Trabajos Científicos

  • La lengua del Código Civil

Resumen

Abstract

Primera parte

La lengua es la más alta expresión del lenguaje humano, de ese conjunto complejísimo y maravilloso de fenómenos fonéticos, mímicos, gráficos, estéticos o de creaciones físicas, que permiten al hombre trasladar su mente -ideas, pasiones, sentimientos, voluntad, juicios y fallos- a la mente de los otros. El lenguaje es el lazo social por excelencia: sin él no se concibe ni la filosofía ni la ciencia, ni la religión ni la política, ni el arte ni el trabajo. Todo perfeccionamiento o purificación del lenguaje, perfecciona o purifica la vida social. La lengua, es decir el sistema fonético y gráfico que enlaza espontáneamente a los hombres de cada grupo social continuo y solidario, es como un resumen de su mente: de sus juicios y conceptos, de sus nociones y principios, de sus pasiones y sentimientos, de su filosofía, de su religión y de su conciencia, y de la ordenación jerárquica de su voluntad. Dominar una lengua, hablarla y escribirla, con claridad y precisión, con elegancia y profundidad, es un privilegio magistral. Don Andrés Bello tenía de cielo ese don y lo que él sabía y expresaba de nuestra lengua castellana era un reflejo de su sabiduría y de su bondad. Sabiduría y bondad que son el elemento esencial de la justicia, de toda la justicia, no sólo de la que se hace por los jueces civiles, sino de la otra más amplia, más humana y más profunda, que se hace por el anhelo espontáneo del bien social.

 

