Artículo

  • Ley sobre Organización Sindical de los Obreros Agrícolas en Chile

Resumen

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Abstract

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Después de largas y a veces acaloradas discusiones, fue promulgada en Chile, el 29 de Julio de 1947, la Ley 8,811, del 8 del mismo mes relativa a la organización sindical de los obreros agrícolas, que agrega dos títulos nuevos, a continuación del Título III del Libro III del Código del Trabajo, sobre organización sindical. La nueva ley, que había sido vetada por el Presidente de la República, señor Gabriel González, debió no obstante ser promulgada de conformidad con las disposiciones constitucionales. En virtud de ella, la organización sindical campesina se sustrae a los preceptos generales de sindicatos del Código del Trabajo, por cuanto se ha estimado que los sindicatos en los campos tienen, debido a la naturaleza de las faenas agrícolas, modalidades propias, que los hacen diferenciarse de los Sindicatos de la industria propiamente tal. Esta ley restringe el principio de la libertad de asociación sindical; se dan al sindicato agrícola escasas atribuciones; no puede federarse, sus directores no gozan de fuero, ningún obrero formará parte de más de un sindicato; la vida de la asociación sindical circunscrita a un solo fundo, será débil, por carencia de recursos y pequeño número de miembros; la inmensa mayoría de los trabajadores agrícolas quedará fuera de los sindicatos, porque para que éstos se constituyan se necesita de fundos que cuenten con más de cincuenta obreros. Se prohiben las interrupciones del trabajo por los obreros y las huelgas campesinas; la conciliación y el arbitraje ante juntas especiales son obligatorios en los conflictos colectivos; el abandono colectivo del trabajo por más del 55% de los obreros sindicalizados, arrastra a la disolución del sindicato. Si bien se establece en la ley la asignación familiar, esta va a ser muy baja, porque se financia sólo con el 7% de los salarios que se paguen en dinero efectivo, sin incluir las regalías. La ley en cuestión tiene defectos en su redacción, adolece de precipitación, y cuenta con numerosos artículos que son la mera repetición de otras disposiciones del Código del Trabajo; la numeración de los artículos de este Código tiene que modificarse a partir del Titulo III del Libro III, debido a la inclusión de la nueva ley dentro de su texto. El reglamento de la ley que comentamos lleva el N.° 261, y se publicó en el 'Diario Oficial' del 7 de Abril de 1948. Cabe observar, además, que la indicada ley contradice a la Convención Internacional del Trabajo de Ginebra de 1921, ratificada por Chile en 1925, que reconoce ampliamente el derecho de asociación a los trabajadores agrícolas; la Ley 8,811 ha venido a disminuir los derechos, de asociación sindical que correspondían a los obreros campesinos, según el Código del Trabajo, puesto que los nuevos sindicatos agrícolas son restringidos con relación a los sindicatos reglamentados por el Código; tales restricciones no son aceptables estando vigente el Convenio internacional ratificado, con el cual debe armonizarse la legislación nacional. Disposiciones generales.- La organización sindical de los obreros agrícolas se rige exclusivamente por las disposiciones de la Ley N.° 8,811, no rigiendo en consecuencia para esos asalariados los preceptos del Código del Trabajo sobre sindicatos industriales o profesionales (artículo 1.°). Hay sin embargo varias reglas comunes para todos los sindicatos, que se repiten en el texto de la citada ley, y que ya figuraban en el Código del Trabajo, como ser: que los sindicatos agrícolas serán instituciones de colaboración mutua entre el capital y el trabajo, no pudiendo ocuparse en otros objetivos que los señalados por la ley, que no podrán entrabar la disciplina y el orden, ni menoscabar la libertad de trabajo (artículo 2.°); que serán capaces de adquirir y conservar toda clase de bienes (artículo 3.°); que las mujeres pueden intervenir en su administración y dirección (artículo 4.°); que la calidad de miembro del sindicato es estrictamente personal (artículo 5.°); que pueden establecer cooperativas, y otros servicios asistenciales, educacionales o de previsión, pero que estos últimos estarán sujetos a autorización previa y supervigilancia del Departamento de Previsión Social del Ministerio de Salubridad (artículos 6.° y 7.°). Será atención preferente de estos sindicatos procurar el mejoramiento de las habitaciones campesinas; este principio es muy hermoso, pero no se ve de que manera los sindicatos agrícolas reducidos a un solo fundo y de insignificante patrimonio, puedan desempeñar tal misión. Los sindicatos agrícolas solo podrán constituirse y funcionar dentro del fundo respectivo (artículo 9.