Existencia de las Sociedades por acciones

.—En Chile existen las sociedades por acciones. De ellas, las llamadas sociedades anónimas reúnen los requisitos exigi­dos por el cuestionario. En efecto, ellas tienen autonomía patrimonial y personalidad jurídica independiente de aquellas de que disponen los socios individuales, las par­ticipaciones de los socios son esencialmente transferibles a terceros, los que adquie­ren la calidad de socios en reemplazo de los cedentes, y la transferencia se verifica en relación con los títulos, llamados acciones, debidamente notificada a la sociedad anónima.

 

Otro tipo de sociedad por acciones es la sociedad en comandita por acciones la que, por ser una sociedad de personas, no reúne los requisitos anteriormente expues­tos pues la transferencia de sus acciones no es libre ya que requiere del consentimien­to de los demás socios y la responsabilidad de éstos, en ciertos casos, compromete su patrimonio particular.

 

Los demás puntos del cuestionario, en consecuencia, se referirán exclusivamen­te a la sociedad anónima.

 

Fuentes Legislativas

Código de Comercio de 1865, Libro II, Título VIII, Párrafo 8. Artículos 424 a 469

 

Ley de 11 de septiembre de 1878: Sobre transferencia de acciones o promesas de acción de sociedades anónimas.

Ley N° 4657, de 25 de Septiembre de 1929: Sobre emisión de bonos (debentures) por sociedades anónimas.

DFL. N° 251, de 22 de Mayo de 1931, del Ministerio de Hacienda, Título III, artículos 83 a 139: Regula las compañías de seguros, las sociedades anónimas y bolsas de comercio y crea la Superintendencia del ramo.

Ley N° 6057, de 16 de julio de 1937: Sobre dividendos no cobrados de acciones de sociedades anónimas.

Ley N° 7302, de 23 de Octubre de 1942, sobre reforma de estatutos de socieda­des anónimas.

Decreto N° 4705, de 4 de Febrero de 1947, del Ministerio de Hacienda: Regla­mento sobre sociedades anónimas nacionales y extranjeras.

Ley N° 10.363, de 10 de Julio ele 1952: Sobre incumplimiento de formalidades en la constitución o reforma de las sociedades.

Ley N° 13.305, de 6 de Agosto de 1959: Su artículo 156 agrega una frase al inciso primero de la Ley N° 4657, sobre emisión de bonos por sociedades anónimas del artículo 12.

DFL. N° 324, de 5 de Abril de 1960, del Ministerio de Hacienda: Sobre franquicias tributarias a las sociedades anónimas de inversión.

Ley N° 15.564, de 17 de Febrero de 1964: Su artículo 17 dispuso que las socie­dades anónimas no podrían emitir acciones al portador.

Ley N° 16.391, de 15 de Diciembre de 1965: Sobre sociedades colocadoras de acciones.

Decreto N° 783, de 15 de Marzo ele 1966, del Ministerio de Hacienda: Regla­mento de la ley anterior.

Decreto N° 2507, de 31 de Diciembre de 1966, del: Ministerio de Hacienda que reemplaza los artículos 18 y 22 del anterior.

PROYECTOS. El Parlamento Chileno se encuentra discutiendo un proyecto ele reforma de la legislación relativa alas sociedades anónimas. Ha sido aprobado por la Cámara de Diputados (Boletín N° 22.522, de 21 de Septiembre de 1966) y se encuentra pendiente en el Senado de la República.

Principales referencias bibliográficas

TRATADOS GENERALES

 

Eyzaguirre E., Rafael: “Explicaciones de Derecho Comercial', Santiago, 1964.

Mestelán G., René: 'Derecho Comercial', Santiago, 1962.

Olavarría A., julio: 'Manual de Derecho Comercial', Santiago, 2a. ed. T. II. 1956.

Palma R., Gabriel: 'Derecho Comercial': Apuntes, Santiago, 1944.

Varela V., Raúl: 'Derecho Comercial', Santiago, 1960.

 

TRABAJOS MONOGRÁFICOS

 

Balmaceda B., Emilio: 'Reforma a los estatutos de las sociedades anónimas', Santiago, 1946.

Banduc Z., René: 'De los organizadores de sociedades anónimas', Santiago, 1952.

Castro O., Carlos: 'Jurisprudencia administrativa de las sociedades anónimas', Santiago, 1950.

Colvin, Alberto: 'Atribuciones de la Superintendencia de Seguros', Santiago, 1940.

Davis, Arturo: 'Sociedades civiles y comerciales', Santiago, 1960.

Herrera R., Luis: 'Sociedades civiles y comerciales', Santiago, 1935.

González G.: 'La evolución histórica de las sociedades anónimas', Santiago, 1941.

González P., Pedro Luis: 'Sociedades anónimas', Santiago, 1945.

Granifo, María Angélica: 'Administración y constitución de sociedades anóni­mas', Santiago, 1946.

Guzmán; José Florencio: 'Jurisprudencia arbitral sobre sociedades anónimas y bolsas de Comercio', Santiago, 1952.

Mora W., Marcial: 'Constitución y legalización de las sociedades anónimas', Santiago, 1946.

Olavarría A., julio: 'La intervención del Estado Chileno en las sociedades anónimas', Padova, 1962, Cedam.

Portaluppi, Carlos: 'La Superintendencia de Compañías de Seguros y estudio de su jurisprudencia', Santiago, 1944.

Silva S., Clemente: 'Sociedades anónimas nacionales civiles y comerciales ante la legislación tributaria', Santiago, 1950.

Silva C., Luis: 'El traspaso de acciones de sociedades anónimas', Valparaíso, 1945.

Testa A., Enrique: 'Las acciones privilegiadas de sociedades anónimas', San­tiago, 1938.

Undurraga P., Roberto: 'Manual jurídico práctico de sociedades anónimas en Latinoamérica', Santiago, 1947.

Undurraga P., Roberto: 'Manual jurídico práctico de sociedades anónimas en Latinoamérica', Santiago, 1947.

Valenzuela G., Alvaro: 'De la responsabilidad civil de los fundadores y admi­nistradores de sociedades anónimas', Valparaíso, 1927.

Varela V., Raúl: 'Las transformaciones de la sociedad anónima', Santiago, 1942.

Zuleta P.: 'Jurisprudencia de sociedades anónimas', Santiago, 1948.

 

Revistas de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anóni­mas y Bolsas de Comercio. En curso.

 

Nota. La importancia que tiene en Chile la jurisprudencia administrativa ema­nada de la Superintendencia, explica la escasa referencia que este cuestionario hace de la doctrina y de la jurisprudencia judicial.

Exposición de la disciplina de la Sociedad Anónima (Primera Parte)

I. Constitución.

a) Eventuales autorizaciones preventivas. En Chile las sociedades anónimas requieren de un decreto del Presidente de la República que autorice su existencia. (Artículo 427 Cód. Com.). Toda sociedad regularmente constituida precisa de este trámite que adquiere un valor legal una vez que dicho decreto es aprobado y registrado por la Contraloría General de la República que ejerce en este país un control preventivo de la juridicidad de los actos del Gobierno y de todas las autoridades administrativas. Por otra parte, el decreto en que se niegue la autorización de una sociedad anónima será motivado. (Artículo 439, CM. Com.).

b) Formas de constitución.La constitución es un acto complejo, o más bien, una sucesión de actos y diligencias que resultan, cuando se acomodan a la ley y a los reglamentos, en la sociedad anónima correctamente constituida. Ella comienza por el depósito de una circular que describe los propósitos de los organizadores de la sociedad y las características que ésta tendrá, depósito que se hace en las oficinas de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, la que certifica el hecho. (Artículo 86, DFL. 251, de 1931). Este certificado debe insertarse en la escritura pública de constitución de la sociedad dentro del plazo de 2 años, bajo pena de nulidad de dicha escritura y certificado. La circular debe contener lo prevenido en el artículo 87 del DFL. 251, de 1931, a saber:

a) El nombre, apellido, profesión y domicilio de los socios organizadores, ese por tales los que firmen el prospecto: b) El domicilio de la Sociedad; c) La empresa o negocio que la Sociedad se propone y el objeto de que toma su denominación, haciendo de ambas una enumeración clara y completa; d) El capital de la Sociedad, el número y clases de acciones en que es dividido, y la forma y plazo en que los socios deben consignar su importe en la caja social; e) El valor que se atribuye a las propiedades que constituyen aporte de capital, con indicación de los títulos que comprueben su dominio; f) Una síntesis de los informes periciales acerca de los diversos aportes no consistentes en dinero; g) El número de acciones asignadas a los organizadores y lo que se destino para gastos de formación de la Sociedad; h) La garantía que se exigirá para desempeñar los cargos de director y el monto de la remuneración.

El acto constitutivo se celebra por una escritura, documento solemne que se extiende en el protocolo de un notario público y que es autorizado por éste.

La escritura debe contener las mencionadas del articulo 426 del Código, esto es:

1. El nombre, apellido, profesión y domicilio de los socios fundadores; 2. El domicilio de la sociedad; 3. La empresa o negocio que la sociedad se propone y el objeto de que toma su denominación, haciendo de ambos una enunciación clara y completa. 4. El capital de la compañía, el número y cuota de las acciones en que está dividido, y la forma y plazos en que los socios deben consignar su importe en la caja social; 5. La época fija en que deben formarse el inventario y balance y acordarse los dividendos; 6. La duración de la compañía; 7. El modo de la administración, las atribuciones de los administradores y las facultades que se reserva la asamblea general de accionistas; 8. La cuota de los beneficios que debe quedar en las arcas de la compañía para formar un fondo de reserva; 9. El déficit del capital que debe causar la disolución de la sociedad; 10. La forma en que deben hacerse la liquidación y división de los haberes sociales, llegado el caso de la disolución; 11. Las enunciaciones que contienen los números 10 y 12 del artículo 352.

La solicitud para obtener la autorización de una Sociedad Anónima se presentará al Ministerio de Hacienda, con tres copias autorizadas de la escritura social que contenga los estatutos.

