientos por medio de la imprenta u otras formas de publicidad, lo hacen dejando constancia de que los abusos y extralimitaciones en el ejercicio de este derecho, deben ser sancionados en conformidad a lo que disponga una ley sobre la materia. De esta manera se hace un implícito reconocimiento de que mediante las publicaciones pueden cometerse delitos, y que corresponde a una ley determinar los casos en que éstos se producen y establecer la forma en que deben ser sancionados. En consecuencia, si bien tiene el régimen de la libertad de imprenta su origen en el DERECHO CONSTITUCIONAL, su estudio y reglamentación legal corresponde, en cambio, al DERECHO PENAL, ya que es una ley de este carácter la que debe regir su funcionamiento.

La necesidad de respetar un derecho que goza de garantía constitucional, por una parte, y por otra, la conveniencia de resguardar los derechos de los individuos y de la sociedad frente a los ataques que puedan inferírseles, tal es la doble y difícil finalidad que debe llenar una ley de imprenta; y si al legislar no se toma debidamente en consideración alguno de estos puntos de vista, o se pospone uno en beneficio del otro, ha de resultar con seguridad una ley que no respeta a la imprenta la libertad que ella merece o que la autoriza para delinquir impunemente.

El enorme desarrollo que en este último tiempo han adquirido las publicaciones impresas, y el consiguiente aumento de su influencia en la opinión pública es motivo que tiene por efecto que la imprenta sea hoy un instrumento apto para aportar tanto los mayores beneficios como para acarrear los más graves daños a la colectividad social; y un poder de tanta magnitud debe estar, lógicamente, controlado en forma eficiente, tanto en resguardo de su propio prestigio, como en defensa de la tranquilidad pública. Ya no es aceptable la antigua creencia de que las malas publicaciones tienen su propia sanción en el desprecio de los lectores y de que los daños que ellas producen se corrigen por los mismos medios con los cuales han sido ocasionados. En la actualidad, puede constatarse fácilmente que en la mayoría de las ciudades densamente pobladas pertenecientes a países en que se respeta la libertad de pensamiento, se realizan publicaciones -aisladas o periódicas- de vasta circulación que, amparándose en los defectos, o vacíos de las respectivas legislaciones, atacan habitualmente -con fines políticos o de lucro- los derechos más respetables de los individuos y de la sociedad. Y es ésta, precisamente, la causa determinante de que algunos Estados -procediendo en legítima defensa del orden político y social y ante la imposibilidad de contener los abusos mediante las legislaciones existentes- hayan suprimido radicalmente el régimen de la libertad de imprenta. Es, pues, también indispensables, en interés mismo de los múltiples beneficios que la libre expresión del pensamiento aporta a la cultura y al progreso humano; reprimir enérgicamente los abusos de la imprenta, sin menoscabar la independencia que ella requiere. La experiencia ha demostrado que estas dos finalidades no pueden obtenerse armónicamente sino mediante la aplicación de un sistema represivo-judicial que contemple todas las medidas necesarias para sancionar los delitos e infracciones en que incurran las publicaciones impresas. Los sistemas preventivos sólo dan por resultado la negación práctica de la libertad de imprenta; el conocido axioma jurídico de que más vale prevenir que castigar, no puede aplicarse en toda su amplitud en esta materia porque, como ya se ha dicho, ello equivaldría a desconocer la libertad de pensamiento. No queremos con esto significar que deba excluirse toda idea de prevención en esta clase de delitos, ya que es evidente que debe propenderse a impedir que se cometan; pero no en una forma directa mediante arbitrios que imposibiliten su ejecución, sino por los efectos de prevención indirecta que toda pena lleva consigo, pues no conviene olvidar que la pena, además de envolver la idea de represión o castigo, produce dos efectos de considerable importancia: el de ejemplarizar y el de prevenir. No debe tampoco entenderse que las medidas de índole preventiva destinada a hacer eficaz la aplicación del sistema represivo -tales como la declaración previa, pie de imprenta, etc,- no se avienen con el régimen de libertad de imprenta porque, al contrario, ellas son indispensables para su buen funcionamiento.

Reconocida la necesidad de adoptar un sistema penal represivo para regir la actividad de la imprenta, surge un problema para cuya solución existe disconformidad de criterio entre los tratadistas sobre esta materia, problema que consiste en determinar si hay conveniencia en establecer para la imprenta un régimen especial o si es, por el contrario, preferible someterla a los principios del derecho penal común. Es útil hacer presente que este problema se refiere solamente a la naturaleza jurídica de las disposiciones que constituyen el régimen legal de la imprenta y no a la circunstancia de si ellas deban estar contenidas en una ley especial o en la ley penal común; esto último envuelve simplemente una cuestión de forma, importante desde el punto de vista de la técnica legal, pero que no atañe al fondo del problema que tratamos, ya que es evidente que una ley de carácter general puede contener normas ajenas al derecho común, y a la inversa, una ley especial puede no ser contraria a los principios generales del derecho. En nuestro concepto, basta considerar la gran trascendencia que da la publicidad a los delitos cometidos por medio de la imprenta y la circunstancia de que ellos sean llevados a cabo bajo el amparo de una garantía constitucional, para justificar plenamente la implantación de medidas modificatorias del derecho común. Existen, sin embargo, valiosas opiniones que se pronuncian en sentido contrario; así, para el tratadista Le Poittevin, los delitos de imprenta deben ser regidos por el derecho común y en apoyo de su tesis, argumenta: 'La imprenta que puede utilizarse para cometer crímenes y delitos no da lugar a la creación ni a la definición de ningún delito nuevo o especial. Así como la invención de la pólvora ha proporcionado a los hombres un nuevo medio de matar sin crear por ello un crimen nuevo que las leyes penales deban reconocer, así también la invención de la imprenta no ha hecho sino procurar un nuevo instrumento de sedición, de difamación, de injuria y de otros delitos cometidos en todos los tiempos y reprimidos por la ley común. Lo que constituye una acción punible es la intención de su autor y el mal que ha hecho o ha querido hacer a un individuo o a la sociedad; ¿qué importa que para llevar a cabo su intención él haya empleado tal o cual medio,' (3). Ollandini, que sostiene idéntica teoría con parecidos argumentos, expresa: '¿Qué se hace cuando se propone una ley particular sobre delitos de prensa? Es como si en materia de asesinato se propusiese una ley para reprimir los delitos cometidos por medio del sable o la pistola' (4).

No procede todavía -de acuerdo con el plan que nos hemos trazado- analizar la naturaleza de esta clase de delitos, pero, por de pronto, debemos manifestar que los argumentos citados parten de un error inicial, cual es el de considerar la imprenta como un simple instrumento delictivo análogo a cualquier otro. Asimilar la imprenta al sable, al cuchillo o a la pistola, tal como lo pretenden los autores aludidos, significa desconocer las garantías constitucionales con que ella está protegida en los regímenes de libertad de pensamiento. Cabe preguntarse: ¿Reconoce el derecho iguales prerrogativas a cualquier instrumento apropiado para cometer delitos? Evidentemente que no; si en la práctica pueden los individuos utilizar esas armas para delinquir, es porque la ley no puede materialmente impedirlo. Diferente es la situación de la imprenta, cuyas publicaciones no deben ser impedidas sino a consecuencia de la aplicación de una pena, porque lo contrario implicaría la violación de un precepto constitucional. Las publicaciones impresas gozan también de ciertas franquicias inherentes a la libertad de imprenta y que son generalmente reconocidas por la costumbre, tales como el derecho al anonimato y el secreto de redacción. El derecho al anonimato se traduce en la facultad de publicar artículos sin la firma de su autor y el secreto de redacción en no poder obligar a los redactores de un periódico a que, revelen el nombre de los autores de los artículos anónimos. Si frente a estas franquicias se aplicasen los principios generales del derecho penal en toda su amplitud, los delitos de imprenta quedarían impunes, ya que siendo imposible conocer a sus verdaderos autores, no habría a quien responsabilizar. Estas características propias de las publicaciones impresas hacen necesaria la adopción de un régimen diferente del que se aplica para reprimir la generalidad de los delitos. Esta razón, que se traduce en la indiscutible conveniencia de no dejar a la justicia desarmada frente a los delitos de imprenta, es la que induce con más fuerza a establecer un régimen que introduzca modificaciones, tanto de índole penal como procesal, al derecho común.

Conviene hacer presente que la necesidad de adoptar para la imprenta un régimen especial, debe ser restrictivamente interpretada; es decir, que no se deben introducir otras modificaciones que las que sean indispensables para la eficaz represión de los delitos y sin perder de vista los principios fundamentales del derecho penal, porque lo contrario llevaría fatalmente a la creación de un régimen artificial que tendría por consecuencia una represión arbitraria y excesiva. El criterio adecuado a este respecto consiste en propender solamente a llenar los vacíos y subsanar las deficiencias de que adolece el derecho común, dictando disposiciones que se avengan con la naturaleza especial de las infracciones de imprenta. Hechas estas consideraciones generales acerca de la naturaleza jurídica de los regímenes de imprenta fundados en el principio de libertad sobre la materia, procede analizar el conjunto de medidas que lo forman.

El estudio de esta clase de sistemas represivos debe partir, para evitar equívocos, de una distinción previa entre las medidas de carácter administrativo y las disposiciones propiamente penales que existen en toda legislación de imprenta. Las primeras determinan los requisitos que deben cumplir las publicaciones que se verifican por medio de la imprenta, las obligaciones que a ésta incumben y los derechos que en determinados casos corresponden a los individuos que son lesionados por dichas publicaciones; las segundas, sancionan las infracciones que se cometen por medio de la imprenta, señalan las personas que son responsables de ellas y fijan la jurisdicción y la penalidad apropiadas para su represión.

Las medidas administrativas pueden ser establecidas con el fin de entrabar la acción de los órganos de publicidad -tal como ocurre en los sistemas supresivos de la libertad de pensamiento- o con el objeto de hacer expedita y eficaz la represión de los delitos; las que persiguen esta última finalidad son las únicas compatibles con un régimen de libertad de imprenta. Existen algunas formalidades administrativas que son comunes para toda clase de publicaciones impresas y otras que sólo se avienen con las de carácter periódico.

