Trabajos Científicos

  • El Código Civil y su época

Resumen

Abstract

A cien años de distancia de la promulgación del Código Civil, el 14 de diciembre de 1855, nos parece que esa fué una época deliciosa y apacible. Nos imaginamos que entonces tanto los gobernantes como los magistrados y abogados que tomaron parte en la obra dispusieron de la calma necesaria para prepararla cuidadosamente, y que el país estuvo pendiente de ella y que la recibió con regocijo. Las cosas, sin embargo, no ocurrieron así. El glorioso decenio de don Manuel Montt fué un período agitadísimo. Mientras se preparaba el llamado Proyecto de 1853 había tenido lugar la sangrienta revolución del Sur que costó algunos millares de vidas y cuyos efectos distaban mucho de haberse apagado en 1855. Tanto es ello cierto que cuatro años más tarde volvía a convulsionarse el país con el movimiento revolucionario que, por esta vez, venía del Norte. Y como si esto hubiera sido poco, una espantosa crisis económica alcanzaba a todas las capas sociales. Los mercados extranjeros del trigo y de la harina se habían cerrado, el precio del cobre había disminuido enormemente y se notaba, dentro y fuera del país, una fuerte restricción del crédito. Gracias a la creación reciente de la Caja de Crédito Hipotecario la agricultura pudo resistir en gran parte la aguda crisis que se prolongó por espacio de cuatro años. Pensamos ahora, y con razón, que el Gobierno de Montt, al cual asociamos la figura austera de su gran Ministro Varas, significó un adelanto notable para Chile y que ese gobierno representó adecuadamente a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Mas en ese tiempo no todos compartían esta opinión. En la exaltación política se llegó a acusarle de ser sólo 'una facción diminuta y corrompida' y para justificar el movimiento subversivo de los Gallo se habló de la gran 'Piñata' o sea, del reparto fraudulento de los fondos del empréstito de ferrocarriles. Con todo, el Gobierno de Montt supo hacer frente a las tentativas violetas de desorden, algunas de ellas ahogadas, por desgracia, en sangre, y supo continuar en la tarea de progreso que le habían señalado sus antecesores, y ello dentro de moldes constitucionales. Mas antes de considerar la situación social e ideológica del país en ese tiempo conviene echar una mirada a los países vecinos y, en general, al mundo civilizado de entonces. Las naciones limítrofes, sin excepción, eran azotadas por el vendaval revolucionario y en ellas una dictadura sucedía a otra dictadura. El culto gobierno del general Echenique, en el Perú, y que tenía el mérito de haber promulgado el Código Civil de 1852, cayó a consecuencia de un golpe militar tramado por el Mariscal Castilla. En Bolivia, el general Córdova, yerno del entonces Presidente de la República, tomaba violentamente el poder para caer dentro de poco derribado por el célebre Linares. En la vecina Argentina la dictadura de Rosas había concluído con la victoria de Monte Caseros pero no se lograba una completa pacificación pues la Provincia de Buenos Aires resistía a la nueva Constitución. Sólo el triunfo militar de Mitre, en Pavón, en el año 1861, puso término a ese estado incierto. De los restante países iberoamericanos sólo el Brasil, constituído en Imperio, gozaba de ejemplar tranquilidad. Decían y repetían los europeos que ello era debido a lo prematuro de la emancipación, mas cumple agregar que España tampoco gozaba de sosiego. Al mediar el siglo XIX la situación política era allí desastrosa. El desorden llegaba a su colmo: un jefe militar era reemplazado por otro y el trono de la joven Reina Isabel vivía en continua zozobra. Hubo días en que la ciudad de Madrid estuvo en poder del pueblo y las cosas llegaron al extremo de que, por fin, la Reina debió abandonar el país y advino la República, aunque por corto tiempo. La situación europea que se había mirado como próspera y estable a partir del Congreso de Viena sufrió una grave conmoción con el movimiento revolucionario de 1848. No sólo cayó la monarquía liberal de  Luis Felipe sino que sufrieron alteraciones graves todas las restantes naciones, con la sola excepción de Rusia y de Inglaterra. La huída del príncipe de Metternich, de Viena, significaba el fin de la Santa Alianza. El propio Romano Pontífice hubo de abandonar su sede y Roma cayó en poder de los revolucionarios. En ese año de 1848 se lanzó el célebre Manifiesto Comunista que instaba a los proletarios del mundo a unirse para concluir con los burgueses. Su principal redactor, Karl Marx, fué invitado por el gobierno socialista de Francia para que presenciara su triunfo y llegó efectivamente a París, aunque no pudo permanecer allí por mucho tiempo. El golpe de Estado del Príncipe Presidente Luis Napoleón puso término a esa agitación socialista y restableció en toda Europa el sistema monárquico. Coincidió el término de la República en Francia con el aplastamiento de la revolución chilena de 1851. El nuevo Emperador buscó y obtuvo la alianza de Inglaterra y orientó su política económica y social en el mismo sentido. El prestigio de Inglaterra era inmenso. No se trataba aquí únicamente de la admiración que le profesaba entre nosotros