La escritura social debe expresar, además de las enumeraciones prescritas en el artículo 426 del Código de Comercio, las siguientes:

1. El número de acciones de cada subscriptor. Esta enunciación se liará. también en las escrituras de adhesión; 2. El nombre de la persona autorizada para aceptar en representación de la Sociedad, las adhesiones a la escritura primitiva, cuando en ésta no se completare la subscripción de todo el capital social; 3. La forma y plazos en que los accionistas deben enterar el valor de las acciones en la caja social y los medios compulsivos que podrá emplear la Sociedad para asegurar el pago, entendiéndose que basta, en lo relativo al plazo, establecer los períodos dentro de los cuales podrá el Director exigir cada cuota; 4. La indicación del valor de todo aporte que no consista en dinero. Este valor deberá determinarse previamente en conformidad a las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N° 251, de 20 de Mayo de 1931; 5. Las épocas fijas en que deben tener lugar las juntas Generales Ordinarias. Habrá por lo menos, una al año. 6. Indicación de las reglas concernientes al derecho a voto de los accionistas y de sus limitaciones o privilegios; 7. Un poder conferido a la persona encargada de diligenciar la aprobación de los estatutos, para aceptar en nombre de los subscriptores las modificaciones que indique el Gobierno y extender una escritura complementaria en que se consignen esas modificaciones; 8. Si el Presidente o los Directores serán o no remunerados y, en caso de serlo, la cuantía de su remuneración.

Generalmente se extienden en la misma escritura los estatutos de la sociedad, esto es el ordenamiento voluntariamente consentido por los socios para regular su funcionamiento interno.

c) El número de constituyentes. No existen limitaciones en cuanto al número de organizadores ni de socios, salvo para alunas actividades, como en el caso de los bancos y de las compañías de seguros, en que los socios no pueden bajar de cinco. Sin embargo, según la jurisprudencia administrativa 'los sindicatos no están facultados para constituir u organizar sociedades anónimas'.

d) Contenido del acto constitutivo. Dentro de los márgenes no derogables de la ley, los socios son libres para regular la sociedad, pero la Superintendencia tiene, como podrá apreciarse, considerable potestad para solicitar la enmienda de las circunstancias que considere faltas de equidad o de conveniencia para los intereses sociales o de sus minorías. La ley establece, por su parte, considerables normas obligatorias o señala límites entre los cuales debe oscilar una determinada medida. Por regla general el objeto de la sociedad no puede atentar contra las leyes, las buenas costumbres y el orden público, materia que califica la Superintendencia en su informe al Gobierno. (Artículos 429. Cód. Com.).

e) Capital mínimo. No existen normas determinadas sobre capital mínimo, excepto tratándose de bancos y de compañías de seguros, en que la propia ley establece dicho mínimo. Pero en general el capital debe ser 'efectivo y proporcionado a la magnitud de la empresa' características todas que la Superintendencia debe cautelar. (Artículo 430. Cód. Coro ).

f) Determinación del objeto. Dentro de las limitaciones señaladas el objeto de la sociedad puede ser cualquiera. Si se forma para actos que la ley califica de mercantiles, la sociedad será comercial, bastando que uno de dichos actos lo sea. Del objeto debe hacerse una enunciación clara y completa, según la ley. El objeto señala el límite de la capacidad, que el legislador reconoce a su personalidad jurídica. En conformidad con el Código son nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adoptadas por unanimidad, cuando verse sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o cuando excedan los límites que prescriban los estatutos. (Artículo 46. Cód. Com.).

g) Garantías para la constitución del capital. Control sobre su existencia. (430, 433, 435 y 443). El capital debe tener suficientemente asegurado su realización, pues en caso contrario, se prohíbe la autorización de existencia de la sociedad (430, Cód. Com.). Por otra parte el decreto contendrá siempre la condición de hacer efectiva, dentro del plazo que ella señale, la cuota del fondo social que el Presidente de la República juzgue necesaria para que la sociedad comience sus operaciones y pueda colocar las acciones con que haya de completarse el capital social.

Contendrá también la fijación de la cuota de los beneficios sociales que deba destinarse para la formación del fondo de reserva, toda vez que no haya sido hecha en los estatutos o que la cuota designada sea insuficiente a juicio del Presidente de la República.

El valor de las acciones de industria y privilegio no se tomará en cuenta para determinar la cuota de que habla el inciso primero de este artículo. Sólo después de justificarse que existe en la caja social la cuota necesaria para iniciar las operaciones, el Presidente de la República expedirá el decreto de instalación y señalará el plazo en que debe la sociedad principiar sus funciones.

La existencia en la caja social de la cuota en dinero exigida para que se declare legalmente instalada a una Sociedad Anónima y la subscripción íntegra del capital social deberán comprobarse respectivamente, con un certificado bancario de depósito a favor de la Sociedad, y con las escrituras públicas de adhesiones, sin perjuicio de la comprobación que por su parte pueda hacer la Superintendencia.

Para fijar el capital de trabajo, se tomarán en consideración los créditos en forma de bonos, debentures, o de otras obligaciones a plazo con que la Sociedad pueda contar prudencialmente para su desarrollo, siempre que a ellos se haga referencia en el prospecto de organización.

Para que una Sociedad Anónima pueda ser declarada legalmente instalada, deberá probar, con las escrituras públicas respectivas, que el capital se encuentra íntegramente suscrito y acreditar, con los comprobantes del caso, que ha dado cumplimiento a las condiciones fijadas por el Presidente de la República, para la instalación legal de la Sociedad.

La Superintendencia podrá efectuar, además, las comprobaciones que estime necesarias.

Vencidos los plazos sin haberse realizado la cuota mencionada, o sin haberse principiado las operaciones de la sociedad, la autorización quedará sin efecto, a menos que en el primer caso el Presidente de la República disminuya la cuota, o que en el segundo permita a la sociedad reducir el capital fijado, o que en el tercero le conceda una prórroga.

Perdido un cincuenta por ciento del capital social o disminuido éste hasta el mínimum que los estatutos fijen como causa de disolución, los gerentes consignarán este hecho en una declaración firmada por todos.

En cualquiera de los dos casos propuestos, los administradores procederán inmediatamente a la liquidación de la sociedad, so pena de quedar personalmente solidariamente responsables de las resultas de los contratos y operaciones ulteriores. La Declaración será remitida a la Superintendencia. También las Sociedades remitirán a la Superintendencia una copia de su Memoria, balance, inventario y cuenta de ganancias y pérdidas, con diez días de anticipación por lo menos, a la junta de Accionistas que habrá de pronunciarse sobre ellos.

Las Sociedades publicarán sus balances y cuentas de ganancias y pérdidas, por una sola vez, en un diario del domicilio social con tres días de anticipación a la fecha en que se celebrará la junta.

La Superintendencia determinará anualmente en el mes de Marzo los diarios en que deban hacerse las referidas publicaciones.

Si el balance presentado por el Directorio fuera alterado volverá a publicarse en la forma acordada dentro de los diez días siguientes.

h) Privilegios de los organizadores y fundadoresque han tomado la iniciativa de constituir la sociedad. Estos no gozan, reglamentariamente, de ningún privilegio. Pero los socios en los estatutos pueden acordarles determinadas ventajas que deberán ser y son calificadas por la Superintendencia. La norma más común es que reciban acciones liberadas de pago por la prestación de sus servicios (artículo 95 DFL. 251, de 1931). En cambio están afectos a ciertas restricciones y responsabilidades. Desde luego los gastos de formación de la sociedad deberán ser aprobados por la Superintendencia, y en caso de no llegar a constituirse la sociedad porque su autorización es rechazada por la autoridad, ellos deben devolver todas las sumas aportadas, cargando con los gastos hechos, debiendo vigilar la Superintendencia artículo 90 DFL. 251, de 1931) que esta devolución se efectúe correctamente. (Artículo 91). Esta norma es particularmente severa tratándose de los bancos. Los otros socios pueden accionar contra los organizadores cobrándoles los perjuicios causados.

i) Control judicial o administrativo sobre el acto constitutivo. Como se ha expresado, el acto constitutivo está sujeto a una intervención preventiva muy estrictamente ejercida por el Gobierno, a través del organismo administrativo llamado Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio. Sin perjuicio de ello los perjudicados conservan sus acciones ordinarias para ante los tribunales comunes.

El Ministerio de Hacienda para resolver respecto de la autorización de existencia de una Sociedad Anónima, de su instalación legal, de la aprobación de reforma de estatutos, de la disolución anticipada de la Sociedad o de la revocación de la misma, pedirá informe a la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio o de la Superintendencia de Bancos en su caso.

En cualquiera de estos casos, podrá, también, pedir informe a la Dirección General de Impuestos Internos.

El solicitante podrá hacer observaciones a los informes que se expidan y extender a nombre de los accionistas o hacer que ellos extiendan por sí mismos, si no tuviere poder suficiente, una escritura pública en que se acepten las modificaciones que exija el Presidente de la República y se reformen con arreglo a ellas las correspondientes disposiciones de la escritura pública.

j) Registro y publicidad. El decreto de autorización de existencia de una sociedad anónima debe ser admitido en cuanto a su legalidad por la Contraloría General de la república. Tanto el decreto, una vez tramitado, como un extracto de la escritura pública que contiene el acto constitutivo y los estatutos autorizados por la Superintendencia, se publican en el Diario Oficial, dentro del plazo de 60 días de expedido ese decreto. En el mismo plazo se inscriben en el Registro de Comercio. Estas son las diligencias de publicidad las que deben ser cumplidas dentro del plazo, que es fatal, (Artículo 425, Cód. de Com. que hace aplicables a las acciones, algunas reglas de las sociedades colectivas y artículo 440).

k) Condición jurídica de las sociedades no regularmente constituidas. Las sociedades que no cumplieren en tiempo y forma con las diligencias establecidas pueden funcionar como sociedades anónimas de hecho. Cualquier interesado puede solicitar la declaración de su nulidad. Excepcionalmente, la Ley N° 10.363, publicada en el Diario Oficial de 10 de julio de 1952, concedió un plazo de 90 días para que todas las sociedades de cualquier tipo que no hubieren cumplido con las diligencias de inscripción y publicación en tiempo, pudieran cumplirlas dentro de dicho plazo, si no se hubiere solicitado respecto de ellas la declaración de nulidad de la sociedad, fundada en esas razones. El proyecto de reforma en trámite en el Parlamento confiere un nuevo plazo suplementario.

No obstante, los actos administrativos ejecutados antes de obtenerse la autorización del Presidente de la República no comprometen la responsabilidad de la compañía, a no ser que hayan tenido por objeto trabajos preparatorios a otras operaciones necesarias al planteamiento de la sociedad.

l) Nulidades de la constitución y sus efectos. La omisión de la escritura social o la de cualquiera de las solemnidades establecidas produce nulidad. La nulidad que afecta a las sociedades anónimas por las causales indicadas es absoluta. Sus efectos, sin embargo, son especiales y peculiares. Frente a los terceros responderán las personas que hayan intervenido en la administración de la sociedad como si fueran socios de una sociedad colectiva, esto es solidariamente y con todo su patrimonio individual. (Artículo 441, Cód. de Com.).

