Artículo

  • Derechos del legatario

Resumen

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Abstract

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Capítulo I - Derechos del legatario a la apertura de la sucesión

140. Ideas generales.- Como ya sabemos, al abrirse la sucesión se fija definitivamente el monto de los bienes que responderán al paso de las deudas hereditarias y de las dis­posiciones testamentarias. Los legatarios tendrán particular interés en saber cuál es ese monto de bienes, con tanta ma­yor razón cuanto que el artículo 1362 dispone que a él se atenderá para ver si los legatarios deben contribuir al pago de las legítimas y de las deudas hereditarias.

Para conseguir tal objeto, el legatario dispone de los dos derechos que le otorga el artículo 1222: a) Pedir guarda, aposición de sellos e inventario; y b) pedir inventario solamente. Trataremos ambos derechos en conjunto, ya que la guarda y aposición de sellos no viene a ser sino la manera de asegurar la correcta formación del inventario.

141. Derecho de guardar y aposición de sellos. - El lega­tario, y en general, todo el que tenga interés en una sucesión, o que crea tenerlo, puede solicitar, de acuerdo con el artícu­lo 1222 del Código, que se guarden bajo llave y sello los mue­bles y papeles de la sucesión. Esta medida, como lo dice en forma expresa el artículo citado, sólo puede afectar, por razones fácilmente comprensibles, a los muebles y papeles de la sucesión.

En cuanto a la manera de ejercitar el derecho en cues­tión, el Código sólo manifiesta que “deberá hacerse por el ministerio del juez con las formalidades legales”. Estas for­malidades están detalladas en los artículos 1051 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que reglamenta la ma­teria.

Como todas las gestiones que se refieren a la sucesión de una persona, debe plantearse ante el juez del último do­micilio del causante. Mas este juez, que puede decretar la guarda y aposición de sellos con el mérito de la solicitud de parte interesada y de los antecedentes que le acompañe, pue­de también decretarla de oficio, cuando lo estime necesario, al conocer de alguna diligencia de posesión efectiva, aper­tura de testamento o herencia yacente.

La guarda y aposición de sellos comprende todos los muebles y papeles que se encuentren entre los bienes de la sucesión. Se exceptúan solamente los muebles de uso domés­tico, cotidiano, de los cuales se formará lista, y las alhajas y dineros, que pueden depositarse, si el juez lo estima conve­niente, en un banco, o entregarse al legítimo tenedor de los bienes de la sucesión (artículos 1052 y 1053 del Código de Procedimiento Civil). Esta exclusión de bienes debe enten­derse con cierta latitud, y podrá ampliarse a las cosas mue­bles que formen parte de una explotación industrial, y, en general, a todas aquellas cuya guarda acarrearía perjuicios. No hay que olvidar que la diligencia de la guarda tiene por objeto evitar la pérdida de bienes de la sucesión, sin perjudicar las actividades normales del patrimonio del causante.

Para practicar estas gestiones, no es necesaria la cita­ción de los demás interesados en la sucesión; puede, pues, verificarse aunque no esté presente ninguno de ellos, como lo dice el artículo 1054 del Código de Procedimiento Civil.

El Código contempla, también el caso en que los bienes de la sucesión estuvieren repartidos en diversos departamen­tos. En tal circunstancia, de acuerdo con el artículo 1223, el juez del departamento en que se hubiere abierto la sucesión, 'a instancia de cualquiera de los herederos o acreedores, di­rigirá exhorto a los jueces de los otros departamentos, para que procedan por su parte a la guarda y aposición de sellos, hasta el correspondiente inventario, en su caso'. Cada tri­bunal, al mandar practicar esta diligencia, designará a la persona que, dentro de su territorio, haya de encargarse de la custodia de los bienes (artículo 1051 del Código de Pro­cedimiento Civil).

La diligencia misma de la guarda y  aposición de sellos la puede practicar personalmente el juez, o comisionar al secretario o a algún notario del departamento, quienes deberán proceder asociados de dos testigos mayores de diecio­cho años, que sepan leer y escribir, y sean conocidos del se­cretario o notario (artículo 1051 del Código de Procedimiento Civil).