Bello. Todas las personas ilustradas comprendían que era la nación rectora del mundo y que marchaba a la cabeza de lo que ahora llamamos progreso técnico. La situación de Gran Bretaña en la época que se ha llamado primera Era Victoriana era indiscutiblemente magnífica. Llena de prestigio por su triunfo sobre Napoleón, gozaba de su 'espléndido aislamiento' sin que le alcanzaran los peligros del continente. Dueña de los mares, sus barcos mercantes fletaban más de la mitad de la mercaderías del comercio mundial y su flota de guerra imponía respeto en todos los puertos. Segura de su destino, se entregaba por entero al fomento de la industria logrando con ello un incremento extraordinario de riqueza y de poder. Sus economistas y hombres de negocios, a la siga de Adan Smith y de los maestros de Manchester, imponían sus concepciones en los demás países. Preconizaban en todas partes el respeto a la iniciativa privada y la libertad de comercio. Sus pensadores y filósofos, de tendencia utilitaria y pragmática, pasaban por oráculos en el continente y, por cierto, en nuestra América. Sabido es que los libertadores de América profesaron sin igual respeto por Jeremías Bentham y por Lancaster, y nuestros primeros gobernantes iban a tener admiración por John Mill, por Cobden y por Smiles. Los propios liberales españoles consultaban oficialmente a Bentham. Todo ello nos indica que la irradiación del pensamiento inglés fué enorme en la primera mitad del siglo XIX y que la influencia que tuvo entre nosotros no ha de buscarse exclusivamente en la formación británica de Bello, sino en el ambiente general. Como una demostración elocuente de lo que manifestamos daremos una breve reseña de las leyes que se dictaron entonces y tomando como modelo a las respectivas leyes inglesas. En primer término, todas las leyes que otorgaron concesiones para construir ferrocarriles son de sabor británico. Desde la primera ley de 9 de noviembre de 1848 y que concedió al ingeniero don Juan Mouat el privilegio de construir el ferrocarril de Copiapó a Caldera, hasta las leyes posteriores que favorecieron a don Guillermo Weelrigth, todas ellas corresponden a ejemplos ingleses. El auge extraordinario que tomaron los ferrocarriles en Gran Bretaña permitió la formación de muchas sociedades y la obtención de privilegios. Lo que decimos de los ferrocarriles puede extenderse a los telégrafos. Las leyes de 14 de noviembre de 1851 y de 10 de noviembre de 1852 son otros tantos ejemplos de lo que venimos afirmando. En materia marítima es natural que se haya tomado como modelo a Inglaterra. Las leyes que favorecieron a The Pacific Steam Navigation Company, que tuvo su sede principal americana en Valparaíso, se hicieron después extensivas a otras sociedades nacionales. Nuestro puerto de Valparaíso ejercía a la época un predominio indiscutido en el Pacífico: el crecimiento de San Francisco, por una parte, y el ferrocarril que se trazó a través del istmo de Panamá, por otra, fueron disminuyendo su importancia. Pero siguió siendo, en todo caso, el centro de la actividad mercantil y progresista. Allí nació el primer Banco y la primera Compañía de Seguros. Allí residían los esforzados comerciantes e industriales que echaron las bases de muchos de los negocios y empresas que aún hoy subsisten y florecen. Continuemos con las leyes que tuvieron un origen británico. La ley de Correo de 20 de octubre de 1852 y que creó el sistema postal del sello oficial corresponde, en absoluto, a la ley inglesa de 1842 que admitió el invento del 'penny post' de Rowland Hill. Tuvo esa ley en todas partes un notable contenido social pues permitió a los labriegos y obreros, y en general a las personas de escasos recursos, mantener correspondencia con los miembros de su familia que habían abandonado el hogar o el país. El sistema antiguo, que era sumamente oneroso, impedía esa comunicación. Con razón los iniciadores del movimiento de los Trade Unions la miraron como una conquista social. Nuestra ley de Matrimonio de Disidentes del año 1844 fué tomada de la ley inglesa de 1836. Tenía allí el monopolio matrimonial -si cabe expresarse de este modo- la Iglesia Anglicana y esto causaba muchos rozamientos con los fieles de otras iglesias, en particular con los presbiterianos y católicos. Con un gran sentido de la tolerancia se mantuvo el sistema anglicano religioso para aquellos contrayentes que lo desearan y que continuaron siendo los de un mayor número; pero a los disidentes se les permitió contraer matrimonio ante un funcionario civil creado para ese efecto y encargado de los Registros. Los párrocos anglicanos ejercían este mismo ministerio en los casos en que actuaban en matrimonios anglicanos. El artículo 118 de Código Civil iba a dejar sin efecto esta ley chilena de 1844. Igual origen británico tuvo nuestra ley de 15 de octubre de 1853 que suprimió los diezmos eclesiásticos sustituyéndolos por una contribución territorial y adicional que simplificó el sistema. Era el Estado quien percibía los diezmos en forma de contribución territorial y su producido pasaba a la Iglesia. En Inglaterra, la ley de 1836 llamada de la Conmutación de Diezmos había indicado el camino. Con ella se alivió