La jurisprudencia judicial ha declarado que la persona que intervino en la constitución de una sociedad y fue uno de sus directores se halla inhabilitada para pedir la nulidad del contrato social.

m) Modificaciones del acto constitutivo. Estos deben ser tramitados, aprobados y publicados en la misma forma que el acto constitutivo. (Artículo 449, Cód. Com.). Así las reformas de los estatutos deben ser autorizadas por decreto gubernativo y tanto el decreto como el extracto de la escritura en que consten, serán publicados en el Diario Oficial y registrados en el Registro de Comercio, al margen de la inscripción primitiva dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha del decreto. Si tales diligencias no se cumplen, las reformas o modificaciones no son oponibles a terceros.

La solicitud de aprobación de la reforma de estatutos deberá ser presentada al Ministerio de Hacienda, con tres copias autorizadas de la escritura pública a que se haya reducido el acta de la sesión de la junta General en que se hubiere acordado la reforma, escritura que dará testimonio del nombre de los accionistas asistentes, del número de acciones que cada uno poseía o representaba, del hecho de haberse leído y aprobado cada uno de los artículos reformados y de una certificación del notario que asistió a la junta, que acredite haberse publicado los avisos en la forma prevenida por los estatutos y haberse aceptado en la reunión los poderes presentados.

Las modificaciones al acto constitutivo deben, por otra parte, ser aprobadas en asambleas extraordinarias como se verá después. Además, algunas de ellas, según su naturaleza, requieren de quórum y mayorías especiales, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de las otras que pueden establecer los estatutos para sus propias reformas. Lo dicho es aplicable a las escrituras de disolución anticipada de la sociedad.

n) Personalidad jurídica. Se estima que ésta nace desde que se dicta el decreto de autorización de existencia, según lo ha expresado la jurisprudencia administrativa. Su nacimiento y existencia serían para proseguir los trámites de constitución que culminan con un segundo decreto de instalación, dictado también por el Gobierno, y en el que se deja constancia que se cumplieron las condiciones impuestas en el primero. La doctrina discrepa de este modo de pensar y estima que la personalidad jurídica nace desde el momento que existe la contratación entre los socios, pues de otro ¡nodo las sociedades de hecho estarían en mejores condiciones que las regularmente constituidas. (Artículo 459, Cód. de Com.).

La personalidad jurídica, en virtud del principio de 'ultra vires', reconocido tanto por la legislación como por la jurisprudencia administrativa y judicial chilenas, se extiende sólo al objetivo social, no siendo habilitante para otras finalidades que no estén contempladas allí. (Artículo 466, Cód. Com.).

Por otra parte, la Sociedad Anónima se entenderá subsistente como persona jurídica para los efectos de su liquidación y se le aplicarán los estatutos en lo que le conciernan.

La jurisprudencia judicial ha estimado que es característica especial de estos entes jurídicos, la de que su personalidad esté circunscrita a una esfera de acción determinada; fuera o más allá de los límites de esa esfera, la personalidad desaparece, pierde su existencia.

II. Acciones.

a) Categorías. De la legislación y reglamentación pertinentes se desprende que las acciones de las sociedades anónimas chilenas admiten varias clasificaciones.

Pueden distinguirse las acciones comunes de las acciones preferidas o privilegiadas. Estos privilegios deben constar en los estatutos sociales y haber sido aprobados por los otros socios y la Superintendencia. La ley lace referencia a algunos de ellos como el de que se les asigne preferentemente de las utilidades disponibles para dividendos un interés sobre el valor nominal de las acciones. (Artículo 104, DFL. 251 de 1931).

Las acciones preferidas podrán también tener un mayor o menor número de votos en las asambleas de accionistas. A este respecto la Superintendencia ha mantenido la norma de que ninguna acción puede ser privada del derecho a voto por acción ni puede exceder de cinco votos por acción preferida. Las acciones privilegiadas pueden también gozar de la ventaja consistente en que si las utilidades líquidas de un ejercicio social no fueren suficientes para pagar en todo o en parte el monto de los intereses estipulados, ellos serán cubiertos preferentemente sin intereses, con las utilidades líquidas de los ejercicios siguientes que declara la asamblea de accionistas como disponibles para dividendos. Podrá, por último, estipularse que el valor del aporte de las acciones privilegiadas e intereses devengados sean pagados preferentemente a las acciones ordinarias a la liquidación de la sociedad (artículo 105, DFL. 251 de 1931).

Otra categoría que conviene advertir es la de acciones ordinarias, esto es, de capital y las liberadas. Las acciones de capital pueden consistir en acciones de pago el que se hace siempre en dinero efectivo (artículo 116, DFL. 251 de 1931.), o de capital en otros bienes muebles o inmuebles. Estos bienes deben ser avaluados mediante un procedimiento especial. Los peritos que efectúen el avalúo se constituirán responsables de él por una declaración ante notario público, y, de todos modos, la Superintendencia conservará los originales de los informes y puede hacer verificar estos avalúos confiriendo su revisión a organismos públicos o privados (artículos 88 y 111, DFL. 251 de 1931).

Una circular con instrucciones de la Superintendencia especifica los profesionales, todos y procedimientos que deben cumplirse en estos peritajes (Revista de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, junio de 1966, pág. 10).

En la legislación chilena se reconocen tres clases distintas de acciones liberadas, las cuales no emanan de una sola creación, sino que se han incorporado a la vida jurídica en etapas y ordenaciones legales sucesivas y diferentes. Unas y otras sólo tienen de común su denominación pues son intrínsecamente distintas y no pueden ni deben ser confundidas.

Primeramente el Código de Comercio, en sus artículos 446 y siguientes, admitió la existencia de acciones liberadas, que llamó acciones de industria, al establecer que el fondo social de las sociedades anónimas se dividirá en acciones de capital y acciones de industria que 'sólo confieren derechos a una parte proporcional en los beneficios de la sociedad'.

Después el DFL. N° 251, de 1931, que creó la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, dio vida legal a otra clase de acciones liberadas, que pueden llamarse acciones de organización, al autorizar, en su artículo 95, la existencia de éstas, además de las acciones de industria y distinguirlas de las de capital.

Por último, el artículo 17, N° 6 de la Ley Impuestos a la Renta, cuyo texto fue fijado por el Artículo 5° de la ley 15.564, establece una tercera clase de acciones liberadas de naturaleza esencialmente diferente de las acciones de industria y de las acciones de organización, al disponer que no constituye renta 'la distribución de utilidades o de fondos acumulados que las sociedades anónimas llagan a sus accionistas en forma de acciones total o parcialmente liberadas o mediante aumento del valor nominal de acciones, todo ello representativo de una capitalización equivalente'.

Sólo las acciones de industria y las acciones de organización concuerdan con la definición que el Diccionario de la Lengua da a la expresión liberada, al decir, que 'es aquella cuyo valor no se satisface pecuniariamente, porque está cubierto con cosas aportadas o servicios hechos a la sociedad, siendo igual en derechos y obligaciones a las que representan el respectivo capital social'. Las acciones que la Ley de Impuesto a la Renta denomina liberadas no caben dentro de dicha definición.

También pueden clasificarse las acciones en acciones de capital y acciones de industria que, como se ha explicado, son las que se asignan al socio industrial, esto es, al que aporta su industria o trabajo. Estas sólo tienen derecho a participación en las utilidades y, muy excepcionalmente al capital. (Artículos 446 y 447, Cód. Com.). Pero los titulares de las acciones de industria no pueden transferirlas antes de haber cumplido sus obligaciones de aporte con la sociedad.

El Decreto con fuerza de ley N° 251 de 1931, en su artículo 95 prescribió que tanto las acciones liberadas, esto es las dadas a título de remuneración a los organizadores, como las hechas a personas por sus aportes a la sociedad no consistentes en dinero permanecerían depositadas en la caja social por dos anos, antes de poder ser enajenadas por sus titulares. Los dos años se cuentan desde la fecha del decreto de autorización de existencia de la sociedad.

b) Leyes de circulación de las acciones. El Código de Comercio contemplaba las acciones nominativas y las al portador. Pero la política de la Superintendencia fue siempre la de informar desfavorablemente respecto de las sociedades que consideraran en sus estatutos la existencia de las acciones al portador. Se fundamentaba esta política opositora en razones de impuestos que podían ser eludidos por los titulares de estas acciones. Finalmente, el artículo 17 de la Ley 15.564, de 14 de Febrero de 1964 suprimió las acciones al portador, con lo cual las únicas acciones que existen son las nominativas.

Aunque el Código en su artículo 451, prescribe dos maneras para transferir las acciones, o sea, por el endoso sin garantía y la inscripción en los registros de la sociedad, en el hecho se autorizan sociedades que sólo contemplen este último medio de transferencia, por lo cual el endose sin garantía no se utiliza en la práctica. Para la inscripción de la cesión de acciones en favor de los nuevos socios en el registro de accionistas de la sociedad, basta con una comunicación firmada por el cedente, el cesionario y dos testigos, documento que se denomina traspaso.

c) Límites estatutarios a la libre circulación de las acciones. Fuera de los anotados respecto de las acciones de industria, de las liberadas y de las que se dan por aportes que no consisten en dinero, la ley no impone limitaciones a su libre transferencia. Por el contrario, de lo dispuesto, en el artículo 450 del Código aparece que las acciones no totalmente pagadas, llamadas promesas de acción, son transferibles aun antes de obtenerse la autorización de la sociedad y que el otorgamiento de la autorización no es una condición suspensiva o resolutoria de la cesión.

Cualquiera cláusula que pretenda restringir en los estatutos la libre circulación o transferencia de las acciones, debería ser aprobada previamente por la Superintendencia.

d) Derecho de usufructo y de garantía sobre las acciones. La ley no ha considerado específicamente el derecho de usufructo sobre las acciones ni tampoco que ellas puedan darse en garantía por procedimientos distintos de los ordinarios relativos a la prenda de créditos. Se aplicarían en este supuesto las normas de la legislación común relativa a la prenda de los créditos, sean civiles o mercantiles. (Artículo 2389, Cód. Civil y 816 y sigts. CM. Com.).

III. Sociedades controladas y colegiadas.

Participaciones recíprocas. Adquisición de las propias acciones. En conformidad con la doctrina chilena, sociedad controlada es la que es dominada o mantenida en subordinación por otra, ya porque sus acciones son poseídas por otra en número tal que le permita asegurarse la mayoría de los votos en las sesiones ordinarias, ya porque se encuentran bajo la influencia de otra sociedad en virtud de la obligatoriedad de especiales vínculos contractuales (Escala B. Enrique: 'Sociedades en cadena', Santiago, 1960).