Las de la primera categoría son:

a) Exigencia de que todo impreso dado a la publicidad contenga el nombre de, la imprenta y la indicación de la fecha y el lugar de la impresión. -Esta medida, como casi todas las demás, tuvo su origen en el derecho francés y se encuentra incorporada, con pequeñas variaciones, en todas las legislaciones de esta clase. Tiene por finalidad evitar las publicaciones clandestinas y facilitar la investigación de los delitos que mediante ellas se cometan; y 

b) Obligación impuesta a los impresores de depositar cierto número de ejemplares de cada publicación que verifiquen, ante determinadas autoridades. -Esta formalidad, también común a todas las legislaciones represivas, obedece a la necesidad de hacer expedita la constatación de los delitos, para lo cual se exige, corrientemente, el depósito ante las autoridades administrativas o judiciales o ante ambas, a la vez; algunas legislaciones-entre ellas la nuestra-lo imponen además con el objetivo de enriquecer las dotaciones bibliográficas de bibliotecas y establecimientos públicos.

Las formalidades principales de la segunda categoría, o sea, de aquéllas que corresponden exclusivamente a las publicaciones periódicas, son las siguientes: 

a) La declaración previa que constituye, como dice Garraud (5), 'el estado civil de un periódico'. Ella consiste en la obligación impuesta al director de un periódico de hacer por escrito a la autoridad -antes de iniciar la publicación- una declaración conteniendo algunas enunciaciones que tienden a facilitar la vigilancia de las publicaciones impresas y a hacer efectiva la determinación de la responsabilidad, resultante de las infracciones y delitos en que incurran las publicaciones aludidas; y 

b) Institución del gerente o director responsable. -Algunas legislaciones sobre la materia establecen que la responsabilidad de los delitos cometidos por medio de la prensa periódica corresponde, en principio, a sus directores, sin perjuicio de que ella pueda afectar a otras personas, siguiendo las reglas generales del derecho común o en conformidad a normas especialmente dictadas para este efecto. Al estudiar en particular las infracciones y delitos de imprenta, hemos de referirnos a esta institución del director responsable que constituye uno de los varios sistemas que se han creado para regular la responsabilidad proveniente de esta clase de delitos.

Las medidas mencionadas son las que han sido principalmente adoptadas por la generalidad de las legislaciones para hacer más eficaz el funcionamiento de los sistemas represivos. Está demás expresar que las leyes de imprenta de cada país contemplan muchos otros arbitrios de menor importancia cuya enumeración sería larga y de escasa utilidad.

Junto a las medidas administrativas, que constituyen, como ya se ha dicho, un complemento indispensable del régimen penal de la imprenta, debemos mencionar un derecho especial que se encuentra incorporado en la casi unanimidad de las legislaciones modernas que tiene por objeto proteger a los individuos y a las instituciones de los daños que la prensa periódica pueda ocasionarles. Nos referimos al derecho de respuesta o de rectificación.

El derecho de respuesta o de rectificación -como comúnmente se le denomina- nació a la vida jurídica en Francia, a principios del siglo pasado. Los escasos periódicos que existían antes de esa época, no daban motivo para la adopción de un derecho de esta índole; pero cuando la prensa, por su multiplicidad y el aumento de su circulación, llegó a ser arma capaz de comprometer el prestigio y el crédito de los ciudadanos, pudo constatarse que el funcionamiento del régimen penal, por sí sólo, no bastaba para borrar o atenuar los males inferidos por la prensa. Tal fué el motivo que indujo a los legisladores a consagrar este derecho que faculta a las personas que se estiman lesionadas por conceptos contenidos en publicaciones periódicas, para responder, rebatiendo las aseveraciones o demostrando los errores en que -a juicio de ellas- hayan incurrido las publicaciones agraviantes.

La obligación impuesta a los periódicos de dar publicidad a los escritos de respuesta está en armonía con la misión principal que les corresponde desempeñar en la vida colectiva, cual es la de contribuir a la difusión de la verdad. Si un periódico falta a ésta, deliberada o involuntamente, es lógico qué deba someterse a los rigores de un derecho que, como el mencionado, tiende precisamente al esclarecimiento de la verdad.

La utilidad de este derecho ha sido extensamente discutida y no faltan quienes opinan que es superfluo, porque no aporta ninguna ventaja a las personas en cuyo beneficio se establece. Las razones que aducen sus opositores son, en síntesis, las siguientes: Si un artículo periodístico -dicen- ataca el honor de una persona, ésta puede solicitar que se le publique voluntariamente una rectificación y si no lo consigue, puede entablar una demanda criminal y pedir al tribunal que se ordene la inserción de la sentencia, siendo en consecuencia, innecesario el derecho de respuesta, ya que se puede llegar a un mismo fin por otro camino que ofrece menos peligro de perjudicar a los periódicos, obligándolos a dar a la publicidad escritos a menudo innecesarios y de larga extensión. Si, por el contrario, -agregan- la persona ha sido simplemente nombrada sin que su honor experimente menoscabo, no hay motivo para obligar al periódico a que inserte una respuesta que dará pábulo para que el periodista, que tiene siempre la última palabra, replique haciendo comentarios que resulten verdaderamente perjudiciales para la persona en cuestión.

A nuestro juicio, los argumentos que anteceden carecen de la fuerza suficiente para demostrar la inconveniencia del derecho de rectificación. Evidentemente que una persona lesionada por un periódico puede obtener algún provecho mediante la publicación de la sentencia que le sea favorable, pero entre la publicación del escrito ofensivo y la inserción de la sentencia desagraviante habrá transcurrido -a causa de la natural lentitud de los procesos judiciales- un espacio de tiempo lo suficientemente largo como para que la reparación pierda gran parte de su eficacia. Desde otro punto de vista, no creemos que el régimen penal por sí sólo sea capaz de defender a los individuos contra todos los ataques que les puede inferir la prensa; ya hemos visto que el derecho de respuesta nació a la vida legal precisamente porque el régimen penal era insuficiente para resguardar debidamente los intereses de terceros. Las medidas penales, obvio es decirlo, sólo tienden a reprimir los hechos constitutivos de delitos y es sabido que mediante la publicidad pueden cometerse numerosos hechos, tales como las alusiones a la vida privada de las personas, apreciaciones malévolas sobre ciertos actos, etc., que, sin presentar caracteres de delitos, pueden, no obstante, acarrear perjuicios para el honor o el crédito de los individuos y de las instituciones, los cuales, a no mediar el derecho de respuesta o de rectificación, no podrían disipar el desprestigio que les ocasionarían los hechos señalados.

Así como hay quienes desconocen toda utilidad al derecho de respuesta, hay también quienes le atribuyen una eficacia mucho mayor de la que verdaderamente tiene; ellos son los partidarios de la libertad absoluta en materia de imprenta. A este respecto, uno de nuestros publicistas de antaño más distinguidos, don Jorge Huneeus, expresaba: 'La verdad es que los abusos de la imprenta se corrigen por la imprenta misma y un artículo se contesta con otro...' (6). Desgraciadamente, la experiencia no ha confirmado este modo de pensar, pues se ha podido constatar fehacientemente que los daños ocasionados por los ataques de la prensa no pueden ser jamás completamente desvanecidos, ya que nunca todos los que leen un escrito injurioso o malévolo, leen también la respuesta que a él se publica. Es sabido, además, que al público lector -que se forma casi siempre una opinión superficial de los asuntos debatidos por la prensa- le basta que el prestigio de una persona sea puesta en tela de juicio para desconfiar de su honorabilidad, creándose así fatalmente una atmósfera desfavorable alrededor de quienes son víctimas de los ataques periodísticos. El derecho de respuesta es de eficacia relativa, ya que contribuye a impedir que el público sea engañado mediante informaciones falsas o erróneas, pero no lo consigue por completo sino que excepcionalmente debido a las razones indicadas. Para apreciar acertadamente la verdadera utilidad de este derecho es preciso no olvidar que la obligación de dar a la publicidad los escritos de respuesta, sirve solamente como medio de defensa para quienes son ofendidos, y no como sanción para el autor del agravio ni para el diario o periódico que lo ha publicado, de manera que sin la existencia de un sistema penal, estos últimos quedarían impunes cuando sus acciones ofensivas fuesen constitutivas de delitos. En atención a los motivos expuestos creemos que el derecho de rectificación es de manifiesta utilidad, siempre que sea establecido como medida complementaria a un régimen penal.

El problema más serio que presenta el estudio del derecho mencionado estriba en determinar la amplitud que debe conferírsele, esto es, si debe hacerse extensivo a todas las materias, o si, por el contrario, deben excluirse algunas de sus efectos. Varias legislaciones -entre las cuales se cuenta la nuestra- han seguido este último criterio, estableciendo que el derecho de rectificación no es procedente para responder a artículos que contengan comentarios, juicios o críticas acerca de obras de carácter artístico, científico o literario; sin perjuicio, por cierto, de hacer efectiva la responsabilidad penal que corresponda si dichos artículos encierran conceptos delictuosos. El motivo principal que se aduce para justificar esta excepción a la absoluta procedencia del derecho de respuesta, radica en el propósito de asegurar a la crítica la independencia que le es indispensable para la obtención de sus finalidades, cuales son la de aquilatar los méritos y defectos de la producción artística y literaria, a fin de contribuir a su perfeccionamiento; y la de orientar al público acerca de su verdadero valor. Se sostiene, además, en defensa de esta excepción, que quien da a la publicidad un trabajo de índole artística o literaria hace un implícito llamado para que la crítica se pronuncie sobre sus méritos y que, en consecuencia, debe someterse sin derecho a réplica al veredicto de un tribunal cuya jurisdicción ha sido reconocida y solicitada de antemano.

