Actos Académicos y Oficiales

  • Homenaje al Código Civil de la Facultad y del Consejo General del Colegio de Abogados

Resumen

Abstract

Discurso de don Dario Benavente Gorroño

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile se asocia jubilosa en esta fecha al homenaje que se tributa al glorioso recuerdo de don Andrés Bello, al cumplirse un siglo desde la promulgación del Código Civil, cuerpo legal que ha tenido tan destacada influencia en la vida jurídica de la República. Por esto se eleva ahora mi voz entre vosotros, mi voz que va desde esta casa que él supo forjar en sus ideales de humanista y de verdadero americano. De esta casa de Bello que sigue fiel a su ejemplo y a su norma, y a sus principios de padre indiscutible de nuestra cultura. La influencia creadora de Bello en Chile, múltiple como fué su actividad, se ejerció en tres campos principales: en su enseñanza, en su Derecho y en su Política Exterior. ¿Dónde fué más honda, dónde más trascendental? Difícil parece precisarlo. Pero la intuición chilena, que honrara en cien sitios diversos la efigie de Bello, escogió para su consagración en el mármol un sitio culminante. Y allí está el Maestro, a las puertas de la Universidad, pensativo y benévolo, velando por su obra, que, en lo jurídico, está entregada a la custodia de los hombres de Derecho y, muy especialmente, a la Facultad que represento. Bello contribuyó a estructurar el país. Alzó como consigna el respeto a la ley, y hasta hoy este principio es inalterable en cada chileno que se estime. Es por esto que, tan pronto como se organiza la vida institucional de la República, después de promulgada la Constitución Política de 1833 -lo mejor de cuyos conceptos filosóficos parten en su origen del ilustre americano-, y cuando todavía no se habían apagado los primeros aplausos por el estupendo 'Derecho de Gentes', Bello comienza a revisar la legislación privada de Chile, que tenía, como la de otros países de América, por centro medular las viejas Partidas Alfonsinas. Su espíritu, integralmente nuevo, sabe que la República no se compadece con el complejo sistema de leyes españolas que sobreviven con carácter obligatorio a pesar del hundimiento del Imperio Colonial. Y en 1855 nace en esta apartada República americana un estatuto jurídico que, por su estructura, su forma externa, la precisión del lenguaje, su contenido jurídico y su notable adaptación al medio ambiente en que debían tener aplicación sus disposiciones, puede ser considerado entre los mejores códigos modernos. Y su influencia se hace sentir no sólo en Chile sino en numerosas Repúblicas del continente, en términos que puede decirse, sin exagerar, que deja de ser una obra nacional para convertirse en una obra americana. Justificada emoción debió haber sentido Bello por la decisión de países, tan unidos al suyo como Colombia y Ecuador, de adoptar su Código Civil. Como legislador su título máximo de gloria fué la elaboración del Código Civil de Chile, obra monumental en que trabajó 25 años, alzada sobre los sabios textos del Código de Napoleón, pero adaptada con notable acierto a la realidad americana. Es una perseverante labor de muchos años, con el peso de una responsabilidad pública que gravitaba casi exclusivamente sobre él. Tuvo la satisfacción inmensa de ver su proyecto convertido en ley de la República, en 1855, después de haber contado con la valiosa colaboración de hombres eminentes, como Montt, Egaña, Ocampo, José Alejo Valenzuela y José Miguel Barriga. Bello, al realizar su obra, no ha pensado jamás en conquistar honores ni dignidades. Sin embargo, estaba realizando una labor que lo llevaría a ocupar la misma dignidad que para su nombre recabó Bonaparte cuando puso el suyo al Código Civil que redactaron los más grandes juristas de Francia. Junto con la napoleónica habrá ahora otra fuente de legislación civil, donde las nuevas Repúblicas del continente americano podrán tomar su ordenamiento jurídico. Para eso está el Código de Bello, y con él nuestro sabio gana título egregio entre los más ilustres juristas del Nuevo Mundo. En ninguna