la tensión existente entre la Iglesia Oficial y las confesiones disidentes. Mas ha de reconocerse que si en el terreno económico la influencia inglesa fué y tenía que ser muy importante, en el campo del derecho privado no podía alcanzar igual auge. El sistema del Common Law, tan diferente al sistema codificado que se miraba como el más avanzado, era un obstáculo muy grande que no pudo ser salvado. Bello y sus colaboradores, por vivo que fuere su amor por las cosas inglesas, tuvieron que tomar como modelo de su futura obra al Código francés y a los códigos que le siguieron: el holandés, el sardo, el austríaco, el de la Luisiana y los de cantones suizos, en especial el de Vaud. Con los textos legales consultaron también a sus mejores expositores y comentaristas y es así como fueron aprovechadas las enseñanzas de los consejeros y tribunos que intervinieron en el Código napoleónico y de los jurisconsultos Merlin y Rogron, Delvincourt y Troplong. Y esto sin desconocer la aportación de los viejos maestros como Dumoulin y Pothier entre los franceses, Gregorio López y Molina entre los españoles. Aparte de la voluminosa legislación española de la época y que en su gran mayoría recibía aplicación aquí, conviene decir que el texto principal que sirvió para la redacción definitiva de nuestro Código Civil fué el célebre Proyecto de García Goyena. En él encontraron Bello y sus colaboradores un cuadro de la legislación universal y un intento serio de amalgamar las novedades francesas con las leyes antiguas castellanas. En todas esas fuentes Bello y sus colaboradores iban a encontrar los mismos principios jurídicos que darían forma a nuestro Código Civil. En verdad, ese período que va desde la Revolución Francesa o, con más exactitud, desde la promulgación en 1804 del Código napoleónico hasta las postrimerías del siglo XIX, es el período de derecho clásico. Los países procuran ir adaptando poco a poco las libertades que consagró el modelo francés y que, por una curiosa similitud histórica, venían a coincidir con las libertades económicas preconizadas por Inglaterra. Mas, antes de entrar al examen de las ideas jurídicas dominantes en nuestro Código Civil, y que, según lo dicho, corresponden a las de ese período, juzgamos oportuno detenernos a considerar la situación social de Chile en ese tiempo. La lucha emancipadora no alteró en nada la constitución de la propiedad territorial. No se produjeron aquí los trastornos terribles que en otras partes hicieron cambiar de dueños a la tierra. Tampoco las clases sociales sufrieron menoscabo en su organización; el número de propiedades vinculadas era escaso y el fomento de la instrucción iba a hacer sentir sus efectos paulatinamente. Los propietarios de haciendas y de fundos, como se les denomina acá, siguieron siendo los amos de sus grandes o pequeños feudos. En ellos tenían el asiento de su fortuna y el soporte de su influencia política. Todos los gobiernos debían contar con su apoyo y de esta manera aseguraron la continuidad de la obra política. Lo interesante y loable que entonces ocurrió es que esas clases conservadoras y agricultores aceptaron ser dirigidas y gobernadas por elementos no salidos siempre de su seno, sino por hombres venidos del ejército o del comercio o de la burocracia. La masa del pueblo no desempeña en realidad un papel activo. Y los elementos medios eran escasos, como escasos eran los recursos de que podían disponer para subsistir. Poco a poco el desarrollo extraordinario de la educación pública fué aumentando el número de personas ilustradas, se les dió cabida en los cargos administrativos y docentes, y llegaron a adquirir, ya a mediados del siglo XIX, una posición estable. Pero mayor aún fué el influjo que ejercieron en ese tiempo los chilenos y extranjeros que se consagraron a la vida de la industria y del comercio. La formación de grandes fortunas que hizo posible la creación de Bancos y de sociedades poderosas necesariamente hubo de repercutir en el estado político y social del país. Muy sagazmente se ha observado que estos poderosos y, en general, nuevos elementos, apoyaron siempre al Gobierno porque le vieron inspirado en sus mismas ideas y deseoso de facilitar el progreso de la nación. El esfuerzo realizado en esos años para extender los beneficios de la educación fué considerable. A la fundación de la Universidad de Chile en 1842 siguieron otras no menos importantes. Tales fueron la Escuela Normal de Preceptores, encargada de formar maestros y de prestigiar su labor; la Escuela de Artes y Oficios, destinada a la instrucción técnica; el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela de Bellas Artes. Paralelamente a todo ello se extendían las escuelas de primeras letras y los liceos, de tal manera que, cuando se elaboró el Código Civil, podía mirarse con optimismo el porvenir de la enseñanza en Chile. Llevado de ese optimismo y de su afán de progreso, Bello supuso en el Código que no existían analfabetos. No se menciona en parte alguna la publicación de la ley o de una ordenanza por medio de bandos, como ocurría entonces, sino que siempre se habla de periódicos, y en caso de faltar éstos, de la fijación de carteles. La Constitución