Artículo

  • El contrato dirigido

Resumen

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Abstract

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1.º Uno de los principios fundamentales del derecho contractual moderno es el de la autonomía de la voluntad, que consiste en la libertad de que gozan los particulares para celebrar los contratos que les plazcan y determinar su contenido, efectos y duración. En virtud de esta autonomía, los particulares pueden pactar los contratos que más convengan a sus intereses, sean o no de los reglados por la ley; combinar unos y otros entre sí; atribuir a los contratos que celebren efectos diversos de los que la ley les señala y aún modificar su estructura. Pueden, por ejemplo, estipular un pacto comisorio en un contrato unilateral; convertir en bilateral un contrato naturalmente unilateral; subordinar el perfeccionamiento de un contrato consensual por naturaleza al otorgamiento de un instrumento público o privado. Pueden, igualmente, determinar con entera libertad el contenido del contrato, en especial su objeto, y la extensión y efectos de los derechos y obligaciones que engendre; fijar su duración; señalar as modalidades que sean de afectarles; alterar, modificar y aún suprimir las cosas que son de la naturaleza del contrato; determinar, entre las diversas legislaciones de los Estados, aquella por la cual ha de regirse el contrato, etc. De ahí que las leyes relativas a los contratos sean, por lo general, supletorias de la voluntad de las partes; sólo se aplican en el silencio de éstas. Y que la misión del juez, en presencia de un contrato, se reduzca a interpretar o restablecer esa voluntad. El juez no puede desentenderse de ella; mucho menos, puede substituirla por la propia. 2.º Esta autonomía no es, sin embargo, absoluta. Como todos los derechos y libertades, tiene sus limitaciones. Desde luego, los contratantes no pueden alterar, modificar, ni variar las cosas que son de la esencia del contrato que pacten. Si lo hicieren, el contrato, o no produciría efectos civiles, o degeneraría en otro diferente, como dice el artículo 1444 del Código Civil. No podrían, por ejemplo, pactar una compraventa o un arrendamiento sin precio. No pueden tampoco estipular nada que vaya contra las prohibiciones legales, el orden público o las buenas costumbres. Tales estipulaciones serían nulas absolutamente por ilicitud de objeto o de causa de acuerdo con los artículos 10, 1461, 1.466, 1.467 y 1682 del Código Civil. 3.º La autonomía de la voluntad, tal como la consagran el Código Civil chileno y los Códigos extranjeros vigentes, es la aplicación en materia contractual de los principios liberales e individualistas proclamados por la Revolución Francesa y que alcanzaron su mayor auge durante el Siglo XIX. Si los derechos, se dice, son meras facultades que la ley reconoce a los individuos para que puedan desarrollar su personalidad y satisfacer sus necesidades, si la libertad es la base de la actividad humana, claro está que aquellos pueden obrar como mejor les plazca, no siendo, naturalmente, contra el orden público o las buenas costumbres. Consecuencia de ello es que la voluntad debe ser limitada sólo en casos extremos y que la intervención del legislador en materia contractual debe reducirse a lo estrictamente indispensable, porque siendo el contrato el resultado del libre acuerdo de las voluntades de personas que están colocadas en un perfecto pie de igualdad jurídica, no puede ser fuente de injusticias, ni engendrar abusos. A tales extremos ha sido llevada la autonomía de la voluntad que son muchas las disposiciones legales que se ha pretendido interpretar diciendo que serían la voluntad tácita o presunta de los interesados. Así, la sociedad conyugal, que se forma entre los cónyuges por el hecho del matrimonio en defecto de capitulaciones matrimoniales, sería el régimen matrimonial tácitamente adoptado por los esposos, que si quedan sometidos a él es precisamente por no haber expresado su voluntad al respecto, y la sucesión intestada sería el testamento presunto del difunto, es decir, se supone que quien no  ha testado, y por lo mismo, no ha expresado ninguna voluntad, habría tenido el propósito tácito de que sus bienes se distribuyan en la forma dispuesta por la ley. 4.