La sabiduría permite la claridad mental; la visión nítida de los problemas y, por consiguiente, de su planteamiento y de su solución. El legislador los simplifica reduciéndolos a lo jurídico, porque su misión es solamente dar la norma de la justicia distributiva. Por ello, la primera claridad que se exige de los textos legales es la claridad en los conceptos de justicia, de derecho y de ley. La justicia abarca, por lo menos, cuatro conceptos diversos, cuyo lazo de unión es el bien social: hacemos justicia apaciguando las pasiones egoístas y satisfaciendo las necesidades morales y materiales de los seres que conviven con nosotros. Para ello alabamos, censuramos, premiamos, condenamos, damos y quitamos. La función de dar y de quitar es la justicia civil distributiva, la que cristalizó en la máxima de Ulpiano: suum cuique tribuere. Esta justicia civil es la que se ha llamado jurídica, y su referencia al suum, a lo suyo o propio, al título, constituye el primer progreso teórico de la evolución del derecho. Esta noción del título, del título justo, de la ratio legis, está viva en la mente de don Andrés Bello cuando redacta, corrige y pule su Código Civil. No creyó él necesario definir la justicia, pero es evidente que la máxima de Ulpiano está siempre presente en su espíritu, y que toda la ordenación de su Código trata de realizar esta idea fundamental: a cada cual lo suyo, lo que en razón de equidad le corresponde, de acuerdo con su título. No aparece en el Código Civil la idea más moderna de la justicia social revolucionaria, que subvierte la máxima de Ulpiano, y llega a quitar a cada cual lo que tiene por suyo por un título legítimo, para darlo a los que carecen de lo necesario. Por eso el Código puede a veces parecer duro, o, por lo menos, frío. Esta frialdad, o como la llaman otros, rigor, no proviene de confusión mental, sino de ideas inmaturas sobre la igualdad entre los hombres. Don Andrés Bello legisla para una sociedad republicana de igualdad utópica en que los derechos se equiparan. No ve la jerarquía social, no advierte lo antijurídico, lo inicuo de las ventajas de hecho que los poderosos tienen frente a los humildes, y no legisla para éstos. El Código no es un Código de proletarios, sino un Código de burgueses que funciona admirablemente en los problemas jurídicos de éstos, pero que no rige la vida jurídica del pueblo, ni menos hace justicia en los conflictos de los pobres con los ricos. Hecha esta salvedad, reducido así el Código Civil al ordenamiento jurídico de la sociedad alta -aristocracia y clase media-, resplandece él desde luego por su admirable claridad. La imprecisión, el equívoco, la impropiedad de los términos, el valor figurado de las voces, no empañan el estilo de don Andrés Bello. Elige y define las palabras con gran acierto. Empieza por decir que 'las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras', principio fecundo de interpretación racional. Implica reconocer que las palabras tienen un sentido natural, esto es, espontáneo, que surge del uso general. Afirma con ello un hecho semántico de evidencia inmediata. Ello significa que está vedado al juez salirse de ese sentido natural o espontáneo de las voces, para atribuir arbitrariamente a la ley un sentido especial o técnico, que la haga oscura para los no iniciados. No hay que buscar el sentido de las palabras ni en los especialistas ni en los diccionarios, ni en las particularidades gramaticales, sino en el uso general. El mismo da un ejemplo: hombre, persona, niño, adulto, se aplican en su sentido general a individuos de la especie humana sin distinción de sexo. Pero el tecnicismo existe también y hay el tecnicismo legal: la ley define algunas palabras y, en tal caso, ese significado legal, por excepción, es el único que debe darse en la materia respectiva al término definido: culpa, dolo, dominio, ley, impúber, compraventa, hijo natural, tienen en la ley un valor diferente del significado natural y obvio. Natural significa espontáneo, sin artificios, que aparezca solo. Obvio implica que aparece en primer lugar, que viene al encuentro del interlocutor. Puede un significado ser natural, pero no obvio. La expresión segundas nupcias tiene un sentido natural pero no obvio, ya que por segundas nupcias debe entenderse las nupcias de cualquier número de orden posterior a las primeras, pues las terceras o cuartas nupcias tienen la misma legislación que las segundas. Es evidente que don Andrés Bello, al agregar a sentido natural el adjetivo obvio quiso reforzar por el énfasis la espontaneidad del significado que debe atribuirse a las palabras de la ley y por eso este adjetivo obvio no tiene valor semántico decisivo en el concepto del artículo 20 del Código Civil, que lo emplea. Por el contrario, la expresión que ese mismo artículo emplea 'según el uso general de las mismas palabras' determina claramente que lo natural del lenguaje depende del uso general, esto es, constante o repetido o frecuente, y no corresponde al valor arbitrario o literario que alguna vez puede tener una palabra. Este uso general debe probarse por los textos, ya que el lenguaje oral es susceptible de fraguarse a cada momento y de hecho se fragua. Esta observación vale para todo lenguaje, no sólo el de la ley, sino el de los actos, declaraciones y contratos. Un ejemplo notable es el de las palabras mitad o medio, que tienen un sentido matemático muy claro, 'natural y obvio', pero que está muy lejos de ser el del uso general. En el uso general mitad y medio significan ordinariamente una parte considerable pero ordinariamente desigual al resto, o una parte o aspecto notable de una cualidad o circunstancia: medio loco, medio enamorado, medio cuerpo, medio pupilo, medio convencido, medio poeta, medio burlón, etc . . . . La sintaxis de don Andrés Bello es siempre perfecta. Por lo demás, es evidente que el alcance de la ley rara vez se verá oscurecido por un mero enredo de sintaxis. Aunque hombres indoctos o precipitados organizan a menudo sus frases en forma deficiente, ello sólo da motivo a chicana de mala fe, pero no a una verdadera duda de interpretación, ya que el contexto de la frase siempre aclara su sentido. Cuando Cervantes dice: 'esta es cadena de galeotes, gente forzada del Rey, que va a galeras', sólo una mente aviesa o ignorante puede suponer que es el Rey quien va a galeras, y no los galeotes, y aunque es criticable por la mera lógica la ubicación de la cláusula 'que va a galeras', ello no autoriza para no entender el recto sentido de la proposición. Mucho más seguro y cuidadoso que Cervantes, don Andrés Bello no incurre jamás en un desliz semejante. Pero si la sintaxis resulta siempre llana, clara y hasta musical, no pasa lo mismo con las palabras cuyo valor semántico está de suyo grávido de significados y matices, que permiten siempre atribuirles una cierta incertidumbre o ambigüedad. Las palabras llenas -sustantivos, adjetivos y verbos, principalmente- al vivir y perdurar en el habla, ganan y pierden significados, matices y connotaciones, y a menudo, espontáneamente, se intercambian las unas por las otras. Para los buscadores de sutilezas y distingos, que ordinariamente ostentan una mente poco filosófica y poco jurídica, estas expresiones sirven a maravilla para enredos de interpretación. Tomemos, por ejemplo, la noción del valor o eficacia de los actos jurídicos. La regla es que ellos valgan, que cumplan su misión distributiva de señalar los derechos y las obligaciones, que se transformen oportunamente en prestaciones jurídicas. La ley, en resguardo del derecho y de la justicia, quita a veces valor o eficacia a los actos o declaraciones. Esta falta de valor o de eficacia legal, se llama técnicamente, nulidad: ciertos actos o instrumentos son nulos, es decir, sin valor, sin eficacia. El Código no siempre emplea este término técnico para negar valor o eficacia a los actos. A veces dice no vale, no se puede oponer, no tiene eficacia, no produce efecto, no valdrá, no puede alegarse, no será oído, se tendrá por no escrito, y aun habla de títulos aparentes o putativos, o falsificados, o viciados, o rescindibles, o imperfectos. Todas esas expresiones corresponden a una misma idea de ineficacia o insuficiencia, más o menos cierta, más o menos permanente, del instrumento o declaración de que se trata. En todos los casos la ley quiere que no prevalezca el título o declaración putativa sobre la realidad jurídica. Esta es, sin duda, la mente de don Andrés Bello y evidentemente la falsean los juristas que se asilan en la variedad de expresiones para hacer sutilezas de interpretación que permitan destruir el mandato de la ley. Por ejemplo, cuando el Código, en el artículo 1448, dice que 'lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos, que si hubiera contratado él mismo', dice implícitamente vale, y a contrario sensu, no vale o es nulo, si no está facultada para representarla. Naturalmente esta nulidad puede no ser completa. Un acto puede ser en parte válido y en parte nulo, puede aun ser nula una cláusula y válidas las demás; puede aun valer contra determinada persona y no valer contra otra. Así el representante de una corporación que se excede en los límites del ministerio que se le ha confiado no la obliga, ejecuta un acto nulo respecto de ella; pero la ley lo castiga declarándolo válidamente obligado él mismo (artículo 552). Así un testamento válido puede tener disposiciones nulas como las que menciona el artículo 1061. La sutileza de que el acto no produce efectos, pero vale o es válido, no está en la mente de don Andrés Bello. Esta interpretación falsea el texto, introduce en la hermenéutica un elemento de disolución mental, una arbitrariedad sofística, desgraciadamente en boga entre los llamados juristas. La regla del artículo 20 es fundamental: las palabras tienen un significado natural y obvio: producir efecto y valer es lo mismo. No producirlo y no valer, o ser nulo, también. Sería interesante hacer un diccionario de los términos, sustantivos, adjetivos y verbales del Código Civil, con el análisis de los artículos en que aparecen, para desentrañar todo su contenido semántico. Es obra de largo aliento, y por ello habremos de limitarnos a algunos ejemplos típicos. Ley.-El Código la define en su artículo 1°. 'La Ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohibe o permite'. Es un término técnico. Es una declaración, esto es, una proposición de sentido completo. Pero no es una declaración científica o filosófica, sino una declaración de voluntad, una orden, un mandato. Ni tampoco de una voluntad ocasional o personal, sino de la voluntad soberana, es decir, de una voluntad sin réplica, decisiva, inapelable. Es la decisión general de la autoridad pública. Pero no cualquiera decisión de la voluntad pública, sino una voluntad manifestada en la forma prescrita por la Constitución, es decir, sometida a trámites sacramentales para su pronunciamiento, y limitada a tres funciones únicas: mandar, prohibir y permitir. Mandar es lo mismo que 'voluntad soberana', es otra forma de decir que es una declaración decisiva que ordena, que intima, que se hace cumplir. Pero la ley, a veces, prohibe, esto es, trata de impedir los actos del hombre. ¿Cómo los prohibe o los impide? De una sola manera: sancionándolos, en lo civil, con la nulidad o con un castigo menor; en lo criminal, con una pena,multa, prisión o muerte, y en otras, partes, con afrenta, azotes, suplicios. En el fondo, con diversos matices, la ley desconoce el valor, la eficacia de lo que ella prohibe, y aun hace sufrir una pena a quien desafía o burla su prohibición. Finalmente, la ley permite. ¿Qué permite? En materia civil, todo lo que no prohibe expresamente, y en materia formal, elegir una u otra forma de realizar los actos, a veces para evitar la duda sobre ellos. Permite otorgar testamento abierto o cerrada. El testamento solemne puede ser revocado expresamente en todo o parte, por un testamento solemne o privilegiado; la ley permite, faculta o autoriza para revocar un testamento. No permite el Código revocar la confesión en juicio. Esas características de la ley la hacen distinguir de toda otra declaración de voluntad; el Código, sin embargo, emplea esta palabra metafóricamente para expresar un concepto muy distinto: 'Todo contrato legalmente celebrado, dice el artículo 1545, es una ley para los contratantes'. Es evidente que aquí la palabra ley tiene un significado diverso, es una expresión enfática y quiere decir 'vale entre las partes como una ley, como una decisión soberana, inapelable'. Debe cumplirse y los tribunales deben darle tanta eficacia como a la ley misma. Los juristas sutiles pretenden que si una sentencia de alzada viola la letra del contrato, infringe la ley, porque para los contratantes el contrato es una ley. No, responden otros juristas: violar el contrato no es violar la ley; violan el artículo 1545 que da al contrato el valor de una ley. Esta sutileza demuestra que realmente la palabra ley está empleada en el artículo 1545 en un sentido especial, metafórico, enfático, para agregar eficacia a las estipulaciones de los contratos legalmente celebrados, eficacia o valor que no tienen los contratos viciados de nulidad o celebrados fuera de las condiciones exigidas por la ley. Costumbre.-No la define la ley, pero evidentemente la palabra, en el artículo 2° del Código, tiene un significado restringido, de costumbre legal, esto es, de práctica jurídica. El Código la menciona expresamente en el artículo 1546; los contratos obligan 'a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella'. Promulgación.- Esta palabra ha suscitado mucha controversia de interpretación. Evidentemente el artículo 6° distingue la promulgación de la publicación oficial de la ley. La promulgación parece ser el decreto que manda cumplirla, pero evidentemente tal decreto (y también el que manda cumplir el propio Código Civil) dice: 'por tanto promúlguese y llévese a efecto en todas sus partes como ley de la República'. Si el decreto es la promulgación, ¿cómo él ordena promulgar la ley- El sentido tradicional 'natural y obvio' de la voz promulgar (latín promulgare), es publicar solemnemente una ley, o un decreto de autoridad para que sea conocido y obedecido. Entonces, ¿para qué el Código Civil dice que 'la ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos que siguen'? Esta redacción de 1949 no es la de Bello. Este dice simplemente 'La ley no obliga sino en virtud de su promulgación por el Presidente de la República, y después de transcurrir el tiempo necesario para que se tenga noticia de ella'. Bello emplea la palabra promulgación, en su sentido recto, natural y obvio. Los que le enmendaron la plana en 1949, no sabían exactamente lo que decían. El inciso 2° del articulo 6° antiguo, usaba nuevamente la palabra en su sentido tradicional: 'la promulgación deberá hacerse en el periódico Oficial'. Así se explica también el decreto final 'promúlguese y llévese a efecto, etc . . . .', esto es, publíquese en el periódico oficial y cúmplase. Debieran modificarse las leyes por otras completas y explicitas, y no parcharse las viejas. Las enmendaturas corren el riesgo de no adaptarse al pensamiento ni al estilo del texto enmendado. La nueva manera heterodoxa de entender el significado de la voz promulgación, afea injustamente el Código de don Andrés Bello. Nulidad.-Mucha tinta ha hecho correr este concepto. Lo fundamental está en el artículo 10: 'Los actos que prohibe la ley son nulos y de ningún valor; salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el le nulidad para el caso de contravención'. Lo primero es que nulo es equivalente a 'de ningún valor'. La repetición es aclaratoria y enfática. No son dos cosas, nula una y de ningún valor otra distinta. Es un solo efecto: la negación de la eficacia jurídica del acto, como si no hubiera existido para la vida jurídica; porque nullus en latín es ninguno, formado de nec-ullus, no alguno. Es un concepto negativo. Pero la ley tiene un sentido relativo. Puede suceder que una prohibición no pueda o no deba ser sancionada con la supresión de todo valor, de todo mérito, y que por ello sea sancionada con otro efecto el caso de contravención. La ley prohibe ciertos matrimonios. Si ellos se realizan, no siempre el matrimonio es nulo y mucho menos sin efecto alguno. El matrimonio putativo produce hijos legítimos. El artículo 10 no dice, es verdad, sin efecto, sino sin valor, pero el valor y el efecto o eficacia jurídica, es lo mismo. La relatividad de interpretación afecta a toda expresión. Los actos nulos se deshacen o borran, o pierden su eficacia, pero no como si no hubieran existido, porque ello no está en la mano del hombre, ya que el pasado, todo pasado, es irrevocable, sino en la medida en que la autoridad pública puede restablecer las cosas al estado anterior, en la medida de lo posible, y por ello 'da a las partes derecho para ser restituídas al mismo estado en que se hallarían si no hubiera existido el acto o contrato nulo', según previene el Código en su artículo 1687. Para ser restituídas, para volver atrás, para ser restablecidas, que eso significa restituir (re-statuere). Esta es otra prueba lógica de que nulo, sin valor, sin efecto, o sin eficacia jurídica o permanente, es lo mismo: lo nulo no se deshace, no se borra del pasado, sino que no tiene eficacia permanente, no tiene apoyo judicial, se deja sin eficacia y permite a las partes ser restablecidas o restituídas en su derecho. En derecho privado es equivalente al acto putativo ajeno, aparentemente válido, que no afecta al titular verdadero del derecho, vulnerado por ese acto putativo ajeno, por la res inter alias acta de los romanos. En el fondo es también efecto de una ley prohibitiva, porque si sólo el dueño puede disponer de lo suyo, está implícitamente prohibido al tercero hacer una tal disposición. Si la hace, ella no vale, es nula, no afecta al derecho del titular. Aun cuando don Andrés Bello, siguiendo la nomenclatura y las categorías filosóficas en boga en 1855, habla de nulidades absolutas y relativas, es evidente que él no da a la palabra absoluto el sentido trascendental que le atribuyeron los filósofos medievales. No parece Bello haber conocido la filosofía positiva de Augusto Comte, pero seguramente habría adherido a su máxima fundamental: todo es relativo; he aquí el único principio absoluto. Si la nulidad que la ley llama absoluta lo fuera en verdad, no necesitaría ser declarada por la justicia, ni estaría limitada su alegación a los que tengan interés en ella, ni prohibiría esta alegación a los culpables o beneficiarios a la misma. Obraría de jure, por el sólo ministerio de la ley, como un hecho de la naturaleza. Bello era demasiado inteligente para pensar tal cosa, y un filósofo positivista sin saberlo. Por eso, su noción de nulidad, tan clara y tan precisa, expresada en el artículo 10 de su Código, es enfáticamente 'de ningún valor' jurídico o permanente, de ninguna autoridad o eficacia como título de derecho, pero no sin realidad práctica. Al contrario, su eficacia putativa sólo desaparece por una sentencia judicial, que no todos pueden impetrar, que puede aun prescribir, y cuya declaración oportuna sólo permite a las partes lesionadas ser restituídas al estado jurídico anterior. Otorgar.-Esta palabra también produce controversia filológica. Su etimología es el latín vulgar auctoricare, de ascendencia griega. Tiene en la Edad Media dos formas: otorgar (francés octroyer) y autorizar, que toma el sufijo griego izar, hoy día muy desarrollado. La idea primitiva del término es la de poner un sello a un documento en señal de autenticidad o de sanción suprema de la autoridad. Se relaciona así otorgar, autorizar, con la autenticidad o pureza del origen atribuído al instrumento de que se trata. La etimología más antigua de todos estos términos está en auctor, auctoris, autor, relacionado con el griego autos, por sí mismo, y con el latín augere, acrecentar. Dos ideas distintas hay en otorgar: la de conceder, que es acto de voluntad íntima; y la de señalar públicamente el consentimiento o concesión. Esta última es más general. El que otorga su mano, su permiso, su autorización, concede; el que otorga una escritura, un testamento, lo autoriza con su firma o sello, con una manifestación solemne de voluntad. El instrumento que la confiere verdaderamente, es auténtico, el que es meramente atribuído, apócrifo o falso. El funcionario llamado a solemnizar el acto, le da su autenticidad o certifica la del otorgante. Por eso se dice otorgar ante notario, por ejemplo, y el notario mismo, a su vez, otorga (o autoriza) copias. Esto es, las da autorizadas. La evolución semántica va diferenciando el sentido de las palabras y por ello el artículo 17 del Código puede decir: 'La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento'. Claramente aquí, otorgados significa consentidos o firmados por las partes, y la autenticidad se refiere a la verdadera concurrencia del notario o funcionario ante el cual hubieren sido otorgados o que hubieren otorgado las copias. El Código, en su artículo 1699, unifica las expresiones instrumento público e instrumento auténtico: instrumento autorizado por funcionario competente. Supone, naturalmente, que el funcionario que autoriza es verdadero y que verdaderamente ha dado fe él mismo por un signo exterior a tal instrumento. Es esta verdad, esta realidad física, esta conformidad entre el texto y el signo, lo que caracteriza la autenticidad legal. La autenticidad, dice el artículo 17, se refiere 'al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en los tales instrumentos se exprese' (1). El parentesco lingüístico entre autorizado u otorgado, por una parte, y auténtico, por otra, es más lejano. Hay que buscarlo en el sánscrito ôjas, la fuerza. Esto es, lo que aumenta (latín, augere) la obra del hombre. De esa obra es tal fuerza el causante o autor (latín, auctor), que es el radical de auctoricare, autorizar, otorgar. Auténtico proviene del griego autos, por sí mismo, que evidentemente está emparentado con auctor y con el sánscrito ôjas. Los documentos faltan para comprobarlo. El artículo 17 demuestra cómo don Andrés Bello manejaba los matices de la lengua. Allí emplea estos tres términos ya definidos y da precisamente a cada uno su valor: las partes otorgan los instrumentos, los funcionarios los autorizan, y si el otorgamiento y la autorización son verdaderos, los instrumentos son auténticos, esto es, genuinos o verdaderos, y por ende, eficaces. Instrumento, documento.-En ese mismo artículo don Andrés Bello habla de instrumentos. Esta misma palabra es empleada exclusivamente en el Título XXI del libro IV (artículos 1698 a 1714). Está cuidadosamente evitada en todo este título la voz documento, al extremo de repetirse inelegantemente el uso de la palabra instrumento o de recurrirse a perífrasis como 'consignado por escrito', por ejemplo. Se habla aun, en el artículo 1704, de papeles domésticos, pero no se dice documentos. ¿ Por qué ? La palabra documento es castiza, de prosapia latina. Aparece en todas las lenguas romances y aun en las sajonas que han espigado elementos latinos para su vocabulario comercial o literario. Bello mismo usa en el Código la voz documento, pero manifiestamente con un matiz diferente. Hablando de las obligaciones del mandatario, dice (artículo 2155, inciso 2): 'las partidas importantes de su cuenta serán documentadas. . ', esto es, comprobadas por documentos. En el artículo 574 dice que 'en los muebles de una casa, no se comprenderá el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas o artísticas. . ., etc.', enumeración cuyo contexto nos da luces para precisar el alcance que la voz documento tiene en ella. El artículo 1115, habla de que 'el tutor o curador es obligado a llevar cuenta fiel, exacta y, en cuanto fuera dable, documentada. . .', es decir, aparejada de facturas, recibos, cartas o cancelaciones, que ilustren y comprueben sus partidas principales. En el artículo 305, después de decir que 'el estado civil de padre o madre o hijo natural deberá probarse por el instrumento que al efecto hayan otorgado ambos padres, o uno de ellos...', agrega en inciso separado: 'La edad y la muerte podrán probarse por las respectivas partidas de nacimiento o bautizo, o de muerte', lo que está ampliado en el artículo siguiente, 306, que dice: 'Se presumirá la autenticidad y pureza de los documentos antedichos estando en la forma debida...' Esta expresión 'los antedichos documentos', y también, 'los referidos documentos' se repite en los artículos 307, 308 y 309. Es evidente que estos cuatro artículos aluden a las partidas de bautismo, de muerte, de matrimonio, pero no a la escritura o testamento en que se haya otorgado el estado civil de hijo natural. El artículo 694 dice: 'Si la inscripción se refiere a minutas o documentos que no se guardan en el registro o protocolo de una oficina pública, se guardarán dichas minutas o documentos, en el Archivo del Conservador, bajo su custodia y responsabilidad'. En esta disposición es equivalente de minutas, esto es, apuntes o notas explicativas o recordatorias. En el artículo 380 había dicho que: 'Si el tutor o curador probare que los bienes son demasiado exiguos . . . podrá el juez . . . remitir la obligación de inventariar solemnemente dichos bienes y exigir sólo un apunte privado...', esto es, un documento probatorio, aunque no un instrumento, como sería el inventario solemne . . . Todas las demás leyes, el Código de Comercio, el Código Penal, los Códigos de Procedimiento, emplean con profusión la palabra documento y mucho menos la palabra instrumento, mientras el Código Civil parece evitar la palabra documento o solamente atribuirle el valor secundario de papel probatorio. Más aún, ya hemos visto que habla en un caso de apunte privado, en vez de documento privado, fuera de que en otros pasajes en que la voz instrumento no sería propia, recurre a otros términos y perífrasis. Así, por ejemplo, el artículo 1002 habla de 'las cédulas o papeles a que se refiera el testador'; el artículo 1222, habla de 'los muebles y papeles de la sucesión'; el artículo 1901, expresa que 'la cesión de un crédito personal... no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario, sino en virtud de la entrega del título'. No hay duda de que la voz documento, en cuanto sinónima de instrumento, es más general, porque significa diploma, carta, relación u otro escrito, que ilustra acerca de algún hecho, principalmente de los históricos, y figuradamente, cualquiera cosa que sirve para ilustrar o comprobar (Acad.). En tal sentido deben entenderse como documentos del pasado (del latín docere, enseñar), los que señala Moratín en su Oda a Conde

La Historia, alzando el velo Que lo pasado oculta, Entregó a tu desvelo Bronces que el arte abulta, Y Códices y mármoles Amiga te mostró . . .