°), y por ningún motivo se permitirán las reuniones o confederaciones de sindicatos agrícolas (artículo 14); ningún obrero agrícola puede formar parte de más de un sindicato (artículo 32); estas disposiciones, contrarias a los principios y orientaciones del sindicalismo contemporáneo, harán que los sindicatos agrícolas, compuestos de unos pocos miembros, en su mayoría desprovistos de cultura y con ínfimos recursos, lleven una existencia lánguida, sean organismos aislados, y no constituyan una fuerza profesional o un instrumento de defensa de los intereses de los asalariados agrícolas, objetivo primordial de todo sindicato. Si un patrón se negare a la constitución de un sindicato en su fundo, el sindicato podrá constituirse y funcionar en otro lugar; en todo predio de un avalúo superior a $ 1.500,000 debe proporcionarse al sindicato un lugar adecuado para su funcionamiento (artículo 10). Los sindicatos se rigen por sus estatutos sociales en lo que no fueren contrarios a la ley (artículo 12), están sujetos a la fiscalización de la Dirección General del Trabajo (artículo 13) y no pueden comparecer en juicio, sino cuando se trate de los intereses económicos comunes o generales de los asociados (artículo 11). Para todos los efectos legales, incluso los relacionados con el contrato de trabajo de obreros agrícolas, el artículo 15 de la ley hace una calificación de éstos en cinco categorías, a saber: a) inquilino, o sea, el obrero agrícola que tenga habitación para él y su familia y ración de tierra en potrero y esté facultado para enviar reemplazante; b) reemplazante, o sea, el obrero agrícola que trabaje en el fundo por cuenta y cargo del inquilino a quien reemplaza; c) voluntario, esto es, el obrero agrícola que reside en el fundo, y que trabaja ocasional o permanentemente por un salario y ración de comida, en su caso; d) afuerino, es decir, el obrero que, no residiendo en el fundo, trabaja ocasionalmente con un contrato convenido para ciertas labores de temporada; e) mediero, o sea, aquella persona que recibe tierras en aparcería en un predio agrícola, siendo de su cargo exclusivo los jornaleros que con él trabajen; el mediero no es pues un obrero agrícola, es una especie de asociado cuyo contrato es de derecho civil con características sociales. Constitución, dirección y disolución de los sindicatos agrícolas.- El sindicato agrícola podrá constituirse en toda propiedad de este carácter que tenga más de 20 obreros mayores de 18 años, con más de un año de servicios consecutivos en el mismo predio, y que representen el 40% a lo menos de los obreros del respectivo fundo; 10 obreros deben saber leer y escribir. Como consecuencia del texto de la disposición citada, se requiere que para que en un fundo pueda organizarse un sindicato, cuente el predio con un mínimo de 50 obreros, siendo por lo tanto relativamente poco numerosos los fundos que podrán organizar sindicatos, y la gran masa de trabajadores agrícolas del país quedará al margen del sindicalismo; pudo haberse autorizado que tratándose de pequeños predios, sus asalariados tuvieran derecho a formar un sindicato con los trabajadores de varios predios reunidos. Se entiende un año de servicios consecutivos, el haber trabajado el obrero 200 días en el año, a lo menos, en las provincias de Cautín inclusive, al norte, y 150 días al sur de dicha provincia (artículo 16). Los sindicatos agrícolas no son obligatorios; son exclusivamente obreros, sin comprender empleados de la agricultura; los obreros que deseen sindicalizarse manifestarán su voluntad mediante el 55% de los votos de los asistentes a una reunión previa, sin que puedan concurrir a ella otros elementos que los obreros del fundo en que va a formarse el sindicato; se levantará acta en duplicado, uno de cuyos ejemplares se remite al Inspector del Trabajo. El Inspector del Trabajo respectivo citará dentro de los 5 días después de recibirse la copia del acta, a una sesión de constitución del sindicato y enviará dentro del mismo plazo comunicación escrita al patrón correspondiente (artículo 18). En la sesión constitutiva, que presidirá el Inspector del Trabajo, se elegirá el directorio provisional y se aprobarán los estatutos; de todo se levantará acta, y la Inspección del Trabajo enviará a la Dirección General del mismo, todos los antecedentes; la Dirección General a su vez, los remitirá al Ministerio de Justicia solicitando la concesión de la personalidad jurídica para el sindicato (artículos 19 y 20); éste sólo se considerará constituído cuando el Presidente de la República le haya concedido la