º Estas exageraciones de la teoría de la autonomía de la voluntad, unidas a las transformaciones económicas, políticas y sociales de la época en que vivimos, han provocado severas críticas en su contra. No solamente se ha negado a la voluntad toda fuerza creadora de obligaciones, no sólo se ha sostenido que la única voluntad que el legislador debe considerar es la declarada, cualquiera que haya sido la voluntad real, porque es la única que los terceros conocen, sino que el principio mismo de la autonomía de la voluntad ha sido atacado en sus propios fundamentos. No es efectivo, se dice, que un contrato no pueda ser fuente de abusos e injusticias, ni que ambos contratantes se hallen colocados en el mismo pie de igualdad. Seguramente sería así si se examina el problema desde el punto de vista de la igualdad jurídica; pero si se le examina en atención a la igualdad real, efectiva, esa pretendida igualdad es un mito, porque, de ordinario, es uno de los contratantes quien impone las condiciones del contrato al otro. Esto es lo que acontece en los contratos llamados de adhesión, que son aquellos en que una de las partes dicta las condiciones con arreglo a las cuales ha de celebrarse el contrato, condiciones que la otra se limita a aceptar lisa y llanamente sin poder discutir y, muchas veces, sin conocer. En estos contratos la autonomía de la voluntad no existe ¿Quién, al comprar un pasaje en la boletería de un ferrocarril, se atrevería a discutir el precio del transporte? No tiene más recurso que aceptar la tarifa establecida por la empresa, ¿Quién es el que, al interesarse por un objeto en un almacén que vende a precios fijos, pretendería obtener una rebaja en el precio o facilidades para su pago cuando precisamente la base del negocio radica en que aquel sea fijo y pagadero al contado? ¿Quién, al contratar un seguro, discute las cláusulas que figuran impresas en la póliza que le presenta la Compañía aseguradora? Ni siquiera tiene tiempo ni paciencia para imponerse de ellas, porque tales cláusulas suelen estar escritas con caracteres tan pequeños que es menester una lupa para descifrarlos. Aun en los contratos de tipo clásico, llamados de 'libre discusión', en que las condiciones del contrato son debatidas libremente por los contratantes, siempre suele haber una voluntad que prevalece, porque son muchos los casos en que el contrato se celebra bajo la presión de necesidades más o  menos apremiantes. ¿Quién podría sostener, sin negar la realidad de las cosas, que el obrero y el patrón discuten las condiciones del contrato de trabajo en un pie de perfecta igualdad económica y en idénticas circunstancias de vida? ¿Osaría alguien a sostener, en nuestros días, en nombre del principio de la autonomía de la voluntad, que hay que dejar el contrato de trabajo sometido al libre juego de la libertad contractual? Evidentemente no, pues ello importaría entregar indefenso al obrero en manos del patrón. No hay que olvidar, además, que por encima del interés particular está el colectivo. Los individuos, al contratar, sólo miran el suyo propio y prescinden por completo de la conveniencia de la colectividad, ni siquiera consideran la del otro contratante. Dejar, pues, a los particulares en absoluta libertad para que contraten cómo y cuándo se les antoje, es permitirles que puedan crear situaciones injustas o susceptibles de originar abusos que tarde o temprano han de repercutir en la colectividad toda, lo que puede ser fuente de trastornos y complicaciones en la vida social. Es deber del Estado prevenirlos y evitarlos. 5.º Después de estás explicaciones, más de alguien se preguntará ¿Es menester entonces suprimir la libertad contractual? ¿Ha llegado el momento de eliminar de nuestro Código Civil el principio de la autonomía de la voluntad? No me parece ser ésta la conclusión a que conduzcan los conceptos que acabo de expresar. Desde luego, todas las doctrinas extremas son, por lo general, erróneas. En seguida: ¿se ha demostrado acaso prácticamente que el régimen de supresión de la libertad contractual sea el que rinda los mejores frutos? Rusia, cuna del comunismo y donde la libertad contractual fue suprimida a raíz de la Revolución comunista, cambió más tarde de criterio y el Código Civil que hoy rige en ese extenso país reconoce, al igual que los Códigos de la Europa accidental, la libertad de las convenciones privadas y los súbditos de los Soviets pueden pactar en la actualidad los contratos que les plazcan dentro de los límites que señala el Código Soviético, y aún aquellos no reglamentados expresamente por él. Las necesidades son más fuertes que la voluntad humana y pasan por sobre ella. Es que, a decir verdad, la libertad contractual es indispensable para el desarrollo del comercio y para el progreso económico y material de los pueblos, porque no sacrifica el interés privado que es el gran acicate de la producción. Mientras los hombres sean hombres y estén movidos por el interés, será utópico pretender edificar un sistema a base de la negación de ese interés, que es la palanca que ha movido al mundo y seguirá moviéndolo en tanto la naturaleza humana no cambie. La libertad contractual es, además, el complemento obligado de un régimen político y