Como la legislación chilena está inspirada en el propósito de asegurar la libertad de comercio, no se ha legislado específicamente sobre el particular, excepto para establecer algunas normas de tipo prohibitivo. Particularmente debe mencionarse la Ley N° 13.305, de 6 de abril de 1959, la que prohíbe la concesión de todo monopolio y aplica penas de presidio y de multa a todo acto o convención que tienda a impedir la libre competencia dentro del país en el ejercicio de actividades industriales o comerciales, y ya se pretenda fijación de precios o reparto de cuotas de producción, transporte o distribución o zonas de mercados; ya se pretenda obtener reducciones o paralizaciones de producción, y cualquier otro arbitrio que tenga por finalidad eliminar la libre competencia. Estas medidas; son, sin embargo, lícitas cuando directa o indirectamente contribuyen al bien nacional o son necesarias para la estabilidad o desarrollo de las inversiones nacionales en concurrencia con el capital extranjero, para cuya admisión existe una regulación especial DFL. 258, de 1960).

Una comisión estatal y un sistema judicial complementan estas normas. Ellas no se aplican a la minería, al petróleo, el salitre, yodo y cobre, alcoholes y servicios públicos, empresas bancarias de seguros, etc., todos los cuales quedan regulados por las disposiciones legales y reglamentarias que especialmente se han dictado a su respecto.

Finalmente, en cuanto a las sociedades controladas, es menester que la integración y propósito de control estén previstos en el pacto social, pues de no estarlo, cualquier acuerdo social excedería los términos del pacto con las consecuencias que se describen en otra parte.

En cuanto a la adquisición de sus propias acciones, cabe recordar que la ley chilena no se opone a esta operación, pero determina que ella debe hacerse con las utilidades líquidas o con fondos especiales que no sean el de reserva legal. Además, para ello es necesaria la previa autorización de una asamblea general extraordinaria de accionistas y el visto bueno de la Superintendencia (artículo 103, DFL. 251 de 1931). Por su parte, el artículo 28 del Reglamento establece que 'las acciones de su propia emisión que la Sociedad tenga inscritas a su nombre no darán derecho a voto, ni serán tomadas en consideración para los efectos del quórum y de las mayorías necesarias para la constitución y decisiones de la junta de Accionista'.

Una vez vencido el plazo otorgado por la asamblea extraordinaria, no procede prorrogarlo (Revista citada, junio 1966, p. 15).

IV. Concentración.

De las acciones en un solo accionista y sus efectos. La ley no es clara para la determinación del problema que se produce cuando las acciones se concentran en poder de un solo accionista. El artículo 92 del Decreto con Fuerza de Ley N° 251, de 1931, establece que, en tal caso, el Directorio de la sociedad 'consignará estos hechos por escritura pública' y que una copia de esa declaración será remitida a la Superintendencia, debiendo publicarse una vez en el Diario Oficial, tres en un diario del domicilio social e inscribirse en el Registro de Comercio que corresponda. La propia Superintendencia, sin embargo, y la doctrina chilena están de acuerdo en que procede decretar la revocación del decreto de autorización de existencia, pues la definición chilena de la sociedad y su regulación sólo admite que ella se forma por dos o más personas, no admitiéndose la posibilidad de que esté constituida por una sola.

V. Órganos: Asamblea.

a) Tipos de Asamblea. El órgano administrativo en que la ley pretende radicar el máximo de facultades es la Asamblea general o junta general de accionistas. El Código de Comercio y el Decreto con Fuerza de Ley son extremadamente parcos para referirse al funcionamiento de las Asambleas, pero este aspecto ha sido suplido, aunque incompletamente, por el Reglamento N° 4705 de 1947, del Ministerio de Hacienda. Su titulo III se refiere a las juntas Generales de Accionistas dividiéndolas precisamente en ordinarias y extraordinarias. La importancia de este Reglamento reside en que él rige obligatoriamente en todas aquellas materias que no estén expresamente contempladas en los estatutos. Estos deben contener una cláusula que así lo establezca, estimándose que la sociedad 'no ofrece a los accionistas garantías de buena administración' si esta cláusula falta, por lo cual la Superintendencia puede informar desfavorablemente al Gobierno el otorgamiento del decreto de autorización de existencia. (Artículo 4°, Reglamento).

En cuanto a requisitos especiales para la validez de las asambleas, deberá tenerse presente lo que al efecto disponen la ley, los reglamentos y los estatutos de la respectiva sociedad.

En cuanto a los requisitos para la validez de las asambleas ordinarias no se señalan por la ley o el reglamento ninguno en particular, dejándose entregado este asunto a los estatutos sociales. No ocurre lo mismo tratándose de algunas materias que sólo pueden tratarse en asambleas extraordinarias que reúnan condiciones especiales. Así, sólo en asambleas extraordinaria podrá tratarse de la reforma de los estatutos, de la disolución anticipada de la sociedad y de la venta del activo y pasivo. (Artículo 5°, inciso 2° Reglamento). Además, estas juntas que tratan estas materias deberán celebrarse 'ante notario'. (Artículo 21, inciso final Reglamento). La jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha rechazado decretos de reforma de estatutos en cuyos antecedentes no constaba que el notario hubiere asistido durante toda la sesión y verificado competentemente que se cumplieran los requisitos estatutarios de la convocatoria y la constitución, además de que se adoptaron los acuerdos por las mayorías señaladas. Igualmente la ley N° 7302, ele 23 de Octubre de 1942, señaló que las reformas que tengan por objeto la modificación del domicilio social y el traslado de la dirección superior de los negocios de la sociedad deberían ser acordadas en asamblea general extraordinaria de accionistas con el voto conforme de los dos tercios, a lo menos, de las acciones emitidas. Como es obvio, por tratarse de una reforma estatutaria, deberá celebrarse, además, ante notario.

b) Convocatoria: Formas. No existe una pauta obligatoria sobre esta materia que queda librada a los estatutos. El Reglamento se limita a establecer que las asambleas ordinarias se celebrarán una vez al año, a lo menos, en la época o épocas fijas que determinen los estatutos para tratar sobre la materia, el balance o inventario que debe presentar el Directorio, examinar la situación de la sociedad, revocar o confirmar el nombramiento de los directores, modificar el régimen económico de la administración y acordar todas las providencias que el cumplimiento del contrato social y el interés común de los asociados reclamaren. En cuanto a las extraordinarias, la ley manifiesta que los directores podrán convocarlas siempre que lo exijan las necesidades imprevistas de la Administración (Artículo 467, Cód. Com.) y el Reglamento (Artículo 20) especifica que en ellas solamente podrán tomarse acuerdos relacionados con los negocios que se hayan dado a conocer en los avisos de citación.

Por Circular del año 1962 la Superintendencia estima que en los avisos de convocatoria a junta General Extraordinaria de Accionistas es necesario indicar claramente los artículos que se modifican y el sentido de la reforma, no aceptándose, en consecuencia, que en los avisos sólo se indique el número de la disposición estatutaria que se modifica sin indicar la materia objeto de la reforma, ya que no se daría cumplimiento al precepto reglamentario aludido que estatuya que en los avisos de citación deben indicarse los negocios sobre los cuales los accionistas van a tomar los acuerdos en la junta.

En esta virtud, no se dará curso a las reformas de estatutos, en las cuales los avisos de citación no se ajusten a las normas señaladas.

En el silencio de los estatutos, la citación a junta de Accionistas se hará por medio de un aviso que se publicará por tres veces en días distintos en un diario del domicilio social dentro de los veinte días anteriores a la reunión. El primer aviso no podrá publicarse con menos de diez días de anticipación a la Junta y contendrá el anuncio del cierre del Registro de Accionistas. (Artículo 22, Regl.).

También y en todo caso podrán convocar a junta, accionistas que representen la cuarta parte de las accione emitidas. La Superintendencia practicará la citación, si el Directorio se negare a hacerlo, a requerimiento de ellos los que presentarán una solicitud en que se exprese el objeto de la reunión (Artículo 23, Regl. y 83 letra d) DFL. 251 de 1931).

c) Constitución legal. Deben recordarse aquí las informaciones relativas a ciertas asambleas extraordinarias que sólo pueden funcionar válidamente cuando se celebren ante notario público. Se trata de aquellas que tengan por objeto tratar de la disolución anticipada de la sociedad, de la reforma de sus estatutos y de la venta de su activo y pasivo.

Los gerentes de cada sociedad deben comunicar por carta certificada con la debida oportunidad a la Superintendencia las fechas en que se celebren las juntas ordinarias y extraordinarias para que ésta pueda hacerse representar en ellas, cuando lo estime prudente. (Artículo 83, letra c) DFL. 251 de 1931).

Salvo que los estatutos establezcan quórum o mayoría diferentes, las juntas se constituirán, en primera citación, con la mayoría absoluta de las acciones emitidas y en segunda citación, con las acciones que se encuentren presentes, cualquiera que sean su número.

Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de las acciones presentes y representadas, salvo cuando la ley o los estatutos requieran una especial. (Artículo 26, Regl.).

d) Voto. Solamente tendrán derecho a voto en las asambleas los accionistas que figuren en el registro social el cual permanecerá cerrado, a lo menos, durante los tres días anteriores a la Junta y el día en que ésta se celebre. El Registro de Accionistas se cerrará especialmente antes del reparto de dividendos o de opciones para suscribir aumentos de capital. Se anunciará este hecho por uno o más avisos en un periódico del domicilio social a lo menos con cinco días de anticipación al día del cierre (Artículo 24, Regl.).

Las acciones de su propia emisión que la sociedad tenga inscritas a su nombre no darán derecho a voto ni serán tomadas en consideración para los efectos del quórum y de las mayorías necesarias para la constitución y decisiones de las asambleas de accionistas (Artículo 28, Regl.). El voto se ejercitará en la forma que prescriben los estatutos sociales dentro de las limitaciones expresadas.

e) Participación en la asamblea por medio de representantes: disciplina de la delegación. El Reglamento preceptúa que los accionistas podrán hacerse representar por otros accionistas por medio de una carta?poder dirigida al Presidente o Gerente de la sociedad. El mandato, sin embargo, se otorgará por escritura pública si el representante no es un accionista de ella (Artículo 25, Regl.).

f) Control de la identidad y sobre la calidad de socios de los participantes en la asamblea. Los concurrentes a las asambleas firmarán una hoja de asistencia en la que se indicará, a continuación de cada firma, el número de acciones que el firmante posee, el número de las que representa y el nombre del representado (Artículo 26, Regl). Tratándose de asambleas extraordinarias, de aquellas que requieren la presencia de un notario, éste deberá verificar y certificar las circunstancias anteriores así como las demás que se han explicado.