Estaría, en nuestro pensar, sobradamente justificada la excepción que comentamos si la crítica se pronunciase exclusivamente sobre los méritos artísticos o científicos de las obras que le son sometidas a su jurisdicción, dejando a un lado las pasiones y emulaciones de carácter literario o personal que pudieren influir en el ánimo de los críticos. Pero, desgraciadamente, no sucede siempre así; la naturaleza humana es imperfecta y a menudo puede constatarse que los artículos de critica contienen juicios que no son producto exclusivo de la imparcialidad. Es innegable que los críticos pueden emitir -y en la práctica los emiten- conceptos ofensivos para los autores de las obras que analizan y lo que es más grave, suelen interpretar caprichosamente las intenciones y tendencias de estos últimos. Y si esto ocurre, creemos que no es equitativo privar a los autores del derecho de impedir que sus pensamientos sean deformados por la voluntad de personas extrañas. Es conveniente considerar, además, que el éxito pecuniario de las obras literarias y artísticas, en general, depende por completo de la acogida que el público les dispense y es sabido que éste se guía, en gran parte, por los dictámenes de la crítica; en consecuencia, del arbitrio de los críticos no sólo depende el prestigio intelectual de los autores -como ya lo hemos dicho- sino que también sus medios de subsistencia. Cabe preguntarse: ¿Es de justicia dejar desarmados ante poder de semejante magnitud a quienes viven del producto de sus cerebros o de sus aptitudes artísticas, contribuyendo, al mismo tiempo, al desarrollo y difusión de la cultura? Evidentemente que no, pues excluir a la crítica de los rigores de este derecho equivaldría a colocar a los que cultivan la ciencia o el arte en una situación de inferioridad parecida a la indefensión.

Otro punto que sobre esta materia provoca discusiones es el que se refiere a la calificación de la procedencia del derecho de respuesta; a este respecto existen dos tendencias diferentes. Los sostenedores de una de ellas dicen que es la justicia la que debe determinar en cada caso concreto si procede o no la publicación de un escrito de rectificación, porque de aceptarse otro criterio los periódicos se verían obligados, por la sola circunstancia de nombrar a alguna persona, a publicar respuestas y aclaraciones motivadas por una suspicacia excesiva o por un simple afán de publicidad de las personas aludidas, lo cual iría en desmedro de los intereses de la prensa. Los partidarios de la tendencia opuesta, sostienen que son las personas afectadas por una publicación las únicas que están verdaderamente capacitadas para juzgar la procedencia de la respuesta y que frente a ésta los periódicos no tienen otro camino a seguir que darla a la publicidad. Es, sin duda, este último criterio el que está más de acuerdo con la finalidad a que obedece el derecho de respuesta, cual es el de permitir que las personas lesionadas por un artículo periodístico puedan defenderse rápidamente con el mismo instrumento que les ha causado la lesión. La intervención de la justicia en esta materia no es adecuada, porque introduciría una demora perjudicial para la eficacia de las rectificaciones y porque nadie es más competente que el propio afectado para saber cuándo debe acudir en defensa de los intereses que le atañen; por consiguiente, aquel que ejercita el derecho debe ser el único juez para determinar la procedencia y la utilidad de la respuesta, de tal modo que la inserción no pueda ser rechazada por el periódico sino cuando sea contraria a los derechos de terceros, a la moral pública o a la respetabilidad del propio periódico.

A fin de dotar de mayor eficacia al derecho que tratamos, las legislaciones que lo consagran imponen a los periódicos un plazo breve para la publicación de las rectificaciones que se les soliciten y los obligan a insertarlas en determinadas condiciones de tamaño y ubicación a objeto de que el artículo rectificador sea de efectos equivalentes a los del que lo motiva; y previendo el caso de que los periódicos agreguen comentarios al insertar las rectificaciones, se confiere al afectado la facultad de replicar en condiciones semejantes a las que se determinan para responder.

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Terminado el examen de las principales medidas que complementan el régimen penal de la imprenta, corresponde abordar el estudio de este último, al cual daremos comienzo analizando el concepto y la naturaleza jurídica de los delitos de imprenta.

Capítulo II .- Delitos de imprenta o de publicación

PÁRRAFO I : Noción y naturaleza

Las infracciones penales que se conocen con el nombre de delitos de imprenta o de publicación, consisten en la manifestación de un pensamiento perjudicial hecho público con intención dolosa, ya sea mediante la escritura, la imprenta, la palabra o cualesquier otro medio de publicidad. No obstante de que el medio de publicación empleado no altera la naturaleza jurídica de la infracción, los delitos que se verifican mediante la escritura, la imprenta, el grabado u otras formas que confieran cierta permanencia a los pensamientos reproducidos, se diferencian de los delitos que se llevan a cabo por los demás medios, tales como los discursos, gritos, conferencias, etc., en que aquéllos suponen una mayor meditación de parte de sus autores que estos últimos, y también en que son más perniciosos, por cuanto suelen seguir produciendo efecto mientras subsisten los escritos, los impresos o los grabados que los contienen. Estas diferencias, de una evidencia innegable, aconsejan reprimir a los primeros con mayor severidad que a los segundos. En el derecho romano se hacía ya una distinción entre los delitos de la palabra y aquellos de la escritura y se les concedía a ambas categorias diferente importancia en cuanto a la gravedad de sus efectos; así, por ejemplo, la injuria cuyo nombre generico era 'contumelia' se dividia en delito de la palabra llamado 'conviccium' y en delito de la escritura que recibía el nombre de 'libelus famosus', el cual estaba castigado con más rigor que el anterior. Igual criterio consagra la legislacion inglesa, la cual atribuye mayor gravedad a los delitos que resultan de la manifestación de un pensamiento escrito o impreso que a los que se llevan a cabo por otros medios. Otras legislaciones, entre ellas la francesa y la chilena, siguiendo una tendencia opuesta a la señalada, conceden importancia equivalente a todas las formas de publicidad que enumeran y consecuentemente reprimen los delitos sin atender a la diferente trascendencia de los medios por los cuales se verifican.

Durante un largo tiempo, los delitos cometidos por medio de la imprenta han gozado de una situación privilegiada en las legislaciones de los países democráticos. El concepto de antaño que atribuía una amplitud exagerada al ejercicio de las libertades públicas, beneficio a la de la imprenta más que a ninguna otra. Los legisladores de aquella época, temerosos de contrariar la opinión dominante de que la manifestación de las ideas no podía dar lugar a la perpetración de delitos, reprimían las infracciones cometidas por las publicaciones impresas con demasiada liberalidad y las denominaban abusos de la libertad de imprenta. De esta manera se consagraba la tesis de que en materia de imprenta no existen delitos, sino que, a lo sumo, simples extralimitaciones en el ejercicio de un derecho, y que por tanto deben ser tratadas benévolamente por la ley; este criterio que facultaba a las publicaciones para delinquir casi impunemente, es considerado en la actualidad como algo absurdo que no puede justificarse con razones de ninguna naturaleza. Sin embargo, aún en la hora presente subsiste en el público la costumbre de considerar los delitos del pensamiento como infracciones privilegiadas; prueba de ello es que con frecuencia se les llama abusos de publicidad, dando a entender, así, que no constituyen propiamente delitos; sin ir mas lejos, la ley nuestra que reprime las diversas infracciones que se cometen por determinadas publicaciones es conocida vulgarmente con el nombre de 'ley sobre abusos de publicidad', siendo que ella considera y sanciona la comisión de verdaderos delitos y no de abusos. Podría parecer inoficioso detenerse sobre este punto, ya que los nombres en nada afectan la naturaleza de las cosas; pero es sabido que la calificación de un hecho influye considerablemente en el concepto que se forma el público, sobre su importancia y gravedad, y es sabido también, que el juicio de este último influencia de un modo decisivo la actividad del legislador. Para evitar, en consecuencia, el peligro de que las infracciones del pensamiento -cuyos graves efectos ya no se ponen en duda- sean consideradas como desprovistas de importancia, es conveniente que se les denomine con el único calificativo que les corresponde en el derecho penal, cual es el de delitos.

Pero no todas las infracciones en que incurren la imprenta pueden ser calificadas como delitos, porque no todas tienen la misma naturaleza jurídica ni presentan tampoco los mismos caracteres. A objeto de evitar confusiones a este respecto, trataremos de establecer las diferencias que existen entre las diversas infracciones penales de la imprenta.. En otra parte de este estudio se ha hecho presente que las leyes sobre la materia contienen dos categorías de disposiciones: una de contenido propiamente penal y otra de carácter administrativo, que fija las normas a que deben ceñirse los medios de publicidad; las infracciones a estas últimas normas legales son jurídicamente diferentes de aquellas de las normas penales, las cuales son generalmente constitutivas de delitos. Las primeras consisten en simples hechos materiales que se constatan con facilidad y en las cuales la intención del delincuente no juega ningun rol, ya que se ocasionan por el sólo incumplimiento de una disposición legal. Las segundas, en cambio, consisten en la verificación de hechos ilícitos cometidos con la intención de inferir un daño y cuya existencia debe ser constatada por los medios legales de prueba. Para hacer una distinción acertada entre ambas categorías de infracciones es preciso recurrir al examen del factor intencional. En efecto, los delitos de imprenta se realizan mediante la manifestación de las ideas, y para saber si éstas son o no delictuosas, es preciso determinar el sentido y la intención que ellas encierran; contrariamente, las infracciones a las normas administrativas no presentan ninguna relación con el sentido del pensamiento expresado ni con la intención de sus autores. El tratadista francés Barbier dice a este respecto: 'La clasificación no puede hacerse sino determinando si la infracción atenta contra el orden intelectual de las cosas o al orden puramente material' (7). En resumen, si la infracción consiste en la manifestación de un pensamiento se trata de un delito de imprenta propiamente tal y si ella esta constituída por un hecho material ajeno a la expresión de las ideas, existe solamente una simple contravención. De estas características peculiares a las infracciones administrativas se derivan algunos efectos jurídicos de importancia, que dicen relación, especialmente, con la responsabilidad de las personas a quienes les cabe participación; no siendo la intención de los participantes un elemento constitutivo de esta clase de infracciones, sólo puede reconocerse en ellas una categoría de autores: la de aquéllos sobre quienes la ley hace recaer el deber de cumplir las obligaciones establecidas. Si un impresor, por ejemplo, omite el pie de imprenta en una publicación, o si no hace el depósito exigido por la ley, el es el único responsable de la infracción cometida y no podrá justificarse alegando buena fe o falta de participación en el hecho incriminado, pues la ley sólo considera en estos casos la simple violación material de la norma jurídica, sin atender a la intención con que haya obrado el infractor. No esta demás hacer presente que las observaciones hechas sobre este tópico tienen un alcance exclusivamente doctrinario, lo cual no puede ser de otro modo, ya que para investigar, dentro del campo del derecho positivo, la naturaleza de las infracciones de imprenta, es ineludible atenerse, en cada caso, a lo que dispongan los preceptos legales pertinentes.