económico que, como el nuestro, reconoce la propiedad privada y la libertad de trabajo. Pero no podemos desconocer, porque desconocerlo sería negar la evidencia, que la absoluta libertad contractual, tal como la preconizó la Revolución Francesa y la consagró el Código de Napoleón, tiene inconvenientes y puede ser fuente de abusos e injusticias. Por eso creemos que el legislador tiene el derecho y, más aún la obligación de intervenir en la vida contractual para proteger a aquel de los contratantes que se halle en una situación de manifiesta inferioridad respecto del otro y para impedir, por lo mismo, que el contrato sea fuente de injusticias o sirva de instrumento de explotación de una de las partes por la otra. Hay, sí, que procurar que las medidas que a este respecto se dicten sean bien estudiadas. Por desgracia, ello no acontece. De ordinario, se dictan, bajo la presión de las circunstancias; de ahí que en ocasiones sean contraproducentes y conduzcan a resultados más diversos de los que se perseguían. Resumiendo estas ideas, creo, pues, que si el régimen de la autonomía de la voluntad es hoy por hoy aceptable y no podría prescindirse de él por las razones expresadas, considero, al mismo tiempo, que el Estado tiene un derecho indiscutible e inalienable para dictar medidas que tiendan a asegurar el imperio de la justicia en las relaciones contractuales y a impedir que el contrato sea fuente de abusos e injusticias sociales o el instrumento de una clase o de un grupo de individuos para explotar a otra clase o grupo. 6.º Es precisamente en este sentido que se orienta la tendencia de las legislaciones contemporáneas. Para emplear una expresión feliz del Decano Josserand, y que ha tomado carta de ciudadanía en el Derecho, vivimos bajo el régimen del 'contrato dirigido', es decir, del contrato reglamentado y fiscalizado por los Poderes Públicos en su formación, ejecución y duración. A un régimen de economía dirigida, como es el de la hora actual, no puede convenir sino un régimen de contrato dirigido. De otro modo, la economía dirigida no podría marchar: los contratos son los vehículos jurídicos de la circulación y distribución de las riquezas. ¿Cuáles son las causas de esta transformación tan notable del derecho contractual, de este derecho que hasta hace algunos años era considerado como inmutable? Georges Ripert, Decano de la Facultad de Derecho de Paris, en una obra muy interesante, 'El régimen democrático y el Derecho Civil moderno'', la atribuye en parte al sufragio universal. Según él, Diputados y Senadores, sobre todo en vísperas de elecciones, a fin de congraciarse con el electorado, no se atreven a resistir la presión de éste y dictan medidas de carácter económico destinadas a proteger determinados intereses. Algo de verdad hay en ello. En Chile tenemos un caso reciente de una ley dictada exclusivamente por la presión de un grupo de ciudadanos: la ley que obligó a restituir a los empleados particulares los fondos de retiro acumulados hasta la dictación de la Ley 6,020. Tal fué la presión que los empleados particulares ejercieron sobre los parlamentarios y son tantos los votos que ellos representan que la ley se despachó en unas cuantas horas en las dos ramas del Congreso con el acuerdo unánime de todos los partidos. Pero atribuir a este sólo hecho la transformación a que me vengo refiriendo sería ser demasiado simplista y ver únicamente la superficie del problema. En mi concepto, las causas que la han producido son más hondas. En primer término, el desarrollo creciente de las ideas socialistas, que dan preeminencia al interés colectivo sobre el individual. En segundo lugar, la formación de grandes grupos económicos, como sociedades, trusts, carteles, etc., que han suprimido prácticamente la libre concurrencia y colocado a los consumidores en una inferioridad tal que, a no mediar la intervención del Estado, sucumbirían en la lucha. ¿.Qué sería del público consumidor de electricidad, gas, agua potable o que utiliza los medios de locomoción si el Estado no fiscalizara y fijara sus tarifas? Y, por último, la crisis producida a raíz de la guerra 1914-1918, que evidenció la impotencia de la economía liberal para dirigir en forma adecuada la circulación y distribución de las riquezas, con su consecuencia ineludible: la depreciación monetaria. Cabe recordar que mientras en algunas regiones del globo se arrojaban ciertos productos al mar o a los fogones de las locomotoras, como ocurrió con el café en el Brasil, porque no había medios de consumir toda su producción, en otras esos productos faltaban, y no por falta de producción, sino por una mala distribución de los mismos. En presencia de tales hechos, los Poderes Públicos hubieron de intervenir y el Estado empezó a