obra del gran humanista se destacan en forma más nítida las principales facetas de su personalidad intelectual: el gramático, el filósofo, el sociólogo y el jurista. Chile en el Código Civil recibe la más grande lección de Derecho a que un pueblo puede aspirar, y ello ha debido contribuir en gran manera a formar la conciencia jurídica, de nuestros conciudadanos que constituye una de sus características más acentuadas. Y todo el sistema de nuestra legislación privada, tanto en el orden substantivo como adjetivo, ha sido estructurado sobre las bases inconmovibles, siempre respetadas, que el gran venezolano legara a la posteridad en su Código Civil. La universal preocupación por ver, comprender, amar y saberlo todo, caracterizó al humanista. Pero la grandeza intelectual de Bello no estuvo, precisamente, en la diversidad de sus conocimientos, que divulgó en su época y transmitió a la posteridad, esa grandeza que es inmortal se afianza en la perennidad de su pensamiento; y es así porque todo lo profundizaba con minuciosidad de erudito y con claridad de pensador. En esta ocasión solemne nuestra Facultad, después de cien años de existencia, puede decirle a Bello que, fiel a la consigna que él le señalase al crear la Universidad de Chile, se ha dedicado permanentemente 'al estudio de las leyes y del desarrollo de la justicia para adaptarlas a la sociedad dentro de la cual han de prosperar, atribuyéndoles un sentido práctico al servicio de la restitución de las instituciones republicanas'. Y puede también decirle que esto se ha conseguido mediante el estudio bien logrado y difusión constante de los principios de su Código Civil por esos varones ilustres que honraron con sus enseñanzas esta casa, como Lastarria, Amunátegui, Cood, Fábres, Aguirre Vargas y otros no menos ilustres en el pasado, y don Paulino Alfonso, don Luis Claro, don Leopoldo Urrutia, don Ruperto Bahamonde, Arturo Alessandri Rodríguez y tantos más que en nuestros días aún siguen colaborando en esta Facultad. Desde hace más de un siglo la Facultad de Derecho ha tratado de enaltecer la personalidad de Bello, buscando la forma de honrar su memoria, y en esta fecha ha visto realizado uno de sus más legítimos anhelos al imponerse de que el retrato del maestro será colocado entre los de aquellos famosos internacionalistas que cubren los muros del histórico palacio de la Paz de La Haya, sede del más alto tribunal de Justicia Internacional del mundo, con lo cual la memoria del gran jurista adquiere relieve universal. Pero nosotros comprendemos, y sobre ello es necesario insistir, que para honrar la memoria de Bello y recordar su obra, no basta colocar aquí o allá su retrato, levantarle estatuas y dedicarle elocuentes discursos, sino que es necesario actualizar siempre su obra mediante un trabajo creador capaz de enriquecer la tradición cultural que él inició en nuestro país con un alto sentido de la función intelectual y de la dignidad humana. Y como Bello, miremos hacia adentro y hacia fuera, en el orden del progreso de las naciones, buscando en las formas del Derecho Privado la manera de hacer expeditos los caminos de la justicia entre los hombres, y en el campo del Derecho Público procuremos facilitar los caminos de la comprensión entre los Estados. Y en esta tarde memorable para nuestra Corporación, no sería posible recordar a Bello y destacar las excelencias de su obra cumbre sin rendir homenaje de gratitud, de respeto y de admiración a ese gran estadista, insigne maestro y notable jurisconsulto que fué don Manuel Montt, cuya memoria, cien veces venerable para Chile, ha sido honrada en diversas formas y, entre otras, mediante una Fundación que lleva su nombre y que está destinada a premiar la mejor obra científica o jurídica que se publique en el país. Y ha querido el destino que este año sea el favorecido un destacado profesor de esta Facultad, Manuel Somarriva Undurraga, quien, en esta ocasión solemne, recibirá el justo galardón, lo que es un alto honor y motivo de orgullo, no sólo para el agraciado, sino también para la Facultad que represento. He dicho.