Pero las expresiones documento público, documento privado, de sentido análogo o idéntico a instrumento público, instrumento privado, son de uso corriente en castellano. ¿Por qué Bello las evita? No, seguramente, sin haberlo meditado. Instrumento es más preciso, porque, como dice la Academia, instrumento es la 'escritura, papel o documento, con que se justifica o prueba alguna cosa', o sea, es un documento jurídico. La Academia no es muy sabia en este punto. No ha ahondado en los textos ni en las etimologías; porque, rastreando el desarrollo semántico se echa de ver que instrumento (latín, instruere, organizar, armar, cimentar, construir, edificar), ha significado durante siglos herramienta, medio de acción, aparato técnico (instrumentos náuticos, instrumentos musicales, por ejemplo), y aun cosas de liturgia o de culto. De allí pasó a significar la carta o cédula escrita que sirve para crear una situación jurídica, una abadía, una orden religiosa, una autoridad o título, y tomó el valor de documento o título constitutivo de un derecho. Y, más tarde, el de título traslaticio del mismo. En el lenguaje más moderno puede aun ser un instrumento declarativo, lo que es un contrasentido etimológico, y puede, naturalmente, servir de prueba (art. 18). Este era el valor de la palabra instrumento de 1843 a 1845, época de la creación del Código Civil, documento, carta o papel, constitutivo de un derecho, creador de una obligación, justificativo de una situación jurídica, y por esta razón es la palabra que Bello prefiere. Documento entonces era sólo prueba o ilustración; todavía se resentía de su origen, el verbo latino docere, enseñar, mostrar. Por eso la cuenta del mandatario debe ser documentada, esto es, comprobada o ilustrada, porque las facturas o recibos no son instrumentos creadores del derecho, sino pruebas de hechos, ya sin virtud jurídica activa. Esta distinción, seguramente clara en la mente de Bello, escapa a Ocampo, a los redactores del Código Penal, a Ballesteros y a los demás redactores del Código de Procedimiento. Por eso la voz documento hoy reemplaza invasoramente al término preciso y jurídico, instrumento. En lo mercantil, las letras, los contratos escritos, las escrituras sociales, son instrumentos; los libros, la correspondencia, los recibos, las facturas, son meros documentos. En materia penal la ley castiga igualmente toda falsedad instrumental o documental, y el procedimiento no tiene para qué distinguir, cuando se trate de pruebas, o de tener o no por reconocidos toda clase de cartas, cédulas, instrumentos o meros documentos probatorios. Forma.-El mismo artículo 17 habla de las formas y las define corno 'las solemnidades externas', o sea, escritura, fecha, data, testigos, firmas, presencia de notario o de ministro de fe, sellos y circunstancia de tratarse de sobre abierto o cerrado, por ejemplo. Lo intrínseco, la capacidad, el hallarse el otorgante en su entero y cabal juicio, el haber obrado libremente, el haberse expresado claramente, el trasgredir o no la ley, no mira a la forma. La palabra está empleada precisamente en este sentido en el artículo 1073: 'La condición de no impugnar el testamento, impuesta a un asignatario, no se extiende a las demandas de nulidad, por algún defecto en su forma'. Es evidente, también, que a las formas se refiere la definición del testamento, artículo 999, cuando dice que: 'es un acto más o menos solemne', es decir, un acto que no vale, que es nulo, si no se somete en cada caso a la solemnidad o forma, ritualidad o ceremonia, que la ley exige. Si no están presentes el testador, el notario y los testigos, en un sólo acto no interrumpido por ejemplo. Lo mismo sucede con los contratos solemnes. Por definición, son los que están sujetos 'a la observancia de ciertas formalidades especiales' (artículo 1443), definición que hace equivalentes, de nuevo, las formas o formalidades, a las solemnidades. Lo solemne jurídico no es lo solemne social o religioso. En lo social, en lo religioso, solemne es serio, silencioso, pomposo, abismante, jerárquico, ritual En lo jurídico hay evidente parentesco con el rito sacramental, pero ya solemne sólo significa ajustado a una norma: la escritura pública, por ejemplo; la prestación de un juramento, la comparecencia personal, la firma, el acta oficial del avenimiento o de la subasta, etc . . . . Claro, Oscuro.-El articulo 19 habla del sentido claro de la ley, y de una expresión oscura de la ley. Admite Bello que la ley puede ser oscura. Lo normal, es que sea clara, es decir, que su interpretación única, su mandato preciso, surja a primera vista. La claridad es relativa. Una proposición es clara para el que la formula cuando traduce nítidamente, sin duda alguna, su propio pensamiento. Ese pensamiento puede ser muy complejo, estar preñado de ideas y pasiones, activarse por un entusiasmo o por la euforia. La palabra que lo expresa brota espontánea y el que la dice queda satisfecho: ha expresado su más completa efusión lógica y moral. Es el caso famoso de Arquímides: ¡eureka! ¡eureka!, era para él un grito clarísimo. El problema estaba resuelto: el principio de Arquímides daba la clave para descubrir el fraude posible de los plateros de Siracusa; pero los siracusanos que veían correr, en pleno día, por las calles, a ese hombre desnudo que gritaba enloquecido, eureka, eureka, no entendían nada, aunque todos sabían que eureka es la primera persona del pretérito de indicativo del verbo eurisko, hallar. Eureka, eureka, decía claramente para el oído: lo hallé, lo hallé; pero, no sabiendo qué buscaba Arquímedes, no podían entender o interpretar, qué había hallado. Esa palabra clarísima para Arquímedes, para ellos era oscurísima. Porque la claridad de la lengua depende también de las condiciones mentales de la persona que escucha. La ley no es una disciplina elemental. Algunos de sus principios, como los de toda ciencia, son vulgares y están al alcance del mayor número. Otros, requieren cierta formación mental. Hay un folklore jurídico como hay un folklore filosófico, literario o científico. Cualquiera entiende arrendamiento, venta, precio, prenda, testamento, heredero, mujer legítima, y otras expresiones parecidas. No todos captan, sin estudio previo, usufructo, codeudor solidario, anticresis, evicción, administración proindiviso, afinidad ilegítima, etc. La ley no se dirige a todo el mundo, aunque rija para todos; se dirige a los jueces, a los abogados, a las personas que tienen una cierta actividad comercial o jurídica. Para estas personas pretende ser clara.