dirigir la economía. Convencido de que las iniciativas particulares eran incapaces de asegurar el correcto funcionamiento de las actividades económicas, tomó éstas bajó su dirección y entró de lleno a intervenir en la vida contractual misma. Si los contratos son los instrumentos jurídicos de que el hombre se vale para que las riquezas circulen y se distribuyan, para obtener que éstas vayan del productor al consumidor, del que las tiene o produce al que las necesita y carece de ellas, no puede dirigirse la economía sino dirigiendo las relaciones contractuales. Sólo así pueden lograrse las finalidades económicas que persigue el Estado. Es así como el Estado dicta medidas para limitar la producción de ciertas mercancías, para determinar las cantidades en que éstas pueden ser vendidas, para prohibir los contratos que estima nocivos para la economía general, para controlar las exportaciones e importaciones, para proteger al contratante que se halle en situación de inferioridad respecto del otro, para señalar las condiciones de precio, duración, circunstancias y demás en que pueden celebrarse determinados contratos, etc. De este modo, el contrato, fenómeno privado e individual, ha pasado a ser un fenómeno social, cuya existencia y efectos interesan por igual al Estado y a quienes lo han pactado. 7.º Una manifestación de esta misma tendencia intervencionista en la vida contractual es el desarrollo creciente de la lesión. El Código Civil francés, inspirado en un criterio individualista, no aceptó la lesión como causal de rescisión de los contratos sino en ciertos y determinados casos. Si los individuos son libres para pactar los contratos que les plazcan, se decía, no puede aceptarse que la desproporción económica autorice la rescisión de los mismos. Tal era el argumento que se esgrimía en contra de la lesión en el sello del Consejo de Estado cuando se elaboró ese Código. Y fue gracias a la tenacidad de Bonaparte, que en esta ocasión, copmo en muchas otras, hizo prevalecer su voluntad, que pudo obtenerse que la lesión fuese admitida respecto de la compraventa de bienes raíces. Hoy día, en cambio, en los Códigos dictados en pleno Siglo XX, la lesión es aceptada en toda clase de actos o contratos, cualquiera que sea su naturaleza, siempre que entre las prestaciones de las partes haya una desproporción evidente o, como dice el Código Civil alemán, chocante, y esta desproporción provenga de que una de ellas haya abusado de la ligereza, ignorancia, inexperiencia o necesidad de la otra. Una disposición de esta especie consagra, entre otros, los Códigos alemán, chino y mexicano. 8.º Otra manifestación de esta misma tendencia es la aplicación de la teoría del abuso del derecho en materia contractual. Formulada esta teoría con motivo de la responsabilidad extracontractual, hoy se utiliza también para controlar el goce y ejercicio de los derechos derivados de los contratos, a fin de que este ejercicio no sea ilícito o ilegítimo e impedir así que los contratantes se sirvan de los derechos que los contratos crean con una finalidad distinta de aquella para la cual éstos fueron pactados. Manifestación de la misma tendencia es también la teoría de la imprevisión aceptada por varias legislaciones extranjeras y en virtud de la cual los jueces pueden dejar sin efecto o modificar aquellos contratos cuya ejecución llega a ser ruinosa para las partes a causa de circunstancias posteriores, extraordinarias e imprevistas al tiempo de la celebración del contrato. 9.º Este movimiento intervencionista del Estado as universal: se ha producido tanto en los países totalitarios como en los democráticos; tanto en Europa como en América. ¿Qué otra cosa es el 'New Deal', sino la intervención del Estado en materia contractual? Son numerosas las leyes dictadas en los diversos países de Europa y de América destinadas a fijar los precios de venta de ciertos artículos, la cantidad en que éstos pueden exportarse e importarse o los salarios que deben pagarse en ciertas industrias, a controlar las operaciones de cambio internacional, etc. En Francia misma, país que ha vivido siempre bajo la influencia de los principios de la Gran Revolución, país democrático e individualista por excelencia, se han dictado leyes de moratoria, otras que suspenden el ejercicio de las acciones judiciales contra cierta categoría de deudores que prorrogan los contratos vigentes, que autorizan para reajustar el precio de arrendamiento de los predios rústicos o que lisa y llanamente rebajan las rentas de arrendamiento en los contratos ya pactados, que fijan el precio de venta de ciertos productos y otras como la conocida Ley Failliot, de 21 de Enero de 1918, que autorizó a los tribunales para decretar la resolución de los contratos de arrendamiento de locales comerciales pactados antes del 5 de Agosto de 1914. 