Si algún interesado se opusiere a la guarda y aposición de sellos, deberemos distinguir si la oposición se formula du­rante la práctica de la diligencia, caso en que se llevará a efecto 'no obstante cualquiera oposición', o si la oposición se formula ante el tribunal que estuviere conociendo de la gestión, caso en que se tramitará en forma incidental, con­cediendo en el sólo efecto devolutivo los recursos que se in­terpongan. Es lo que establece el artículo 1052 del Código de Procedimiento Civil.

Esta disposición tiene por objeto velar por el fiel cum­plimiento del fin que se persigue con la guarda, cual es el de evitar que se extravíen los muebles y papeles de la suce­sión, el que podría obstaculizarse mediante argucias procesales.

Finalmente, hay que observar que otro de los objetivos de la gestión de guarda es pesquisar el testamento del difun­to entre los papeles de la sucesión, según lo dispone el inciso 2.° del artículo 1052 del Código de Procedimiento Civil; de manera que también puede el legatario tener a la vista este propósito al pedir la práctica de la diligencia.

142. Formación de inventario. - Ya en el párrafo 118 demostramos que en toda sucesión debe formarse inventario de los bienes existentes en ella. El legatario tiene derecho a vigilar la formación de este inventario, y es muy justo que así sea, pues en él se basaran la tasación de los bienes y la determinación del monto disponible.

La guarda y aposición de sellos, como hemos dicho, tie­nen por principal objeto asegurar la corrección del inventario. Por lo mismo, este último debe seguir necesariamente a la ruptura de los sellos, y la ruptura tendrá que hacerse con las fomalidades necesarias para evitar pérdidas o sustrac­ciones de bienes. De acuerdo con las disposiciones pertinen­tes de los Códigos Civil y de Procedimiento, la ruptura de los sellos deberá hacerse judicialmente, con citación de todos los interesados en la formación del inventario, salvo que, en casos de urgencia, como lo prescribe el artículo 1055 del Código de Procedimiento, se procede con la sola citación del Ministerio Público.

Rotos los sellos, pueden presentarse dos situaciones: que, siendo todos los Herederos capaces, acuerden unánime­mente hacer un inventario simple, conforme con lo dispues­to en el artículo 1284, o que, no estando en este caso, deban hacer uno solemne.

Pero el legatario puede velar por sus derechos, no sólo vigilando el inventario, simple o solemne, según los casos, que se levanta después de rotos los sellos, sino también obser­vando el que se presente a la Dirección General de Impues­tos Internos para los efectos de determinar la contribución de herencia (artículos 36, 37 y 38 de la Ley N.° 5,427, sobre Impuestos a las Herencias). Si el legatario constatare omi­siones, errores o incorrecciones en la formación de estos in­ventarios, podrá reclamar de ellas en la misma diligencia, o mediante una acción judicial separada.

Los gastos que origine la medida de guarda y aposición de sellos e inventario, gravan a toda la sucesión, y son una baja general de la misma. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 1224, cuando el inventario recae determinadamente sobre una parte de los bienes hereditarios, grava sólo a esa parte.

Capítulo II - Derechos de aceptación y repudio

143. Necesidad del cuasicontrato de aceptación.- Las disposiciones del testador, manifestadas en su testamento y hechas irrevocables por su muerte, tienen el valor de una declaración unilateral de voluntad. Esta declaración unilateral surte efectos desde la muerte del causante, en cuanto se produce la delación de las asignaciones. Con todo, para perfeccionar el vínculo jurídico entre el causante y el asignatario, es indispensable que éste acepte la asignación que se le ha deferido. Esta aceptación, como hemos dicho en el párrafo 37, constituye un verdadero cuasicontrato.

El cuasicontrato de aceptación produce dos consecuencias fundamentales: fija la asignación en el patrimonio del aceptante y obliga a éste a las cargas que le imponga la herencia o legado.

144. Formas de la aceptación.- La aceptación de una asignación puede ser expresa o tácita. Es expresa, cuando se manifiesta explícitamente la voluntad de adquirir el derecho que se ha deferido; es tácita, cuando la aceptación se desprende en forma presunta de ciertos actos ejecutados por el asignatario.