Señalados los caracteres que diferencian, a las simples contravenciones administrativas de los delitos de imprenta, procede abordar el análisis de estos últimos.

Uno de los problemas de mayor trascendencia que presenta el estudio de estos delitos estriba en determinar su naturaleza jurídica. ¿Son ellos delitos especiales, intrínsecamente diferentes de los demás, o tienen, por el contrario, la misma naturaleza de aquéllos que define el derecho común?; en otros términos, el problema consiste en determinar si la imprenta y los demás medios de publicación son simples instrumentos aptos para verificar delitos reconocidos por los Códigos Penales, o si, a la inversa, ellos dan lugar a la creación de nuevas infracciones no consagradas en la legislación común. Ambos pareceres cuentan entre autores y tratadistas con decididos partidarios, circunstancia que ha motivado divergencias doctrinarias sobre este punto jurídico.

La doctrina que sostiene que los delitos de imprenta son de naturaleza 'sui generis' se fundamenta, principalmente, en la consideración del enorme poder que ejerce hoy día la publicidad en todos los sectores de la actividad humana; y deduce de esta realidad que los conceptos delictuosos contenidos en las publicaciones, tienen, en razón de su difusión, una gravedad que los hace diferentes de los conceptos nocivos que se exteriorizan sin publicidad. Es esta una poderosa argumentación de orden práctico conducente a demostrar la necesidad de reprimir más severamente los primeros que los segundos delitos, pero que no basta para demostrar la veracidad de la tesis sustentada, pues las infracciones penales no pueden ser jurídicamente diferenciadas atendiendo sólo a la gravedad de los efectos que producen. El tratadista Chassan, uno de los más entusiasta partidarios de esta doctrina, tratando de defenderla en el terreno de la ciencia jurídica, opinaba que es en el cuerpo del delito donde puede encontrarse la particularidad de las infracciones de imprenta, y al respecto expresaba: 'El cuerpo del delito, tal como se entiende en el derecho penal, no puede ser casi nunca representado ni menos constatado en las infracciones de esta clase. Y es que está en la naturaleza de estos delitos operar sobre los espíritus y no sobre las cosas. Producto del pensamiento, el delito de imprenta no obra sino sobre el pensamiento. Infracción enteramente inmaterial es en el espíritu donde produce perturbaciones, males y desórdenes. El daño que experimenta la sociedad radica por completo en la impresión que ella ha recibido' (8).

La argumentación transcrita no demuestra -a nuestro juicio- que los delitos de imprenta sean de naturaleza especial, por cuanto el cuerpo del delito no puede en todos los casos ser materialmente representado, aún tratándose de delitos corrientes. Así, por ejemplo, existen numerosas infracciones tales como las injurias, los atentados al pudor, el desacato, etc., que no producen una lesión material y que no por ello dejan de ser delitos de derecho común.

La verdad es que la teoría de la naturaleza especial de los delitos de imprenta o de publicación carece de consistencia jurídica; ella fué imaginada en Francia a fin de justificar ante el derecho la existencia de ciertos delitos artificiales. En efecto, la necesidad defensiva de los gobiernos autoritarios que dominaron en ese país durante el siglo pasado hasta antes de la instauración definitiva de la República, fué causa de que se introdujeran en su legislacion de imprenta una serie de infracciones -tales como la excitación al odio hacia el Gobierno, los ataques a la Constitución o a la soberanía del pueblo, la provocación a la desobediencia de las leyes, etc.,-las cuales, a causa de su vaguedad y de la dificultad para determinar sus elementos constitutivos, no podían ser técnicamente consideradas como verdaderos delitos. Para conferirles el carácter de tales y asegurar así la permanencia de ellos en la legislación positiva, sus defensores idearon la explicación de que los delitos de imprenta son de naturaleza especial y que, en consecuencia, no es dable pedir que guarden armonía con las normas que el derecho común establece para la generalidad de los delitos. Los autores franceses denominan delitos de opinión o de tendencia a estas infracciones de imprenta sin fundamento jurídico, pues en realidad consisten en actos en los cuales es difícil precisar si constituyen la manifestación legitima de una opinión o si implican la perpetración de un delito; la generalidad de los tratadistas las repudian por considerarlas contrarias a los principios más elementales de la técnica penal.

En realidad, la imprenta es sólo un instrumento por el cual se puede cometer delitos y no un elemento de estos últimos, pues el delito reside en el hecho mismo, independientemente del medio por el cual se verifica. Aceptar que el instrumento empleado es capaz de alterar la naturaleza jurídica de estas infracciones, implica un absurdo semejante a reconocer que un homicidio perpetrado con veneno es jurídicamente diferente al que se ejecuta con un arma blanca o un revólver. Desgraciadamente a esta verdad han querido darle algunos una significación que no tiene, deduciendo, por ende una consecuencia errónea; se sostiene, en efecto, que si las infracciones de imprenta son delitos comunes, deben estar sometidas a los preceptos del derecho ordinario, esto es, al régimen que el Código Penal establece para todos los delitos. Los efectos a este modo de pensar citan las palabras que el abogado M. de Serres pronunció al hacer la exposición de motivos de la ley de imprenta francesa de 1819, el cual, después de demostrar que los delitos de publicación son por su naturaleza semejantes a los demás, añadió: 'De este hecho que es evidente por sí mismo se desprende una consecuencia igualmente evidente: que no debe establecerse para la imprenta un régimen especial' (9). Sin embargo, el mismo M. de Serres contribuyó posteriormente a que se introdujesen modificaciones relativas a la responsabilidad, procedimiento, prescripción, etc., de esta clase de delitos; incurriendo así en una contradicción en la cual los actos vinieron a demostrar que las palabras no estaban en lo cierto.

Ya nos hemos referido en el capítulo anterior a las diversas razones que abogan en favor del régimen especial para la imprenta. La circunstancia de que las infracciones que por intermedio de ella se pueden realizar, sean de derecho común, no implica, en modo alguno, un impedimento para que éstas sean sometidas a un régimen especial; al contrario, derogar el derecho común no significa crear un sistema opuesto a sus principios básicos, sino que más bien completarlo con disposiciones que faciliten su aplicación a una determinada materia. El eminente tratadista francés, Garraud, sustenta esta misma tesis en los siguientes términos: 'Lo que conviene retener de esta idea (la de que los delitos de imprenta son de derecho común) es que una ley especial sobre la prensa no debe castigar sino los crímenes y delitos de derecho común, es decir, sólo los actos que presentan todos los caracteres de los que, según los principios del derecho penal, pueden ser considerados como delictuosos y que ella no debe considerar la expresión misma del pensamiento que constituye, a lo sumo, un extravío de opinión o de tendencia' (10).

Pero no basta dilucidar cuál es la naturaleza de los delitos de imprenta para aclarar la noción de esta clase de infracciones, pues queda por resolver aún lo más importante: determinar en qué consisten y cuáles son los elementos que las caracterizan ante el derecho.

Los delitos de imprenta o de publicación provienen generalmente de un sólo acto externo: la emisión pública de un pensamiento culpable y en tal caso no se presenta ninguna dificultad, pero a veces tienen su origen -como cuando se cometen por medio de la imprenta- en dos actos diferentes que aparecen íntimamente ligados entre sí y que son: la exteriorización del pensamiento delictuoso, y la publicación del mismo. Esta dualidad de actos da nacimiento al problema de determinar en cuál de ellos reside propiamente el delito. Siguiendo un criterio estrictamente jurídico habría que radicarlo en la manifestación del pensamiento, esto es, en el escrito que lo contiene, ya que es en este donde se encuentra expresada la intención positiva de inferir el dato; y en tal caso la publicidad vendría a ser un elemento accidental de la infraccion. Pero de acuerdo con esta lógica, el escrito delictuoso sería punible aún antes de su publicación, lo que no es aceptable porque el delito no puede ser conocido ni menos constatado sino después de haber sido dado a la publicidad. Debido a este inconveniente el criterio expuesto no ha encontrado acogida en la doctrina.

En defecto del elemento anterior, no puede ser sino el acto de la publicación lo que caracteriza a estos delitos y lo que los distingue de los demás delitos de la manifestación de las ideas. En realidad, lo que implica un peligro y lo que provoca un daño no es la expresión misma de un pensamiento malévolo, sino que la publicidad que se da a ese pensamiento. En otras palabras, es el acto de la publicación lo que caracteriza, principalmente, al delito.

Los pensamientos pueden hacerse públicos por los medios más diversos: la palabra verbal y escrita, la imprenta, el gesto, el dibujo, etc.; y a estas formas clásicas hay que agregar las que hoy día existen producto del progreso de la ciencia, tales como la radiotelegrafía, la radiotelefonía, el cinematógrafo y otros medios mecánicos que confieren al pensamiento la facultad de difundirse en el espacio y de perpetuarse en el tiempo. Esta gran variedad de los medios de publicidad origina la dificultad de precisar cuando un pensamiento incriminado ha recibido la publicación suficiente para que constituya un delito. Punto es este que entraña una cuestión de hecho cuya dilucidación no corresponde a la doctrina, sino que a los legisladores o a los Tribunales de Justicia. Las legislaciones pueden adoptar a este respecto dos temperamentos diferentes: uno que consiste en enumerar taxativamente cuales son los medios de publicidad que dan lugar a la verificación de delitos; y otro que prefiere entregar a la jurisprudencia la tarea de apreciar en cada caso concreto si la emision de un pensamiento doloso ha estado o no revestida de la publicidad suficiente para que constituya un delito.