Política vigente declaraba a la religión católica como la religión del Estado y, como necesaria consecuencia, sus principios eran reconocidos en las diversas leyes. Por lo demás, se trataba del reconocimiento de algo que estaba en los hechos y que era admitido por todos. Según es sabido, el régimen de gobierno creado por la Carta de 1833 era esencialmente autoritario y jerárquico. El Presidente de la República venía a ser una especie de monarca no coronado que duraba diez años en el poder. Cierto que el propio texto constitucional fijaba las garantías que establece el Derecho Natural y que la voluntad popular se manifestaba por medio de las elecciones de parlamentarios y de municipales. Mas no lo es menos que, en casos extraordinarios, podía el Poder Ejecutivo suspender algunas de esas garantías individuales y colocar al país en verdadero estado de sitio. La masa electoral era escasa, pues la legislación pertinente prescribía condiciones para votar que muy pocas personas podían reunir. A la siga de lo que existía en Inglaterra, y que se mantuvo en Francia hasta 1848, el elector debía ser propietario o al menos gozar de una renta fija, sin perjuicio de exigírsele el saber leer y escribir. El cuerpo electoral, de esta manera, no inspiraba mayores zozobras a los gobernantes, los cuales, por medio de la maquinaria administrativa y de su vasta clientela rural, ejercían un auténtico control sobre ella. De ahí que la composición de las Cámaras no constituyera jamás una sorpresa para el Gobierno. Este estado de cosas no iba a mantenerse indefinidamente, pero es indudable que existió de una manera vigorosa en la época que estamos analizando. El Código Civil debía, pues, recoger la doctrina católica en la constitución de la familia, asentar la autoridad, instar al progreso fomentando la instrucción, facilitar la división de la propiedad territorial y dejar libre juego a los intereses económicos. Con otras palabras, el nuevo cuerpo de leyes tenía que guardar consonancia con los principios que sustentaba la Constitución Política del Estado y aplicarlos de un modo atinado en el vasto campo del derecho privado. La tarea, por lo demás, no podía ser dificultosa, pues eran unos mismos los hombres que habían intervenido en una y otra ley, uno mismo el régimen político e ideológico que había imperado en 1833 y en 1853 -para citar dos fechas- y una misma la corriente jurídica que predominaba en el mundo civilizado. Los principios jurídicos que informaron la obra codificadora fueron cinco, a nuestro juicio: la omnipotencia de la ley, primero; luego, la igualdad de todas las personas ante la ley; después, la constitución cristiana de la familia y su protección; el respeto y la ayuda a la propiedad privada, y finalmente, la libertad de contratar como norma de creación jurídica obligatoria. 1. Omnipotencia de la ley.-En la mente de los constituyentes de 1833 estuvo, sin duda, la idea primordial de que la ley iba a sustituir al Rey. El acatamiento que todos habían debido al soberano en adelante se lo prestarían a la ley. Primeramente, se entiende, a la ley suprema, cual es la Constitución Política, y después, a las leyes que se dictaren de acuerdo con sus normas. El precepto del artículo primero del Código Civil así lo declara: 'La ley es una manifestación de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohibe o permite'. Esta norma general y obligatoria ya no emanará de la sola voluntad de un monarca. El Código Sardo, de la época, todavía mantenía el criterio absolutista: 'el poder legislativo, decía en su artículo 4°, reside únicamente en el Rey'. En Chile la ley iba a requerir el acuerdo de las dos Cámaras y del Poder Ejecutivo que tomaba parte en su formación y que en definitiva la imponía promulgándola. Pero tanto el Presidente de la República como los legisladores no quedarían exentos de ella. Una vez promulgada la ley y transcurrido el tiempo previsto para su aplicación todos quedarían sometidos a su imperio; gobernantes, parlamentarios, jueces, funcionarios y particulares. Los jueces han de acatarla y el Código no les permite desconocerla ni mucho menos crearla imponiendo una aplicación extensiva a las sentencias que dictaren. La sentencia hará las veces de ley para el caso en que incida, pero no más. Acá no se admiten los precedentes jurídicos como en el sistema anglosajón del Common Law. Tampoco les es permitido a los jueces asilarse en las costumbres, por inmemoriales o prestigiosas que fueren: el artículo segundo del Código dispone de una manera terminante que la costumbre no constituye derecho sino cuando la propia ley la reconoce remitiéndose a ella. El Código Civil no dispensó gran confianza a los jueces. En todo momento quiere que obren ajustándose a los preceptos legales, no a su propio criterio. Son contadísimos los casos en que les concede facultades discrecionales. Podríamos decir que su concepción de la judicatura es la opuesta a la que propugna el sistema llamado del Derecho Libre. De acuerdo con los preceptos constitucionales el Presidente de la República podía dictar reglamentos y decretos que hicieran posible y expedita la aplicación de las leyes. Como es natural, el Código Civil admite