personalidad jurídica (artículo 23). La resolución sobre personalidad jurídica será expedida rápidamente en el plazo máximo de 60 días contados desde la fecha del acta de constitución; durante este plazo el patrón no podrá despedir a los obreros que asistieron a la constitución del sindicato, salvo causales legales declaradas suficientes por el Juez del Trabajo (artículos 21 y 22); es éste el único caso de inamovilidad que se encuentra en la Ley 8,811. Tanto el directorio provisional como el definitivo, se compondrán de 5 personas (igual número que en los demás sindicatos), y serán elegidos en votación secreta en una asamblea especial; cada obrero tiene derecho a un voto, pero los que hayan cumplido 3 o más años de servicio consecutivos en el fundo, tendrán derecho a dos votos; se ha deseado estimular a los trabajadores antiguos de mayores vinculaciones en el predio, y que se supone estarán más interesados en la buena marcha del sindicato. El directorio definitivo se elegirá dentro de los 60 días, contados desde la fecha del decreto que concedió la personalidad jurídica, considerándose en caso que así no se hiciere, que los obreros desisten de organizarse en sindicato (artículos 24 y 25). El directorio elegirá de entre sus miembros un Presidente, un Secretario y un Tesorero (en estos sindicatos los cargos de secretario y tesorero están separados); los directores reunirán requisitos análogos a los de los otros sindicatos, a saber: a) ser chileno; b) tener 21 años de edad; c) no haber sido condenados, ni hallarse actualmente procesados por crímenes o simple delito; y d) tener cédula de identidad personal (artículo 27) ; los directores duran un año en sus funciones (artículo 28); no hay inconveniente en que sean reelegidos. El directorio acuerda con el voto unánime de sus miembros los contratos colectivos de trabajo; si no se obtuviere esta unanimidad; la resolución corresponde a la asamblea, con el voto favorable del 75% de los obreros sindicalizados (artículo 30). El directorio representa a los obreros sindicalizados en el ejercicio de los derechos emanados de los contratos de trabajo, cuando sea requerido por los interesados (artículo 31). Los directores de los sindicatos agrícolas no gozan del fuero o privilegio de inamovilidad en su trabajo como los directores de otros sindicatos; en consecuencia, el dueño del fundo, mediante el desahucio puede fácilmente deshacerse de los directores activos de un sindicato, y paralizar en cualquier momento la acción sindical. El patrimonio de los sindicatos agrícolas se compone de las cuotas ordinarias y extraordinarias que la asamblea imponga a los asociados con el acuerdo de los dos tercios de los miembros del sindicato, debiéndose, los respectivos acuerdos comunicarse al Inspector del Trabajo y al patrón; además, ingresa al patrimonio sindical un aporte obligatorio del patrón equivalente al 3% del monto de los salarios que se paguen en dinero efectivo (sin incluir las regalías) a los obreros sindicalizados (artículo 36); en vista del radio reducido de estos sindicatos, su patrimonio será siempre pequeño, y su acción insignificante; las cuotas sindicales y el aporte del 3% no serán elevados, porque los salarios agrícolas en dinero son generalmente bajos. Los fondos sindicales se depositarán, a medida que se perciban, en una cuenta a nombre del sindicato, en la Sucursal de la Caja Nacional de Ahorros más próxima; no puede mantenerse en la caja sindical más de $1.000 en dinero (artículo 37); el Presidente y Tesorero, conjuntamente, girarán sobre los fondos depositados, previa aprobación de la asamblea o del directorio (artículo 41); para disponer de sumas mayores a $2.000, se precisa autorización del Inspector del Trabajo (artículo 42); el movimiento de fondos se dará a conocer por medio de estados mensuales, y el balance de caja se hará semestralmente, enviándose copia a la Inspección del Trabajo (artículo 43). Una comisión formada por el Presidente del Sindicato, el patrón o su representante, y un funcionario designado por el Juez del Trabajo, que la presidirá, determinará la inversión de los fondos que perciba el sindicato; en caso que no se produzca acuerdo, resolverá la inversión la asamblea, con el voto de los dos tercios de los sindicalizados; los fondos se invertirán por el directorio, de acuerdo con el presupuesto anual del sindicato, y cumpliendo con las finalidades legales, que excluyen, naturalmente, las de carácter político; no pueden invertirse en honorarios o pagos por trabajos relacionados con el sindicato, ni en subsidios que no sean por enfermedad; no se desea que los directores puedan fijarse honorarios, pero en cambio, el sindicato se encuentra imposibilitado