Los artículos 1230 y 1241 señalan expresamente algunos casos en que se presume esta aceptación tácita, y son los siguientes: cuando se toma el título de legatario o se ejecutan actos de tal, o cuando se vende, dona o transfiere a otra persona el objeto legado o el derecho a suceder en él (179).

Estas dos formas de aceptar una asignación se conocen desde el Derecho Romano (180). De ahí pasaron a las 'Partidas' (181) y al Derecho Francés( 182).

145. Oportunidad para aceptar o repudiar una asignación.- En el artículo 11, del Título XI, del Proyecto de 1841, el legislador establecía que 'el derecho de aceptar o repudiar una asignación prescribe en treinta años, contados desde el día en que se defiere la asignación'. Regla análoga a la que establece el artículo 789 del Código Francés

Pero el texto definitivo del Código no conservó esta disposición, ni la reemplazo por otra que contuviera un precepto semejante; no estableció, pues, plazo alguno para ejercitar el derecho optativo de aceptar o repudiar. A falta de este plazo, o sea, a falta de un término de prescripción extintiva para el derecho de aceptación o repudio, habrá que concluir que él puede ejercerse mientras el legado no lo haya adquirido una tercera persona por prescripción adquisitiva. En consecuencia, cuando el legado es de especie, el plazo podrá ser, el de prescripción ordinaria, de dos o cinco años, que consulta el artículo 2508, o el de prescripción extraordinaria, de quince años, que consulta el artículo 2510. Y si el legado es de género, el crédito del legatario prescribirá en diez años, de acuerdo con el artículo 2515.

En resumen, el derecho de aceptación o repudio no prescribe por el transcurso del tiempo.

Es evidente que la opción para aceptar o repudiar sólo podría ejercerse después que el legatario adquiere su derecho, es decir, después de la muerte del testador; antes no podría hacerlo, porque no tiene ni siquiera una mera expectativa, y sólo pueden renunciarse aquellos derechos de que se es titular, y cuya renuncia no está prohibida.

Repudiar o aceptar con anterioridad al fallecimiento del causante, constituiría un verdadero pacto sobre sucesión futura, y por esta razón el artículo 1226 prohibe y considera sin valor el pacto por el cual un legitimario concede permiso al que le debe la legítima, para testar sin consideración a ella.

Excepcionalmente, el asignatario condicional de condición suspensiva a quien no se ha deferido la asignación por estar pendiente la condición, puede repudiar su asignación desde el momento de la muerte del causante, porque desde ese momento es titular de una expectativa, y sobre ella puede celebrar válidamente cualquier pacto. Lo dice expresamente el inciso 2.º del artículo 1226.

Delvincourt sintetiza los requisitos indispensables para el ejercicio del derecho de repudio, diciendo que es necesario:

1º.Que la sucesión esté abierta; 2.º Que haya sido deferida al renunciante; 3.º Que el renunciante sea capaz de enajenar; 4.º Que el renunciante no haya hecho actos de herederos; 5.º Que no haya sustraído ningún efecto de la sucesión; y 6.º Que no haya prescrito la facultad de repudiar. Este último requisito es propio del Derecho Francés

146. Requerimiento del asignatario para que acepte o repudie.- Todo asignatario conserva, como hemos dicho, la facultad de aceptar o repudiar mientras no haya operado prescripción adquisitiva sobre la asignación

Pero la demora en ejercitar este derecho puede acarrear graves perjuicios a los interesados en la herencia misma o en el patrimonio del asignatario, y por eso el Código, en el artículo 123, les reconoce la facultad de requerir judicialmente al asignatario, a fin de que declare su voluntad de aceptar o repudiar. Como el legatario se incluye entre los asignatarios a que se refiere el artículo 1232, porque éste no distingue, puede ser requerido judicialmente para que acepte o repudie su legado y como, por otra parte, es uno de los interesados en la sucesión, podrá a su vez requerir en el mismo sentido a todos los demás asignatarios.