tal potestad reglamentaria y habla en varias de sus disposiciones de las Ordenanzas que expida el Presidente de la República. De acuerdo con la ley municipal de la época, del año 1842, las Municipalidades también podían dictar Ordenanzas y el Código hace referencia a ellas. Cualquier ley debidamente dictada pasa a ser obligatoria para todos una vez cumplido el plazo señalado para su debido conocimiento. No hay distinción entre chilenos y extranjeros en cuanto a su obligatoriedad en el territorio nacional; pero saliendo de él deja de aplicarse la legislación chilena a menos de que se trate de algunas determinadas leyes que, correspondiendo al antiguo estatuto personal, siguen al individuo en el extranjero. Parece innecesario agregar a todo lo antes expuesto que la vigencia de la ley en concepto del Código fué indefinida; sólo otra ley derogatoria podía ponerle término. Ni el desuso ni la costumbre contraria, por envejecida que fuere, bastarían para dejarla sin efecto. Sólo el mismo legislador que la dió tenía poder para concluirla. Esta omnipotencia de la ley -que tantos recelos y críticas ha inspirado en nuestros días a Ripert- tenía en esa época algunos resguardos notables. En primer lugar, la mayor parte de los derechos naturales inherentes a la personalidad humana, estaban reconocidos y protegidos por el texto constitucional, tal como ocurre ahora. Ha de reconocerse que en determinadas circunstancias ellos podían ser vulnerados. Con todo, la ideología de los gobernantes y de los legisladores significaba una garantía, pues todos profesaban la fe católica y, con ella, el respeto por la persona humana y por sus atributos que le reconoce el derecho natural. Lo exiguo del cuerpo electoral y los inmensos poderes que la Constitución otorga al Ejecutivo permitían, además, la continuidad de una labor política impidiendo la proliferación legislativa y el apresuramiento en el despacho de las leyes. 2. La igualdad ante la ley.-En el Código francés de 1804 encontraron favorable acogida todas las ideas igualitarias que propagó la revolución. En los preceptos de sus artículos 7 y 8 dieron cabida sustancialmente a esas ideas que habían sido difundidas por la Enciclopedia mucho antes. En general, para la ley civil, todos los hombres nacen iguales y gozan de unos mismos derechos, sin que la sangre o la profesión o el oficio establezcan diferencias. Todos quedan sometidos a las mismas normas y todos pueden ejercitar unos mismos derechos, desapareciendo los privilegios que habían hecho tan odiosos a los nobles y a los eclesiásticos. La creación de la nobleza imperial alteró ligeramente las ideas igualitarias pues se permitió ciertas transmisiones hereditarias que habían sido abolidas. Mayor brecha en el sistema de igualdad intentó crear la Restauración procurando imponer, en forma amplia, los mayorazgos que, en definitiva, vinieron a quedar suprimidos del todo en 1848. Después de esa fecha, vale decir, en el período más fecundo de la preparación de nuestro Código Civil, la legislación francesa ofrecía un ejemplo nítido de igualdad ante la ley. Le seguía la legislación española, si bien con algún retardo. Como subsistía en España la monarquía, y consecuencialmente la nobleza, debían mantener ciertos privilegios. Mas, si juzgamos por la enumeración que de ellos hace Eugenio de Tapia en su Febrero Novísimo, tales privilegios eran de poca monta y de un valor más bien honorífico. En cambio, en otros países monárquicos de Europa, sobre todo en Inglaterra y en Alemania, el poder de la nobleza se mantenía intacto y ello se traducía forzosamente en la legislación. Para imponer en el Código Civil la absoluta igualdad ante la ley, su autor hubo de invocar los ejemplos de Francia y de España, y sobre todo, el de los Estados Unidos de Norte América. Como una excepción curiosa podemos decir que el Código de la Luisiana, que ya no recibía aplicación, hablaba de libres y de esclavos, de ingenuos y de siervos. Por otra parte, el precepto sustancial del Código Civil, el artículo 56, al decir: 'Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición', se ajustaba a las normas fundamentales que había dado la Carta de 1833 y la escasa legislación nacional intermedia. La abolición de los títulos nobiliarios arrancaba del año 1817 y la exvinculación de las propiedades mayorazgadas era del año 1852. Esta igualdad ante la ley tendría efectos no sólo para la adquisición de bienes y de derechos sino también para la sucesión hereditaria. Quiso el legislador nacional, como el francés, que en la carrera de la vida todos partieran de línea igual. No se admitían diferencias debidas al nacimiento o a privilegios; todos los hijos debían recibir, en lo posible, igual tratamiento. Otra cosa el desarrollo que dieran más tarde a los bienes heredados o adquiridos. Podían, sin duda, incrementarlos, y entonces amasar una fortuna, y esta desigualdad era permitida y aun estimulada. Por una curiosa ilusión, el legislador quiso seguir creyendo que había establecido en forma absoluta la igualdad. Mas, en verdad, admitiendo el derecho de herencia otorgaba una ventaja innegable a los favorecidos con tal derecho. La igualdad, en definitiva, no alcanzaba al derecho de propiedad, en todas sus formas y consecuencias, vale decir, a la riqueza. Se había establecido primordialmente frente a los privilegios de castas y de oficios, no considerando el aspecto económico. 