Discurso de don Raul Varela Varela

La promulgación del Código Civil, acaecida el 14 de diciembre de 1855, constituyó para Chile un acontecimiento de extraordinaria importancia y, para los abogados y jueces, la toma de posesión de un instrumento de trabajo de incomparable valor.

Vino el Código a reemplazar la vieja legislación española, que había continuado, después de la emancipación política, rigiendo en Chile la vida jurídica privada.

Estaba esa legislación formada por un fárrago de disposiciones provenientes de diferentes épocas, escritas en lenguaje arcaico y contradictorias entre sí. Se trataba, sin duda, de Códigos valiosos, que habían prestado en su tiempo importantes servicios y algunos, como las Siete Partidas, que recogían la doctrina común del Derecho Romano, de innegable calidad en todo tiempo. Pero la consulta y manejo de esa legislación tan abundante, arcaica y contradictoria, era difícil y a menudo resultaba incierto decidir cuál era la disposición vigente y aplicable en determinada hipótesis.

'Lamenta la República -decía a propósito de esto un eminente hombre de la época, don Francisco R. de Vicuña-, lamenta la República entera los males que padece en el orden judicial. Ningún ciudadano desde el instante mismo que es citado a un Tribunal tiene segura su propiedad, aunque su buena fe, sus consultas con jurisconsultos sabios, su inspección o precaución para hacerse de una propiedad de arraigo o un contrato con personas particulares o privilegiadas o cuantos medios de seguridad haya imaginado, en fin, cuando haya practicado cuanto pudo y debió hacerse; todo, todo es burlado por las complicaciones de leyes contradictorias, por las opiniones de autores divididos en sus interpretaciones y glosas que hacen inefectivas las responsabilidades de un Juez o de un Tribunal y le hacen árbitro de vulnerar al que no sea de su agrado. De aquí nace la aceptación de personas por los vínculos de la amistad, de aquí la venganza de sus enemigos, el pávulo de odio y de una pasión, los efectos de una antipatía o simpatía, nacidos todos de aquellas causas por las que vemos con dolor que ex bono et aequo y por las mismas razones que se gana un pleito se pierde otro de igual naturaleza e identidad'.

Si este pensamiento era compartido por los hombres de influencia social en ese tiempo, como parece que lo era, se comprende que todos pugnaren por alcanzar una reforma legislativa que pusiere orden y claridad en el sistema. Y, en efecto, desde los primeros balbuceos jurídicos de la República se afirma la voluntad de crear una legislación civil adecuada a la nueva condición del país. Pero los repetidos esfuerzos que a ello se dirigieron fueron fracasando uno a uno, porque los tiempos eran más para las empresas de acción, que para las de pensamiento, y antes de fijar las bases del derecho público y del derecho privado nacionales, era indispensable asentar la existencia misma de la nacionalidad.

No es por rasera casualidad que los primeros pasos ciertos que conducirán al Código Civil se dan por el mismo tiempo en que la República está a punto de cuajar, y que el éxito se logre cuando ha sido vencida la anarquía, las bases del derecho público chileno, definitivamente establecidas, y el país crece y se desarrolla bajo la dirección de quien, con justicia, ha sido calificado como uno de los mas grandes gobernantes de América.

Portales, vencedor de la anarquía; Montt, gobernante enérgico y progresista, hicieron posible que Bello y sus colaboradores realizaran su obra magnifica!

Cuando se examina el Código Civil y se consideran los reducidos medios con que entonces contaba el país para lograr empresa tan cumplida, se maravilla uno de la abnegación y constancia de aquellos hombres que durante quince años trabajaron con tesón sin igual, en medio de las luchas y dificultades de un país en formación, para realizar una tarea que otros, en la culta Europa, habían llevado a cabo en menos tiempo y con más medios, pero no con mejores resultados. El Código Civil chileno ha sido, con justicia, calificado como una de las obras legislativas más sobresalientes del siglo XIX y superior a cuantos le precedieron. El, ha dicho un historiador nacional, 'no sólo ha servido de sólido e inconmovible fundamento a la legislación del país, sino que nos creó una jurisprudencia nacional, como la Constitución de 1833 nos diera un sistema político'. (A. Edwards, 'El Gobierno de don Manuel Montt', Pág. 140.)