Lo consigue usando palabras conocidas, de significado cierto, organizadas en frases de construcción correcta y simplificada, redactadas con cuidado y competencia. El Código Civil es, en esto, un modelo. No recuerdo haber encontrado sino una disposición oscura, verdaderamente oscura en él, el artículo 878. Las demás oscuridades que hallan en él jueces y abogados, son artificiales, buscadas maliciosamente para violar la ley, porque la ley clara es inviolable: 'Cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu' (2). La claridad de un texto depende no sólo de la claridad mental del que lo escribe, sino de los elementos de lenguaje elegidos y de la inteligencia y preparación del lector. Bello se caracteriza por una inteligencia lúcida, y por un lenguaje que maneja de mano maestra. Las palabras tienen en su pluma una precisión de significado nítida. Cada una está elegida con acierto, en su sentido más natural y obvio. Siempre corresponden a una idea precisa. El orden de ellas es llano y límpido y la sintaxis impecable. En tales condiciones la oscuridad de su texto sólo puede venir de los intérpretes, ya ignorantes, ya deficientes en su actividad mental. Se puede asegurar, sin embargo, que el artículo 878 contiene una oscuridad del texto mismo. Dice ese texto: 'No se pueden tener ventanas, balcones, miradores o azoteas que den vista a las habitaciones, patios o corrales de un predio vecino cerrado o no; a menos que intervenga una distancia de tres metros'. 'La distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana, balcón, etc. . . . , y el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios, siendo ambos planos paralelos'. 'No siendo paralelos los dos planos, se aplicará la misma medida a la menor distancia entre ellos'. Debe observarse que la línea más sobresaliente de la ventana, de ser recta, pertenece a una infinidad de planos y a un solo plano vertical, si no es vertical ella misma. Pero, si no es recta -cosa corriente en las ventanas- hay innumerables planos verticales que contienen partes o puntos de esa línea más sobresaliente, y si ella es recta y vertical, infinidad de planos también verticales la contienen, todo lo cual hace incierto -oscuro- el punto de partida de la medición de que habla el artículo. Del mismo modo, para que haya un solo plano vertical, por ende, determinado, de la línea divisoria de los predios, es indispensable que tal línea sea recta, lo que no siempre sucederá, pues es corriente que las haya curvas y quebradas. Se corrige esta incertidumbre con la condición expresada por la frase 'siendo ambos planos paralelos', lo que supone que la línea sobresaliente de la ventana sea ella recta y horizontal y paralela al plano vertical que contiene la línea divisoria, caso especialísimo. Pero la oscuridad se hace imposible de disipar en la regla del inciso final: 'No siendo paralelos los dos planos, se aplicará la misma medida a la menor distancia entre ellos'. Hay en el supuesto un error de geometría: en el espacio, dos planos, o son paralelos, o se cortan. Si se cortan, su intersección es siempre una línea recta y la menor distancia entre ellos es siempre cero, precisamente esa misma línea recta. Como se trata de dos planos verticales, esa menor distancia coincide con la intersección, que es, necesariamente, una línea vertical. El inciso final del artículo 878, no tiene sentido posible. Creo que es la única falla del Código en este aspecto. Pero la oscuridad, o mejor dicho, la perplejidad del lenguaje -que implica confusión o duda- se puede producir por otras circunstancias; no solamente por el contenido semántico de las voces, sino por la apreciación de su mayor o menor generalidad, y por la oposición o contradicción de las partes o textos de una misma ley, especialmente de un Código que es necesariamente extenso y variado. Don Andrés Bello dió varias reglas para dominar esta perplejidad: 1°) Las palabras técnicas deben tomarse en su sentido técnico, a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso. Impúber es una palabra técnica del derecho: no puede dársele el sentido de adolescente o simplemente menor; pero, tradición, que también es técnica, no significa transferencia del dominio por la entrega de la cosa debida en el artículo 1920: 'La entrega de la cosa que se da en arriendo podrá hacerse bajo cualquiera de las formas de tradición reconocidas por la ley'. Don Luis Claro Solar pretendía que está mal redactado el Código en este artículo, ya que no cabe hablar de tradición en el arrendamiento porque no hay transferencia del dominio. Pero evidentemente yerra aquel profesor, porque el Código no habla de tradición, sino de las formas de tradición. El sustantivo es formas y la expresión complementaria 'de tradición' tiene un manifiesto carácter de adjetivo. La entrega se hace de acuerdo con las formas de tradición, pero no importa tradición. Es el caso que menciona el artículo 21: la palabra técnica tradición claramente se ha tomado en un sentido diverso, porque unida a la preposición de ha perdido su carácter de sustantivo y sirve sólo para explicar que la entrega ha de hacerse mediante una forma o símbolo análogo a los que menciona para la tradición verdadera el artículo 684. Don Luis Claro Solar hallaba esta explicación inaceptable, porque redargüía que tal artículo no podía dar pauta de interpretación, porque una casa arrendada, por ejemplo, no podría entregarse válidamente, ni por la aprehensión ni por la entrega de la llave, etc . . . . , porque esas formas de tradición son para las cosas corporales muebles. No advertía que el artículo discutido, 1920, habla de cualquiera de las formas de tradición. Evidentemente la claridad depende también de la claridad mental del intérprete. 2°) El contexto.- El contexto es fundamental; las palabras todas tienen significados múltiples. El que en cada caso corresponde depende de lo que estoy diciendo. Cerrar puede significar circunscribir, limitar, apartar, pero también, asegurar (cerrar una puerta o una valija); pegar una oblea o un sobre (cerrar una carta); terminar (cerrar un debate, una discusión); borrar (cerrar un ojal, un agujero); poner fin a las tareas (cerrar los tribunales, cerrar las escuelas o los estudios) ; cerrar el bufete; acometer (cerró contra el desdichado) ; cicatrizar (la herida no cierra aún), etc . . . . Hay un contexto inmediato que da la máxima claridad. Nadie dudará de que cuando el Código dice, en su artículo 1018: 'Termina el acto por las firmas del testador y testigos, y por la del escribano, si lo hubiere', la palabra acto allí empleada signifique otra cosa que 'otorgamiento de testamento', de que trata el artículo anterior. Pero un Código es un texto muy largo y es necesario apreciar hasta dónde llega el contexto. En otras palabras, qué significa contexto. La Academia no da luces sobre este punto, porque su definición es insuficiente y vaga. Su primera acepción registrada ('orden de composición o tejido de ciertas obras'), además de vaga, evidentemente no se refiere al contexto de una frase. Su segunda acepción ('enredo, maraña o unión de cosas que se entrelazan y entretejen'), amén de falsa semánticamente hablando, no tiene nada que ver con los textos escritos y su interpretación; y la tercera y última ('serie del discurso, tejido de la narración, hilo de la historia'), es una frase literaria sin ninguna precisión semántica, que evidentemente no corresponde a ningún sentido natural y obvio de la palabra. Contexto, en el artículo 22 del Código, evidentemente significa 'las partes del texto considerado', 'los demás elementos gramaticales de la proposición de que se trata', y por extensión, 'de las proposiciones vecinas que integran el mismo texto'. ¿Hasta dónde llega un texto, para que su contexto caracterice el verdadero sentido o sirva 'para ilustrar el sentido de cada una de las partes-' Evidentemente hasta donde se está tratando de una misma materia. Pero el artículo 22 habla del 'contexto de la ley', lo que parece indicarla toda y lo hace servir para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, pues no solamente se trata de precisar el sentido de los términos particulares mismos, sino de 'que haya entre todas ellas la debida correspondencia y harmonía' (3). Y para que no haya duda de esta extensión desmesurada del contexto, agrega: 'los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes', particularmente si versan sobre el mismo asunto'. Evidentemente en el pensamiento de don Andrés Bello, el contexto que precisamente fija la acepción en que se ha tomado cada palabra del texto, se extiende a toda la ley, no solamente para esta interpretación correcta de los términos que integran cada texto, sino para ilustrar el sentido, esto es, el alcance de cada parte o capítulo de la ley, porque este contexto general no sólo precisa el sentido de los términos mismos, sino que permite dar a las partes de la ley 'la debida correspondencia y harmonía'. O sea, cada ley debe entenderse como un sistema lógico, como un conjunto armónico, y por consiguiente esto que el artículo 22 llama el contexto de la ley se eleva sobre el sentido inmediato y permite prescindir en tales casos del sentido natural y obvio de las palabras y aun del tenor literal claro de sus expresiones, ya que ellas, por natural imperfección, pueden traicionar la harmonía general de la ley misma. Pero esto con mucha prudencia, porque el artículo 23, hablando de la extensión de toda ley -que es una de las connotaciones del sentido de los términos- vuelve a insistir en que ella se determine por su genuino sentido, es decir, por su sentido natural y obvio, espontáneo y sin artificio, que es el único que no falsea la mente del legislador. Don Andrés Bello confía, sin duda, en la eficacia del lenguaje de la ley para la realización del pensamiento jurídico. No se le oculta, sin embargo, que la ley pueda albergar pasajes oscuros o contradictorios, esto es, pasajes cuyo recto sentido sea incierto (oscuro), y pasajes cuyo texto destruya la armonía con otros pasajes de la misma ley. En tal caso, sólo en tal caso, puede recurrirse al espíritu general de la legislación y a la equidad natural, puesto que el fin de la ley es la justicia (artículo 24). Esta solución es análoga a la del artículo 19: la consulta del espíritu de la ley es un mero pretexto, una falsa razón, que el legislador reprueba si el texto es claro, y que sólo sirve para interpretar expresiones oscuras de la ley. Expresiones, no disposiciones o textos. Expresiones, esto es, sentido de las palabras empleadas. Entonces se busca el espíritu de la ley, pero sólo por un camino: la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Solución análoga, pero no idéntica a la del problema de los pasajes oscuros o contradictorios, cuya interpretación se busca no en la historia de la ley, sino en el espíritu general de la legislación y en la equidad natural. Todo el párrafo 4° del Título Preliminar del Código Civil plantea el problema de la lucha entre el sentido de la ley y su expresión escrita: la ley, para que valga, para que no sea burlada por los jueces, tiene un sentido literal, una lengua clara, derecha, simple, insobornable. Tiene un espíritu, una intención, un propósito, pero es un pretexto inadmisible, un sofisma, una prevaricación, consultar ese espíritu, esa intención, si el sentido de la ley es claro. De aquí la importancia decisiva de la semántica legal y el valor trascendental del lenguaje del Código. De allí también la necesidad de definir muchas palabras de la ley: persona, niño, adulto, mayor, afinidad, consanguinidad, domicilio, usufructo, dominio, posesión, culpa, dolo, fuerza mayor, presunción, y muchas y muchas más. Su definición legal mide su alcance y sus consecuencias jurídicas, y no sólo en la ley misma, sino también en los actos civiles que se ponen bajo su amparo. Harán bien los individuos en cuidar este lenguaje cuando quieran tener la seguridad de sus derechos, instrumentos y contratos. Personas.-Una palabra muy importante en la legislación civil y penal es la palabra persona. Es un término que ha sobrevivido en las lenguas romances casi exclusivamente por su significado jurídico. Es exactamente el latín persona; pero en latín no aparece en ningún texto jurídico anterior al siglo II, esto es ya en el derecho clásico. El antiguo derecho romano habla de ciudadanos, padres de familia, esclavos, libertos, hombres libres, peregrinos, cónyuges, etc . . . . pero no de personas. El significado más antiguo del término es máscara, del cual se derivó el de figura, personaje, estatua, y de éste el de personaje de teatro, papel de representación dramática, actor, y luego el de carga, función pública o dignidad oficial; y finalmente el de individuo de la especie humana y el de persona gramatical. Aparece con el significado de individuo de la especie humana en un fragmento de Pedius, jurisconsulto del siglo II, recogido por Ulpiano. Ulpiano mismo, en otro fragmento suyo, le da además el significado de litigante: persona actoris. Pero ya, desde esa época, el término reemplaza las designaciones más concretas de vir, cives, cliens, uxor, liberi, servus, libertus, y otras, cuando se trata de las características morales o jurídicas de los hombres. Cicerón dice, por ejemplo: 'Ut mea persona aliquid videretur habere populare', para que mi persona pareciera tener algo de popular. Siendo este significado el más tardío en el desarrollo semántico, no es raro que el de persona jurídica, que hoy parece derivado, sea precisamente el que haya dado origen al de persona natural. Primero se habló de representar como en el teatro, por un actor con máscara (la persona trágica de Fedro), al litigante, por ejemplo, y luego al amo o padre de familia ausente. Después se estimó que el representado mismo era su propia máscara, su propia persona, y así persona pasó a significar individuo de la especie humana. Este significado preciso tiene la palabra en nuestra legislación, definido por el artículo 55 del Código Civil. Con maravilloso instinto lingüístico había dicho antes don Andrés Bello, en el artículo 54, que las personas son naturales o jurídicas. Más exactamente, pudo haber dicho que las personas son jurídicas, y también naturales. Porque históricamente, los derechos se reconocieron primero a los grupos (la ciudad, la tribu, la familia, la herencia yacente), y a quienes los representan: el cónsul, el jefe, el pontífice, el pater, los herederos, y después a los individuos, que han adquirido un rango suficiente para actuar en la vida jurídica o social. La definición del Código es excesiva: son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Es una definición tendenciosa que afirma un principio político: la calidad de persona es universal para todos, sin excepción. No la disminuyen ni el sexo, ni la edad, ni la estirpe o raza, ni la condición. Los esclavos también son personas, pues la palabra condición está tomada en el sentido de condición servil, pero podemos extenderla también a las condiciones de pobreza, de destitución, o de anulación del individuo por la caducidad o la demencia. A todos, por igual, la ley llama personas. Es ello un principio cristiano y parece ya definitivo en la civilización humana. Pero si fué preciso y tendencioso el Código al definir la persona natural, fué en cambio vago, incierto, incompleto, cuando definió la persona jurídica. El artículo 545 es evidentemente deficiente. Empieza por la tautología de decir que la persona jurídica es una persona ficticia, repetición innecesaria, y por caracterizarla únicamente por su capacidad y por la posibilidad de ser representada. El inciso segundo dice que son de dos clases: corporaciones y fundaciones, y algunas mixtas 'que participan de uno y otro carácter', y se deja en el tintero las personas jurídicas de derecho público, que son personas en cuanto constituyen el órgano y los bienes de una función de la comunidad social; y las sociedades, que califica de personas jurídicas con gran vaguedad e indeterminación en el artículo 2053, inciso 2°. Esta noción de la persona jurídica es evidentemente una de las menos elaboradas del derecho y, por consiguiente, la expresión misma es de contenido vago, felizmente corregida por la interpretación judicial ya uniforme sobre los atributos de esta personalidad. Domicilio.-Todo lo que el Código dice sobre esta palabra tiende a señalarle un significado legal. El domicilio no es, como dice el artículo 59, 'la residencia, acompañada real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella', sino la morada, la casa, en que una persona habita, esto es, vive, come habitualmente, duerme, lo que en español se llama la morada. Pero el Código es una reglamentación práctica y ha preferido una definición artificial y sin duda incorrecta, destinada a cortar la charlatanería de los rábulas. Es tanto ello así que el Código trabaja penosamente, durante varios artículos, para fijar el alcance del domicilio, político, civil, comercial, profesional, contractual, legal, y asimila el domicilio civil a la vecindad, dando también a esta palabra un significado arbitrario, pues vecino y vecindad jamás han significado en el lenguaje natural y obvio 'relativo a una parte determinada del territorio del Estado', como dice el artículo 61, digamos, a un departamento, provincia o zona, sino relativo a un pueblo, barrio, o casa particular o de inquilinato. Vecino de Andalucía, vecino de Atacama, vecino de la Cordillera, es una impropiedad de lenguaje, pero no lo es vecino de Santiago, vecino de Curepto, vecino de La Chimba, vecino de la calle San Diego. Nacimiento.-También esta palabra tiene un significado técnico en el Código: 'La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre', dice el artículo 74. El nacimiento es así, un minuto brevísimo, un instante fugaz. La importancia jurídica de esta definición no escapa a nadie. El ser humano 'que perece antes de estar completamente separado de su madre . . . se reputará no haber existido jamás'. No es persona. No tiene ni adquiere ni transmite derecho alguno. No es que la ley no lo considere ni lo proteja, no que no cautele sus derechos eventuales; pero no es persona, no ha nacido, aunque haya nacido. Las palabras adquieren así un sentido especial que sirve para entenderse entre los doctos. Ni abogados ni jueces vacilarán ante un precepto tan claro. Muerte.