para contratar un contador a otro empleado cuyos servicios sean necesarios; sin embargo, puede invertirse anualmente en viáticos hasta un total equivalente a un salario de 30 días (artículo 38) . Es a los Tribunales del Trabajo y no a la autoridad administrativa a quienes corresponde decretar la disolución de un sindicato agrícola, en los siguientes casos: a) cuando se compruebe la violación de las disposiciones legales, reglamentarias o de los estatutos; b) cuando fueren paralizadas las labores por inasistencia voluntaria de más de 55% de los obreros sindicalizados (la huelga agrícola está prohibida), o por violación de los preceptos sobre conciliación y arbitraje; c) cuando se extinguiere la empresa (¿sería este caso el de enajenación del fundo?), o cuando por causas permanentes sólo diere trabajo durante un año a menos de 25 obreros; d) cuando se haya mantenido en receso por más de un año; e) cuando lo acuerde el 55% o más de los asociados; y f) cuando el número de miembros del sindicato quedare reducido a menos de 20 (artículo 46). Cualquier miembro del sindicato, el Inspector del Trabajo o el patrón, pueden solicitar al juez del Trabajo la disolución del sindicato; el Juez procederá breve y sumariamente y dictará resolución dentro de los 10 días siguientes al requerimiento (artículo 47). Disuelto un sindicato, no podrá volver a constituirse con la mayoría de los miembros que formaban parte del sindicato disuelto, sino después de 2 años de la fecha de la disolución (artículo 49). Los bienes del sindicato disuelto serán distribuidos entre todos los obreros que tengan más de 2 años de antigüedad en el predio donde funcionare el sindicato (formen o no parte del sindicato); pero si la causal de disolución fuere la violación de preceptos legales, o reglamentarios o de los estatutos, o la paralización voluntaria de labores por el 55% de los obreros (huelgas agrícolas), los bienes pasarán a la Junta de Auxilio Escolar de la localidad (artículo 51). La distribución de los bienes sindicales entre los obreros, es contraria a los principios generales del derecho en materia de corporaciones, puede prestarse a graves abusos, y se encuentra en contradicción con la disposición del artículo 44 de la misma Ley 8,811, que establece que los fondos del sindicato agrícola no pertenecen a los obreros que lo componen, ni a la empresa en que trabajan, siendo del dominio de la asociación, aunque cambie su personal. Asignación familiar de los obreros agrícolas.- La Ley 8,811 otorga asignación familiar a los obreros agrícolas a cargo exclusivo del patrón, pero es temer que su monto sea muy reducido; en efecto, el patrón debe destinar una suma no inferior al 7% de los salarios que se paguen en dinero efectivo (sin considerar regalías) para financiar asignaciones familiares en beneficio de todos los obreros del fundo (estén o no sindicalizados) que tengan derecho a ella (artículo 33); ese 7% de los salarios en dinero no permitirá asignaciones muy altas. El fondo de asignación familiar se dividirá mensualmente entre las cargas de familia de los obreros que no tengan falta de asistencia al trabajo (¿qué no hayan faltado ni un solo día?), salvo inasistencia por enfermedad, en la siguiente proporción: para la mujer legítima, 2 cargas, y para los hijos menores de 14 años, como sigue: a) primero y segundo hijos, una carga por cada uno; b) tercero y cuarto hijos, 2 cargas por cada uno; y c) quinto y siguientes, 3 cargas por cada uno; la ley no determina si se limita a los hijos legítimos o si los ilegítimos están incluidos. Se ha tratado de ayudar a las familiar numerosas, tan frecuentes en los campos. Es un error que no se haya dado derecho a la madre viuda sostenida con el trabajo de su hijo. En los casos que trabajen el padre y la madre, no habrá doble percepción de asignación familiar. Sólo percibirán asignaciones familiares los obreros residentes en el predio, sean inquilinos o voluntarios y los afuerinos residentes en el departamento (artículo 35) . El mecanismo para determinar y pagar las asignaciones familiares ofrece grandes dificultades prácticas para los agricultores, que en general llevan una contabilidad muy rudimentaria, pues la ley no les exige los respectivos libros. La ley que se comenta ha impuesto dos nuevas contribuciones a los patrones agrícolas: la del 7% de los salarios para asignación familiar, y el aporte del 3% de los mismos para el patrimonio del sindicato, en caso que éste exista en el predio. Conciliación y arbitraje en la agricultura.