No es el Código Civil una obra de soluciones originales, ni convenía que lo fuera. El Derecho es un producto de la cultura y Chile no podía escapar al influjo de su ancestro europeo. Tampoco lo es el Código Napoleón, que le sirviera de modelo, y es sabido que el gran servicio prestado a Francia por este notable cuerpo de leyes civiles fué haber fusionado el derecho de los países de costumbres, con el de aquellas provincias gobernadas por el Derecho Romano, manteniendo, a través de la innegable influencia de Pothier y de Domat, el predominio de este último sistema, que era el de la cultura europea mediterránea.

El Código Civil chileno acusa, igualmente, la raíz romana, como no podía menos de serlo. No sólo el Código Napoleón y la doctrina que expresa es, como acaba de decirse, de estracción romanista, sino que también esa raíz existía en uno de los cuerpos de leyes más famosos de España y que más admirado fuera por nuestros jurisconsultos de la época, hasta el punto que uno de ellos limitara sus aspiraciones en el campo de la codificación a la revisión y actualización de las Siete Partidas, que es el Código de mi referencia. Pero es preciso reconocer que si bien la legislación española y la obra de sus glosadores mantuvo su presencia, el resultado final acusa mayor influencia del Código Napoleón y, en algunos puntos, con desventaja para el progreso del Derecho, pudiendo citarse, a vía de ejemplo, la desmedrada situación en que el Código Civil dejó a los hijos ilegítimos, a quienes negó acción para la investigación de su paternidad, abandonando en este punto la tradición española de las Siete Partidas y las Leyes de Toro, para dar paso a las prevenciones del Primer Cónsul.

Pero si en ese punto merece reproches que nuestro legislador abandonare la solución del derecho ancestral, en elogio suyo ha de señalarse que de ordinario supo guardar la necesaria independencia frente a su prestigioso modelo y se separó de él cuando tuvo por inconvenientes sus soluciones. Así, a vía de ejemplo también; señalaremos cómo nuestro Código Civil mantuvo la solución romanista de la necesidad del título y el modo de adquirir, para la transferencia del dominio, negándose a reconocer, como había hecho el Código Napoleón, que la propiedad de las cosas pueda transferirse por el solo efecto de los contratos. Medio siglo más tarde, los más sabios juristas germánicos, llamados a preparar un Código Civil para el Imperio, resolvieron el problema con el mismo criterio que el legislador chileno.

Dignas de especial recuerdo son las reglas sobre la sucesión intestada, y, principalmente, las que gobiernan el orden de los descendientes legítimos; porque ellas satisfacen la justicia al asegurar a cada hijo una cuota en la herencia de su progenitor, de la que no puede ser privado sino en caso de indignidad, aseguran la continuidad del patrimonio familiar y afirman al mismo tiempo la autoridad de los padres al dejar a éstos el derecho de disponer de la mitad de la herencia bajo condiciones que son conocidas.

En materia de Derecho de Familia, el Código fué fiel al pensamiento dominante en la época y en la sociedad para la cual legislaba: mantuvo la eficacia civil del matrimonio religioso, asentó la autoridad del padre y marido como jefe de la sociedad formada por el matrimonio y organizó sobre bases de justicia natural los intereses patrimoniales de la familia al constituir entre los cónyuges y por efecto del matrimonio, una sociedad de bienes, cuyo administrador es el marido.