-Sobre la muerte el Código guarda silencio. No la define. Dice solamente que 'la persona termina con la muerte natural' (art. 78). Naturalmente llama muerte natural la fisiológica general, caracterizada por la paralización del corazón y la supresión de la respiración. Sabemos hoy día que las células y muchos órganos siguen viviendo y que la cirugía y la clínica logran muchas veces que se reanude la respiración y que se restablezcan la diástole y la sístole. Evidentemente en tales casos la persona que ha terminado en la muerte natural, revive como si nunca hubiese fallecido. La expresión muerte natural no se contrapone a la muerte violenta o artificial. Es un significado viejo en castellano. El famoso alcalde Ronquillo condenó a muchos de los Comuneros de Castilla vencidos en Villalar 'a morir naturalmente', naturalmente a manos del verdugo, en la horca o por el garrote. Don Andrés Bello no ignoraba, seguramente, esos documentos históricos. Sólo se contrapone a la muerte civil (art. 95) , hoy día abolida. Matrimonio.- Para el Código la palabra matrimonio tiene un valor semántico especial. Es de esas palabras 'definidas por la ley' (art. 20), que tiene en la materia respectiva un contenido legal. Es un contrato solemne especial de un hombre y una mujer, para fines específicos propios, vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, que es de presente, indisoluble y por toda la vida. Evidentemente la palabra matrimonio en su sentido natural y obvio, y aun en su alcance jurídico, no corresponde exactamente a esta definición. Para la religión católica no es un contrato sino un sacramento. Sus obligaciones no son de naturaleza Jurídica, sino religiosa, esto es, deberes, y sus crisis íntimas no son materia de sentencia judicial sino de consejos sacerdotales. El Código Civil anticipó virtualmente la noción del matrimonio civil, del matrimonio relacionado con los derechos patrimoniales de la mujer y de los hijos. Pero, en lo esencial, el matrimonio del Código Civil es el matrimonio católico, sacramento de su Iglesia o solemnizado por ella, si se trata de disidentes (art. 118). Si estas solemnidades han existido, el matrimonio nulo adquiere rango de putativo y 'produce los mismos efectos civiles que el válido' (art. 122). Sin embargo, había matrimonios ya en tiempos de la dictación del Código Civil, que estaban en desacuerdo con su definición: el de conciencia, el morganático, o de la mano izquierda, el por sorpresa, el in extremis o in articulo mortis, a todos los cuales reconoce la ley aunque no sean solemnes ni tengan el propósito de vivir juntos o de auxiliarse mutuamente, como dice el artículo 102. Justamente es la solemnidad, la publicidad, la realización social del amor, lo que constituye y ha constituido siempre el matrimonio, lo que lo ha distinguido y lo distingue de su imitación más próxima, el concubinato, matrimonio sin solemnidad, sin funcionario civil ni eclesiástico, sin ceremonia alguna y sin otra duración segura que la de la voluntad recíproca de las partes. Del concubinato no habla jamás una palabra el Código Civil, ni jamás alude a él. No es concubinato el matrimonio putativo de que trata el artículo 122, porque es condición precisa de éste que haya 'sido celebrado con las solemnidades que la ley requiere'. El Código Civil ignoró, por prejuicios religiosos, la existencia real del concubinato y la jurisprudencia se ve en penosas dificultades para llenar este vacío. Sobre todo, en cuanto a los bienes que se forman por el trabajo común de los concubinos. Sociedad conyugal.-Es también una expresión típica del Código Civil chileno, que corresponde a una institución legal nueva. Es un régimen patrimonial, no una verdadera sociedad. No tiene personalidad propia ni aparece en las convenciones y contratos mientras rige. Sólo se echa de ver cuando ya ha terminado por su disolución. Entonces aparecen aportes, recompensas y utilidades o gananciales, y se determinan sus haberes y responsabilidades jurídicas. Es una idea madura en la mente de don Andrés Bello, cuyas trascendentales consecuencias jurídicas han hecho correr ríos de tinta a juristas y jueces. Su alcance está perfectamente delimitado por un título entero del Código Civil: 'a falta de pacto escrito, se entenderá por el mero hecho del matrimonio, contraída la sociedad conyugal, con arreglo a las disposiciones de este título' (articulo 1718). Es una sociedad de hecho cuyas estipulaciones todas están preestablecidas por la ley, y en que la voluntad de los pactantes no entra para nada. Sólo pueden, por un pacto escrito, deshacer en todo o parte la voluntad de la ley. Es evidente que en esta expresión sociedad conyugal, el término sociedad no tiene un sentido natural y obvio, sino un claro y perfecto significado legal. Separación de Bienes.-Ligada a la institución de la sociedad conyugal está la separación de bienes, o régimen del doble patrimonio de la vida conyugal. La expresión es feliz porque establece claramente el tuyo y el mío de los cónyuges, cuando la voluntad de estos ha sido mantener separados los patrimonios, los contratos y las responsabilidades civiles. Divorcio perpetuo.-Es también una expresión particular del Código. Es el divorcio católico, la separación de cuerpos, la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, pero no la disolución del vínculo, la diffareatio, la libertad conyugal o segunda soltería de los cónyuges. Estas ideas nuevas que en Chile se realizan bajo el disfraz paradelictuoso de la nulidad consensual del matrimonio, bendecida por las Cortes de justicia, no estaba en la mente de don Andrés Bello, y por ende, la expresión divorcio perpetuo poco tiene que ver con el divorcio advincula, que tiende a ser la regla en las legislaciones modernas. Clasificación de los hijos.-La idea de hijo legítimo es muy antigua: es el hijo del matrimonio solemne. El hijo de los concubinos, de los matrimonios de la mano izquierda, del escándalo político o social, se ha llamado bastardo, y ha desempeñado gran papel en la historia. A pesar de su etimología (de basto, grosero, tosco), los hijos bastardos de príncipes y reyes o de grandes señores, siempre gozaron de consideraciones extremas y de rentas cuantiosas. Guillermo el Conquistador y Enrique de Trastamara, eran bastardos; el Cardenal de Mendoza, también. El Código Civil chileno, sin embargo, ignora la expresión, que no figura nunca en su articulado. En cambio, habla de hijos ilegítimos, naturales, de dañado ayuntamiento, adulterinos, incestuosos y sacrílegos (artículos 25, 26, 27, 28 y 29). Estas clasificaciones odiosas, hoy día en gran parte suprimidas, corresponden a ideas y prejuicios corrientes en el siglo XIX. Entre los hijos ilegítimos el Código llama naturales a los reconocidos solemnemente por su padre o madre. En esta expresión la voz natural tiene un sentido evidentemente forzado, porque el pueblo llama naturales a los hijos ilegítimos en general, y principalmente a los clandestinos o espurios, sin padre conocido, que el vulgo chileno llama con el término mapuche de huacho. El Código de don Andrés Bello altera la lengua. Propiamente los hijos naturales del Código son los bastardos, de padre conocido y a veces ilustre. El hijo legitimado fué en todo asimilado al legítimo (art. 215); con ello marcó la ley un progreso moral y jurídico de importancia. En cambio, los prejuicios del Código de Napoleón influyeron notablemente para impedir la indagación o presunción de la paternidad ilegítima y borrar la sabia legislación de las leyes de Toro, que hoy día ha vuelto a introducirse en el Código Civil. Pero la expresión hijo legitimado, es de sentido restringido y especial en nuestro Código Civil: requiere necesariamente el matrimonio verdadero de los padres posterior a la concepción. La legislación moderna atribuye la misma fuerza al matrimonio putativo. Pero fuera del matrimonio mismo no hay legitimación posible sino por ley. Es un prejuicio, porque no hay razón alguna para que un padre o una madre no pueda llamar hijo legítimo suyo al bastardo de sangre, a quien quiera dar ese título y los derechos que como a tal le correspondan. Rapto.-Para el Código no solamente es rapto el hecho de robarse una mujer por la fuerza (latín, rapere, arrebatar), sino también la mera seducción de una menor (artículo 287), es decir, el hecho de haberla convencido de que abandone la casa paterna o el hogar de sus cuidadores o de sus guardadores. Es también un caso de lenguaje especial fuera del sentido natural u obvio de la palabra. Estado Civil.-Es esta una de las expresiones más vagas del Código. La definición del artículo 304 no dice nada: 'es -pretende- la calidad de un individuo, en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones'. Pero en los artículos siguientes habla de estado civil de casado, o viudo, de padre o hijo legítimo, de padre o madre o hijo natural y en el mismo artículo (el 305), y con la misma prueba posible, de la edad y de la muerte. Este contexto fija el alcance de la expresión estado civil. No es otra cosa -aun para la mente del propio don Andrés Bello- que la situación que un individuo ocupa en la sociedad o en el derecho, en función o relación con las personas que forman o han formado su familia. El estado civil se vincula al nacimiento, al matrimonio, a la muerte, a la procreación. Hay, por ello, estado civil de menor de edad, de mayor, de soltero, de casado, de viudo, de divorciado, de anulado, de hijo legítimo, de hijo natural, etc. . . . Hubiera sido mejor no dar definición ninguna, que estampar la nebulosa del artículo 304. La precisión en estos términos es muy importante porque el estado civil se puede probar en ciertos casos por la posesión notoria, y es evidente que esta posesión notoria no sirve para probar calidades extrañas al estado civil; no podrá probarse, por ella, la calidad de noble, el título de barón, la calidad de propietario, el carácter sacerdotal, el título de abogado, o la categoría de hidalgo. Legítimo contradictor.-En las cuestiones de estado civil relativas a la legitimidad del hijo y a la maternidad disputada (artículo 315), el fallo vale erga omnes. Para ello exige la ley (artículo 316), que se haya pronunciado contra legítimo contradictor. Esta expresión figura en el Código únicamente en este caso (artículos 316, 317 y 318). Es también una expresión legal definida expresamente (artículo 317). En la cuestión de paternidad -se subentiende legítima- es el padre contra el hijo o el hijo contra el padre, y en la cuestión de maternidad -esto es de la maternidad disputada- el hijo contra la madre o la madre contra el hijo. Es evidente que en la mente de don Andrés Bello la noción de legítimo contradictor está relacionada con esta calidad del fallo de ser verdad juzgada contra todos, y que esta noción no se extiende a otra cuestión cualquiera de derecho civil. Algunos han pensado que la noción de legítimo contradictor pueda extenderse a los casos de nulidad absoluta, por ejemplo, en la cual no son admitidos a entrar ni los que no tienen interés en ella, ni los que han ejecutado el acto o celebrado el contrato nulo sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba (artículo 1683); pero es evidente que el alcance semántico de 'legítimo contradictor' no llega a ello. El artículo 1683 niega acción al extraño -el que no tiene interés en ello- y castiga al que participó a sabiendas en el vicio legal, privándolo de su acción propia, pero no estima ni que el fallo sirva para todo el mundo, ni que esto permita calificar a las partes del pleito en contradictores legítimos e ilegítimos. Congruo.-La ley habla de alimentos congruos por oposición a necesarios (artículo 323). Define los unos y los otros. Las palabras tienen así un significado legal que se aparta del sentido etimológico. Congruo, congruente, del latín congruere, coincidir, convenir, es adecuado, coincidente, y en geometría, hablando de triángulos, idéntico. En el Código son los alimentos que consideran la posición social del alimentado, en contraposición a los necesarios, que sólo miran al mínimo fisiológico de éste, algo así como el salario vital. La expresión necesario también tiene un significado especial. Quiere decir, indispensable, apenas suficiente o mínimo y es una expresión elíptica: necesario es estrictamente necesario. Posición social.-Es una expresión que muestra el realismo de la mente de don Andrés Bello. Su época era la de la euforia de los principios de la Revolución Francesa. No sólo la igualdad ante la ley, sino la igualdad social. Sin embargo, la realidad jerárquica de la vida social se impone, y hay por ello, para cada persona -teóricamente igual a las demás- una posición social diferente, una situación propia dentro de la jerarquía social. La ley no la define pero se refiere expresamente a ella. La posición social supone que los individuos y las familias a que pertenecen ocupan diferente categoría social en la República, la que se caracteriza por el patrimonio, los oficios, las vinculaciones familiares, los linajes, los apellidos, la cultura, los antecedentes literarios, etc. . . . La ley manda tener en cuenta todos estos imponderables al tasar los alimentos congruos, pues mientras más elevada es una posición social, más dispendiosa o cara resulta la subsistencia del alimentado a que deba proveer el alimentante. Ordinariamente hay entre ambos una estrecha relación de familia, y no admite la moral que mientras el padre, marido, mujer o hijo alimentante viva en la opulencia, el alimentado, hijo, cónyuge o padre, quede sometido a una ración de hambre. Desentrañar el verdadero alcance de la expresión posición social (artículo 323), es útil, porque ni los diccionarios la definen acertadamente ni los prejuicios y antiprejuicios permiten entenderse pacíficamente sobre ella. Injuria atroz.-Con los alimentos está relacionada la expresión injuria atroz. 'En el caso de injuria atroz cesará enteramente la obligación de prestar alimentos' (artículo 324, inciso final). ¿Qué es injuria, en este caso? ¿Es la desvergüenza, la expresión procaz destinada a ofender o denostar, a desacreditar, a difamar; en una palabra, lo que específicamente entiende por injuria el Código Penal? ¿O es la injuria romana, el acto aun meramente civil, contrario al derecho, el robo, el atentado, la falsedad de documentos, la estafa, el pleito injusto, y aun cosas menores como el abandono, el dolo, al engaño, el fraude menudo? El inciso primero del artículo 324 no es explícito: 'que el alimentante se haya hecho culpable de injuria grave contra la persona que le debía alimentos'. Esta redacción excluye las injurias contra los bienes, contra el patrimonio, pero la persona puede recibir una injuria que no dañe su patrimonio sino su honor, su salud, su tranquilidad. El que no asiste a un enfermo grave, debiéndolo, o no ayuda, pudiéndolo, a un amigo o pariente que cae a la cárcel o que es perseguido por razones políticas, evidentemente se hace culpable de una injuria moral contra esa persona, aunque no pueda imputársele una injuria en el sentido penal estricto. El defecto de redacción de este artículo proviene de la amplitud y vaguedad jurídica de la palabra injuria, que puede tomarse en el sentido penal de denuesto intencional, o en otro más general de agravio, o en el de entuerto, atentado o acto contrario al derecho o a la razón, y hasta en el de daño físico que sufren los seres: las injurias del mar, las injurias del ambiente. En mi sentir, el Código toma la palabra tanto en el sentido estricto de derecho penal, como en el de daño moral a las personas por falta de acatamiento, de consideración, de ayuda, en los casos en que las relaciones de familia exigen ese acatamiento, socorro o ayuda. Hay, además, una injuria que el Código llama atroz, con una palabra que no vuelve a emplear en todo su articulado. Aunque es un latinismo evidente (atrox), la palabra ha entrado en la lengua vulgar. Atroz, atrocidad, atrozmente, son de uso cotidiano. Indica ella el extremo de maldad, de sevicia a que puede llegar una alma ofuscada y rencorosa. Atroz se deriva de ater, atra, atrum, negro: atrabilis, bilis negra. Este color, desde antiguo, ha servido para calificar lo más luctuoso y horrible. Una injuria atroz es una injuria suprema, imperdonable, inexpiable. Tiene, naturalmente, que ser este el sentido para que la sanción de la injuria atroz lleve a autorizar la inhumanidad de dejar morirse de hambre a un hijo legítimo. Yo estimo que al padre o madre, ni por injuria atroz puede privársele de los alimentos congruos, porque para mitigar la disposición del inciso final del artículo 324, está la disposición especial y sacramental del artículo 220, que impone al hijo legítimo una obligación permanentemente, sin excepción alguna, de cuidar siempre de los padres 'en su ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilios'. Urbano, rústico.- (Artículo 407). Estas palabras están usadas siempre en el Código en su sentido recto, 'natural y obvio'. Lo urbano es perteneciente a la ciudad (urbs, urbis), lo rústico, al campo (rus, ruris). En la época del Código la manía legislativa no había llegado a los excesos actuales; no se creían los legisladores con capacidad y fuerza para mudar la naturaleza de las cosas. Hoy día nada los arredra y declaran que son urbanos los campos por decreto edilicio o del gobierno. Pero el sentido de la palabra de un texto legal ha de entenderse también con arreglo al significado que ella tenía en la época de su dictación. En 1855, nadie hubiese creído que campos de trigo o pastizales fuesen predios urbanos, porque un decreto inconsulto hubiese hecho llegar hasta ellos los límites urbanos de un pueblo rural.