El requerimiento aludido se efectuará en la forma de una demanda ordinaria y en su tramitación se aplicarán todas las reglas de la jurisdicción contenciosa. Es evidente que, para que el requerimiento surta efecto, deberá hacerse a las personas que tengan la capacidad suficiente para aceptar o repudiar, o a sus representantes legales, pues en otra forma carecería en absoluto de valor. Notificado el asignatario requerido, tendría un plazo de 40 días para que se pronuncie, a menos que se le haya otorgado un plazo judicial extraordinario. Si el asignatario requerido estuviere ausente y no compareciere por si o por su representante legítimo en el tiempo oportuno, de acuerdo con el artículo 1232, se le nombrará un curador de bienes que lo represente y acepte por él con beneficio de inventario.

El juez tiene, como se ha visto, la facultad de conceder un plazo judicial. Este plazo puede alcanzar hasta un año, cuando lo justifican circunstancias de hecho, tales como estar el asignatario ausente o los bienes distantes, u otro motivo.

El asignatario requerido, durante el plazo que se le conceda, puede imponerse del monto y estado de su asignación, inspeccionar los bienes e implorar las medidas conservativas que crea necesarias; y mientras él no se haya vencido, no estará obligado al pago de ninguna deuda o carga hereditaria o testamentaria. Lo cual no quiere decir que los legatarios y demás acreedores van a perjudicarse con este plazo, pues podrán demandar el pago de sus créditos al albacea, o solicitar el nombramiento de curador de la herencia yacente.

Vencido el plazo legal de 40 días, o el judicial que se otorgue, y constituido el asignatario en mora de declarar si acepta o repudia, se entenderá que repudia (articulo 1233). En nuestro entender, deberá acusarse la correspondiente rebeldía, por cuanto no se trata de un plazo fatal. Sólo una vez acusada dicha rebeldía podrá presumirse de derecho que repudia. Queda a salvo, por cierto, el derecho del asignatario para probar que aceptó expresa o tácitamente en tiempo oportuno.

En Derecho Francés( 183) existe una institución similar a este requerimiento, pero sólo con respecto a los herederos, y se llama 'plazo para deliberar'. Este plazo sirve de exención dilatoria a los herederos, para rechazar las demandas que se interpongan en su contra:

147. Características generales del derecho de opción.- Como dice Planiol, el derecho de opción del asignatario ofrece las siguientes características: a) Es puro y simple, es decir, no puede aceptarse a plazo o condicionalmente; el que ha consentido en ser heredero lo es para siempre, Semel heres, semper heres; b) Es total, o sea, que la aceptación de una parte vale para el todo; c) Es indivisible, o sea, que surte sus efectos con relación a todo el mundo; y (d) Es irrevocable, o sea, que, una vez ejercitado el derecho de opción, no puede volverse atrás( 184).

Analizaremos estas características a la luz de la legislación chilena.

148. Ni la aceptación, ni el repudio, pueden someterse a modalidades.- En efecto, el artículo 1227 prohibe en forma expresa 'aceptar o repudiar condicionalmente, o hasta o desde cierto día'. Esto es de toda lógica, ya que la aceptación va a perfeccionar el cuasicontrato del mismo nombre y afectará a los terceros, cuyos derechos no pueden quedar en la incertidumbre; y se justifica también en cuanto al repudio, porque, en virtud de él, la asignación pasara irrevocablemente a otras manos.

En las 'Partidas' ( 185), se tuvieron en vista las mismas razones para prohibir la aceptación condicional.

149. El derecho de opción es indivisible y total.- La ley Chilena no dice expresamente que la aceptación o repudio son indivisibles, o sea, que no pueden producir efectos sólo respecto de determinadas personas. Tampoco necesitaba decirlo, porque basta con establecer que el derecho de opción no puede someterse a modalidades, y porque las calidades de heredero o legatario, como el estado civil, son indivisibles: o se es heredero o legatario, o no se es.

Dice, si, nuestro Código, que el derecho de opción es total. 'No se puede aceptar una parte o cuota de la asignación, dispone el artículo 1228, y repudiar el resto'.

Con todo, cuando la asignación hecha a una persona se trasmite a sus herederos, conforme a los principios del artículo 957, puede cada uno de éstos aceptar o repudiar su cuota, según lo dispone el inciso 2.º del artículo 1228 ya citado. Esto es fácil de comprender, por cuanto al trasmitirse a los herederos la indivisibilidad de la asignación primitiva sólo puede subsistir respecto a cada cuota en particular.