En el tema de los contratos y obligaciones siguió las líneas fundamentales trazadas por una experiencia secular; pero resolvió con acierto problemas que habían quedado oscuros en el código francés, cual, verbi gratia, el referente al valor de la estipulación en favor de terceros, que el código chileno afronta y resuelve con criterio tan equilibrado y dignó de loa, que sus principios hacen posible la aplicación de las doctrinas elaboradas sobre el asunto por el pensamiento jurídico moderno.

Cierto es que el Código se mantiene en algunos puntos excesivamente apegado a las soluciones romanas y que el contrato de arrendamiento de servicios, o de trabajo, como hoy llamamos, no recibe de él el tratamiento debido para que se respete la dignidad de la persona humana y se realice la justicia. Pero es ése un defecto que se advierte en todos los códigos civiles de su época y al que sólo escapan los códigos de comercio cuando regulan las relaciones de los hombres de mar con el naviero, porque las reglas consuetudinarias que ellos recogen y que se formaron fuera del ambiente romanista, son la expresión del pensamiento cristiano y de la fraternidad que el peligro común crea en la aventura del mar.

Se ha señalado también, como defecto del código, que olvidó algunas instituciones, que han adquirido modernamente extraordinaria importancia, como la propiedad intelectual, y que los plazos de prescripción se mantuvieron en él demasiado largos. Pero me parecen injustas esas críticas. La propiedad intelectual no fué desconocida por el Código, que la afirma expresamente dándole, así, carta de legitimidad en el Derecho. Pero no la regula, porque nuestro legislador carecía de experiencia nacional sobre la materia y no tenía precedentes que seguir; no era ése, tampoco, un problema de la sociabilidad chilena de entonces, que exigiera solución inmediata.

En cuanto a los plazos de prescripción, nos parecen hoy demasiado largos, en nuestra era del avión de propulsión a chorro y de la desintegración del átomo; pero entonces el tiempo se movía con mucha parsimonia y aún los hombres viajaban en barcos de vela y en diligencia.

Si prescindimos de estos ligeros defectos, que leyes ulteriores han salvado, y de otros que una crítica minuciosa podría también señalar, y nos atenemos al valor del conjunto, nadie podrá discutir los elogios que el Código Chileno ha merecido a los más egregios jurisconsultos.

Afirma el Código Civil el valor excluyente de la ley como fuente formal de Derecho y señala las normas a que el intérprete debe ajustarse en la tarea de descubrir su voluntad. Luego de marcarle el valor de la fórmula literal y los arbitrios técnicos útiles para encontrar su genuino sentido, lo previene contra el influjo de sus personales sentimientos, que podrían inclinarlo a morigerar el rigor del mandato legal: 'Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación', dice el artículo 23; y agrega, glosándose a sí mismo: 'La extensión que deba darse a toda ley, se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes'. No puede, pues, tener lugar la restricción del alcance de la ley, por epiqueya. La voluntad de la ley debe siempre cumplirse, tal cual fué formulada, y a la equidad se le reconoce una función integradora, llamada a actuar como supremo recurso de interpretación cuando los otros medios que la técnica consulta han resultado ineficaces.

Estamos, pues, en pleno terreno de la legalidad, de la disciplina dura, pero cierta, de la ley, y en las antípodas del arbitrismo judicial, que constituyera el flagelo de otros tiempos y que modernamente quiso resucitarse bajo el pretencioso dictado de 'Derecho Libre'.

Este es el pensamiento rector del Código Civil y la lección suprema que nos dieran esos hombres ilustres que hicieron la República, y que al conquistar para las generaciones ulteriores nuestro ser de nación soberana, aseguraron el imperio del Derecho y el goce de la libertad, bajo la disciplina de la ley.

Los abogados chilenos les debemos eterna gratitud. Sus sabias disposiciones, redactadas en lenguaje claro y elegante, sus soluciones racionales y de admirable prudencia, han informado durante un siglo la mente de los hombres de derecho de la República y disciplinado sus espíritus. Los abogados de Chile somos creaturas del Código Civil y si podemos jactarnos de la sobriedad de nuestros pensamientos y modo de ser, al clasicismo del Código Civil la debemos.