Las juntas serán presididas por el Presidente del Directorio o por el que haga sus veces. La persona que actúe de secretario practicará los escrutinios (Artículo 27, Regl.).

De sus deliberaciones se dejará constancia en un libro de actas las que serán firmadas por el que presidió la reunión, por el secretario y por tres accionistas elegidos por la junta (Artículo 29, Regl.).

En las actas se dejará constancia del nombre de los accionistas presentes y el número de las acciones que cada uno posee o representa; de una relación sucinta de las observaciones e incidentes producidos; de la relación de las proposiciones sometidas a discusión y del resultado de la votación; y de la lista de los accionistas que hayan votado en pro o en contra, si alguien hubiere pedido votación nominal. (Artículo 30, Regl.).

g) Nulidad y anulabilidad de las deliberaciones. Son tres las autoridades que pueden pronunciarse sobre la nulidad de las deliberaciones adoptadas por una asamblea que pueda funcionar o haya funcionado en forma irregular.

En primer lugar, la Superintendencia de Sociedades Anónimas puede, en ejercicio de sus facultades propias, suspender la citación a junta de Accionistas y la Junta misma, cuando fueren necesarias a la ley o a los estatutos. Igualmente podrá representar al Directorio y al Gerente las infracciones o actos que a su juicio sean perjudiciales para la sociedad. Si éstos no repararan las referidas infracciones, la Superintendencia lo pondrá en conocimiento de tina junta General de Accionistas, citada al efecto, sin perjuicio de las multas que creyere conveniente aplicar.

En segundo lugar, y cuando se trate de acuerdos de asambleas que hayan de traducirse en decretos del Gobierno para quedar legalmente ratificados, como ocurre con aquellos en que debe concurrir y estar presente un notario, la Contraloría General de la República, organismo constitucional encargado del control preventivo de la juridicidad de los actos del Gobierno y ele la administración, puede negarse a registrar como legal el decreto en que se traduzcan tales acuerdos en atención a haberse adoptado en asambleas viciadas de nulidad. Tal pronunciamiento significará que de oficio se objeta el acto administrativo en que se tradujeron esos acuerdos, aunque también puede objetar el decreto en que se ratifiquen o que se pronuncien sobre ellos, a petición de cualquier interesado.

Por último, los Tribunales ordinarios pueden declarar la nulidad de los acuerdos y de las asambleas en que se tomaron, en juicio contradictorio.

h) Procedimiento para barrer valer la nulidad o la anulación de las deliberaciones: condiciones para el ejercicio de la acción. Cualquier interesado puede recurrir a la Superintendencia o ala Contraloría General interponiendo los reclamos que competan ante esos órganos. En cuanto a los accionistas o personas perjudicadas, pueden accionar ante los tribunales en conformidad con las normas comunes de todo juicio ordinario.

i) Efectos de la anulación: respecto de la sociedad y de terceros. A este respecto convendría distinguir los efectos de la nulidad si es que ella recae respecto de la constitución de la sociedad o sobre acuerdos posteriores una vez constituida. Los primeros fueron ya descritos errando se trató de la sociedad de hecho y la anulación de la sociedad constituida con defectos de forma. Los acuerdos posteriores nulos o tomados en asambleas anuladas, no producen efecto respecto de los terceros y les son inoponibles. Los afectados tienen acción en contra de los que los adoptaron o posibilitaron su adopción para demandarles los perjuicios. Estas acciones se regulan según las reglas generales.

1) Asambleas de portadoras de determinadas categorías de acciones. (Asambleas especiales). No existen regladas por la ley o por los reglamentos este tipo pie asambleas especiales que puedan celebrar los dueños de determinadas categorías de acciones. Cualquiera norma que pudiera introducirse en los estatutos deberá ser calificada por la Superintendencia.

VI. Órganos Administradores o Consejo Directivo.

a) Nombramiento: El Reglamento determina la forma en que debe hacerse el nombramiento expresando que salvo acuerdo unánime en contrario o cuando en los estatutos no se establezcan reglas especiales sobre la forma de elección en caso de que existan diferentes series de acciones, cada accionista votará por una sola persona y se proclamara elegidos a los que en una misma y única votación resulten con mayor número de votos, hasta completar el número de Directores que haya que elegir.

Para proceder a la votación, el presidente llamará individualmente a emitir su voto a los socios presentes. El accionista o su representante sufragará en una papeleta firmada por él, expresando si firma por sí o en representación. El presidente, al practicarse el escrutinio, hará ciar lectura en alta voz a los votos, para que todos los presentes puedan hacer por sí mismos el cómputo de la votación, y para que pueda comprobarse con las papeletas la verdad del resultado.

El secretario hará la suma de los votos, y el presidente proclamará elegidos a los que resulten con las primeras mayorías, hasta completar el número que corresponda elegir.

El secretario pondrá todas las papeletas dentro de un sobre que cerrará y lacrará con el sello de la Sociedad y que quedará archivado en la Compañía a lo menos por dos años.

El mismo Reglamento preceptúa que el acta que consigne la elección de los Directores contendrá la designación de los nombres de todos los accionistas asistentes, con especificación del número de acciones por el cual cada uno haya votado por sí o en representación y con expresión del resultado general de la votación.

Copia de esta acta se enviará a la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, como asimismo copia del acta de la reunión del Directorio en que se haya nombrado reemplazante en conformidad al artículo 13.

El Directorio es esencialmente temporal y revocable, de acuerdo con el artículo 457 del Código de Comercio. Se asegura, además, que su renovación sea total, estableciendo un recargo del impuesto que corresponda pagar a la sociedad cuando ésta no haya modificado sus estatutos consignando esa renovación total antes del lo de julio de 1966. A falta de disposiciones expresas de los estatutos se entenderá que el Directorio se renovará totalmente cada año. (Artículo 15, Regl.). El cambio de directores se comunicará a la Superintendencia de Sociedades Anónimas (Artículo 114 del DFL. 251, de 1931).

Si por cualquiera causa no se celebrare en la época establecida la asamblea de accionistas llamada a hacer 1a elección periódica de los directores se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su período hasta que se les nombre reemplazantes, y el Directorio estará obligado a provocar, a la brevedad posible, una asamblea para hacer el nombramiento. A falta de disposiciones especiales o suficientes de los estatutos, para proveer al reemplazo de los Directores imposibilitados, ausentes, fallecidos, renunciados o cuyo nombramiento haya caducado por falta de oportuna constitución de la garantía, el Director procederá a nombrar el o los reemplazantes, que durarán en sus funciones hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, en la cual se hará el nombramiento definitivo. El Director así nombrado por la Junta General durará en el cargo sólo por el tiempo que falte para completar el período del Director reemplazado.

Por circular de 7 de Noviembre de 1962, la Superintendencia estimó que no cabe a la Junta pronunciarse sobre si ratifica o no el nombramiento hecho por el Directorio, situación que procede únicamente en el caso que los estatutos sociales contemplen tal procedimiento en forma expresa y textual, sino que le corresponde llenar una o más vacantes, según sea el caso, conjuntamente con las otras, dejadas por los directores que terminan su período, en una misma y única votación, proclamándose elegidos los que resulten con mayor cantidad de votos hasta completar el número de directores que haya que elegir.

La junta deberá establecer un procedimiento para determinar cuál de los elegidos tendrá el carácter de director reemplazante, o sea el que va a durar sólo por el tiempo del reemplazado, procedimiento que podrá consistir en que los que obtengan las más altas mayorías duren el período completo, o bien, mediante sorteo, o por otro procedimiento que la Asamblea estime conveniente.

Las Sociedades que han estado adoptando, para estos casos, el sistema de la ratificación no contemplado en forma expresa y textual en sus estatutos, deben ajustarse, en lo sucesivo, a las normas que en esa Circular se consignan, no constituyendo en caso alguno la costumbre una norma que pueda prevalecer sobre las ya indicadas.

Cesa de pleno derecho en el ejercicio de su cargo el director que se ausentare del país por más de tres meses y será reemplazado sin más trámite. Cesa también en su cargo por incapacidad leal sobreviviente o por su declaración de quiebra. Las personas que dejaren de pertenecer al Directorio de una Sociedad, no podrán retirar el dinero, o enajenar las acciones o valores que hubieren dado en garantía del correcto desempeño de sus funciones sino después de transcurridos seis meses desde la fecha de la cesación de sus cargos.

b) Poderes: Las facultades de los administradores son las mismas que corresponden a los de las sociedades colectivas cuando en ellas se ha designado a alguno o algunos de los socios para ejercer la administración. Están determinadas por la ley, pero los estatutos pueden establecer otra cosa.

De acuerdo con estas reglas los administradores delegados representan a la sociedad judicial y extrajudicialmente; pero si no estuvieren investidos de un poder especial, no podrán vender ni hipotecar los bienes inmuebles por su naturaleza o su destino, ni alterar su forma ni transigir ni comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza que fueren.

Las alteraciones en la forma de los inmuebles sociales que el administrador hiciere a vista y paciencia de loa socios, se entenderán autorizadas y aprobadas por éstos para todos los efectos legales.

No necesitan poder especial los administradores para vender los inmuebles sociales, siempre que tal acto se halle comprendido en el número de las operaciones que constituyen el giro ordinario de la sociedad, ni para tomar en mutuo las cantidades estrictamente necesarias para poner en movimiento los negocios de su cargo, hacer las reparaciones indispensables en los inmuebles sociales, alzar las hipotecas que los graven o satisfacer otras necesidades urgentes.

Los administradores tienen la representación legal de la sociedad en juicio, sea que ella obre como demandante o como demandada.

Habiendo dos administradores que según su título hayan de obrar de consuno, la oposición de uno de ellos impedirá la consumación de los actos o contratos proyectados por el otro.

Si los administradores conjuntos fueren tres o más, deberán obrar de acuerdo con el voto de la mayoría y abstenerse de llevar a cabo los actos o contratos que no lo hubieren obtenido.

Si no obstante la oposición o el defecto de mayoría se ejecutare el acto o contrato, éste surtirá todos sus efectos respecto de terceros de buena fe; y el administrador que lo hubiere celebrado responderá a la sociedad de los perjuicios que a ésta se siguieren.

El administrador nombrado por una cláusula especial de la escritura especial puede ejecutar a pesar de la oposición de sus consocios excluidos de la administración, todos los actos y contratos a que se extienda su mandato, con tal que lo verifique sin fraude.

Pero si sus gestiones produjeren perjuicios manifiestos a la masa común, la mayoría de los socios podrá nombrarle un coadministrador o solicitar la disolución de la sociedad.