- En los conflictos colectivos de trabajo que puedan producirse en los predios agrícolas, no se aplicarán las disposiciones del Título II del Libro IV del Código del Trabajo sobre conflictos colectivos, sino las especiales que se contienen en los artículos 52 y siguientes de la Ley 8,811 que se comenta. En ella, se desconoce el derecho de huelga en las faenas de la agricultura, implantándose no sólo la conciliación obligatoria, sino también el arbitraje con el mismo carácter obligatorio. No se pueden presentar pliegos de peticiones durante las épocas de siembra y cosecha (épocas que se fijarán por el reglamento), sin que pueda ser inferior a 60 días el plazo de duración para cada una de esas faenas; los pliegos de peticiones sólo podrán presentarse una vez al Año (artículo 53). En los predios agrícolas en que hubiere sindicato, sólo este puede promover un conflicto colectivo, previo el voto favorable del 55% de los obreros sindicalizados; si no hay sindicato, los obreros pueden plantear el conflicto colectivo y presentar al patrón peticiones de mejoramiento, previo acuerdo tomado por mayoría de votos en una asamblea a la que concurran a lo menos los dos tercios de los trabajadores; en esta asamblea se constituirá una delegación de 5 obreros mayores de 21 años, que trabajen desde 2 años a lo menos en el predio y que no hayan sido condenados, ni se hallen actualmente procesados; la. delegación representará a los trabajadores durante el conflicto (artículo 54). Estos acuerdos se darán a conocer por escrito al patrón, o a su representante, y al Inspector del Trabajo; el patrón o su representante recibirá al directorio sindical o a la delegación de obreros dentro de 3 días siguientes a la recepción de la comunicación correspondiente (artículos 55 y 56). Si no se llega a un acuerdo, cualquiera de las partes puede recabar el funcionamiento de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje a que se hará referencia (artículo 57). En las gestiones indicadas, concurrirá siempre el patrón o su representante con poder suficiente, y representarán a los obreros los miembros del directorio del sindicato, o la delegación, pero no podrán intervenir personas extrañas al conflicto (artículo 59); se desea evitar la intervención de dirigentes o de políticos. Los conflictos colectivos en las actividades agrícolas que no se resuelvan por acuerdo de las partes, serán resueltos por una Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, compuesta, en cada caso, por 3 miembros, a saber: a) uno designado por el directorio del sindicato agrícola respectivo o por la delegación de obreros, en su caso; b) uno nombrado por el patrón; y c) un miembro, que la presidirá, y que será designado por los dos anteriores o, a falta de acuerdo, por el Juez del Trabajo respectivo. Esta Junta se constituirá dentro de los 5 días, contados desde que se hubiere recabado su funcionamiento; actuará de secretario el respectivo Inspector del Trabajo (artículo 60). La Junta citará a las partes a un comparendo para dentro de los 3 días siguientes; si no concurriere alguna de ellas, el procedimiento se seguirá en su rebeldía (artículo 61). En primer término, la Junta oirá separadamente a los patrones y a los obreros; en seguida se empeñará en obtener la conciliación, para lo cual celebrará sesiones con la concurrencia de ambos interesados (artículo 62). Producido el acuerdo, se dejará testimonio de él en una acta que se firmará (artículo 63). Si no se obtiene la conciliación, la junta declarará por escrito que ha fracasado; este fracasado se presumirá, cuando no se hubiere llegado a un arreglo dentro de los 10 días siguientes a la constitución de la Junta (artículo 64); la ley desea que estas tramitaciones sean rápidas, y por ello les fija un plazo brevísimo. Producido el fracaso de las gestiones conciliatorias, la misma junta Especial pasará a tener facultades arbitrales; la Junta, transformada en tribunal, dictará fallo arbitral dentro de los 5 días siguientes al fracaso de la conciliación (artículo 65); la Ley 8,811 implanta pues el arbitraje obligatorio en los conflictos colectivos agrícolas, a la inversa del Código del Trabajo, cuyo sistema de arbitraje es facultativo; además, según esta ley, la conciliación y el arbitraje están a cargo de un mismo organismo, que es la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje. El fallo arbitral que fije reajustes se fundará en la determinación del alza del costo de la vida hecha por las Comisiones Mixtas de Sueldos de Empleados Particulares (artículo 66). Si no concurriere cualquiera de los representantes patronal o asalariado, la Junta podrá constituirse, funcionar y dictar sentencia con la concurrencia del Presidente; la opinión de éste prevalecerá y formará sentencia si no se produjere mayoría de votos (artículo 67); en la práctica, con mucha frecuencia, la Junta funcionará como