3. La constitución cristiana de la familia y su protección.-La definición que del matrimonio da el artículo 102 manifiesta a las claras que el Código Civil dió un fundamento cristiano a la familia: 'El matrimonio es un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente'. Esta definición parece haber sido tomada del Código austríaco, de inspiración asimismo católica, el cual en su artículo 44 disponía: 'Cuando dos personas de sexo diferente contraen matrimonio, declaran por este mismo hecho su intención de vivir en sociedad indisoluble, de procrear hijos y de prestarse asistencia mutua''. Por lo demás, este carácter indisoluble del matrimonio estaba en la vieja legislación española vigente a la época, y lo que mucho nos debiera sorprender, se hallaba también en el Código Francés. En efecto, la medida principal que en materia de reformas legales introdujo la Restauración fué la de suprimir el divorcio vincular y que figuraba en el Código napoleónico… Más de medio siglo después, por obra de la ley Nacquet, volvería a encontrar cabida el divorcio vincular en el texto del Código Civil. Los redactores de nuestro Código Civil debieron leer, sin duda, los elocuentes discursos que sobre la materia compusieron los juristas franceses que asesoraron a Bonaparte. Portalis, de suyo cristiano, pasa como por sobre ascuas en el debatido problema del divorcio. Garion-Nissas, en cambio, sustenta con brillo la tesis católica de la indisolubilidad, pero ella es contrariada, con argumentos sentimentales y de conveniencia social, por los consejeros Treillard y Savoie-Rollin. En el Mensaje del Código Civil se declara sin vacilaciones que corresponde a la autoridad eclesiástica, en materia de matrimonio, el derecho de decidir sobre su validez reconociéndose como impedimentos para contraerlo los que han sido tenidos por tales por la Iglesia Católica. Igual doctrina se reproduce en el artículo 103. El matrimonio que la autoridad eclesiástica declaró válido pasaba a serlo también ante la ley civil y ésta, por un curioso escrúpulo legalista, se reservó el derecho de no admitir la dispensa del impedimento entre afines en línea recta (artículo 104). Con otras palabras, la ley civil pasaba a ser más ortodoja, más severa, que la propia ley eclesiástica. El matrimonio se celebraba en conformidad al rito católico y ante un párroco encargado de velar por el cumplimiento de las solemnidades (artículo 117). Cuando se trataba de matrimonio entre personas no católicas, el artículo 118 permitía realizarlo siempre ante el párroco, pero sin el ritual católico y con sólo dos testigos. La ley de matrimonio de disidentes había mantenido, desde 1844, un principio análogo. Siendo el matrimonio la piedra angular de la familia, no se permitía el divorcio vincular, ni aun cuando se hubiera obtenido en el extranjero. El matrimonio venía a ser la fuente única de la filiación legítima, rodeada ésta de las mayores medidas de protección. Siendo tan graves los efectos del matrimonio se juzga razonable que el legislador tomara algunas precauciones para que los celebrantes procedieran con tino. De ahí que sólo podían realizarlo libremente los mayores de veinticinco años, sin hacer distingos, como otras legislaciones, entre la edad del varón y la edad de la mujer. Los que no tenían veinticinco años debían obtener la autorización paterna o materna, o, en su caso, del guardador. La familia fué favorecida con diversas medidas. En primer término, el régimen de sociedad conyugal descansa en la unión más estrecha entre marido y mujer. La formación de un patrimonio común, el cual sólo viene a partirse por mitades, en forma de gananciales, al morir uno de los cónyuges (que es caso común de disolución) robustece extraordinariamente el nexo familiar. El marido es el jefe indiscutido y la mujer coopera con él amasando la fortuna de los hijos. Mientras vive uno de los cónyuges él continuará siendo el tronco que dará apoyo y sostén a las ramas. En los sistemas de separación, en cualquiera de sus formas, la unidad matrimonial sufre algún quebranto por ligero que parezca. El Código iba a admitir la separación de bienes corno un mal menor, en los casos en que apareciere de manifiesto la incapacidad del marido. El mecanismo de las guardas, tan minuciosamente reglamentado, reposa también en la familia. En el Código primitivo tuvo aun mayor importancia que hoy, pues no le atribuyó el beneficio de la patria potestad a la madre viuda, la cual pasaba generalmente a ser guardadora de los hijos menores. Pero, si por razones que no se justifican del todo, quedó la madre legítima privada de la patria potestad, tuvo intervención análoga a la del padre en los asuntos de educación, corrección y manejo personal de los hijos. Innecesario es agregar que esos derechos han sido ligeramente disminuídos o atenuados en las reformas recientes. El concepto de autoridad que prevalecía en todas las disposiciones del primitivo Código ha sufrido, evidentemente, un eclipse en las costumbres