Las funciones de director no son delegables, pero el Directorio, de acuerdo con los estatutos sociales, podrá delegar parte de sus facultades en el gerente, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas.

c) Deberes. Corno es natural, éstos son numerosos y variados. Algunos son impuestos por las leyes en interés público, como los que establece el artículo 14 del Código Tributario que dispone que el gerente o administrador de sociedades civiles o comerciales se entenderán autorizados para ser notificados a nombre de ellas, no obstante cualquier limitación establecida en los estatutos o actos constitutivos de la sociedad o corporación.

De la misma índole son los que imponen obligaciones respecto del organismo fiscalizador denominado Superintendencia de Sociedades Anónimas, al que deben comunicar algunos hechos previstos por la ley o el reglamento, como, por ejemplo, la pérdida del capital social más allá del margen legal, la circunstancia de que las acciones se hayan reunido en poder de una sola persona, la realización de las asambleas ordinarias o extraordinarias, las memorias, balances e inventarios, los datos e informaciones estadísticas que ordene esa oficina o que disponga el Reglamento, etc.

Importantes son los deberes hacia sus representados, esto es, los otros accionistas. En el silencio de los estatutos las reuniones del Directorio se constituirán con la mayoría absoluta del total ele Directores y los acuerdo se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes, salvo los casos en que la ley, el Reglamento o los estatutos exijan quórum o mayoría diferentes.

En caso de empate, decidirá el voto del que presida la reunión.

En su primera reunión después de la junta Ordinaria de Accionistas, el Directorio elegirá en su seno un presidente que lo será también de la Sociedad.

Actuará de secretario del Directorio el Gerente o la persona especialmente designada para ese cargo.

El reglamento dispone que el Directorio deberá reunirse, a lo menos, una vez, cada dos meses. De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro especial de actas, que será firmado por los miembros que hubieren concurrido a la sesión.

Si alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier causa, para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma acta de la respectiva circunstancia de impedimento.

La legislación trata de cautelar la lealtad hacia la sociedad con que debe actuar el Directorio. Por eso los actos administrativos ejecutados antes de obtenerse la autorización del Presidente de la República, no comprometen la responsabilidad de la compañía, a no ser que hayan tenido por objeto trabajos preparatorios u otras operaciones necesarias al planteamiento de la sociedad.

La Superintendencia podrá aplicar una multa al Director que no constituyere la garantía exigida por los estatutos durante el mes siguiente a la fecha en que acepte el cargo.

En caso de Directores designados en la escritura pública, este plazo se contará desde la fecha del decreto que autorice la existencia de la sociedad. En cuanto a su intervención en las votaciones los directores que en una operación determinada, tuvieren en nombre propio o como representantes de otra persona, interés, deberán comunicarlo a los demás directores y abstenerse de toda deliberación sobre dicha operación. Los acuerdos se tomarán con prescindencia del director o directores implicados y serán dados a conocer en la primera junta Ordinaria de Accionistas. Y, por último, el Director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio deberá Hacer constar en el acta su oposición y de ello dará cuenta el Presidente de la Sociedad en la junta General Ordinaria de Accionistas más próxima.

d) Responsabilidad hacia la sociedad y ejercicio de la respectiva acción. En cuanto a la sociedad los administradores no son responsables sino de la ejecución del mandato que recibieren. El inciso 29 del artículo 458 del Código de Comercio preceptúa que es nula toda estipulación que tienda a absolver a los administradores de esta responsabilidad o a limitarla.

La ley se refiere aisladamente, además, a, algunos casos en que resulta comprometida la responsabilidad de los directores por su gestión. Así, por ejemplo, después de disponer que el valor de las acciones de pago deberá ser cubierto en dinero efectivo establece que el Director o gerente que aceptare otra forma de pago de dichas acciones, que la establecida en el inciso anterior, serán solidariamente responsables del valor que representen las acciones pagadas en otra forma.

Como en otros casos corresponde a la Superintendencia representar al Directorio o Gerente las infracciones o actos que a su juicio sean perjudiciales para la sociedad, pudiendo denunciarlos, en caso de desatención, a la junta General de Accionistas. Tratándose de una compañía de seguros, que siempre debe asumir la forma de sociedad anónima en Chile, las facultades de la Superintendencia son más drásticas pues puede suspender al Directorio y asumir el carácter de único administrador, siempre que lo haga con la aprobación del Ministro de Hacienda (Artículo 3°, (letra d) DFL. 251, de 1931).

Por otra parte, las personas que dejaren de pertenecer al Directorio de una Sociedad no podrán retirar el dinero o enajenar las acciones o valores que hubieren dado en garantía del correcto desempeño de sus funciones, sino después de transcurridos seis meses desde la fecha de la cesación de sus cargos.

e) Responsabilidad hacia los terceros, y ejercicio de la respectiva acción. Los terceros conservan siempre las acciones que les competen para reclamar de cualquier perjuicio derivado de las actuaciones del Directorio. Ellos pueden interponerlas ante las autoridades administrativas en los casos en que las decisiones dependen de estos organismos, como frente a la justicia ordinaria cuando se trate de juicios de que debe conocer esta magistratura. La ley no se ha referido específicamente a situaciones de esta naturaleza, salvo en cuanto concierne a la obligación de los directores de hacer inmediatamente la liquidación de la sociedad cuando ésta se disuelva por haber perdido su capital por sobre el margen autorizado en la ley o en los estatutos, los que pueden consignar un margen Inferior. No procediendo hacer la liquidación con la celeridad necesaria, los administradores quedarán personal y solidariamente responsables de las resultas de los contratos y operaciones ulteriores. (Artículo 464, inciso final, Cód. Com.).

f) Participación de los dependientes en la gestión. La ley no considera la participación de otros dependientes de la sociedad anónima en su gestión, excepto la del gerente y aun ésta en una forma incidental. Así, el artículo 10 del Reglamento prescribe que actuará de secretario del Directorio el Gerente o la persona especialmente designada para ese caro. También podrán recaer en él delegaciones de facultades del Directorio.

Su actuación sin embargo, le impone responsabilidades pues el gerente que no sea director de la Sociedad sólo tendrá derecho a voz en las reuniones de Directorio y responderá con los miembros de él, de todas las resoluciones y acuerdos ilegales o perjudiciales para los intereses sociales, cuando no constare su opinión contraria en el acta respectiva.

VII. Órganos y Sistemas de control : Síndicos.

El Código de Comercio preveía que el Presidente de la República podía nombrar un comisario que vigilara las operaciones del Directorio para que le informara sobre el cumplimiento de los estatutos, agregando que ese nombramiento podía recaer en algún inspector de oficinas fiscales sin derecho, por ello, a sobresueldo. (Artículo 436). Pero esa disposición puede estimarse derogada tácitamente por el sistema incorporado por el DFL. 251, de 1931, que creó la Superintendencia.

Además de la supervigilancia de los organismos del Estado, subsiste en el sistema chileno el control que ejercen privadamente los propios accionistas, representados por los miembros de la junta de vigilancia. En efecto, no se aprobarán los estatutos que no dispongan que en las justas Generales Ordinarias deben nombrarse todos los años dos inspectores de cuentas con el objeto de vigilar las operaciones sociales, examinar la contabilidad, inventario y balance de la Sociedad y con la obligación de informar a la próxima junta Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.

En la práctica este control se ejerce con poca eficacia, prefiriéndose recurrir, en caso de conflicto, a los organismos oficiales de supervigilancia.

a) Sociedad de revisión. El legislador no contempla la existencia de este tipo de sociedades. Pero nada impide que, para los efectos contables, los estatutos o la asamblea puedan encargar la revisión de los libros de contabilidad a empresas, firmas o sociedades especializadas en la materia.

b) Nombre de los órganos encargados del control. Estos son, como se ha expresado, la Superintendencia de Compañías de Seguros. Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio. Tratándose de los bancos, que también se organizan como sociedades anónimas bajo ciertas regulaciones especiales, la Superintendencia de Bancos. A estos organismos fiscalizadores los controla, en cuanto a la legalidad de sus resoluciones, la Contraloría General de la República. En los aspectos técnicos y de conveniencia, ellos son independientes.

c) Deberes y responsabilidades de los órganos encargados del control. En lo que concierne a la Superintendencia, en el curso de la exposición han podido apreciarse la mayor parte de sus facultades. haciendo una recapitulación y una referencia a algunas que aún no se han mencionado podemos expresar las siguientes:

a) Informar al Presidente de la República, teniendo a la vista todos los documentos que acrediten haberse dado cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre las presentaciones en que solicite la autorización de existencia, la aprobación o modificación de los estatutos, declaración de legalmente instalada o disolución anticipada de una Sociedad Anónima. b) Fiscalizar las operaciones de las Sociedades, pudiendo revisar los libros de contabilidad y documentación en general, hacer arqueos, pedir la ejecución y presentación de balances en las fechas que estime conveniente y en general, solicitar todos los datos y antecedentes que le permitan imponerse del desarrollo de los negocios sociales; c) Velar por el cumplimiento de la ley, por el de los estatutos sociales, debiendo representar al Directorio y Gerente las infracciones o actos que a su juicio sean perjudiciales para la Sociedad. Si éstos no repararen las referidas infracciones, la Superintendencia lo pondrá en conocimiento de una junta General de Accionistas, citada al efecto, sin perjuicio de las multas que procediere aplicar; d) Citar a juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, cuando requerido el Directorio al efecto se hubiere negado a hacerlo. Podrá, asimismo, y ante la negativa del Directorio suspender la citación a junta de Accionistas y la junta misma, cuando fueren contrarias a la ley o a los estatutos; e) Hacerse representar en toda junta de Accionistas, cuando lo estime prudente, para cuyo efecto los gerentes de cada Sociedad deberán comunicarle con la debida oportunidad y por carta certificada las fechas en que se celebraren las juntas de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias; f) Comprobar la exactitud e inversión de los capitales y fondos y vigilar que se constituya el fondo de reserva legal; g) Comprobar, cuando lo estime conveniente, la exactitud de los informes y la valorización de todo aporte que no consista en dinero; h) Fijar las normas generales para la confección de los balances y comprobar su exactitud. i) Ejercitar las facultades de inspección y supervigilancia sobre las operaciones de crédito que realicen las Sociedades en la forma que establezcan las leyes especiales; j) Informar a las instituciones de crédito del Estado sobre las Sociedades que deseen realizar operaciones de crédito; k) Proponer al Presidente de la República la revocación de la autorización de existencia de las Sociedades en los casos previstos por la ley o cuando de las investigaciones que se practiquen resulte que la administración se ha llevado en forma fraudulenta o manifiestamente descuidada. En ambos casos el Presidente ele la República podrá decretar la revocación; l) Intervenir en las liquidaciones y peticiones de declaración de quiebra de las Sociedades, en la forma que establece el párrafo cuarto del Título III de la ley; m) Resolver en el carácter de árbitro arbitrador sin ulterior recurso, las dificultades que se susciten entre los accionistas y entre éstos y terceros con la Sociedad, cuando las partes de común acuerdo lo soliciten; n) Resolver en el mismo carácter las dificultades que se produzcan con motivo del acuerdo del Directorio de una Sociedad de no dar curso a un traspaso hecho de conformidad a la ley; ñ) Velar por que los organizadores o administradores de una Sociedad que no alcanzare a obtener su instalación leal, restituyan todas las sumas que hubieren recibido por las acciones subscritas y todos los aportes que se Hubieren Hecho a la Sociedad; y aplicar las sanciones correspondientes.