10.º Este movimiento intervencionista también se ha hecho sentir entre nosotros Muchas son las leyes dictadas en nuestro país con el objetó de regular o dirigir las relaciones contractuales. Tales son: el Código del Trabajo, que en lo concerniente al contrato de trabajo, ha dictado una reglamentación minuciosa acerca de la edad de los obreros y empleados, de la duración del trabajo, del feriado, de la forma y época del pago del salario o sueldo, de las causales de expiración del contrato, de las indemnizaciones a que son acreedores los empleados y obreros, etc. Y, para asegurar la eficacia de toda esta reglamentación, el artículo 575 de ese Código declara irrenunciables los derechos otorgados por las leyes del trabajo. La Ley N.º 6,020, de 8 de febrero de 1937, que señaló el procedimiento con arreglo al cual debe fijarse el sueldo vital de los empleados particulares y que dispuso que ninguno de éstos empleados podría percibir una remuneración inferior a él. La Ley N.9 4,694, de 27 de noviembre de 1929, que fijó la tasa del interés convencional en los contratos de mutuo y de depósito irregular. La Ley N.º 5,001, de 13 de noviembre de 1931, que redujo en un 20% las rentas de arrendamiento pactadas en los contratos vigentes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Esta ley fue de duración transitoria, hasta el 31 de diciembre de 1932. Actualmente depende de la consideración del Senado un proyecto de ley que regula el precio de los arrendamientos de predios destinados a la habitación (1). El Decreto Ley N.º 48, de 20 de junio de 1932, complementado por el Decreto Ley N.° 271, de 23 de julio del mismo año, que estableció una moratoria para diversas clases de obligaciones. La Ley N.º 5.107, de 19 de abril de 1.932, que ha sometido a control las operaciones de cambio internacional y las exportaciones y prohibido la exportación de oro por toda persona, a excepción del Banco Central de Chile. La Ley N.º 5,394, de 6 de febrero de 1934, modificada por la Ley N.º 5,713, de 4 de octubre de 1935, que facultó a la Junta de Exportación Agrícola para fijar los precios del trigo y productos derivados. La Ley sobre impuesto a los alcoholes y bebidas alcohólicas, cuyo texto definitivo se fijó por Decreto N.' 114, de 8 de marzo de 1933, que ha señalado las normas con arreglo a las cuales puede hacerse el comercio del vino y demás bebidas alcohólicas y las cantidades en que uno y otras pueden ser expendidos. El Decreto Ley N.' 520, de 30 de agosto de 1932, que creó el Comisariato de Subsistencias y Precios, organismo que puede fijar el precio de venta de ciertos artículos de primera necesidad y de uso o consumo habitual. 11.º De lo expuesto fluye que el contrato moderno ha dejado de ser, aun entre nosotros, un acto libremente consentido por los contratantes, toda vez que la ley regla en forma imperativa sus condiciones en términos de que éstos no pueden eludirlos. Es indiscutible que la autonomía de la voluntad subsiste, que los ciudadanos tienen el derecho de celebrar los contratos que les plazcan. Pero esta libertad es sólo para pactar el contrato, porque si lo pactan no pueden hacerlo a su antojo, sino en las condiciones legales. Un productor de trigo puede o no vender el suyo, pero si lo vende, debe hacerlo al precio señalado por la Junta de Exportación Agrícola. El que necesita un empleado puede escoger el individuo que le convenga, pero no puede pagarle el sueldo que le plazca, porque si es libre para elevar éste cuanto quiera, no puede asignarle uno inferior al vital. Como dice Ripert, el contrato libremente consentido del Código Civil ha vevido a ser reemplazado por un tipo de contrato semi-legal y semi-contractual, en el que la declaración de voluntad sólo es necesaria para reconocer la sumisión de una de las partes a la situación impuesta por la ley. ¿Quiere decir ésto que el contrato ha muerto, que asistimos al ocaso de una institución jurídica que ha perdurado incólume durante siglos? Hay autores que así lo creen y entonan el 'De Profundis' al contrato. Hay otros, en cambio, -y yo participo de su opinión- que estiman que el contrato es de aquellos muertos que aún gozan de buena salud. El contrato vive. Tal vez nunca la humanidad ha contratado más que en la época contemporánea. Lo que ocurre es que el contrato se ha transformado. La autonomía de la voluntad, como la concibió el Derecho Romano y la estableció el Código Civil francés, se bate en retirada, y sólo subsiste en cuanto es necesaria para que el vínculo jurídico se genere. El Derecho es una ciencia social y por lo mismo, cambiante y evolutiva. Sólo las legislaciones muertas permanecen estacionarias. A medida que las necesidades se