Es indudable que el hecho material de la publicación no basta por sí solo para constituir un delito de imprenta; se requiere, además, que ella sea intencional. En consecuencia, es necesario que junto a la intención perjudicial, inherente al pensamiento mismo, exista tambien la intencion de dar a la publicidad dicho pensamiento. En términos diferentes y empleando las palabras de Barbier, en materia de delitos de imprenta, 'es indispensable una doble intencion que los jueces deben constatar, a saber: 1º La intencion delictuosa relativa a la agresión, es decir, la voluntad agresiva; y 2º La intención de publicar esa voluntad agresiva' (11). Esta exigencia de una doble voluntad delictual en los delitos de imprenta, es perfectamente explicable, ya que estando las infracciones de esta índole constituídas por dos actos diferentes (pensamiento doloso y publicación), es lógico que ambos deban ser intencionales para que el hecho que originan pueda ser considerado corno delictuoso.

La última característica de los delitos de imprenta que nos queda por precisar radica en que las infracciones de esta clase se consuman en el acto mismo de la publicación de pensamiento nocivo; lo que significa que si la publicación sirve solo de instrumento auxiliar para la verificación de un hecho delictuoso que se consuma independientemente, no puede hablarse de delito de publicidad. Tal es el caso en que se encuentran, por ejemplo, los delitos de plagio y de falsificacion que se realizan con ayuda de la imprenta. El plagio consiste en utilizar como propio un pensamiento, por lo general no delictuoso, de un extraño; aquí el delito no se consuma en la publicación del pensamiento ajeno sino que en la apropiación indebida de los derechos de propiedad intelectual perteneciente a un tercero, y, por consiguiente, no existe delito de publicidad. Asimismo, los delitos de falsificación se consuman por actos extraños a la publicación de las ideas y en ellos la imprenta desempeña una función exclusivamente mecánica, por lo cual no pueden ni deben ser confundidos con los delitos de publicidad.

La circunstancia, de ser el acto de la publicación el que da a estos delitos el carácter de consumados, sirve para determinar si eso no admisible en ellos la tentativa y el delito frustrado. A fin de saber si cabe la tentativa (conato imperfecto), procede hacer una distinción entre los delitos que se verifican mediante la palabra y aquellos que se realizan por otros medios de publicación.

Los delitos que adquieren publicidad mediante la palabra (discursos, conferencias, gritos, etc.), son de ejecución simple, es decir, son producto de un solo acto externo y, por lo tanto, no es admisible la tentativa, ya que ésta supone necesariamente la existencia de actos preparatorios. Por el contrario, si la emisión del pensamiento delictuoso constituye un acto diferente del de la publicación (tal como sucede con los delitos que se verifican mediante libros, impresos, grabados, etc.), puede haber tentativa siempre que el acto preparatorio, o sea, la emisión del pensamiento delictuoso, no constituya por sí mismo un delito consumado. Ejemplo: Si se editase un folleto que contuviese informaciones falsas o documentos adulterados maliciosamente, y dicho folleto no alcanzase, por cualquier motivo, a ser puesto en circulación, existiría, a nuestro juicio, tentativa del delito de falsas noticias -contemplado por varias legislaciones de imprenta, entre ellas la nuestra- en virtud de haberse dado comienzo a su ejecución por hechos directos, faltando uno para su complemento: el de la publicación. Pero si el mismo folleto contuviese conceptos injurioso para alguna persona, no habría, entonces, tentativa del delito de injurias con publicidad (delito de publicación), porque el acto preparatorio sería constitutivo por sí mismo del delito de injurias consumado sin publicidad que castiga la legislación común.

Respecto al delito frustrado (conato perfecto), creemos que no es admisible en esta materia, porque si se realizan todos los actos necesarios para la ejecución completo, de un delito de publicación, éste se perfecciona inevitablemente, no existiendo la posibilidad, como ocurre en otros delitos, de impedir su consumación. Ejemplo: Una persona redacta un escrito injurioso y lo da a la publicidad; una vez que el escrito ha sido publicado, el delito de injurias que contiene produce todos sus efectos, pues no existe medio alguno de evitar su consumación, tal como lo habría tratándose, v. gr., de un homicidio perpetrado con veneno en cuyo caso el delito podría ser frustrado proporcionando un antídoto a la víctima.

De todas las consideraciones doctrinarias hechas hasta aquí puede deducirse, a modo de conclusión, que las infracciones delictuales de la imprenta están integradas por los siguientes elementos esenciales: 1.º Pensamiento intencionalmente agresivo; 2.º Publicidad intencional del mismo; y 3.º Consumación del delito en la publicación. Si alguno de estos elementos no concurre en una infracción determinada significa, en nuestro concepto, que no existe delito de imprenta.

No contamos con opiniones ajenas que nos permitan valorizar esta conclusión, lo cual carece de gran importancia si se considera que para llegar a ella nos hemos apoyado en juicios de autores cuya versación en esta materia suple con exceso la deficiencia de nuestros conocimientos. Si algún valor tienen las premisas, algo ha de valer tambien la conclusión. Por otra parte, recurriendo a un simple razonamiento jurídico, resulta fácil demostrar la exactitud de los principios en que ella se funda. En efecto, si un pensamiento incriminado no es agresivo e intencional, no constituye doctrinariamente delito de ninguna clase por faltarle un elemento -el dolo- que, según los principios generales del derecho penal., es esencial para la existencia de toda infracción delictual; si es el segundo elemento el que falta, es decir, si no hay publicación o si esta no es intencional, podrá haber delito, pero no de imprenta, ya que lo que caracteriza a los de esta clase es precisamente la publicidad del pensamiento nocivo; y, por último, si no concurre el tercer elemento, esto es, si el delito no se consuma en -la publicación misma, significa que ésta sólo constituye una etapa en la ejecución de otro hecho delictuoso independiente de la manifestación de las ideas. Es, pues, necesaria la concurrencia de los tres elementos indicados para que exista un delito de imprenta.

Existe una doctrina alemana (12), que se funda en principios completamente diferentes a los que se acaban de exponer. Según esta doctrina, la delictuosidad de las infracciones de imprenta no reside ni se consuma en la publicación misma, sino que depende de factores extraños a ésta; de tal modo que la publicación de un pensamiento puede ser inofensiva si se realiza en determinadas circunstancias, y puede llegar a constituir un delito si se verifica en otras. Por ejemplo, un impreso que aborda con espíritu científico los problemas sexuales puede ser beneficioso si se distribuye entre personas capacitadas para obtener provecho de su lectura; pero si, por el contrario, el mismo impreso se distribuye entre niños cuya escasa edad permita suponer que en lugar de aportarles conocimientos útiles les provocará una curiosidad malsana, la publicación aludida pasa, entonces, a constituir un hecho delictuoso. No parece discutible la afirmación de que una obra inspirada en buenos propósitos pueda llegar a producir efectos dañinos si se la utiliza -como en el ejemplo propuesto- con finalidades maliciosas; pero es evidente que en un caso como este el daño no deriva de la obra ni de su publicación, sino que del mal uso que de ella se ha hecho. En consecuencia, los delitos a que se refiere la doctrina mencionada no pueden ser considerados, de acuerdo con el criterio que hemos sostenido anteriormente, como infracciones de imprenta, pues en ellos la intención delictual, o sea, el dolo, no reside en la publicación incriminada sino que radica en la ejecución de un acto posterior que presenta todos los caracteres de un delito común.

PÁRRAFO II : Responsabilidad penal

En la realización de los dos actos constitutivos de los delitos de imprenta (emisión del pensamiento culpable y publicación) participan, correlativamente, dos categorías de personas: una que comprende a los autores del pensamiento delictuoso y otra que está formada por aquéllos que verifican la publicación o que intervienen en ella de una manera más o menos directa. ¿Cuál es la responsabilidad penal que afecta a estas diversas personas? De acuerdo con un criterio estrictamente lógico, debiera considerarse como autores principales de la infracción a los autores del escrito delictuoso, ya que es en éste donde se encuentra contenida la intención perjudicial que da origen al delito; y en este caso, para determinar la responsabilidad de los demás participantes bastaría con aplicar los principios generales del derecho común. No puede negarse que la mayor culpabilidad corresponde, en los delitos de imprenta, al autor del escrito perjudicial y que, en consecuencia, sobre él debiera recaer la principal responsabilidad. Pero existen inconvenientes de orden práctico que dificultan la aplicación de estos principios; en efecto, ocurre a menudo que los autores de los escritos punibles no son conocidos, sea a causa de que se ocultan bajo el anonimato periodístico o porque realmente ya no existen. Si cuando esto sucede se aplicasen los principios generales no habría sobre quién hacer efectiva la responsabilidad penal resultante de los delitos de publicación. ¿A quién responsabilizar, por ejemplo, si se da a la publicidad una obra delictuosa escrita por una persona que ha fallecido? A nadie, porque si el escritor no existía en el momento de verificarse el delito, mal podría ser considerado como su autor; y en tal caso, o si el autor no es conocido, o si esta fuera del alcance de la justicia, resulta evidente que no puede hacerse efectiva sobre él la responsabilidad proveniente del delito; y ante circunstancias como éstas surge la necesidad de investigar quiénes son sus verdaderos autores, ya que no es concebible la verificación de un delito sin que exista un sujeto, a lo menos, que lo haya llevado a cabo.

Ya hemos visto anteriormente que si bien es cierto que el delito reside en el pensamiento, también es efectivo que él no puede ser considerado existente, sino después de haber sido dado a la publicidad. El acto de la publicación es, pues, un elemento esencial de los delitos de imprenta y, por consiguiente, la responsabilidad corresponde no tan sólo al autor del escrito incriminado, sino que también, y de un modo preponderante, a los que realizan la publicación. El eminente tratadista Garraud se manifiesta partidario de este sistema en los siguientes términos: 'En teoría, el autor de un delito de imprenta, como el de cualquier otro delito, es el que lo origina. Como el delito de imprenta tiene dos elementos esenciales -el escrito incriminado y la publicación- el individuo que ha dado nacimiento, sea a los dos elementos, sea a uno o al otro, es el que causa el delito, porque ha contribuído de un modo principal y directo a su existencia. . . ' (13). Es ésta, a nuestro juicio, la única solución que armoniza con la verdadera naturaleza de los delitos de imprenta.