y, por ende, en la legislación de nuestros días. En materia sucesoral se impuso el régimen de las asignaciones forzosas. Era la continuación, aunque con algunas variantes, de lo que se había aplicado durante tres siglos, pues la legislación castellana no admitió nunca la libertad de testar. En cambio, la legislación foral que regía en el Norte de España, así como la legislación inglesa, permitían al jefe de familia testar con libertad sin sujetarse a determinadas imposiciones legales. En realidad, todo el sistema de las asignaciones forzosas tiende a proteger a la familia; las asignaciones alimenticias debidas por ley, siendo las menores, son tal vez las únicas que pueden recaer en personas extrañas o en personas que, aunque ligadas por vínculos de sangre, no sean parientes legítimos. En cuanto a la porción conyugal, a las legítimas y a la cuarta de mejoras, cabe decir que todas ellas favorecen exclusivamente a miembros de la familia. El mismo principio dominó la sucesión intestada. Protegido el cónyuge sobreviviente, los primeros y excluyentes herederos eran los hijos legítimos por sí o por su descendencia legítima. Después de ellos hallaban cabida los ascendientes legítimos, los hijos naturales, los hermanos legítimos y aun los colaterales legítimos hasta el sexto grado inclusive. En la mente de Bello y de sus colaboradores, los hijos naturales o los hijos ilegítimos de cualquier clase, sólo podían recibir pensiones alimenticias, que se prolongaban después de la muerte del padre o de la madre, y participar de la cuarta de libre disposición si tal era la voluntad del testador. En punto a legítimas y mejoras nada podían recibir. 4. El derecho de propiedad.-Con el advenimiento de la legislación revolucionaria cayeron por tierra todas las trabas y limitaciones de origen feudal que hacían tan precario y difícil el ejercicio del derecho de propiedad, en especial de la propiedad territorial. La propiedad que reconoció el Código de Napoleón fué libre de tales limitaciones. Su artículo 544, bien semejante a nuestro artículo 582, establecía: 'La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal de que no se haga de ellas un uso contrario a las leyes y reglamentos'. Demás está agregar que esta definición, de claro sabor romano, convertía al propietario en amo de su cosa: podía usarla o no usarla, separar su uso del dominio o no; enajenarla en todo o en parte o conservarla intacta. Las vinculaciones y mayorazgos del antiguo Derecho habían desaparecido también. Esta propiedad libre era mirada como el instrumento necesario del progreso social. Coincidían en esta apreciación los juristas con los políticos y con los economistas. Son harto significativas las palabras con las cuales Portalis defiende el derecho de propiedad: 'La propiedad, decía, ha vivificado, extendido, agrandado nuestra propia existencia; por medio de la propiedad la industria del hombre, este espíritu de progreso y de vida que todo lo anima, ha hecho desarrollar en los más diversos climas todos los gérmenes de riqueza y de poder'. Y más adelante, justificando una cierta tuición del Estado sobre las propiedades agrega: 'Al ciudadano pertenece la propiedad, al soberano, el imperio'. Naturalmente este imperio no podía llegar jamás a impedir el ejercicio del derecho de propiedad ni a privar al propietario del goce de su casa. Sólo una expropiación por causa de bien público y habiéndose pagado antes una justa indemnización podía hacer cesar el derecho de dominio. Esta doctrina, enteramente ajustada a la concepción clásica de la propiedad, fué seguida por nuestra Carta de 1833 y por el Código Civil. El legislador chileno, con la experiencia de medio siglo de aplicación que tenía el código modelo, agregó a las limitaciones de la ley las derivadas del derecho ajeno. Pero ni unas ni otras podían ser excesivas. Los fideicomisos y los usufructos eran admitidos por vida o por menor tiempo, en ningún caso se toleraron los fideicomisos y los usufructos sucesivos. Ello hubiera equivalido a resucitar la propiedad sujeta a vinculación y con ella la institución antigua de los mayorazgos, base indestructible del régimen nobiliario. El Código Civil, al sentar estos preceptos, no se limitaba a copiar el texto francés. Ya la propia legislación nacional había adelantado mucho en este sentido. El precepto del discutido artículo 162 de la Constitución Política permitía liberar a las propiedades mayorazgadas, y las posteriores leyes exvinculatorias hicieron fácil esa medida. Contrariamente a lo que se ha escrito, la institución de los mayorazgos no estuvo muy extendida entre nosotros. Existían, es cierto, algunos de ellos, unos pocos poderosos. Pues bien, con gran naturalidad fueron cesando convirtiéndose en censos los vínculos y volviendo las propiedades a la libre circulación. Más tarde la mayoría de tales censos fueron redimidos. Como una necesaria consecuencia del derecho de propiedad, tan protegido por la ley, se reconoció el derecho de disponer por causa de muerte de los bienes pertenecientes a una persona. El estado de indivisión fue mirado con malos ojos por el legislador. Hubo de tolerárselo, pero por contado plazo. Sólo por cinco años podría pactarse