La Superintendencia practicará visitas a las Sociedades sujetas a su vigilancia, imponiéndose detenidamente del movimiento de la caja social, de la contabilidad, de los libros de actas, registros de accionistas y de toda la documentación y antecedentes que estime necesario, velando especialmente por la observancia de la ley, estatutos sociales y reglamentos. El personal de la Superintendencia estará obligado a guardar la más estricta reserva acerca de los documentos, contabilidad, actas y demás antecedentes de la Sociedad que inspeccione.

Los organismos técnicos del Estado deberán evacuar los informes que solicite la Superintendencia destinados a comprobar la exactitud de los antecedentes técnicos o periciales que presenten las Sociedades Anónimas.

En los casos en que dichas investigaciones no puedan verificarse por los expresados organismos, la Superintendencia podrá contratar los servicios de peritos o técnicos que estime necesarios.

Los notarios de toda la República estarán obligados a comunicar mensualmente a la Superintendencia la formación de las Sociedades Anónimas.

La Superintendencia podrá exigir de las Sociedades Anónimas, cuando lo estime necesario, que la remitan durante el tiempo que le indique, nóminas semanales de los traspasos de acciones con expresión de cantidad, precio y nombre de comprador y vendedor.

Las Sociedades remitirán a la Superintendencia una copia de su Memoria, balance, inventario y cuenta de ganancias y pérdidas, con diez días de anticipación por lo menos, a la junta de Accionistas, que habrá de pronunciarse sobre ellos.

Las Sociedades publicarán sus balances y cuenta de ganancias y pérdidas, por una sola vez, en un diario del domicilio social con tres días de anticipación a la fecha en que se celebrará la junta.

La Superintendencia determinará anualmente en el mes de Marzo los diarios en que deban hacerse las referidas publicaciones.

Si el balance presentado por el Directorio fuere alterado, volverá a publicarse en la forma acordada dentro de los diez días siguientes.

La Superintendencia llevará un registro alfabético en el que deberán inscribirse todas las Sociedades con expresión de nombre, número y fechas de los decretos de autorización y declaración de legalmente instalada, capital social, domicilio legal, duración, fechas y números da los decretos de aprobación de reformas de estatutos, prórrogas de duración de la Sociedad y disolución anticipada y revocación de la autorización de existencia. Este registro estará a disposición del público en el archivo de la Superintendencia.

En lo que se refiere a la Contraloría General de la República, este es un organismo constitucional, encargado de velar por el control preventivo de la juridicidad de los decretos del gobierno y de las resoluciones de las autoridades administrativas. Todas las resoluciones del Gobierno y de la Superintendencia que estén sometidas por la ley al registro previo de la Contraloría, pueden ser objetadas, sólo en cuanto a su legalidad, por ella y no podrán aplicarse sin su visto bueno. Así, los decretos de autorización de existencia y de instalación de sociedades anónimas y las resoluciones que la Superintendencia esté facultada en relación con su intervención en ellas, deberán ser aprobadas previamente, mediante su registro o toma de razón, por la Contraloría. Objetada por ésta, el Gobierno podrá insistir en su tramitación y aplicación, pero deberá hacerlo con la firma de todo el Gabinete o sea de la totalidad de los Ministros. En tal caso, la Contraloría tomará razón del decreto o resolución primitivamente objetados, pero comunicará el hecho al Congreso para los efectos de las responsabilidades constitucionales y políticas del jefe del Estado y de sus Ministros.

La Contraloría fiscaliza; además, el desempeño funcionario de parte de la Superintendencia.

d) Forma y límites de control público sobre la gestión. Como ha podido apreciarse, en Chile este control es bastante intenso. No existe el control judicial.

La resistencia al ejercicio de las facultades conferidas al Superintendente o la infracción de ésta y demás leyes sobre Sociedades Anónimas, de los estatutos y reglamentos por parte de los directores, gerentes, empleados y liquidadores, serán sancionados con multa a beneficio fiscal.

Igual sanción tendrán las demás personas que se resistan al ejercicio de las facultades que leyes especiales confieren a la Superintendencia.

El infractor que haya pagado la multa, tendrá derecho para reclamar de su aplicación, dentro del plazo de diez días, a contar desde la fecha de la resolución, ante el juez letrado en lo Civil que corresponda, quien resolverá la reclamación en juicio sumario, previo informe del Superintendente.

Si no se efectuare el pago de la multa en el término indicado podrá recurrir al juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, solicitando el correspondiente mandamiento de ejecución. La liquidación firmada por el Superintendente tendrá por sí sola mérito ejecutivo y en el juicio no será admisible otra excepción que la de pago, acreditada por el correspondiente recibo de la Superintendencia.

VIII. Derechos individuales de los accionistas.

a) Derecho de información. Este derecho está ampliamente garantizado en la legislación chilena. Esta prohíbe la autorización de existencia de la sociedad anónima cuando los accionistas no cuentan con los medios de vigilar las operaciones de los gerentes ni con el derecho de conocer el empleo de los fondos sociales. (Artículo 430, Cód. Com.). Los accionistas serán informados de todo ello con motivo de las asambleas generales ordinarias, como se explicó al tratar de éstas, mediante la presentación de la memoria, balance e inventario que debe elevar el Directorio en esa oportunidad.

El balance, inventario, libros y demás piezas justificativas de la memoria serán depositadas en la oficina de la administración ocho días antes del señalado para la reunión de la asamblea. La contabilidad sólo podrá ser examinada por los accionistas en esa oportunidad o cuando lo permitan los estatutos.

Durante los ocho días anteriores a la junta General Ordinaria, la Memoria y Balance que debe presentar el Directorio estarán a disposición de los accionistas. Para este objeto la Sociedad tendrá en su oficina copias impresas o escrituras a máquina de esos documentos.

La Memoria y Balance deberán remitirse por correo a los accionistas que tengan registrado su dominio en la Sociedad, con diez días de anticipación, a lo menos, a la fecha fijada para la junta Ordinaria. La Superintendencia de Sociedades Anónimas podrá autorizar a aquellas sociedades que tengan un gran número de accionistas, para limitar el envío de dichos documentos a aquellos accionistas que tengan un número de acciones superiores a un mínimo determinado. La Memoria que presente el Directorio de la junta Ordinaria de Accionistas deberá contener una información explicativa y razonada sobre las operaciones realizadas durante el ejercicio.

Negado a los accionistas el derecho a ser informados de los asuntos sociales, ellos podrán solicitarlo a la Superintendencia para que ésta cite, a su requerimiento, en la forma ya explicada, a juntas Generales Extraordinarias.

b) Derecho a voto de impugnación de las deliberaciones inválidas. Conjuntamente con la Memoria y Balance deberán las sociedades anónimas remitir a la Superintendencia la lista de sus accionistas.

Solamente tendrán derecho a voto en las juntas Generales los accionistas que figuren en el Registro Social y los tenedores de acciones al portador, anotadas en la oficina de la Sociedad con tres días dé anticipación a la reunión, a lo menos.

El Registro de Accionistas permanecerá cerrado, a lo menos, durante los tres días anteriores a la junta y el día en que ésta se celebre.

El Registro de Accionistas se cerrará especialmente antes del reparto de dividendos o de opciones para suscribir aumentos de capital. En todo caso, el cierre del Registro se anunciará por uno o más avisos en un periódico del domicilio social con cinco días de anticipación a lo menos al día del cierre; en el aviso se indicará el motivo del cierre de Registro.

Las acciones de su propia emisión que la Sociedad tenga inscritas a su nombre no darán derecho a voto, ni Serán tomadas en consideración para los efectos del quórum y de las mayorías necesarias para la constitución y decisiones de la junta de Accionistas.

En cuanto al derecho de impugnación, fuera del ejercicio libre de las accione judiciales que puedan ejercitar los accionistas, debe recordarse que la ley encomienda a la Superintendencia resolver en el carácter de árbitro arbitrador sin ulterior recurso, las dificultades que se susciten entre los accionistas y entre éstos o terceros con la Sociedad, cuando las partes de común acuerdo lo soliciten.

c) Derecho a las utilidades. El Código de Comercio prohibía la repartición de dividendos antes de completarse el fondo de reserva. Esa disposición atentaba contra la difusión de las sociedades anónimas y el interés de los inversionistas. Por eso, el artículo 107 del DFL. N° 251, de 1931, permitió repartir dividendos, aun antes de completarse el fondo de reserva legal, siempre que se destinara a éste la cuota mínima de las utilidades dispuesta por la ley (5%) o por los estatutos, si excede ese porcentaje.

Por eso el saldo de las utilidades líquidas, descontada la cuota que se destine para fondos especiales, que no podrá ser superior al 30% de ellas, se distribuirá como dividendo entre los accionistas a prorrata de sus acciones, salvo que la escritura social disponga otra cosa. Finalmente los dividendos que no se cobren en el plazo de 10 años pertenecerán al Cuerpo de Bomberos del domicilio de la sociedad que los haya producido.

d) Derecho a la cuota da liquidación. Esta emana de la propia definición de sociedad dentro de la legislación chilena. Sin embargo, las acciones de industria sólo confieren derecho a una parte proporcional en los beneficios pie la sociedad.

Se presume que los socios industriales tienen también derecho al fondo social en todos los casos en que no se haya verificado la clasificación de acciones de capital y acciones de industria. Las partes son libres para estipular la proporción en que se repartan.

En general, los socios deberán aguardar al término del proceso de liquidación para obtener su partición en el activo, salvo cuando lo que hubieren aportado Hubiere consistido en el uso y goce de una cosa en que se transforman en acreedores de la sociedad, a su disolución, pudiendo retirarla ipso facto, en especie.

e) Derecho de opción en la emisión de nuevas acciones. El legislador no se preocupa de regular este derecho ni él aparece como una consecuencia natural de la calidad de accionista. En consecuencia, sólo procederá cuando los estatutos lo consagren o cuando la asamblea de accionistas tome los acuerdos pertinentes al acordar las nuevas emisiones, que es lo que ocurre ordinariamente.