150. Es irrevocable.- Una vez ejercitado el derecho de opción, no puede el asignatario volver sobre su pronunciamiento ( 186). .

El artículo 1234 dice que 'la aceptación, una vez hecha con los requisitos legales, no puede rescindirse', y enumera a continuación algunas excepciones. Pero no es esta la única disposición del Código que consulta excepciones a la irrevocabilidad del derecho de opción, pues también las consultan los artículos 1237 y 1238. Tales excepciones están establecidas para protección de los incapaces, para protección de los acreedores del asignatario, y como sanción a los vicios de consentimiento que puedan haber incidido en la aceptación o repudio.

El principio de la irrevocabilidad del derecho de opción viene desde el Derecho Romano (187), y también se contempla en las 'Partidas' ( 188).

151. Excepciones a la irrevocabilidad del derecho de opción.-  hay excepciones a la irrevocabilidad del derecho de opción que son comunes a la aceptación y al repudio, y hay otras que son especiales, o a la aceptación o al repudio. Las estudiaremos separadamente.

1.º Excepciones comunes para la aceptación y el repudio

a) Cuando no han sido hechas con los requisitos que contemplan los artículos 1235, y 1236, que analizaremos en detalle mas adelante; b) Cuando ha existido dolo para provocar la aceptación o el repudio. El dolo cobra en estos casos un alcance más amplio que en los contratos, donde no vicia el consentimiento sino cuando es obra de la otra parte (artículo 1458); en las asignaciones, como se trata de un acto unilateral y no existen partes, basta el dolo de cualquier asignatario, heredero o legatario, para que se produzca el vicio. Estas ideas han sido desarrolladas por los autores franceses (189). Sin embargo, bien analizado el problema, vemos que no existe propiamente una derogación del artículo 1458 ya citado, porque los asignatarios están ligados a la víctima del dolo por el cuasicontrato de aceptación, y dentro de este, tienen el carácter de verdaderas partes; y c) Cuando ha existido fuerza. La fuerza tiene aquí el mismo alcance que en los contratos, y se rige por los artículos 1456 y 1456;

2.º Excepción especial para la aceptación: la lesión grave. En este caso, el alcance de la lesión esta determinado por el artículo 1234, y se produce cuando, a virtud de disposiciones testamentarias de que no se tenía conocimiento al tiempo de aceptar la asignación, disminuye el valor de ésta en más de la mitad. Principio que no hace sino repetir la doctrina sustentada por Delvincourt (190), en el sentido de que se produce lesión sólo en virtud de disposiciones testamentarias nuevas, y no por descubrirse créditos ignorados en contra de la sucesión

El artículo 1234, por lo demás, no ofrece interés sino para el heredero que ha aceptado sin beneficio de inventario. Apoyado en esta disposición, puede revocar la aceptación cada vez que, a virtud de disposiciones testamentarias que ignoraba, los gravámenes absorbieren toda su asignación y afectaren aún su propio patrimonio. En cuanto al legatario, nunca tendrá interés en utilizar esta disposición, porque tiene limitada su responsabilidad al monto de su legado;

3.º Excepción especial para el repudio: cuando el asignatario repudia en perjuicio de los derechos de los acreedores, el repudio puede rescindirse en favor de éstos. Los acreedores podrán hacerse autorizar por el juez para aceptar por el deudor, y el repudio se rescinde entonces en su favor, de acuerdo con el artículo 1238, sólo hasta concurrencia de sus créditos, pues subsiste en el resto. Es un caso de acción pauliana establecido en favor de los acreedores perjudicados, como lo han observado los comentaristas franceses chilenos(191) en Derecho Francés(192), se discute sobre el plazo de prescripción de estas acciones destinadas a obtener la revocación de la aceptación o el repudio. Y, como tanto la una como el otro son actos unilaterales, argumentan que no pueden aplicárseles las reglas establecidas para los contratos, debiendo entenderse, entonces, que prescriben por la prescripción extraordinaria de 30 años.