indivisión, sin perjuicio de renovarse el pacto. El mecanismo de distribución de los bienes comunes, consagrado en el artículo 1337 del Código Civil, tiende a la paulatina división de las propiedades. Tratándose de corporaciones y fundaciones de Derecho Privado, el Código Civil creyó necesario entrabar la posible acumulación de bienes. Recordando las criticas que habían sufrido en España las propiedades llamadas de manos muertas, puso restricciones al derecho de dominio territorial de las corporaciones y fundaciones. Los primitivos artículos 556 y 557 establecían la necesidad de permisos de la Legislatura y otros impedimentos. Las sociedades con fines de lucro, a la inversa, no tenían restricción alguna. La libertad económica, entonces en pleno apogeo, les permitía crecer y extenderse y multiplicarse sin intervención alguna de la autoridad, poseer los bienes y propiedades que pudieren y efectuar los repartos que determinaren los socios. Juzgaba el legislador que el desarrollo de las sociedades lucrativas corría a parejas con el adelanto y con el bienestar colectivos. 5. Libertad de contratar.-Otro grave principio jurídico que está reconocido y amparado en nuestro Código Civil es el de la autonomía de la voluntad, vale decir, de la libertad de contratar. El artículo 1545 es significativo: 'Todo contrato legalmente celebrado, es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales'. El Código eleva a la categoría de ley el convenio libre y lícitamente concertado. En su artículo 1445 se limita a exponer los requisitos que han de reunir los convenios que pasarán a ser obligatorios. Exige, como es de razón, la capacidad legal de los contratantes, el consentimiento no viciado, la existencia de un objeto lícito y de una causa lícita. Cumpliéndose con esas condiciones los particulares son libres y soberanos para concertar los contratos que deseen. No se ponen trabas a su número ni a su extensión. Los más conocidos de los contratos están estudiados y reglamentados en diversos títulos del Código, pero frente a ellos existen todos los innominados y las combinaciones y variantes de los nominados. El legislador tiene fe en la iniciativa de los particulares y piensa razonablemente que ellos podrán idear nuevas convenciones que merecen respeto. Tampoco procura introducirse en los contratos conocidos. Con tal que se cumplan las prescripciones mínimas que se establecen, los contratantes son libres para obligarse en la forma que deseen. Excepcionalmente el legislador pone un tope a las ganancias, en algunos casos, como ocurre en la lesión enorme tratándose de la compraventa de inmuebles o en los intereses excesivos de obligaciones de dinero, y que manda reducir. Pero aun en esos casos deja a las partes el hacer valer su derecho, no fulmina penas directas por la prohibición legal. La verdad es que la libertad de contratación fué entonces amplia. No existían leyes independientes del articulado del Código que la restringiera. Hoy, aun cuando la disposición pertinente del Código Civil permanezca en pie, existen muchísimas otras leyes que reducen en gran manera la aplicación del texto que parece establecer la regla común. Y observamos algo más. Los topes que el mismo legislador puso a la contratación indebida o abusiva, tales cuales son el objeto ilícito y la causa ilícita, no fueron aprovechados de una manera constante por los tribunales de la época. Los jueces manifestaron timidez en su aplicación. El ejemplo de la jurisprudencia francesa que ha abierto ancho cauce a la noción equitativa y moralizadora de la causa ilícita ha permitido a los jueces de nuestros días usar de ella con mayor liberalidad. Ha de reconocerse que este fundamental principio de la autonomía de la voluntad podía recibir entonces la generosa acogida que encontró en el Código Civil. Las ideas dominantes en materia económica y política así lo permitían. Hubiera sido mirado como un anacronismo, como una vuelta al pasado, el desconocerlo o disminuirlo. Las naciones que marchaban a la cabeza del mundo civilizado lo profesaban abiertamente y era preciso seguirlas. No faltamos al respeto que nos merece la obra principal de Bello si agregamos que su mente no perdió nunca de vista a la Europa que había conocido y que merecía su admiración. Pudiera, por eso, hablarse de un cierto criterio europeizante, del cual hay algunas muestras en el Código. Nos parece sintomático el silencio que se guarda frente a los indígenas. Quien lee todo el texto no encontrará ni una disposición ni una palabra ni un ejemplo alusivo a los indios. El legislador prescinde, también, de los analfabetos. Indudablemente tiene la vista fija en el porvenir y comprende que la difusión de la enseñanza concluirá con la ignorancia. Divisa también para el futuro adelantos que en la época no existían: tal ocurre con la navegación o flote a la sirga y con los barcos de más de cien toneladas que surcan los grandes lagos. La fe en las instituciones europeas, la firme creencia en la bondad de la instrucción y en el progreso constante de la humanidad eran en ese tiempo dogmas que ninguna persona ilustrada podía ignorar. Y, ciertamente, Bello no los ignoró ni los ignora nuestro Código civil.