transforman, las instituciones deben también transformarse. A nuevas necesidades, nuevas instituciones. A nuevos contratantes, nuevas formas de contrato. O ¿acaso se quiere que los hombres del Siglo XX, que empleamos los aeroplanos, que nos comunicamos de continente a continente por medio del teléfono, continuemos regidos por los principios que aplicaban los Pretores romanos en los tiempos de Julio César y de Augusto? Al progreso de la industria y de la ciencia ha de corresponder un progreso equivalente en el Derecho. Si éste es un producto social, un instrumento creado por el hombre para satisfacer sus necesidades, es evidente que si no realiza su finalidad, ni da los frutos que estaba destinado a producir y es fuente de injusticias, el instrumento deja de ser útil y debe cambiarse. Por eso, si no se tiene el tino de efectuar las reformas que las circunstancias reclaman, serán los hechos los que, más fuertes que la voluntad de los hombres, harán cambiar las instituciones, y se producirá lo que un autor ha calificado muy acertadamente: la revuelta de los hechos contra el Derecho. 12.º Yo creo que, cualesquiera que sean las opiniones que se tengan en materia económica, política o social, nadie puede dejar de reconocer que la intervención del Estado en la vida contractual es saludable y beneficiosa, siempre que, como dice Josserand, tenga por objeto organizar el contrato racional y equitativamente. Los Poderes Públicos no pueden mirar con indiferencia los contratos que celebren los particulares, por las repercusiones que producen en la economía general y porque las causas que ya señalé conducen a veces a injusticias atroces sobre todo en los contratos relativos al trabajo humano o a los artículos de primera necesidad. Si el contrato es un fenómeno social, si cada vez es mayor la subordinación del individuo respecto de la colectividad en que vive, si los contratos, como acabo de decir, tienen repercusiones en la vida económica general y el Estado dirige la economía, es indiscutible su derecho para intervenir en la vida contractual a fin de proteger a los débiles y evitar que el contrato sea, fuente de abusos  o de lucros indebidos. Pero, al mismo tiempo, el legislador no debe olvidar que los contratos descansan en la palabra empeñada, que tienen por base la fe jurada, y que hay conveniencia en que ella se cumpla. El respeto de los compromisos contraídos es una de las bases de nuestra civilización y lo que diferencia a los pueblos civilizados de las sociedades primitivas. Son, por eso, censurables las medidas destinadas a destruir o modificar los contratos vigentes y sólo podrían justificarse en casos de extrema necesidad. Medidas de esta especie conducen poco a poco a formar la conciencia de los deudores de que nada importa ligarse por una obligación, pues ésta cualquier día podrá eludirse fácilmente. Se destruye así la confianza y, con ella, la seguridad jurídica. Tales medidas son especialmente inconvenientes entre nosotros. Aunque sea doloroso decirlo, uno de nuestros grandes males es la falta del concepto del cumplimiento del deber. En Chile, por lo general, ni los de arriba, ni los de abajo suelen saber cumplir con sus respectivos deberes. Son muchos los hombres que creen que los cargos o situaciones que desempeñan son para recibir honores y beneficios y que no comportan obligaciones y deberes. Son también muchos los individuos que, al ligarse mediante un contrato, consideran que es sólo para obtener los beneficios que les otorga, pero no para cumplir las obligaciones que les impone. En un país en donde reina esta falta del concepto del deber, en donde la mayor parte de las gentes no cumple los suyos con toda exactitud, dictar medidas que tiendan a eludir el cumplimiento de las obligaciones es introducir lisa y llanamente un fermento de desorganización social. Creemos, pues, en resumen, que si es aceptable que el legislador dirija la vida contractual procurando por medio de medidas imperativas o prohibitivas o de una reglamentación adecuada el equilibrio y la justicia en las relaciones contractuales, son, en cambio, inaceptables aquellas medidas que tiendan a desorganizar el contrato, destruyendo o modificado los compromisos válidamente contraídos o permitiendo al deudor desligarse de ellos con facilidad. Si, al término de esta conferencia, hubiera de sintetizar en una frase las opiniones vertidas, diría, con Josserand, el ex-decano de la Facultad de Lyón: 'Organización y socialización del contrato, sí; desorganización y anarquía contractual, no'.

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(1) Conferencia pronunciada en el Aula de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile el 7 de Noviembre de 1940.- Versión taquigráfica de don Carlos R. Weiss.