Sin embargo, en nuestro derecho, dada la terminología que emplea el legislador, que en los artículos 1234, 1237 y 1238 habla de 'rescindir', así como por estar estas excepciones establecidas, no en consideración a la naturaleza del acto, sino a la calidad de las personas, parece indiscutible que estamos ante otros tantos casos de nulidad relativa y que la acción tiene que ser la que corresponda a dicha nulidad. Por lo tanto prescribirá en el plazo ordinario de cuatro años, salvo cuando la que se ejerza sea la acción pauliana del artículo 1238, que, como tal, prescribe siempre en el plazo de un año.

152. Casos en que vio existe libertad de opción.-  El artículo 1225 establece que todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente su asignación. Esta regla tiene algunas excepciones, y así, de acuerdo con los tres incisos finales de ese mismo artículo, tienen limitada su facultad de opción los incapaces que no tuvieren la libre administración de sus bienes y las mujeres casadas.

Respecto a los incapaces, los incisos 2.º y 3.º del artículo 1225 disponen que no podrán aceptar ni repudiar, sino por medio o con el consentimiento de sus representantes legales. En todo caso les queda prohibido aceptar por sí solos, aunque pretendan hacerlo con beneficio de inventario. Tampoco pueden, de acuerdo con el artículo 1236, repudiar una asignación a título universal, ni una asignación de bienes muebles de valor superior a $1,000, o de bienes raíces de cualquier valor, sin obtener previamente autorización judicial con conocimiento de causa.

En cuanto a la mujer casada, puede aceptar o repudiar con la autorización del marido o de la justicia. Pero en caso de que obre con autorización judicial, deberá aceptar con beneficio de inventario si quiere evitar que sólo sus bienes propios carguen con las resultas de la aceptación; si acepta sin beneficio de inventario, sólo sus bienes propios cargan con dichas resaltas. El marido, por su parte, no puede repudiar una asignación deferida a su mujer, sino con el consentimiento de ésta, o con la autorización de la justicia en subsidio. Si repudia de otra manera, la repudiación será nula. La mujer tendrá en tal caso derecho para pedir a su marido indemnización de todos los perjuicios que se hubieren causado, conservando además acción contra los terceros adquirentes.

La infracción a lo dispuesto en los artículos citados produce nulidad relativa, por cuanto sus disposiciones están establecidas en interés de las personas, y no en consideración al acto en sí mismo.

153. Otra limitación al derecho de aceptación o repudio.- Cuando se defieren dos asignaciones a una misma persona, el principio general es que el asignatorio podrá aceptar una y repudiar la otra; pero esta libertad desaparece si, de las dos asignaciones que se le han deferido, una está gravada y la otra no. En tal caso, no podrá repudiar la gravada, aceptando la otra.

Ya en el párrafo 95 vimos esta norma, indicando que su fundamento consiste en suponer que el legatario que repudia la asignación gravada se hace indigna, al aceptar la voluntad del testador sólo en aquello que manifiestamente puede beneficiarle.

Sin embargo, si el testador hubiere autorizado expresamente al legatario para aceptar o repudiar en forma separada, o si la segunda asignación la recibe, no por ser legatario directo, sino por acrecimiento, substitución o transmisión, podrá repudiar la gravada y aceptar la otra.

154. La aceptación y el repudio obran con efecto retroactivo.- El artículo 1239 expresa que 'los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia se retrotraen al momento en que ésta haya sido deferida'. Y agrega en el inciso 2. º 'Otro tanto se aplica a los legados de especie'.

Este principio tiene especial interés porque, como ya lo decía el artículo 2.º del título XIV del Proyecto de 1841, 'la aceptación del legatario de especie retrotrae al momento de la delación del legado el dominio sobre la cosa legada'. Se presume, pues, cuando la asignación es pura y simple, que el legatario de especie que acepta es dueño de la cosa desde el momento de la muerte del causante, y que el que repudia, no ha tenido nunca derecho alguno en ella. Si la asignación es a plazo, la aceptación o repudio se retrotraen también al momento de la muerte del causante, aún cuando el legatario aceptante no podrá reclamar la cosa, ni tendrá derecho a sus frutos, sino desde la llegada del plazo. Si la asignación es condicional de condición suspensiva, por fin, el repudio produce su efecto ordinario, o sea, que se presume que el legatario no ha tenido jamás ningún derecho en la cosa; y la aceptación surte efectos sólo desde el cumplimiento de la condición: en ese momento el legatario se hace dueño de la cosa y únicamente a partir de entonces tiene derecho a los frutos de la cosa.