En la ocasión de celebrarse el primer centenario de la promulgación del Código Civil, la Orden de los Abogados de la República rinde a quienes lo realizaron y a la obra por ellos cumplida, el homenaje que la gratitud y la justicia hacen obligatorio.

He dicho.

Discurso de don Antonio Oyarzún Lorca

La Fundación Manuel Montt, destinada a rendir permanente homenaje al primero de los Presidentes que llevara este ilustre nombre, tiene ya un sólido prestigio entre los galardones que honran en nuestro país a las obras más destacadas de la producción intelectual. Quiso el fundador asociar en esta empresa de noble significación ciudadana al Instituto Nacional, en cuyo nombre hablo. Entre los innumerables servicios que el Presidente Manuel Montt prestó a la República, no podrían olvidarse, en efecto, los desvelos que consagró, antes de su exaltación a las más altas funciones del Estado, a la enseñanza pública desde la rectoría del Instituto Nacional. El severo espíritu republicano del Instituto contribuyó, sin duda, en sus años de mocedad, a templar su carácter, a acentuar sus líneas de austeridad y de fuerza, y no por azar fué él, justamente, quién con más propiedad encarnó y encauzó la tradición naciente de nuestro primer colegio. El alma de Montt perdura en nuestras aulas y es uno de los más elevados y claros ejemplos que podemos ofrecer a nuestros alumnos. En esta ocasión, el Premio Manuel Montt ha venido a coronar a una de las obras jurídicas de mayor relieve que se hayan publicado en el país en los últimos años. Su autor es un catedrático vastamente conocido que honra a la Universidad de Chile. Como Secretario de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales y como profesor de Derecho Civil, don Manuel Somarriva Undurraga ha influído, de manera sobresaliente, en el perfeccionamiento de nuestra enseñanza superior y ha formado a muchas generaciones de estudiantes. Es un azar venturoso el que este Premio, que lleva el nombre del esclarecido mandatario que puso su firma al Código Civil, orgullo de América, sea entregado precisamente en los días en que la nación celebra el primer centenario de este sapientísimo texto legal. El Instituto Nacional está, además, ligado al otorgamiento del Premio instituído por don Pedro Montt, no tan sólo por las circunstancias ya expresadas, o por ser el Rector de este colegio uno de los miembros del Consejo de la Fundación, sino que por haber sido este plantel la cuna misma de la enseñanza universitaria chilena, ya que en sus aulas se impartió por primera vez la enseñanza superior del país. Señoras y señores: No es posible mantener una tradición formadora de juventudes sin rendir culto a las grandes figuras del pasada. Por eso, el Instituto Nacional se regocija, por mi intermedio, de la oportunidad que ahora se le brinda de recordar a uno de sus hombres más egregios, y de asociar este recuerdo al aplauso con que se engalana esta tarde a un maestro eminente, como lo es don Manuel Somarriva Undurraga, He dicho