Si se admite la responsabilidad de las personas que participan en las publicaciones impresas, es preciso determinar quiénes son ellas y cuál es la culpabilidad que les cabe cuando dan a la publicidad un escrito delictuoso. Para lograr este objetivo es necesario hacer una distinción entre las publicaciones periódicas y aquellas que no tienen este carácter.

En las publicaciones que se efectúan periódicamente, tales como diarios, revistas, etc.; interviene el personal de redacción que actúa bajo las órdenes de un redactor principal, jefe o director -no importa el nombre- al cual corresponde la dirección superior del periódico; en segundo término, interviene el impresor que es aquél que dirige, secundado por un personal técnico, la labor mecánica de la impresión; y, por último, intervienen los distribuidores y vendedores o repartidores que se encargan de hacer circular los ejemplares impresos. Las publicaciones que no tienen carácter periódico, tales como libros, folletos, etc., son realizadas por una persona -más comúnmente, una empresa- que recibe el nombre de editor; a veces es el autor quien publica sus propias obras, en cuyo caso se le denomina autor-editor; Participan, además, de igual modo que en las publicaciones periódicas, el impresor y los distribuidores y demás agentes secundarios. En resumen, las personas de más notoria participación en toda clase de publicaciones impresas son las siguientes, enunciadas según la importancia de la función que desempeñan: 1.º El director y redactores o el editor; 2.º El impresor; y 3.º Los distribuidores, vendedores y repartidores. Analizaremos, en sus rasgos generales, la responsabilidad que doctrinariamente corresponde a estas personas, para estudiar, en seguida, la que les incumbe en los diversos sistemas que reconoce el derecho positivo.

Responsabilidad del director y redactores de las publicaciones periódicas.

En toda organizacion periodística existe una persona que ejerce la función directiva y a la cual corresponde la misión de controlar y coordinar los diversos artículos e informaciones que han de ser dados a la publicidad. Sobre esta persona recae el deber de impedir que el diario o periódico dirigido por ella incurra en infracciones y delitos; y si éstos llegan a verificarse, significa, en consecuencia, que el director ha tenido participación en ellos o, por lo menos, que ha faltado a su obligación de evitar que se cometan. Esta responsabilidad moral que afecta a los directores de periódicos constituye el fundamento de la institución del director responsable, según la cual la responsabilidad penal proveniente de los delitos e infracciones que se cometen en los diarios y periódicos, corresponde, a priori, a las personas que los dirigen efectivamente o a las que están encargadas de dirigirlos. Esta institución puede dar excelentes resultados si al aplicarla se tienen presentes los verdaderos fundamentos que la justifican doctrinariamente; en caso contrario, esta destinada a producir, en la práctica, serios inconvenientes. Esto último es lo que ha ocurrido en Francia, donde la ley de imprenta de 1881 creo la responsabilidad de los gerentes de periódicos, pero olvidó establecer que dichos gerentes deberían ser personas que ejerciesen una autoridad efectiva en sus respectivas publicaciones; tal omisión ha permitido que los periódicos franceses designen, a menudo, como gerentes a individuos desprovistos de capacidad moral e intelectual y que no desempeñan otra función que la de responder penalmente de delitos en los cuales no han tenido ninguna intervención. De este modo, la institución del director responsable ha caído, en Fracia, en el más completo desprestigio, porque tan lejos de contribuir al castigo de los verdaderos culpables de las infracciones de imprenta, hace recaer la responsabilidad sobre personas inocentes, infringiendo así el principio universal de que nadie es penalmente responsable de los actos ajenos.

La responsabilidad moral del acto de la publicación pesa, indudablemente, sobre la persona que ha desempeñado realmente la función directiva; pero desde un punto de vista legal surge la duda de si debe considerarse responsable a la persona que ha dirigido personalmente el número incriminado del diario o periódico, o de si es preferible responsabilizar a quien ejerce la dirección permanente de la publicación. El tratadista Von Liszt se pronuncia en favor de la primera solución, al decir que: 'El director responsable es el que ha controlado efectivamente la publicación y cuyo nombre figura en el número incriminado' (14). Esta opinión es, tal vez, la que más se aviene con los principios generales sobre responsabilidad, ya que se inspira en el propósito de responsabilizar al director sólo en el caso de que haya intervenido realmente en la verificación del delito. No obstante, en el derecho positivo ha prevalecido la tendencia opuesta, o sea, aquélla que estima como director responsable a la persona que ejerce la dirección del periódico de una manera regular y permanente, de tal modo que su responsabilidad subsiste aun cuando no haya desempeñado sus funciones habituales en el momento de la publicación del escrito incriminado. Este sistema, si bien es cierto de que adolece del defecto de permitir que la responsabilidad recaiga a veces, sobre personas que no han controlado efectivamente la publicación delictuosa, presenta, en cambio, la ventaja de obligar a los directores a que ejerzan una severa vigilancia sobre las publicaciones que se efectúan, ya que saben de antemano que sobre ellos ha de recaer en todo caso la responsabilidad legal proveniente de los delitos e infracciones que se cometan en sus periódicos.

En nuestro pensar, los dos sistemas son acertados y como no hay incompatibilidad entre uno y otro, creemos que la verdad se encuentra en la reunión de ambos, o sea, que debe considerarse responsables de las publicaciones delictuosas a los directores de periódicos que ejercen sus funciones de un modo regular y permanente, salvo que el inculpado compruebe que el número incriminado ha sido dirigido por otra persona, en cuyo caso la responsabilidad debe hacerse efectiva sobre esta última.

En cuanto a los redactores, la labor que desempeñan, consistente en redactar los artículos e informaciones llamadas de crónica, no autoriza para establecer en su contra, como en el caso de los directores, un presunción de culpabilidad que permita hacerlos responsables previamente de los delitos de imprenta. La responsabilidad de los redactores debe ser regulada conforme a los principios generales, esto es, de acuerdo con la participación que les haya cabido en el delito. Existe, sin embargo, una interesante teoría sustentada por Potulicky, según la cual, los redactores deben ser reputados autores de todos los artículos e informaciones delictuosas que publiquen los periódicos que ellos redactan, exceptuado el caso de que revelen espontáneamente los nombres de los verdaderos autores; y sien un periódico existen varios redactores 'el nombre de todos ellos debe ser conocido dice Potulicky y cada cual debe responder por la parte del periódico que redacta' (15). Sin desconocer la equidad ni el mérito de esta teoría, creemos que su aplicación no daría los buenos resultados que a primera vista pudieran suponerse. Así, por ejemplo, en las grandes organizaciones periodísticas en las cuales colaboran muchos redactores cuyas funciones varían constantemente a causa de las necesidades del servicio y de la renovación del personal, sería en extremo difícil, si no imposible, investigar quién ha sido el redactor responsable en caso de verificarse una publicación delictuosa.

Responsabilidad de los editores .

Los editores, segun los define Chassan, son 'quienes, por su propia cuenta, o por encargo del autor o de su familia, o de otra persona, se encargan de publicar una obra nueva o antigua' (16). Es indudable que deben ser considerados como tales no sólo los editores profesionales, es decir, aquéllos que se dedican habitualmente a efectuar publicaciones, sino que también a todo aquél, cualquiera que sea su profesión y su denominación, que efectúe la publicación de una obra impresa. Aplicando los principios generales, los editores son agentes principales y directos del acto de la publicación, y, en consecuencia, serían responsables, a título de autores, de los delitos contenidos en las publicaciones que realizan, siempre que hubiesen participado intencionalmente en ellos. Pero la aplicación del derecho común respecto a los editores no ha encontrado acogida en las legislaciones de imprenta. Es así como las leyes que consagran la institución del director responsable, colocan, a menudo, a los editores en el mismo plano que a los directores de periódicos; de tal manera que si se trata de una publicacion periódica 'es su director el responsable y si se trata de una publicación que no tiene ese carácter, la responsabilidad pesa sobre el editor, sin que al uno ni al otro les sea permitido demostrar su buena fe o probar su falta de participación en los delitos que se les imputan. En apoyo de este criterio se argumenta que admitiéndose la responsabilidad especial de los directores, debe admitirse con mayor razón aquella de los editores, ya que éstos disponen, antes de la publicación, de todo el tiempo necesario para constatar si el manuscrito contiene o no conceptos delictuosos. Le Poittevin, dice a este propósito que: 'La responsabilidad de los editores es tanto más justificada cuanto, que ellos obran con pleno conocimiento de causa, porque, exponiendo su dinero, tienen que darse cuenta del carácter de la obra cuya publicación emprenden' (17).

Responsabilidad del impresor, de los distribuidores y de los vendedores.

Tanto las personas que ejecutan la labor mecánica de imprimir los escritos, como los que posteriormente contribuyen a hacerles circular, actúan, por lo general, sin conocer las obras a cuya publicación contribuyen; y, por consiguiente, no debieran ser considerados, a priori, como responsables de los delitos que ellas puedan contener. En efecto, la culpabilidad de estas personas debe ser esclarecida de acuerdo con las reglas, generales, esto es, investigando la participación que les haya cabido en el hecho incriminado; su responsabilidad no presenta ninguna dificultad práctica y no hay conveniencia, por tanto, en hacerla objeto de disposiciones especiales. El elemento intencional es indispensable en toda infracción de carácter delictuoso y donde él falta no hay delito conforme a los principios del derecho común. No obstante de ser éste el único modo de pensar que se fundamenta en la realidad de los hechos, no ha sido tomado en consideración por numerosas legislaciones que -tal como lo hemos de ver más adelante- hacen recaer, en determinados casos, sobre los impresores y distribuidores, la responsabilidad principal de los delitos de imprenta.

Sistemas de responsabilidad

Terminado el estudio de la responsabilidad penal que teóricamente incumbe a cada una de las personas que participan en las publicaciones impresas, procede analizar aquella que les corresponde en los tres sistemas legales reconocidos por la doctrina.