El artículo 1239 y su antecedente en el Proyecto de 1841, confirman una vez más nuestra manera de pensar referente a los legados de especie, en el sentido de que confieren el dominio desde la muerte del causante, a diferencia de los legados de género, que sólo dan un crédito contra la sucesión y que, por consiguiente, no se ven afectados por la retroactividad (193).

Capítulo III - Derechos del legatario en la partición

155. EL legatario no es comunero de la herencia.- El legatario no es comunero con los herederos en el dominio de la universalidad de los bienes hereditarios; es un sucesor a título singular, y como tal, sólo tiene derecho a la especie o al género que se le asigne, y dominio únicamente, sobre una cosa o un crédito determinados.

En este carácter de dueño a título singular, el legatario no puede pedir partición de la herencia, ya que no es comunero en su dominio. Por otra parte, los bienes o créditos legados no entran a la masa partible, la cual sólo está formada por aquellas cosas en las cuales existe el condominio de los herederos; y ello, porque dichos bienes o créditos legados son cosas de que ya dispuso el testador, transmitiendo su dominio por sucesión por causa de muerte.

Si el legatario no puede solicitar partición de la herencia, operación que tiene por objeto liquidar la comunidad hereditaria, tampoco queda sometido a sus resultados. Hacemos, sí, presente, que nos estamos refiriendo a la partición que se hace después de practicadas las operaciones necesarias para la determinación del monto disponible, pues ya hemos visto que el legatario puede verse afectado por la necesidad de respetar las legítimas, y veremos más adelante que también puede quedar obligado a contribuir el pago de las cargas hereditarias ( 194 ). En consecuencia, el Código cuida de que, previamente a la partición, se proceda a determinar por la justicia ordinaria, las personas que tienen derecho a intervenir en ella, y a precisar los bienes comunes que forman la masa partible.

El artículo 1330 establece que 'antes de proceder a la partición, se resolverán por la justicia ordinaria las controversias sobre derecho a la sucesión por testamento o a intestado, desheredamiento, incapacidad o indignidad de los asignatarios'; y el artículo 1338 somete asimismo a la justicia ordinaria 'las cuestiones sobre propiedad de objetos en que alguien alegue un derecho exclusivo, y que, en consecuencia, no deban entrar a la masa partible' ( 195).

De acuerdo con estas disposiciones, el legatario de especie, en su calidad de dueño absoluto de la cosa asignada, puede alegar su dominio ante la justicia ordinaria y fuera del juicio de partición.

El legatario de género, como dueño de un crédito, contra la sucesión, está obligado a dirigir contra ésta su demanda; y, de acuerdo con el artículo 1360, su legado gravará a los herederos a prorrata de sus cuotas, salvo disposición en contrario del testador.

Sin embargo, en nuestra opinión, debe aplicarse también a los legados de género lo dispuesto por los artículos 1286 y 1336, en el sentido de que, cualquiera que sea la forma en que se efectúe la partición de los bienes de la sucesión, deberá formarse una hijuela a objeto de responder al pago de las deudas hereditarias y cargas testamentarias. Fundamentamos nuestra opinión en una razón de derecho, cual es que el legado de género es una verdadera deuda de la sucesión, y en una razón de equidad, pues en caso contrario el legatario de género se encontraría en una situación manifiestamente desventajosa con respecto al de especie, ya que debería esperar el resultado final de la partición

156. Cuando sus derechos se vean afectados, el legatario puede intervenir en la partición y reclamar de ella.- Ya hemos hablado en el párrafo 142 del derecho del legatario para intervenir en las diligencias de inventario y tasación, en resguardo de sus intereses. De acuerdo con los artículos 808, inciso 2.º, y 813 del Código de procedimiento Civil podrá hacer valer estos derechos, a su elección, ante el partidor, o ante la justicia ordinaria.