Discurso de don Manuel Somarriva Undurraga

Sean mis primeras palabras para agradecer de todo corazón a don Antonio Oyarzún por la forma tan generosa con que ha enjuiciado mi labor en el campo de las disciplinas jurídicas. No reclamo para mis modestas obras otro mérito que el entusiasmo y tesón que siempre he puesto en ellas. Las expresiones que acabamos de escuchar no tienen entonces otra explicación que la natural bondad del señor Rector y que, maestro por vocación, ha mirado con simpatía y benevolencia la labor desarrollada por quien ha hecho de la cátedra la pasión de su vida. La grandeza de los pueblos se mide por el desarrollo que en ellos alcanza la cultura. En el curso de la historia, Roma y Grecia fueron grandes, precisamente, por el maravilloso auge que tuvieron las artes y las ciencias. Las obras materiales, por muy gigantescas que ellas sean, tarde o temprano terminan por sucumbir a la acción destructora e inexorable del tiempo. En cambio, las creaciones del espíritu, frágiles en apariencia, como que las hojas de un libro pueden ser aventadas por el más leve soplo, resisten el embate de los años y perduran a través de los siglos. Así lo han comprendido almas selectas y generosas que, queriendo pagar la deuda que todo hombre tiene para con la sociedad, en un gesto altruísta han destinado sus bienes materiales a servir de estímulo en el desarrollo y adelanto de las ciencias. Tal es el caso del que fuera ilustre Presidente de la República, don Pedro Montt, quien en sus disposiciones de última voluntad legó su cuantiosa fortuna al objeto de costear becas de educación y a establecer un premio para distinguir las mejores obras literarias o científicas publicadas en Chile o por chilenos en el extranjero. El egregio donante, en un hermoso gesto de amor filial, instituyó la recompensa en recuerdo de su padre don Manuel Montt, dándole su nombre al galardón que hoy nos toca en suerte recibir. Interpretando el íntimo pensamiento del fundador y con el espíritu de gratitud que siempre ha animado nuestros actos, creemos que la mejor manera de retribuir en algo el favor recibido, es recordando en esta ocasión la personalidad de don Manuel Montt en el campo del derecho. Este recuerdo es hoy más oportuno por la activa participación que le cupo en la dictación del Código Civil, cuyo centenario celebramos alborozados en estos momentos. La personalidad de don Manuel Montt como hombre de derecho ha permanecido ignorada. Ello sin duda se debe a que la gigantesca figura del político hizo pasar desapercibida la figura del jurista. Pero, estamos ciertos, de que en su administración brillante y progresista, en no poco influyó su sólida preparación jurídica. Desde sus tiempos de estudiante don Manuel Montt reveló su interés e inquietud por la ciencia del derecho. Así lo demuestra la circunstancia de que, a los 19 años, siendo Inspector del Instituto Nacional, elevara al Gobernador del Obispado una solicitud pidiendo autorización para leer libros prohibidos que trataran de derecho natural público o canónico, porque, según decía, 'para ponerse en aptitud de 'poder servir a su patria, le era necesario leer obras, en que encuentran 'mínimos errores'. El 17 de diciembre de 1831 recibe su título de abogado después de haber hecho la práctica forense en el estudio de don Manuel José Gandarillas, abogado de primer plano, escritor y político, quien resumió la labor desarrollada por el joven postulante con las siguientes frases: 'Certifico que don Manuel Montt ha concurrido a mi estudio constantemente a instruirse en la práctica forense, estudiando los mejores autores, leyendo autos y formando memoriales ajustados; se halla con las condiciones necesarias para ejercer la profesión de abogado y con su aplicación y constancia llegará a formarse un profesor que hará honor a la causa.' Las palabras del señor Gandarillas resultaron proféticas: el 2 de mayo de 1833 el señor Montt era designado en el Instituto Nacional profesor de Derecho Romano y de Derecho Civil patrio, cátedra que desempeño durante varios años con singular brillo y erudición. Y en febrero de 1844, cuando recién comenzaba sus labores en la Universidad de Chile, fue elegido miembro de la Faculta de Leyes. Pero, su carrera jurídica sólo comenzaba. Al maestro ilustre siguió el magistrado eminente al llegar en 1838, a la temprana edad de 29 años, a ocupar un sitial como ministro de la Corte Suprema y ser exaltado en 1851 a la presidencia del