I. El primero de ellos, llamado sistema de la responsabilidad solidaria, estima, inspirándose en los principios del derecho común, que todos los que han participado a sabiendas en la publicación de un impreso delictuoso, incluso el autor del escrito, son culpables, y, por consiguiente responsables, sea como autores o como cómplices, de los delitos cometidos en ese impreso. En otros términos, para hacer efectiva -según este sistema- la responsabilidad de los diversos participantes, no debe atenderse a las funciones que hayan desempeñado en la publicación del impreso, sino que a la gravedad e intencionalidad de los actos con que hayan contribuído a la existencia del delito. Este sistema, que fue adoptado en Francia a principios del siglo pasado y que rigió en ese país hasta 1881, es a juicio de Garraud, 'el más simple y tal vez el único racional' (18). A pesar de la indiscutible autoridad de quien ha emitido esta opinión, nos parece que dicho sistema no es apropiado para reprimir eficazmente los delitos de imprenta, porque su aplicación entrañaría la necesidad de investigar la intención con que obran las personas inculpadas, labor que sería difícil, dada la compleja gestación de esta clase de infracciones. ¿Cómo constatar, por ejemplo, no existiendo previamente una presunción de culpabilidad, si acaso el editor de un libro incriminado ha tenido conocimiento del delito que se le imputa? Bastaría que cada uno de los presuntos culpables de un delito manifestase haber ignorado su existencia, para que, no pudiendo probárseles lo contrario, quedasen todos exentos de responsabilidad y la justicia burlada en su propósito de sancionar a los autores.

II. El derecho moderno ha evolucionado en el sentido de abandonar en esta materia los principios generales para crear nuevas fórmulas que permitan que haya en todo caso al menos una persona responsable de las infracciones de imprenta. Fruto de esta tendencia es el sistema de la responsabilidad subsidiaria o sucesiva -llamado también sistema de las cascadas- que tuvo su origen en la Constitución de Bélgica del año 1831 y que ha sido adoptado posteriormente por las legislaciones de numerosos países. Establece este sistema un orden sucesivo entre los diversos participantes en las publicaciones impresas, de tal modo que la responsabilidad recae sobre la persona que ocupa el primer lugar, en defecto de é sta sobre la que ocupa el segundo y así sucesivamente hasta llegar a la que se encuentra en último término dentro del escalafón legal establecido. El orden en que debe hacerse efectiva la responsabilidad no es uniforme en todas las legislaciones que consagran este sistema, pero la mayoría de ellas (19), inspirándose en la ley belga, responsabilizan en primer término al autor del escrito; en defecto de este al director o editor, según el caso; en defecto del director o editor al impresor; y en defecto de todos los anteriores a los distribuidores, repartidores, etc. Este sistema, tal como se encuentra implantado en la legislación belga, que es la que ha servido de modelo a casi todas las demás, excluye la complicidad en la ejecución de los delitos de imprenta. Así, por ejemplo, cuando el autor de un escrito es conocido y domiciliado en el territorio belga se le considera como único agente responsable del delito y los demás inculpados quedan exentos por completo de responsabilidad; y si ésta recae sobre el director o editor, o sobre el impresor o cualesquiera otro de los participantes secundarios, cada uno de ellos puede disculparse denunciando a alguno de los que le preceden en la escala indicada. De este modo para la ley de Bélgica existe siempre un solo responsable y cuando éste ha sido reconocido como tal, los demás quedan libres de toda responsabilidad, aún cuando hayan cooperado notoriamente a la comisión del delito; lo cual constituye, sin duda, una arbitrariedad que no presenta ninguna ventaja práctica y que envuelve un privilegio injustificado en favor de los que delinquen por medio de la imprenta. Más lógico es -a nuestro juicio- el temperamento adoptado por la legislación chilena que aplica el sistema belga sólo para hacer efectiva la responsabilidad principal de los autores, sin perjuicio de que todos los participantes en el delito puedan ser inculpados de acuerdo con los principios generales que indica el Código Penal. Creemos que el sistema de la responsabilidad sucesiva va demasiado lejos al responsabilizar a personas que, como el impresor y los distribuidores, son casi siempre completamente extrañas a la infracción; si ellas son culpables por haber intervenido intencionalmente se les debe sancionar de acuerdo con el derecho común, pero no es equitativo establecer en su contra una presunción de culpabilidad que no tiene otro fundamento que el de proporcionar una víctima a la ley. Bastaría, en nuestra opinión, con hacer recaer la responsabilidad sobre el autor del escrito, y en defecto de este, sobre el director o el editor de la publicación, sin perjuicio de que cualquiera otro participante pueda ser juzgado de acuerdo con su intervención efectiva en el delito. Si en un caso dado, las personas nombradas no pueden ser habidas y tampoco se puede probar la participación de las demás, es, ciertamente, preferible no sancionar a nadie a castigar a personas cuya culpabilidad no ha sido demostrada. Cuando la Justicia no encuentra a los autores de un delito cualquiera, debe conformarse con no castigar a nadie y tratándose de las infracciones de imprenta no existe razón alguna para variar de criterio.

III. El sistema de responsabilidad mas equitativo, y posiblemente el mas jurídico, es el que consagraba la antigua legislación alemana. La Ley Imperial de Imprenta del año 1874, reconocía como autor del delito al autor del escrito incriminado, pero si éste no existía o no era conocido, presumía la culpabilidad del director o del editor de la publicación; y en el caso de que estos comprobasen no haber participado en la comisión del delito, la ley los sancionaba, entonces, por haber faltado a su deber profesional desatendiendo las publicaciones que dirigían. Este sistema de responsabilidad, conocido en la doctrina con el nombre de sistema de penas por negligencia, se funda en la acertada consideración de que las infracciones de imprenta no podrían cometerse sino lo permitiese la negligencia de las personas encargadas de vigilar las publicaciones. En resumen, el derecho alemán reconocía dos clases diferentes de responsabilidad en materia de imprenta: una de carácter delictual proveniente de la participacion intencional en la comisión del delito; y otra de carácter cuasidelictual que recaí a, en subsidio de la primera, sobre las personas que por negligencia culpable permitían que se cometiesen las infracciones, siendo su deber impedirlas. Desgraciadamente la Ley Imperial no se conformó con presumir la negligencia de los directores y editores -que son los únicos que en razón de sus funciones están obligados a examinar los escritos que publican: y presumió, además, la de los impresores y distribuidores, permitiéndoles exonerarse de ella denunciando a algún antecesor en la lista, del mismo modo que en el sistema de la responsabilidad sucesiva; lo cual no guarda armonía con el principio jurídico que sirve de fundamento a la responsabilidad por negligencia, porque no puede atribuirse culpa a personas que no son las encargadas de velar por la corrección de las publicaciones. El defecto señalado no va, sin embargo, en desmedro del sistema de las penas por negligencia, que es el único que organiza la responsabilidad penal en esta materia sin recurrir a ficciones que están en pugna con la realidad y que, por tanto, sólo sirven para obtener una represión arbitraria.

PÁRRAFO III : Penalidad y jurisdicción

Las sanciones penales, que establecen las diferentes legislaciones de imprenta son, en general, las mismas aplicables a las demás infracciones delictuales; no existe, en realidad, ningún motivo que induzca a establecer una penalidad especial para reprimir los delitos que son objeto de nuestro estudio. No obstante, algunos tratadistas modernos, influenciados por la favorable acogida que se dispensa en la actualidad a las sanciones pecuniarias, se muestran partidarios de castigar preferentemente con multas a quienes cometen los delitos de publicación, atendiendo a que ellos delinquen generalmente en ejercicio de una profesión u oficio (periodistas, editores, escritores, impresores, etc.), y que existe, por lo tanto; conveniencia en privarlos de los beneficios que les reportan sus actividades delictuosas, aplicando, con este objeto, multas en el campo penal y haciendo efectivo el resarcimiento de los perjuicios en el dominio civil.

En favor de las multas en esta materia se hacen valer, en general, todos los defectos de las penas restrictivas y privativas de libertad, y todas las ventajas que el derecho moderno aprecia, en las penas pecuniarias. No nos incumbe profundizar este tópico ajeno a nuestro estudio, pero creemos que las penas restrictivas de libertad son necesarias para obtener una represión de efectos semejantes para todos los delincuentes; y entre ellas, las más adecuadas para castigar los delitos de imprenta son, tal vez, las de relegación y extrañamiento, sin perjuicio de imponer la multa como pena accesoria. Pensamos así porque los delitos de esta clase son, comúnmente, producto de las pasiones personales que experimentan algunos individuos en el ambiente donde actúan habitualmente; si se les aparta del centro de sus actividades se les hace, en consecuencia, un servicio y al mismo tiempo se les impide o dificulta que vuelvan a delinquir durante el tiempo que dura la condena. Este último efecto tiene cierta importancia si se considera que, siendo estos delitos producto del pensamiento, las penas de prisión o de presidio son, a menudo, poco eficaces como medidas defensivas, pues no es siempre fácil impedir que los reos continúen cometiendo delitos de esta clase mientras cumplen sus condenas.

Además de las sanciones ya mencionadas, que son de común aplicación, existen otras aplicables solamente a los delitos de imprenta. Son ellas: la retención preventiva de los ejemplares u obras sindicadas como delictuosas; la confiscación de las mismas; la suspensión y supresió n de las publicaciones; y la obligación de insertar las sentencias condenatorias. Estos arbitrios legales que recaen sobre los medios o instrumentos materiales que sirven para la comisión de los delitos de imprenta son, más propiamente que penas, medidas de seguridad aconsejables para prevenir las posibles consecuencias del delito, para atenuar sus efectos o para impedir su repetición.