Segunda parte

Representación.- Artículos 53, 551, 411, 984, 1097, 1448, 1450, 2118, 2160, etc . . .

El Código no ha definido la representación. Usa las palabras representación, representar, representante, con notorias diferencias jurídicas y evita cuidadosamente usarlas en lo que atañe al mandato. Puede decirse que la palabra tiene en el Código, por lo menos, tres sentidos diferentes: la representación legal, la representación contractual o del mandatario y la representación del difunto por su heredero. Define esta última en un caso especial (artículo 984): 'se sucede ab-intestato, ya por derecho personal, ya por derecho de representación.

'La representación -agrega- es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar, y por consiguiente, el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si éste o ésta no quisiesen o no pudiesen suceder'. Es evidente que esta representación del artículo 984, es diferente de la que el artículo 1097 da a los herederos respecto de la persona del testador 'para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles', representación que la doctrina atribuye también al heredero abintestato, y es diferente, también, de la que la ley da a los representantes legales respecto de sus representados, a los cuales obliga dentro de las facultades que le confiere la ley. La idea de la representación es relativamente moderna en el derecho romano. No la conoció en absoluto el derecho antiguo ni aun el derecho clásico: maridos, padres de familia, tutores, curadores, mandatarios, se obligaban personalmente. Los beneficiarios de sus actos debían, en general, asumir más tarde ellos, personalmente, las obligaciones respectivas, descargando de ellas a los maridos, padres, tutores o mandatarios. La idea moderna es que una persona facultada por otra o por la ley para representarla, obra por ésta en su nombre y directamente en su daño o provecho, como si obrase ella misma: 'Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiere contratado él mismo' (artículo 1448). El representante habla, firma, consiente, por el representado, como si fuese su propia voluntad, su propia voz, su propia mano. En otros términos, si el representante tiene facultad suficiente, el acto ejecutado no es un acto suyo sino un acto del representado; el consentimiento que expresa no es un consentimiento suyo, sino del representado. A contrario sensu, si no está facultado, el acto no tiene valor alguno en general, porque no expresa su consentimiento propio personal, ni ha podido expresar válidamente el consentimiento del representado. En Roma, ni aun en tiempos clásicos, el mandatario representaba al mandante; no expresaba la voluntad de éste sino la suya propia, no lo obligaba respecto de terceros, sino que se obligaba él mismo. 'No se podía en Roma ser deudor o acreedor, por intermedio ajeno', dice Girard en la página 670 de su Manual Elemental de Derecho Romano. Pero este principio rígido fué atenuado por el pretor en el período clásico. Reconoció éste al paterfamilias (pero sólo a éste), el derecho a hacerse acreedor per liberos et servos, por intermedio de sus hijos legítimos y de sus propios esclavos, o como se dijo después más técnicamente, per personas in potestate, manu, mancipiove'. A fines del período clásico el pretor extendió este sistema a las acciones adjectitiae qualitis, o sea, a las cuestiones accesorias, y aceptó contra el deudor las deudas contraídas en su nombre por su mandatario. Ese fué el principio de la representación: admitió el pretor que una persona extraña pudiese representar al paterfamilias, como podían hacerlo sus liberi y sus servi (sus hijos legítimos y sus esclavos). En materia civil nunca el pretor llegó a tanto, pero los jurisconsultos extendieron su doctrina después de la codificación de Juliano el Apóstata, que reinó de 361 a 363 D. de C., o sea, sólo en el siglo IV de nuestra era. Esta representación del mandatario y del representante legal estaba ya madura en la época de la codificación napoleónica y es ella la que considera, sin definirla, el artículo 1448. Este artículo, evidentemente, contiene todavía una idea confusa de la representación, porque unifica, aparentemente, la del mandatario y la del representante legal. Y la diferencia es profunda. El mandatario esta facultado expresamente por su mandante, por una persona plenamente capaz, que consiente ella misma en el acto al conferir la facultad de representarla a su mandatario. El mandatario es, así, solamente su vocero, alguien que expresa la voluntad ajena, pero que sólo la expresa si está efectivamente facultado para expresarla, porque esa voluntad ajena existe, y no puede ser sustituida por la del mandatario arbitrariamente, sin que previamente el mandante lo haya autorizado para ello. Tanto es así que, sin facultad, puede obrar el mandatario por el mandante, y el acto vale para éste si lo ratifica (artículo 2160, inciso 2º). No así el representante legal. Este representa a un incapaz, una mujer casada, un impúber, un menor, un demente, un hombre forzado por la justicia, una herencia yacente, una persona jurídica Sus representados no tienen voluntad propia legal y no consienten en modo alguno en el acto respectivo. El representante legal es un funcionario. Está él mismo facultado por la ley para consentir. El mismo expresa su propia voluntad. Si excede sus atribuciones, el acto no vale porque no tiene facultad para obligar a su representado, esto es, por un defecto de forma. Nadie puede validar sus actos. El mandatario no consiente él mismo. Expresa el consentimiento de su mandante, porque para ello lo autorizó el propio mandante. En otros términos, la representación del uno y del otro no es, jurídicamente, idéntica, y la hipótesis del artículo 1448 del Código Civil, como 'si hubiese contratado él mismo', es absurda en el caso del representante legal, porque su representado, persona jurídica, impúber, demente, etc . . . . , no habría podido jamas contratar él mismo. También es profundamente diferente esta representación de la que la ley atribuye al heredero respecto del causante o testador. Esa representación no sustituye ni expresa la voluntad del difunto, sino únicamente la continúa o la cumple, responde de ella, pero no lo obliga ni puede suponer que hubiere podido contratar el mismo. Es indudable que la anfibología y la confusión de ideas no están en las palabras mismas sino en la mente. Las ideas abstractas, en general, y las jurídicas, especialmente, son de lento desarrollo. Su claridad definitiva exige a veces una elaboración de siglos. Respecto de ellas la critique est facile et l'art est difficile, y por ello debemos gratitud a los esfuerzos de los sabios que han aclarado los conceptos y que han creado palabras nuevas suficientemente definidas para salvar todas las confusiones. Lo que es imperdonable es que los llamados juristas, en vez de analizar las ideas y señalar los errores de expresión, se esfuercen en enseñar que tales palabras confusas son definitivas, y en sacar conclusiones jurídicas no de las ideas sino del uso confuso de esas palabras imperfectas. Pródigo, disipador.-Artículo 442. Estas voces están usadas en su sentido recto. Son estrictamente sinónimas. También es sinónima dilapidador, pero el Código no la usa porque el pródigo o disipador, disipa o malgasta lo suyo, mientras que el dilapidador puede también malgastar lo ajeno. Los gobiernos, a veces, dilapidan, pero no disipan los caudales públicos. El cuidado de don Andrés Bello en el uso de las voces es verdaderamente notable. Demente, demencia.-Artículos 456 y siguientes; artículo 1447. El Código da a la voz demente un significado convencional que no corresponde hoy día a las nociones corrientes de la medicina psiquiátrica. Suponían los antiguos, imbuídos en la teoría del alma, que el loco, fatuo o demente, es un ser privado de razón, por algún influjo transitorio, que podía tener intervalos lúcidos. Por eso habla el Código de un 'estado habitual de demencia'. Este ser es incapaz, no se obliga válidamente, no puede consentir en acto alguno ni testar. Pero si no está interdicto, sus actos son validos, a menos que se pruebe que el que los ejecuto 'estaba entonces demente' (art. 465). Pero los intervalos lúcidos no validan los actos del demente interdicto. Hoy día sabemos que la demencia, entendiéndose por tal la ausencia de la clara y sana razón, es muy relativa. La inteligencia humana es variadísima y en una misma persona, por motivos fisiológicos, patológicos o accidentales, no funciona siempre con la misma claridad y seguridad. La palabra demencia usada en el Código, resulta así meramente aproximada y da más bien una pauta para juzgar los actos jurídicos, que una noción razonable. Pero aún no hay bastante ilustración general sobre este tópico que permita un razonamiento serio de la legislación a su respecto. Ausente.-Artículos 473 y 2508. La palabra ausente, que en su sentido natural y obvio sólo significa 'que está lejos, apartado, separado o distante' (ausente de casa, ausente de Santiago, marido ausente), en el Código tiene dos significados legales: el del artículo 473 que implica a) que no se sepa sus paradero y de ello se originen perjuicios a él o a terceros, y b) que no haya constituido procurador al alejarse de su antiguo y conocido paradero. Este ausente es distinto del del artículo 2508, que no es otro que el que vive fuera de Chile, con paradero conocido o no. En el derecho romano y canónico había otro ausente. El que debía contraer matrimonio, y su aptitud era diferente, según el sexo: vir absens uxorem ducere potest; femina absens nubere non potest. Esta ausencia no existe hoy, y el matrimonio, como cualquier otro contrato, puede celebrarse por procuración. Herencia yacente.-Para el Código es únicamente la herencia que no ha sido aceptada (artículo 481). El contenido mismo de la expresión esta borrado. Para los romanos la herencia yacente era una persona jurídica, una empresa que continuaba viviendo, contratando, pagando deudas o contrayendo otras nuevas, porque estaba abandonada de sus dueños y era necesario continuar el culto al difunto (Guq., Inst. Jurid. des Rom. T. I. Fragmento de Paulo). Paradero.-Es palabra usada frecuentemente en el Código con un significado muy castizo y preciso, aunque no aparece él claramente registrado en el Diccionario: paradero es el lugar, casa o pueblo, donde un individuo mora o habita, o por lo menos llega generalmente a comer o a dormir. 'Este no tiene paradero fijo' significa que no tiene morada o habitación conocida, vive como un errabundo o un transeúnte, y no es fácil dar con él. Parar en una parte es habitar en ella: para más en Valencia que en Madrid. Mueble, muebles de una casa.-La palabra mueble (bienes muebles), tiene un significado legal definido (artículo 567) evidentemente más extenso que el de la palabra en su uso corriente. Un cenicero, una pluma, un reloj, un cuadro, un alfiler, no son muebles para la lengua corriente, aunque lo pretenda el Diccionario. Menos aún un traje, una corbata, una mantilla. Y entre los muebles de una casa, por disposición del Código, no se comprende el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros, o sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de artes y oficios, las joyas, la ropa de vestir y de cama, los carruajes o caballerías o sus arreos, los granos, caldos, mercancías, ni en general otras cosas que las que forman el ajuar de una casa. En otras palabras mas breves: los muebles de una casa es una expresión sinónima de el ajuar de una casa. Pero esta expresión que, evidentemente comprende el mobiliario, la vajilla y la batería de cocina (camas peladas, mesas, sillas, cómodas, aparadores, platos, fuentes, tazas, ollas, cacerolas, sartenes, etc . . . . ) parece no comprender los cuadros, estatuas, lámparas y cosas de adorno -que entran en la definición del Código- y se extiende, según el Diccionario, a los enseres y ropas, que la definición del Código excluye. Es evidente que se trata de una palabra de valor semántico determinado por la ley, pero que en la asimilación final (el ajuar de una casa) cae de nuevo en ciertas indeterminaciones o contradicciones. A mi modo de pensar, la expresión muebles de una casa, usual en testamentos y donaciones, debe, por mandato de la ley, circunscribirse al mobiliario mayor, a la vajilla, la batería de cocina y los utensilios caseros, con exclusión de todo lo demás, especialmente las cosas preciosas y las de mero adorno, que son muchas veces asimilables a las joyas. Este vacío de la ley produce una notable oscuridad respecto de si se incluyen o se excluyen algunas cosas muebles cuando se habla de los muebles de una casa. Bienes nacionales, bienes fiscales.-(Artículo 589). El Código hace estrictamente sinónimas estas dos expresiones. No son fiscales los bienes nacionales de uso público, pero sí los que no tienen este carácter. Los bienes fiscales son, si se tolera la expresión, los que pertenecen al patrimonio privado del Estado, esto es, aquellos bienes nacionales comerciables. Los que son de uso público están fuera del comercio, aunque pueda el Estado hacer sobre ellos concesiones, sustrayéndolos así del uso público y transformándolos de este modo en fiscales. El Estado es por ley dueño de las tierras sin dueño determinado (artículo 590). Son tierras fiscales. Sin embargo, las minas de oro, plata, cobre, azogue, estaño, piedras preciosas y demás sustancias fósiles (artículo 591), también son del Estado, pero es evidente que estos bienes del Estado ni son de uso público, ni son fiscales, porque no pertenecen al patrimonio privado del Estado. Son una propiedad especial no enajenable por el Estado, ni comerciable por él. Tiene sobre estas cosas un dominio eminente que le permite concederlas a particulares, retirarles la concesión, imponer a ellas condiciones arbitrarias y extraer de éstas un tributo sin limitaciones jurídicas. De ello se sigue que la expresiónbienes del Estado no es en el caso de las minas y bienes análogos, sinónima de bienes fiscales. Sustancias fósiles (artículo 591).-Son las sustancias muertas que se extraen de la tierra por excavación: fossilis, de fodere, cavar. La palabra no está evidentemente tomada en su sentido natural y obvio, ya que fósil designa a las sustancias más o menos petrificadas, de origen orgánico, que se encuentran naturalmente enterradas. Tal se desprende de la definición académica. Don Andrés Bello extendió este sentido a sustancias no necesariamente petrificadas ni específicamente de origen orgánico, ya que después de hablar del estaño y piedras preciosas dice 'y demás sustancias fósiles', lo que indica que llama fósiles al oro, plata, cobre, azogue, estaño y piedras preciosas, y, lógicamente, a otras sustancias enterradas de modo natural, análogas. El instinto lingüístico de don Andrés Bello fue guiado en esto por su acabado conocimiento del latín. Aquerenciar (artículos 621 y 1894 inciso final).-Es término muy castizo. Significa tomar querencia o afición a un lugar, sentimiento que hace a los animales domésticos o domesticados, volver a un predio o lugar determinado, que se llama también su querencia. Se aplica asimismo al hombre, tanto para designar la afición, como el sitio; pero el Código solo lo refiere a los animales. Tesoro.-Tiene en el Código un significado restringido y específico (artículo 625). Es el tesoro 'la moneda o joyas u otros efectos preciosos, que elaborados por el hombre, han estado largo tiempo sepultados o escondidos, sin que haya memoria o indicio de su dueño'. En sentido natural y obvio, tesoro es cualquier cosa valiosa, acumulada o no, con dueño o no, escondida o no, sepultada o no, y aun cosas valiosas de naturaleza intelectual como el tesoro de la lengua castellana, por ejemplo, expresión que puede significar su riqueza morfológica o semántica y el diccionario o tratado que la recoge. Frutos civiles (artículo 647) .-Es una metáfora jurídica de contenido muy claro y preciso, que corresponde a una definición legal: 'se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o censo, y los intereses de capitales exigibles o impuestos a fondo perdido': Esta definición tan clara tiene, sin embargo, un defecto de forma, porque los intereses de los capitales prestados, por ejemplo, son también frutos civiles, aunque dichos capitales no sean todavía exigibles, que es una calidad legal especial. Parece que aquí exigible equivale a civil que sería feo repetir. Me inclino a creer que el adjetivo está puesto solamente por razón de ritmo o número de la frase, es decir, por estilística o eufonía sintactica. Capitales necesitaba un adjetivo que permitiera la alternativa 'o impuestos a fondo perdido', y ese adjetivo (civiles) no podría estilísticamente usarse, y se reemplazó por el menos malo (exigibles). La ribera de la mar (artículo 649).-'Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de la mar, o de un río o lago, por el lento e imperceptible retiro de las aguas.' La definición es elegante y precisa, pero, ¿por qué don Andrés Bello dijo de la mar y no del mar? Mar es ambiguo. Es igualmente correcto el mar, la mar. En ciertas locuciones se prefiere el femenino: la baja mar, la plena mar, el alta mar, almirante de la mar, y en sentido figurado: la mar de lágrimas; en otras, se prefiere el masculino: el Mar Mediterráneo, el Mar Rojo, el Consulado del Mar, etc . . . . Pero muy a menudo se puede preferir el masculino o el femenino por razones estilísticas. Parece que son éstas las que han movido a don Andrés Bello a decir 'el aumento que recibe la ribera de la mar', período dividido en cláusulas tetrasilábicas cuya armonía se perdería diciendo del mar. La ribera o el cauce (artículo 650, inciso segundo).-Ribera y cauce no son sinónimos. Dice el inciso: 'El suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas forma parte de la ribera o del cauce, y no accede, mientras tanto, a las heredades vecinas.' La alternativa o disyuntiva es evidentemente real y la parte ocupada por el agua es el cauce, y la desocupada, la ribera, y según la baja o la crece, aumenta la ribera o aumenta el cauce. Pero esto es arbitrario, porque cauce es el lecho del río, el espacio por donde corre el agua; pero no porque el lecho esté seco deja de ser lecho o cauce y se transforma en ribera. La palabra ribera es también de sentido naturalmente impreciso. Es la margen u orilla del río, lago o mar, ¿pero qué ancho tiene? ¿Es sólo el borde? ¿Es sólo la parte arenosa? Evidentemente no, y por extensión se llama ribera un terreno próximo a la extensión de agua considerada. La lengua no puede tener una precisión matemática, pero la disposición legal, el mandato de la ley es clarísimo: el suelo ocupado o desocupado alternativamente, por las creces periódicas, es decir, el suelo de la madre del río nunca accede a las heredades contiguas. Avulsión, mutación de alveo.-Don Andrés Bello evita el uso de estas expresiones tradicionales recurriendo a la perífrasis. Imagino que por elegancia. Alveo, en el sentido de madre del río o arroyo, es muy poco usado, y avulsión es ya completamente inusitado. Traslaticio de dominio (artículos 675 y 703).-Traslaticio se deriva de traslatum, supino, de transferre, transferir, pasar, llevar, de una parte a otra, atravesar, etc . . . . Es un latinismo que no pertenece a la lengua vulgar o hablada. Los retóricos hablan de sentido traslaticio, que significa sentido derivado, impropio o metafórico, como cuando se habla del corazón del agua, de lo agudo de una crisis, del calor de una disputa. Don Andrés Bello definió el título traslaticio de dominio en el artículo 703, pero su definición no satisface a los juristas. Dice: 'Son traslaticios de dominio, los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos.' Esta enumeración ejemplar no deja dudas: mediante un título traslaticio el dominio pasa de un vivo a otro vivo. Los juristas triunfan: transferir es pasar entre vivos, distinto de trasmitir, pasar del muerto al vivo. Pero esta distinción es aparente. El primer lugar, el justo título de que habla el artículo 703, sólo es constitutivo o traslaticio de dominio. O sea, es originario o de fundador del derecho, o derivado de un dominio anterior, que es seguramente lo que significa traslaticio. No hay títulos especiales trasmisivos, pues ellos son también traslaticios o derivados. El propio artículo se encarga de decirlo: 'Pertenecen a esta clase (es decir, son también traslaticios de dominio), las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición. Y como en la sentencia de adjudicación el partidor toma directamente de los bienes del difunto una cosa y la pasa o adjudica al adjudicatario, se sigue que el título es traslaticio del difunto al asignatario adjudicatario. No hay duda -dada la claridad de los textos y la historia del Código, que he analizado en mi Condominio Conyugal Hereditario-, que traslaticio es meramente derivado y comprende tanto los títulos que hacen pasar el dominio entre vivos, como los títulos que singularizan el dominio haciéndolo pasar de un difunto a un vivo. Título falsificado, título putativo, título meramente putativo (articulo 704).