tribunal, alto cargo que desempeñó hasta su muere, acaecida el 21 de septiembre de 1880, con el solo interregno de los dos lustros en que sus conciudadanos lo llamaron a regir los destinos de la República: Como magistrado se caracterizó por su sabiduría y espíritu de justicia. Las pasiones jamás perturbaron la serenidad de sus juicios. Conocido de todos es el triste episodio ocurrido en nuestro país en 1868 cuando la Corte Suprema, por bastardos móviles políticos, fué objeto de una injusta acusación constitucional, Pero esta actitud de sus adversarios no dejó en el Presidente del Tribunal el más leve rencor que lo indujera a dictar sus fallos en otra forma que no fuera de acuerdo con las leyes. Así lo reconocieron sus más encarnizados enemigos. Don Abdón Cifuentes refiere en sus memorias que en 1877 alegó ante la Corte Suprema un importante pleito del Arzobispado contra la familia del Presidente Balmaceda cuyo abogado era don Antonio Varas. Agrega que tuvo sus temores sobre la imparcialidad del fallo por estar interesados en la causa de una parte el Arzobispo Valdivieso, a quien se le sindicaba como uno de los instigadores de la acusación, y de otra la familia Balmaceda Fernández y don Antonio Varas, personas ligadas al señor Montt por hondos vínculos de afecto. Pero reconoce que su temor era infundado y destaca la independencia y ecuanimidad del señor Montt al no trepidar fallar contra sus amigos y en favor de sus enemigos por estimar que a estos últimos les asistía la razón. La sólida preparación jurídica del magistrado y maestro hicieron que formara parte de la Comisión de Legislación del Congreso Nacional que iniciara los trabajos preparatorios de la elaboración del Código Civil. De 120 sesiones que celebró esta comisión entre los años 1840 y 1844 el señor Montt estuvo presente en 96 de ellas. Más adelante, como es sabido, siendo primer mandatario de la nación, presidió la comisión que revisara el proyecto de Código presentado por don Andrés Bello. Pero el hombre que en sus múltiples actividades hiciera un culto de la ley y del derecho, debía ver coronada su labor ligando para siempre su nombre a la ley más trascendental dictada en nuestro país, como lo es y lo ha sido el Código Civil, al estampar su firma en el decreto promulgatorio el 14 de diciembre de 1855. Podría decirse que un cuerpo de leyes tan excelso necesitaba ir rubricado por la firma de un hombre excepcional, y que el nombre ilustre de don Manuel Montt precisaba ir antecedido por un conjunto de disposiciones legales que vendría a cimentar la organización jurídica de Chile. Rector del Instituto Nacional, Presidente de la Corte Suprema, Primer mandatario de la Nación, alcanzó los más altos honores en las esferas del saber, de la justicia y de la política. Y como dice el historiador Encina 'esta ascensión insólita dentro de la regularidad y el orden, que evoca la de un globo en un día sereno, se realizó sin empeños ni impaciencias, sin que jamás solicitara un honor o un destino, empujada por la admiración que su superioridad despertó en la juventud y en los hombres maduros, en sus alumnos y en sus profesores hasta que el maestro, el magistrado y el político empuñó las riendas del gobierno'. Señores: Ante la colosal figura de don Manuel Montt se justificará que nos sintamos llenos de orgullo y de satisfacción al haber obtenido, aunque en forma inmerecida, el galardón que lleva su nombre.

Presentación

El día 16 de diciembre de 1955 tuvo lugar en el Aula Magna de la Escuela de Derecho un acto solemne en homenaje al centenario del Código Civil, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y por el Consejo General del Colegio de Abogados. En dicha oportunidad se hizo entrega al profesor de Derecho Civil don Manuel Somarriva Undurraga del premio Manuel Montt.

El acto fué presidio por el Decano suplente don Darío Benabente Gorroño y contó con la asistencia del Presidente y ministros de la Excelentícima Corte Suprema, Presidente y Ministros de la Ilustrícima Corte de Apelaciones, Presidente y Consejeros del Colegio de Abogados, Rector y profesores del Instituto Nacional, diplomáticos, profesores  y alumnos de la Escuela de Derecho.

En este acto usaron de la palabra el Decano don Darío Benabente, el Presidente del Consejo General del Colegio de Abogados don Raúl Varela, el Rector del Instituto Nacional don Antonio Oyarzún y el profesor don Manuel Somarriva.

Publicamos a continuación los respectivos discursos.