si fuera tribunal unipersonal, por cuanto no estando de acuerdo patrones y obreros, será la opinión del Presidente la que decidirá. Las resoluciones de la Junta, tanto en la conciliación como en el arbitraje, tendrán el merito de una resolución judicial ejecutoriada, y ambas serán obligatorias por el plazo que dicha Junta determine, el que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 1 año; contra el fallo arbitral podrá interponerse recurso de apelación para ante la Corte del Trabajo respectiva dentro del plazo fatal del quinto día. Por consiguiente, las Cortes del Trabajo son, pues, tribunales arbitrales de segunda instancia en los conflictos colectivos agrícolas. El cumplimiento de la resolución de las Cortes del Trabajo, se obtendrá por intermedio del Juzgado del Trabajo, quien aplicará el procedimiento ejecutivo a que se refiere el Párrafo E del Título II del Libro IV del Código del Trabajo, no pudiendo oponerse como excepciones sino las de falsedad del título, o el cumplimiento de la resolución de la Junta, o de transacción de las partes (artículo 68). Son delitos contra la libertad de trabajo en la agricultura: a.) la presión por medio de amenazas ejercidas sobre el obrero o el patrón, por el respectivo sindicato; b) todo acto por medio del cual se pretenda impedir a los obreros concurrir al trabajo; c) todo acto que impida el ordeño normal; es ésta una novedad de la Ley 8,811, pues las otras causales son análogas a las que en materia de conflictos colectivos señala el Código del Trabajo; y d) todo acto que tienda a destruir o destruya los materiales, instrumentos o productos del trabajo o mercaderías, disminuya su valor o cause deterioros a los mismos; todos estos son actos de sabotaje, que no sólo atentan contra la propiedad privada del patrón, sino también contra la producción y la riqueza colectivas (artículo 70). Tales delitos son castigados con prisión inconmutable de 1 a 60 días, cuando no importen, según las leyes, delitos a que corresponda pena mayor; de ellos conoce la justicia criminal (artículo 71). El abandono del trabajo por alguno de los obreros pertenecientes al sindicato agrícola que haya celebrado contrato colectivo con la empresa, hará responsable al sindicato por los daños o perjuicios que se ocasionen, cuando no se haya hecho el reemplazo respectivo; el monto de los daños lo fijará la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (artículo 72); este es un caso de responsabilidad sindical de poca aplicación práctica, porque los contratos colectivos de trabajo casi no se celebran en Chile, y pasará mucho tiempo antes que se efectúen en la agricultura. Si el abandono del trabajo fuere colectivo y comprendiera más del 55% de los obreros sindicalizados, se aplicará al sindicato la sanción de disolución del mismo (artículo 73); de este modo, si se produce la huelga agrícola, tan repudiada por la ley, el sindicato será disuelto. La Ley 8,811 establece diversas sanciones por infracciones a sus preceptos; las multas respectivas se aplicarán por los Juzgados del Trabajo a beneficio del fondo de asignación familiar de los obreros del fundo (artículo 76). Los sindicatos agrícolas formados con anterioridad a la vigencia de la Ley 8,811, que entró a regir el 29 de Julio de 1947, deberá conformarse a sus disposiciones (articulo 1.° transitorio); los sindicatos agrícolas constituidos en Chile antes de esta ley, son poco numerosos, porque durante varios años los inspectores del trabajo recibieron instrucciones de no proceder a la organización de sindicatos agrícolas. Se han señalado en forma rápida, las principales disposiciones de la ley chilena de sindicalización obrera campesina. Es todavía prematuro aventurar una opinión definitiva sobre ella; será preciso conocer los resultados de su aplicación en las zonas rurales del país. Si bien es cierto que los preceptos sobre sindicatos consignados en el Código del Trabajo no pueden aplicarse integralmente a las faenas agrícolas, y que es menester evitar conflictos perturbadores en las labores del campo, sin embargo, la reciente Ley 8,811 significa un manifiesto retroceso dentro de la avanzada legislación social chilena, va en contra de las corrientes sindicalistas contemporáneas, no está de acuerdo con los principios básicos del Derecho del Trabajo, y contradice a una convención internacional del trabajo, ratificada sin condiciones por Chile (1) .

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Nota

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El presente artículo fué publicado en la Revista 'Derecho del Trabajo y Política Económica', que dirigen los profesores Alfredo Gaete y Felipe Herrera, de la Universidad de Chile. volver