También el legatario puede verse afectado por el resultado mismo de la partición, debido a una formación de las hijuelas, que perjudique a la cuarta de libre disposición, o a bajas generales abultadas indebidamente, que disminuyan el acervo líquido. Contra estos vicios, puede reclamar ante la justicia ordinaria ( 196).

Debmos hacer presente que los legatarios no podrán utilizar la acción de rescisión que otorga el artículo 1318 a los herederos que hubieren sido perjudicados en más de la mitad de su cuota ( 197).

También es importante advertir que, por no ser el legatario interesado en la partición, no está obligado a contribuir a las costas comunes de ella.

Notas

(179)

Nuestra jurisprudencia ha resuelto: 'El que hace acto de heredero de una sucesión, está obligado a pagar el legado que se le cobra'. (Sentencia publicada en la 'Gaceta de los Tribunales', de 1921, bajo el N.° 232, página 919. volver

(180)

Etienne, L.-Op. Cit.; página 415. volver

(181)

Partida 6.a, Título VI, Ley II. volver

(182)

Planiol y Ripert.-Op. cit.; N.os 1992 y siguientes. volver

(183)

Planiol Y Ripert- Op. cit.; página .468, N.° 1061. volver

(184)

Planiol y Ripert.-Op. Cit.; página 473, N° 1977. volver

(185)

Partida 6.a, Título VI, Ley 15. volver

(186)

Nuestra jurisprudencia ha resuelto: 'No es aceptable el acuerdo de una Municipalidad legataria, que ya había aceptado el legado que se le hacía, rescindiendo dicha aceptación sin haber motivos que justificaran tal rescisión'. (Sentencia publica­da en la 'Gaceta de los Tribunales', de 1866, página 129, N.° 222) . volver

(187)

Heineccio.-Op. cit.-. página 201. volver

(188)

Partida 6.°, Título VI, Ley 18. volver

(189)

Delvincourt.-Op. cit.; nota 9, página 26.-PLANIOL Y RIPERT Op. Cit.; página 473, N.° 1979. volver

(190)

Delvincourt.-Op. cit.; nota I, página 30. volver

(191)

Delvincourt.-Op. cit.; nota 8, página 33: -Planiol y Ripert, Op. Cit.; página 478, N.° 1990.-Somarriva, op. cit.; página 135. volver

(192)

Planiol y Ripert.-Op. Cit.; página 477, N.° 1988. volver

(193)

Nuestra jurisprudencia ha resuelto: 'En materia, de sucesiones, la retro­actividad es querida por el legislador'. ('Revista de Derecho y Jurisprudencia”, To­mo XXXIV, Sección I, página 295). volver

(194)

Nuestra jurisprudencia ha resuelto: 'Habiendo un solo heredero en una testamentaría, por ser legatarios todos los demás interesados, no es menester nombrar partidor que liquide o distribuya la herencia, pues a los legatarios se les pueden pagar sus legados por escritura pública'. ('Gaceta pie los Tribunales', de 1883, Sen­tencia N.° 3387, página 1904). volver

(195)

Nuestra jurisprudencia ha resuelto: 'El partidor es incompetente para resolver una cuestión relativa a eliminación o no del inventario respecto de algún bien, pues ello importaría resolver sobre el dominio de ese bien lo que es del resorte de la justicia ordinaria'.(Sentencias publicadas en la 'Gaceta de los Tribunales”, de 1908, N.os 191, página 342, y 194, página 346 Y 333. página 500). volver

(196)

Nuestra jurisprudencia ha resuelto: 'El legatario puede objetar el honora­rio del partidor, ya que éste puede afectar su legado, en caso de que sea necesario rebajar los legados a prorrata'. ('Gaceta de los Tribunales', de 1886, Sentencia N.° 736, página 431). volver

(197)

Nuestra jurisprudencia ha resuelto: 'Los legatarios no pueden pedir la rescisión de una partición, por haber sido lesionados en más de la mitad de su cuota, según el artículo 1348, por cuanto este derecho se otorga solamente a los asignata­rios forzosos que han sido partes en el juicio de liquidación'. ('Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo IX, Sección I, página 423, Sentencia de 12 de Julio de 1911). volver