-El. Código no llama falsificado al título que contenga alguna falsedad en su texto, en su fecha, o en la suposición falsa de haber intervenido en su solemnidad determinado funcionario, sino únicamente en la suplantación del otorga 'No es justo título: 1º-El falsificado, esto es no otorgado realmente por la persona que se pretende', es decir, lo que hoy día se llama apócrifo, esto es, supuesto, fingido, fabuloso, atribuido falsamente a alguien: la venta de la casa de Pedro hecha por un impostor que para vender se dice ser Pedro y otorga el título como tal Pedro. Es evidentemente un significado preciso, estrictamente legal, que caracteriza y descalifica un título posesorio. Pero falsificado, en su sentido natural y obvio, en derecho penal, significa mucho más: la suposición falsa de lugar o fecha, la intervención atribuida a funcionarios o testigos, la aliteración del texto, o la entera suposición de un texto que no corresponde a ningún acto o no corresponde al acto que se pretende, es una falsificación. Tales falsificaciones no están consideradas en la enumeración del artículo 704, porque los demás títulos que éste enumera son putativos también, pero no falsificados. Putativo o aparente, es un término general: significa reputado, tenido por tal, que finge ser tal o funciona como tal: hijo putativo, heredero putativo. Titulo putativo es aquel cuya eficacia legal no ha sido desconocida por sentencia. Equivale a título colorado. El título falsificado es evidentemente putativo mientras su falsedad no esté declarada; pero lo son también el otorgado verdaderamente por un pretendido mandatario o representante legal que no tenía realmente esa calidad, el que tiene algún vicio de nulidad, y finalmente, el meramente putativo, que es putativo o ineficaz, pero sin vicio. Un heredero o legatario puede tener un título sin tacha y sin dolo; pero su título puede no ser verdadero. Por ejemplo, si el testamento que le confería la calidad fué posteriormente revocado y el heredero o legatario no lo supo. La distinción semántica del artículo 704 es importante, porque establece una gradación en lo putativo: putativo falsificado, putativo nulo o ineficaz, y meramente putativo, putativo sin malicia, el cual puede adquirir por la aceptación judicial un valor vecino al justo título y beneficia de una prescripción mas breve. Caber (artículos 718, 1344, 1184.-El latín capere significa coger, contener, sentido que conserva en español su derivado caber: este barril cabe cuatro arrobas; el sombrero no le cabe en la cabeza. Pero este significado tiende a desaparecer y desde muy antiguo en español caber significa lo contrario: estar contenido. Los que en la embarcación no cupieron, quedaron abandonados en la isla; en diez leguas dos hombres no cabían. Este y no otro es siempre el sentido que Bello da a la voz caber en el Código. 'Cada uno de los partícipes de una cosa que se poseía proindiviso, se entenderá haber poseído exclusivamente la parte que por la división le cupiere durante todo el tiempo que duro la indivisión'. Esta ficción legal se refiere a la parte contenida dentro de su cuota (la parte que le cupiere), no a la parte que excede de su cuota, porque esa no le cabe, no está contenido en su derecho, y por ende, en esa parte su posesión empieza con la división. Lo mismo dice el artículo 1344: 'Cada asignatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en todos los efectos que le hubieren cabido, y no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión'. En otros términos, es sucesor directo del difunto en los efectos que caben en su cuota (cuyo valor está contenido en su cuota), y no ha tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión, de modo que si también adquiere dichos efectos que no caben en su cuota, en los cuales no ha tenido jamás parte alguna, los adquiere de los otros consignatarios por un título diferente del título gratuito sucesorio. Confirma este sentido de caber el artículo 1184: 'la mitad de los bienes . . . se dividirá por cabezas o estirpes entre los respectivos legitimarios, según las reglas de la sucesión intestada; lo que cupiere a cada uno en esa división será su legítima rigorosa'. Lo que cupiere, esto es, lo que estuviere contenido en esa cuota. La Corte Suprema no lo entiende todavía así, y estima que adquiere el consignatario, también a título gratuito de herencia, lo que excede de su cuota, lo que no cabe en ella, y que, por ello, paga a sus coherederos mediante un precio o compensación en dinero. Esta contradicción mental de diputar por gratuito lo que es oneroso, desaparecerá algún día de la mentalidad de los jueces. Fideicomisos perpetuos, mayorazgos o vinculaciones (artículo 747).-Estas tres expresiones son sinónimas en el Código, aunque hay entre ellas matices diferentes. El fideicomiso o propiedad fiduciaria es aquella sujeta al gravamen de pasar a otra persona, por el hecho de verificarse una condición. En nuestro Código esa condición opera una sola vez: la ley prohibe constituir dos o más fideicomisos sucesivos (artículo 745), pero antiguamente la condición (muerte del titular, por ejemplo), podía repetirse indefinidamente. Estos fideicomisos sucesivos o perpetuos, vinculaban la propiedad a una familia o a una estirpe y de ahí su nombre de vinculaciones. Si esas vinculaciones seguían una línea de sucesión que eligiese siempre al mayor de cada generación para darle la propiedad fiduciaria, recibía el nombre de mayorazgo. Por mayorazgo se transmiten todavía en España los títulos nobiliarios. La ley abolió los mayorazgos y permitió transformar los establecidos en capitales acensuados. Esta regla se aplica a toda clase de mayorazgos, vinculaciones y fideicomisos perpetuos, y de allí la conveniencia de hacer estrictamente sinónimas estas expresiones, hoy día de valor sólo histórico. Despojos (artículo 788, inciso segundo).-'Si el ganado o rebaño perece en gran parte por efecto de una epidemia u otro caso fortuito, el usufructuario no estará obligado a reponer los animales perdidos, y cumplirá con entregar los despojos que hayan podido salvarse'. Este plural tiene el sentido preciso de sobras, residuos o restos. Es perfectamente castizo y corresponde en este sentido a un plural latino (spolia). Su uso manifiesta la maestría de Bello en el manejo elegante del castellano. En el artículo 805, se usa el singular despojo de sentido muy distinto en su significado fundamental de la acción de despojar, esto es, de privar o desposeer. En castellano como en latín son muchas las palabras que tienen en plural un sentido preciso muy diferente del que corresponde al singular: agua y aguas, cielo y cielos, tierra y tierras, bien y bienes, mal y males, oro y oros, plata y platas, vida y vidas, costo y costos, costa y costas, arancel y aranceles, andar y andares, dinero y dineros, honor y honores, alfiler y alfileres, etc . . . . En el Código estos plurales de sentido especial preciso se usan con profusión y siempre con gran seguridad. Así, por ejemplo, en el artículo 808, se dice: 'si una heredad fructuaria es inundada y se retiran después las aguas, revivirá el usufructo por el tiempo que falte para su terminación'. Naturalmente estas aguas en plural, son las aguas de la inundación, no otras propias de la heredad o de la humedad consecuencial. Porque aguas en plural, son aguas en cantidad considerable o determinada o especificada: las aguas de un río, las aguas lluvias, las aguas del mar. Pero no el agua de beber, por ejemplo. Necesidades personales, familia (artículo 815).-Expresamente dice el Código hablando del derecho de uso y habitación (artículo 815), que 'en las necesidades personales del usuario se comprenden las de su familia', esto es, extiende el significado de personal y agrega estos conceptos muy notables y tradicionales desde el derecho romano: 'La familia comprende la mujer y los hijos legítimos y naturales; tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevienen después y esto aun cuando el usuario o habitador no esté casado ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución'. Comprende asimismo el número de sirvientes necesarios para la familia. 'Comprende, además, las personas que a la misma fecha vivían con el habitador o usuario y a costa de éstos, y las personas a quienes éstos deben alimentos'. No había definido el Código antes la familia, ni aun para los deberes entre los padres y los hijos legítimos, pero en esta disposición del artículo 815, le da todo el alcance romano y aun el antiguo de casa, que los hidalgos castellanos solían tener para albergar y alimentar a la mujer, los hijos, los nietos, las nueras, los amigos, parientes y servidores. Un derecho de habitación pasa así a ser una colonia de parientes y servidores. Y se trata de un significado legal de los términos considerados. Servidumbre.-En materia de servidumbres el Código define la mayoría de sus expresiones: servidumbre predial, predio sirviente, predio dominante, servidumbre activa, pasiva, continua, discontinua, positiva, negativa, aparente, inaparente, natural, legal, voluntaria, etc . . . . No ofrecen particularidades lingüísticas estas expresiones (artículos 820 al 832). Lo mismo puede decirse de la clasificación de las servidumbres legales (artículos 839 a 879). Sin embargo, vale la pena señalar el significado de la voz tronera empleada en el artículo 874: 'no se puede abrir ventana o tronera de ninguna clase en una pared medianera, sin consentimiento del condueño'. En este artículo, tronera no está usado en su sentido fundamental, de abertura en el costado de un buque (ojo de buey) o en el parapeto de una muralla, entre almena y almena, o en el espaldon de una batería, sino en el sentido especialísimo de 'ventana pequeña y angosta por donde entra escasamente la luz' (Acad.) Quiso el Código prohibir, no solamente la ventana usual que permite asomarse a ella, sino también la hendija o abertura (en España rehendija), por donde pueda captarse sólo luz, pero que permite también aguaitar, acechar o atisbar al vecino. Ventanas, balcones, miradores o azoteas (artículo 878).-Ventana es toda abertura en una pared para la luz, la vista y la ventilación, que debe haber sido su destino primitivo, ya que se deriva de ventus, viento. El balcón es una ventana especial, con barandilla, por lo común saliente, que permite asomarse. En Chile se dice balconear en el sentido de observar pasiva y despreocupadamente los acontecimientos. Los miradores son ya construcciones especiales destinadas a tener una vista amplia o a atalayar el campo. La atalaya es un mirador de tipo militar, una torre elevada para registrar desde ella el campo o el mar. Por su carácter militar no aparece este término en el artículo analizado, que prohibe 'las ventanas, miradores o azoteas que den vista a las habitaciones, patios o corrales de un predio vecino, cerrado o no, a menos que intervenga una distancia de tres metros'. Comprende la prohibición las azoteas, término arabigo que designa la cubierta plana y sólida de un edificio, que permite andar por ella. Usadas antes con profusión en los países secos, se han hecho comunes, aun en los lluviosos, con los progresos de la técnica. La ley las asimila a las ventanas, balcones y miradores, para los efectos de prohibirlas en ciertos casos y a cierta distancia de los predios vecinos. Secuestro (artículo 901).-'Si reivindicándose una cosa corporal mueble, hubiere motivo de temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor, podrá el actor pedir su secuestro'. El secuestro está definido en el Código en el artículo 2249: 'El secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos, en manos de otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor'. Es así el secuestro un depósito judicial que tiene un fin específico. La palabra tiene históricamente un sentido más amplio y equivale a embargo, tomando esta palabra en el sentido de sustracción de una cosa del comercio público por acto de autoridad, de cualquiera autoridad, política, judicial, militar, o meramente policial. Secuestrar, en general, es tomar por la autoridad no sólo las cosas, sino también, las personas y sacarlas así del comercio social, y por natural extensión, se aplica a la acción de ladrones o piratas que aprehenden personas, las ponen a buen recaudo y exigen rescate por ellas. Prohibición de obra nueva (artículo 930).-'El poseedor tiene derecho para pedir que se prohiba toda obra nueva que se trate de construir sobre el suelo de que está en posesión'. Una interpretación judaica, y por ende, irracional, sustenta: a) que toda prohibición es de futuro, de modo que no puede prohibirse por esta acción la obra ya terminada; b) que la obra es nueva sólo mientras se está haciendo y no si ya está terminada; c) que la ley misma se encarga de recalcar que la denuncia de obra nueva se dirige solamente contra aquella que se trate de construir', o sea, la que está en vías o intento de ejecución; no contra la ya realizada. Esta interpretación es irracional: a) porque aunque prohibir estrictamente mira al futuro, toda prohibición quebrantada implica la necesidad de deshacer la obra prohibida; b) que eso mismo dice el Código en el artículo siguiente, 931: 'son obras nuevas denunciables las que construídas en el predio sirviente embarazan el goce de una servidumbre constituida en él'. Construídas es un participio de pasado. Si hay denuncia de obra nueva contra una obra ya construída, es porque ella puede ser prohibida, vedada, y, naturalmente, destruída; c) la posesión puede ser turbada por actos personales (corta de árboles, destrucción de bocatomas de riego, establecimiento de sendas o caminos) y también por obras de carácter permanente (puentes, puertas, techos, paredes, cañerías, construcciones en general). La denuncia de obra nueva no mira a los actos fugitivos del hombre, aun cuando tiendan a producir una servidumbre o gravamen, sino a impedir, y necesariamente también, a destruir obras nuevas permanentes que turben la posesión; d) la interpretación demasiado estricta y arbitraria de que prohibir sólo mire al futuro, y de que la obra recién hecha ya no sea nueva para la ley da pábulo a la mala fe del turbador, que se apresura a terminar la obra suya que constituye el atropello de la posesión ajena, y le permite aun ganarle injustamente una querella oportunamente promovida. El propio autor del Código se da cuenta de que la expresión empleada en este caso no es perfecta. El artículo 936, que trata evidentemente de obras nuevas o recién hechas, manda deshacerlas o modificarlas, y el 937, expresamente dice que: 'lo dispuesto en el artículo precedente se aplica no sólo a las obras nuevas, sino a las ya hechas, mientras no haya transcurrido tiempo bastante para constituir un derecho de servidumbre'. Todo ello hace pensar que la expresión'que se prohiba toda obra nueva que se trate de construir', empleada por el artículo 930, no tiene el alcance circunscrito que se le ha dado, y que debe entenderse que prohibir implica destruir lo prohibido y obra nueva es también la recién hecha y no solamente la que se intenta construir, por lo menos 'mientras no haya transcurrido tiempo bastante para constituir un derecho de servidumbre'. Hay aquí conflicto entre un texto aparentemente claro de la ley, pero que parece traicionar sus fines, y la necesidad suprema de hacer justicia. Es el caso de menospreciar estos que se han llamado ápices de la ley. En materia de acciones posesorias la interpretación rutinaria ha llevado demasiado lejos el formalismo tradicional. (Vease el artículo 946 y el 950, inciso 3º). La ruina de un edificio (artículo 932).-La palabra ruina está tomada en su sentido fundamental y estricto: la acción y el hecho de caerse o derribarse (del latín, ruere, derribar). El plural, ruinas, son los restos que quedan en pie de los edificios arruinados o derribados. Por eso, la acción se llama denuncia de obra ruinosa, es decir, que se empieza a arruinar o amenaza ruina. El sentido estricto del singular ruina va desapareciendo del uso corriente en este valor del Código, de acción o hecho de caerse o derribarse, y, por lo menos en Chile, ha tomado el sentido concreto, en lo metafórico del plural ruinas: este hombre es una ruina física; su casa era ya en ese tiempo una ruina (4). Ingenio o molino (artículo 944).-Ingenio, en este sentido material del artículo 944, es voz general que significa máquina o artificio mecánico. El molino es una especie de ingenio industrial. En Chile la voz ingenio no se usa ya en este sentido. En la América tropical son corrientes los ingenios de azúcar, expresión en que la palabra ingenio designa no solamente máquinas sino los establecimientos mismos que elaboran el azúcar y aun las fincas en que se cultiva la caña. Cegar un pozo (artículo 945).-Es expresión muy castiza, en el sentido de cerrar, tapar o macizar entera y definitivamente una cosa que antes estaba hueca o abierta, como puerta, pozo, cañería o acequia. Figuradamente se dice también cegar una calle, una salida, un portillo. Universal, singular.-Siempre contrapone el Código estas dos expresiones. Esta oposición no es perfecta ni aún en lo jurídico. Singular significa único, individual, personal, particular, propio, definido. Singularis (de singuli, cada uno, uno distributivo latino), indica la particularidad individual. El título singular del legatario define su vinculación con el difunto a una adquisición limitada, particularizada de sus bienes. El título universal es indefinido. El heredero sucede a título universal, esto es, en todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles del difunto, (art. 951). El Código emplea el término varias veces más (artículo 2056): 'Se prohibe toda sociedad a título universal, sea de bienes presentes y venideros, o de unos u otros'. 'Se prohibe asimismo toda sociedad de ganancias, a título universal, excepto entre cónyuges'. Universal es, pues, lo total, lo indefinido. Jurídicamente, el patrimonio todo, activo y pasivo, con la sola excepción de las cosas singulares excluídas. Este sentido de las palabras universal y singular, no es exclusivo o particular del Código, sino que tradicional en el derecho. Lo mismo sucede con las numerosas expresiones jurídicas que emplean o definen los artículos 952, 953, 954, 955 y 956 del Código, corrientes en el dialecto forense. El artículo 956 emplea la voz delación, de sentido muy particular. 'La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla'. Como delación está etimológicamente vinculada al verbo deferre, deferir, el Código puntualiza que 'la herencia o legado se defiere de heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata' . . . etc. Con la delación de la herencia está relacionada la acción de adirla. Adir la herencia es admitirla, aceptarla. Adir es un curioso verbo defectivo (latín, ad ire), que sólo tiene la forma del infinitivo. Es curioso que don Andrés Bello, que lo considera en su Gramática, no lo usara en el Código. Debe haberlo reputado ya fuera de uso. Deudos (artículo 965).-Don Andrés Bello da a esta palabra su acepción castiza de parientes, de consanguinidad o afinidad. Jamás emplea en tal sentido el sustantivo familiares, que es un solecismo que nos ha llegado de la República Argentina. En castellano los familiares son ya criados o sirvientes, ya ciertos eclesiásticos o pajes comensales de algún obispo, ya otros criados, servidores o allegados, pero no los deudos. (Véase también artículo 969). Destitución (articulo 968, Nº 3) .-Está usado el término en el sentido de indigencia, pobreza o privación. No lo registra la Academia en este sentido, pero él es clásico. Destituere, en latín, es también privar, despojar. Destituído de los méritos significa privado de los méritos. La destitución a que se refiere el Código no es la del cargo u oficio que uno tenía, sino la indigencia, pobreza o abandono. Difunto, es el muerto, la persona muerta, el cadáver. Como la persona termina con la muerte, el difunto ya no es persona, ni se le atribuye lógicamente ninguna actividad; pero en realidad con la palabra difunto se designa a la persona viva que lo fué hasta el momento de su muerte. No puede ser designada de otro modo sin ambigüedad. Es imposible usar esta voz sin caer en errores lógicos, a menos que se entienda, como dejo dicho, por difunto, no solamente al muerto, sino a la persona viva anterior a la defunción. De otro modo el Código y todas las leyes y documentos que se refieren al difunto, importarían despropósitos. Don Andrés Bello, evidentemente, da a esta voz el significado que indico, que la Academia no ha registrado. Véanse estos ejemplos del Código:

'Los bienes de que el difunto no ha dispuesto' (artículo 980); 'Los descendientes legítimos del difunto' (artículo 983); 'Si el difunto no ha dejado posteridad legítima' (artículo 989); 'Sucederán al difunto los otros colaterales legítimos' (artículo 992); 'Los alimentos que el difunto ha debido por ley' ( artículo 1168 ); 'La legítima es aquella cuota de los bienes de un difunto' (artículo 1181) 'Los bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio' (artículo 1187); 'Si el difunto hubiere prometido por escritura pública' ( artículo 1204).

Los ejemplos son innumerables. Pero hay que reconocer que el problema gramatical no tiene solución, a menos que se reconozca paladinamente que difunto significa también la persona viva anterior a la defunción, y que hay dos significados o contenidos semánticos diferentes en estas dos frases: el llanto sobre el difunto, y las últimas palabras del difunto.

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Las observaciones sobre el lenguaje de un Código, de un libro, de un autor, de una época determinada o de una región, pueden llevarse a límites prácticamente infinitos. Don julio Cejador y Frauca ha escrito un libro sobre 'La Lengua de Cervantes'; don Rufino José Cuervo, otro, 'Apuntaciones Críticas sobre el Lenguaje Bogotano'; pululan los diccionarios de chilenismos, peruanismos, argentinismos, o los glosarios de los términos arabigos de la lengua castellana; hay en francés un libro muy interesante que es una monografía sobre la palabra abeja. Tales obras tienen valor para los filólogos o especialistas. Para los profanos bastan algunas observaciones. En el caso del Código nuestro ellas pueden tener algún valor para ilustrar ciertos aspectos generales de la lengua que usó don Andrés Bello. Pueden resumirse como sigue: La sintaxis es siempre perfecta; de una claridad resplandeciente, de gran eufonía estilística, que ordinariamente no da margen a ninguna oscuridad. El uso de las voces es cuidadoso en extremo, y siempre llano y fácil. Nada más contrario a la mente clarísima de don Andrés Bello, a su sencillez de buen gusto, que la sutilización, la hermenéutica difícil, la interpretación alambicada y trabajosa de algunos profesores y jueces, que pretenden admirarlo seguramente sin comprenderlo. El nunca habló ni escribió con sentido esotérico, para que sacasen de sus palabras conclusiones sutiles o distingos caprichosos. Escribió su Código

en román paladino, en el qual suele el pueblo fablar con su vecino.

como apunta Gonzalo de Berceo, y con ello nos dió no sólo una pauta de buen sentido y de buen gusto, ajena a toda pedantería, sino también una lección de justicia. Hay algunas disposiciones de su Código que han sido simplemente tergiversadas por una jurisprudencia ciega y rutinaria, y por una enseñanza de pedagogos sin doctrina. Una y otra tienen mucha priva hoy día, porque la lengua oscura da patente de sabiduría; pero es de esperar que se vuelva a la interpretación lisa y llana de lo que es claro, y eficaz para lograr la justicia, y que jueces y profesores se convenzan de que el Código está escrito

en roman paladino, en el qual suele el pueblo fablar con su vecino.

Notas

1

Este significado de auténtico es el más antiguo. Hoy significa también verdadero, real, genuino: nobleza auténtica, negocios auténticos, etc. volver

2

Hay incongruencias, y aun errores de concepto en el Código, que es cosa distinta de la oscuridad. volver

3

Está con h en la edición oficial. volver

4

Doña Emilia Pardo Bazán en 'Los Pazos de Ulloa' pica este singular ruina en el sentido que le dan en Chile. volver