La retención preventiva tiene por objeto impedir que los ejemplares impresos sean dados a la publicidad cuando contienen informaciones susceptibles de producir graves daños sociales. Su aplicación puede ocasionar perjuicios injustificados a las publicaciones impresas, especialmente a las de caracter periódico, y puede también llegar hasta coartar la libre manifestación de las ideas. Es, pues, necesario saber si esta medida es o no compatible con un régimen de libertad de imprenta; ello depende de la naturaleza de los órganos encargados de decidir su aplicación; estos pueden ser las autoridades administrativas o policiales, o la justicia ordinaria. Si es aplicada por decisión judicial, la retención es compatible con la libre expresión de las ideas; pero, en cambio, es probable de que resulte ineficaz en la mayoría de los casos, debido a que la justicia para obrar con conocimiento de causa requiere un cierto tiempo, cuya larga duración le impediría acordarla oportunamente. Por el contrario, si la retención es ordenada por las autoridades policiales sus efectos son tan eficaces que, evidentemente, la libertad de imprenta desaparece. El derecho alemán, a fin de conciliar la eficacia de la retención preventiva con los intereses de la libertad del pensamiento, ha optado por una solución ecléctica que admite, en determinados casos, la retención administrativa, pero debiendo ser confirmada en un corto plazo por la justicia ordinaria. Esta solución es adecuada para proteger contra los abusos del poder a las publicaciones que no tienen caracter periódico; si, por ejemplo, la autoridad decide retener antojadizamente la edición de un libro, los tribunales, revocando rápidamente la medida, podrían evitar que el autor o los editores sufriesen perjuicios. Pero no puede decirse lo mismo respecto de las publicaciones periódicas, pues si la autoridad impide que salgan oportunamente a la circulación, se les ocasiona con ello un daño que no puede ser reparado posteriormente por la justicia, aunque ésta reconozca la arbitrariedad de la medida.

En virtud de las consideraciones que anteceden, puede afirmarse que la retención preventiva no es, en general, compatible con un régimen de libertad de imprenta; siendo aceptable solamente en casos cuya excepcional gravedad requiera, una rápida intervención y siempre que su procedencia sea, restringida y claramente determinada por la ley, estableciéndose un plazo brevísimo para la ratificación Judicial.

La confiscacion de los ejemplares impresos, judicialmente reconocidos como delictuosos, es un arbitrio mediante el cual se pretende aminorar los perjuicios que causan los delitos de imprenta, impidiendo la difusión de los ejemplares que lo contienen. Su aplicación resulta especialmente adecuada tratándose de obras que atentan contra la moral o la tranquilidad pública.

La suspensión temporal y la suspensión definitiva de las publicaciones, como asimismo, la disolución de las empresas o sociedades que las realizan, son medidas de seguridad que pueden ser dictadas como complemento de las penas aplicables a los delincuentes, o bien, en forma independiente y aún hasta sin que hayan existido delitos. Se encuentran previstas en las legislaciones de algunos estados autoritarios, tales como Alemania, Italia y Rusia; dentro de un régimen de libertad no pueden justificarse -en tiempos normales- sino en casos de delitos extraordinariamente graves o para defender a la colectividad de las publicaciones que delinquen en forma sistematica.

La obligación de insertar las sentencias condenatorias sólo puede ser impuesta, por su naturaleza misma a las publicaciones que se verifican periódicamente. Mas que sanción penal o medida de seguridad, es un arbitrio tendiente a rehabilitar moralmente a las víctimas de los delitos de imprenta.

En síntesis, las medidas antes mencionadas no se avienen -exceptuando la confiscación judicial y la obligación de insertar las sentencias condenatorias- con un concepto amplio de la libertad de imprenta, y, por consiguiente, no deben ser aplicadas en los países cuyas legislaciones dicen respetar dicha libertad; lo cual no constituye un obstáculo para que los textos legislativos las incluyan entre sus disposiciones relativas a la imprenta, a fin de aplicarlas extraordinariamente cuando circunstancias excepcionales requieran la suspensión transitoria del ejercicio de las libertades públicas.

Jurisdicción según la materia

Uno de los tópicos que tiene, tal vez, mayor importancia en materia de delitos de imprenta, es aquél que consiste en determinar cuáles son los tribunales más apropiados para reprimirlos. A este respecto, las opiniones están divididas en dos opuestas tendencias: una que patrocina la institución del Jurado, esto es la adopción de tribunales pluripersonales llamados a pronunciarse en conciencia acerca de la existencia del delito y de la culpabilidad del acusado; y otra que defiende los tribunales ordinarios. Naturalmente esta divergencia de pareceres sólo tiene razón de ser en los países donde la jurisdicción criminal ordinaria es ejercida por tribunales de derecho, pues en aquéllos donde funciona la institución del Jurado como régimen normal en materia penal, jamás se ha pretendido crear una jurisdicción diferente para reprimir los delitos de imprenta.

Los partidarios del Jurado, sostienen que los jueces de derecho carecen, en razón de su dependencia del Poder Público, de la imparcialidad necesaria para juzgar con equidad infracciones que, como las de imprenta, interesan o afectan a menudo a quienes encarnan el poder. Se argumenta también que siendo la libertad del pensamiento un derecho natural inherente a cada uno de los miembros de la colectividad, es ésta -genuinamente representada por el Jurado- la más capacitada para juzgar si alguno de sus miembros se ha extralimitado o no en el ejercicio del mencionado derecho. Henry Coulon, sosteniendo esta tesis, dice que: 'La institución del Jurado descansa sobre el más viejo y el más equitativo de los principios del derecho natural: el de que cada uno debe ser juzgado por todos' (20).

Por nuestra parte, nos incluímos en el número de los que creen que la institución del Jurado es, en general, inadecuada para reprimir toda clase de infracciones y especialmente para reprimir aquéllas de la imprenta. No puede atribuirse ningún valor al argumento de que los tribunales permanentes están sojuzgados al poder, pues en todos los Estados democráticos, la independencia de los miembros del poder judicial está suficientemente asegurada por disposiciones de carácter constitucional y por preceptos de sus leyes orgánicas, todos los cuales excluyen en lo posible la intromisión gubernativa. En todo caso; aún admitiendo que los tribunales de derecho de carácter permanente puedan ser, en algunas ocasiones, objeto de influencias extrañas, no sería esta razón suficiente para afirmar que no son aptos para administrar justicia en materia criminal. Los jueces profesionales, a más de sus conocimientos jurídicos que suponen capacidad intelectual, están dotados de la serenidad y experiencia que les confiere el continuado ejercicio de sus funciones judiciales; no así el Jurado, porque con mucho acierto lo expresa Charles Allezard: 'El Jurado resulta deficiente, porque es nervioso, impresionable, susceptible, ignorante y caprichoso; en una palabra, es un niño grande falto de seriedad' (21).

Por otra parte, si bien los tribunales de derecho pueden ser, a veces, influenciados por los halagos o amenazas del poder, el Jurado, en cambio, está expuesto constantemente a una influencia mucho más poderosa y más nociva para la buena administración de justicia: la de la opinión pública. Tal influencia es especialmente perjudicial, tratándose de delitos cometidos por medio de las publicaciones, ya que siendo precisamente éstas las que agitan y orientan la opinión pública, el Jurado se ha de inclinar casi siempre como es lógico a favor de los acusados, es decir, de quienes cuentan con las simpatías del público. Con mayor claridad que la nuestra, Desjardins reconoce el inconveniente anotado, en los siguientes términos: 'Se ha visto demasiado que el Jurado, si escapa a la dominación del poder cae bajo otro yugo peor: el de la opinión pública. ¿Siendo un órgano natural de la opinión, o reputado así, cómo esperar que no se deje subyugar por ella'? (22).

Por último, y como argumento decisivo, porque es fruto de la experiencia, -origen de todas las ciencias, como sabiamente dice el adagio popular- conviene hacer presente que los jurados de imprenta han fracasado en forma rotunda en donde quiera que hayan sido implantados como régimen de excepción. En Francia, por ejemplo, donde el Jurado para los juicios de imprenta fue establecido en 1881, el tratadista Garraud, después de referirse a los pésimos resultados de su funcionamiento, emite el siguiente juicio acerca de la ley que los estableció: 'Una ley hecha para los ladrones protegería mejor la propiedad, que lo que esta ley hecha para los periodistas protege la dignidad de las personas y de los poderes públicos' (23). En nuestro país, los jurados de imprenta fueron establecidos por primera vez por un decreto-ley dictado en 1813 y todos los textos legislativos posteriores sobre la materia, los mantuvieron en vigor, dándoles diversa composición y diferentes atribuciones, hasta que en 1925, después de más de medio siglo de completa impunidad para la imprenta, el legislador, haciéndose eco del clamor general, los suprimió definitivamente, abrogado toda la legislacion existente sobre la materia.

Notas de Referencias

(1)

MUSSOLINI, B.-Discorsi del 1928, Pág. 281. volver

(2)

POTULICKY, M.-Le régime de la presse, Pág. 100. volver

(3)

LE POITTEVIN.-Traité de la présse. T. I, Pág. 392. volver

(4)

OLLANDINI.-La lege Tulla stampa e il diritto comune, Pág. 617. volver

(5)

GARRAUD, R.-Traité théorique et practique du droit pénal francais. T. V, Pág. 89. volver

(6)

HUNEEUS, JORGE.-La Constitución ante el Congreso. T. I, Pág. 122. volver

(7)

BARBIER-Code expliqué de la presse. T. I, Pág. 199. volver

(8)

CHASSAN.-Traité des délits et contraventions de la parole, de 1'ecriture et de la presse. T. I, Pág. 49. volver

(9)

Repertoire géneral alphabetique du droit francais. Vol. 31, párr. N.- 3.° Presse. volver

(10)

GARRAUD.-Obra citada. T. I, Pág. 98. volver

(11)

BABRIER.-Obra Citada. T. I, Pág. 243. volver

(12)

Ver Fotulicky. Obra citada, Pág. 43. volver

(13)

GARRAUD-Obra citada. T. III, Pág. 138. volver

(14)

VON LISZT, F.-Traité de droit pénal allemand. T. I. Pág. 275. volver

(15)

POTULICKY: Obra citada, Pág. 56. volver

(16)

CHASSAN: Obra citada. T. I, Pág. 134. volver

(17)

LE POITTEVIN.-Obra citada. T. III, Pág. 351. volver

(18)

GARRAUD.-Obra citada. T. III, Pág. 131. volver

(19)

Consagran la escala de responsabilidad de la Ley belga las legislaciones de Bulgaria, de Italia, de Rumania y de Yugoslavia. volver

(20)

COULON, HENRY.-De la Liberté de 1a prense, Pág. 67. volver

(21)

ALLEZARD, CHARLES.-La liberté, principe de tous les droits, Pág. 184. volver

(22)

DESJARDINS, ARTHUR.-De la liberté politique dans 1,Etat moderno, Pág. 135. volver

(23)

GARRAUD.-Obra citada. T. V, Pág. 83. volver