Exposición de la disciplina de la Sociedad Anónima. (Segunda parte)

IX. Protección de las minorías.

f) Derecho de receso. No existe este derecho en la legislación chilena. Las minorías están sujetas a la protección legal y privada del control de los organismos públicos que se han descrito. Para asegurar la participación de las minorías en los Directorios de las sociedades anónimas, se estableció recientemente un recargo del impuesto que las sociedades anónimas debían pagar cuando no modificaran sus estatutos, disponiendo que la renovación de los miembros de los Directorios debía ser total. De este modo se evitó que mediante renovaciones parciales y periódicas del Directorio, fuera siempre la mayoría la que eligiera a los administradores, dejando a la minoría sin posibilidades de representación (art. 36, Ley N° 16.282) .

X. Obligaciones. (Bonos o Debentures).

Lo relacionado con las obligaciones que pueden emitir las sociedades anónimas está regulado por una ley especial, la N° 4657, de 25 de Septiembre de 1929.

a) Formas y límites de la emisión. Sólo las sociedades anónimas constituidas y domiciliadas en Chile y las agencias autorizadas ele sociedades extranjeras, con requisitos especiales que la ley se cuida de establecer, pueden contratar empréstitos mediante la emisión de bonos o debentures, siempre que los estatutos les concedan expresamente la facultad. Para proceder a la emisión de bonos, deberá celebrarse previamente entre la sociedad emisora y el representante o los representantes de los futuros tenedores de bonos, un contrato por escritura pública en que se liarán constar todas las condiciones del empréstito.

La escritura de emisión deberá necesariamente expresar:

1. El nombre y domicilio de la sociedad, la fecha y notaría en que se hubiere otorgado la escritura social, la fecha y número de su inscripción en el Registro de Comercio, la fecha del decreto de autorización y del de instalación legal de la sociedad, e iguales enunciaciones respecto de las reformas de los estatutos y de los, decretos que las hubieren aprobado. 2. Los negocios que constituyen el giro de la sociedad. 3. El monto del capital nominal, del capital suscrito y del capital pagado de la sociedad emisora. 4. El acuerdo del directorio o de la junta general de accionistas, según el caso, debiendo insertarse en la escritura copia íntegra del acta respectiva. 5. El monto total del empréstito, las series y el número de bonos que van a emitirse, el valor nominal de cada clase de títulos y su forma, indicando si serán nominativos o al portador. 6. El tipo de interés, la forma y épocas de amortización, las fechas y el lugar del pago de los intereses y de los bonos sorteados o vencidos. 7. La naturaleza de la garantía o la indicación de que la emisión se hace sin garantía. 8. Las deudas preferentes o privilegiadas que la sociedad tuviere contraídas al tiempo de otorgarse la escritura de emisión, y las emisiones vigentes de bonos que hubiere hecho anteriormente. 9. El nombre y domicilio del representante o de los representantes de los futuros tenedores de bonos, y la forma y cuantía de su remuneración.

La escritura de emisión será publicada íntegramente y por una sola vez en el 'Diario Oficial', inscrita en el Registro del Conservador de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad y anotada al margen de la inscripción en la escritura social.

Los títulos de todo bono podrán ser nominativos o al portador y deberán contener las siguientes indicaciones:

1. El nombre y domicilio de la sociedad emisora, la fecha y notaría en que se hubiere otorgado la escritura de emisión, la fecha y el número del Decreto Supremo que haya autorizado la existencia de la sociedad. 2. La fecha y notaría en que se hubiere otorgado la escritura de emisión, la fecha y número de su inscripción en el Registro de Comercio, y la fecha de publicación en el 'Diario Oficial'. 3. La serie y el número de orden del respectivo título. 4. El valor nominal del título. 5. El monto de la emisión y el plazo para su cancelación total. 6. Si la emisión se ha hecho con garantía o sin ella. 7. El tipo de interés, la forma y épocas de amortización, las fechas y el lugar del pago de los intereses y de los bonos sorteados o vencidos. 8. La fecha del título y las firmas auténticas de un director y del gerente o de dos directores de la sociedad y el sello de ésta.

Los títulos de los bonos se desprenderán de un libro talonario, con numeración correlativa, debiendo el talón ser firmado también por algunos de los directores que hayan firmado el bono.

Toda sociedad emisora de bonos nominativos deberá llevar un registro especial en que se anotarán todos los bonos que haya emitido, con indicación de su número, serie y valor, y el nombre de la persona a quien pertenezcan.

La cesión de los bonos nominativos se hará por endose en el mismo título, suscrito por el cedente y pop el cesionario e inscrito en el registro a que se refiere la frase anterior.

La cesión de los bonos al portador se hará por la mera tradición manual.

El cedente no responderá al cesionario del pago de los intereses ni del capital del bono.

b) Obligaciones cuyo reembolso tenga garantías particulares. Si la emisión se hiciere con garantía deberá ésta quedar debidamente constituida e inscrita en los registros que correspondan, cuando laya lugar a ello, antes de inscribir y publicar la escritura de emisión.

La emisión de bonos podrá hacerse sin garantías, con garantías especiales de prenda o hipoteca o con la garantía de alguna institución que esté facultada para ello por leyes especiales.

Cuando fuere necesaria para el perfeccionamiento de la prenda, la entrega de la cosa empeñada, se hará dicha entrega a los representantes de los tenedores de bonos quienes cuidarán de que se cumplan las demás formalidades que correspondan.

En la inscripción de la hipoteca, prenda industrial o prenda sobre regadores de agua a favor de los tenedores de bonos, no será necesario indicar individualmente el nombre de los respectivos acreedores y bastará expresar en lugar de éstos, el nombre del representante de los tenedores designados en la escritura de emisión y la calidad que invisten.

Si fueren reemplazados por otros los representantes de los tenedores de bonos que figuran en la inscripción, deberá anotarse al margen de ésta el nombre de los reemplazantes. Todas las citaciones y notificaciones que según las leyes deban hacerse a los acreedores hipotecarios o prendarios, se entenderán cumplidas válidamente con la notificación al representante o representantes de los tenedores de bonos que aparezcan en la correspondiente inscripción de la hipoteca o prenda.

La sociedad emisora no podrá vender una parte de sus maquinarias y utensilios tan considerable que imposibilite o dificulte la marcha ordinaria del negocio, a menos que lo consientan, por escrito, los representantes de los tenedores de bono.

Tampoco podrá vender, sin el mismo consentimiento, el nombre del establecimiento, las marcas comerciales y las patentes de invención existentes a la fecha de la escritura de emisión.

La sociedad emisora no podrá repartir dividendos entre sus accionistas aunque hayan sido acordados, si estuviere en mora en el pago de los intereses o de los bonos sorteados o vencidos.

Otras ventajas pueden considerarse incentivos o garantías para los suscriptores de los bonos. Entre ellas, puede mencionarse el hecho de que podrán emitirse bonos a prima, fijando para su suscripción una suma inferior a su valor nominal. El empréstito deberá quedar totalmente colocado dentro del plazo máximo de seis meses contados desde la fecha de la escritura de emisión, o en el que se hubiere fijado en la misma escritura, si fuere menor.

Los representantes de los tenedores de bonos dejarán constancia de la subscripción total del empréstito, en una escritura pública que se anotará al margen de la inscripción de la escritura de emisión.

De índole parecida es la exigencia de que mientras no estuviere totalmente colocado el empréstito, no podrá la sociedad emisora hacer uso alguno del dinero pagado para los suscriptores. No suscribiéndose totalmente las emisiones en los plazos fijados, los representantes de los tenedores de bonos deberán exigir la devolución de las sumas pagadas con los intereses correspondientes, cancelando el empréstito y alzando las garantías que se han vuelto inútiles.

c) Obligaciones convertibles en acciones. La sociedad emisora podrá conceder en favor de los tenedores de bonos opción individual o colectiva para canjearlos por acciones ordinarias o privilegiadas de la misma sociedad, en conformidad a las condiciones establecidas en la escritura de emisión.

La sociedad que hiciere uso de este derecho, podrá aumentar su capital en la cantidad necesaria con el exclusivo objeto de efectuar la conversión de los bonos por acciones, y al vencimiento del plazo para la opción, podrá reducir el aumento de capital proyectado a la suma equivalente a los bonos que se hubieren presentado para la conversión. En ambas operaciones deberán observarse los requisitos y formalidades necesarios para la modificación de los estatutos.

Los bonos canjeados por acciones se considerarán amortizados extraordinariamente.

d) Asambleas de tenedores de bonos y representantes de estos. Los tenedores de bonos se reunirán en junta general, siempre que sean convocados al efecto por sus representantes. Podrá también ser convocada la junta directamente por tenedores que reúnan a lo menos un 20% del valor nominal de los bonos en circulación.

Serán objeto de las deliberaciones y acuerdos de la junta la elección de nuevos representantes en reemplazo de los que falten por cualquier motivo, la revocación de los designados en la escritura de emisión o de los elegidos posteriormente, la autorización para los actos en que la ley requiera o la soliciten los representantes y, en general, los demás asuntos de interés común de los tenedores de bonos.

Los acuerdos de la junta adoptados con arreglo a las disposiciones de la ley, serán obligatorios para todos los tenedores de bonos de la emisión correspondiente.

La convocación de la junta se hará con quince días de anticipación a lo menos, por medio de avisos publicados ocho veces en un periódico del domicilio social y también, en todo caso y por igual número de veces, en dos periódicos de la ciudad ele Santiago.

En los avisos se indicará el objeto de la reunión, el día, hora y lugar en que se celebrará la junta y el nombre de las personas que la convocan.

La junta será presidida por cualquiera de los representantes de los tenedores de bonos, o en su ausencia, por la persona que, entre los concurrentes, represente por si o como mandatario, mayor capital.

La junta se celebrará con asistencia de un notario que servirá también de secretario.

Los tenedores de bonos podrán hacerse representar en las juntas por mandatarios, mediante una carta?poder dirigida al presidente de la junta.

No podrán ser mandatarios de los tenedores de bonos en la junta, los directores o empleados de la sociedad emisora, ni los accionistas de la misma sociedad.

La junta quedará legalmente constituida y podrá deliberar válidamente con la concurrencia de tenedores de bonos que representen, a lo menos, la mayoría absoluta del valor nominal de los bonos en circulación.

Todo tenedor de bonos tendrá derecho a un voto por cada cuota de la emisión que posea, equivalente al valor del tipo mínimo de los bonos emitidos.

En la junta sólo podrá tratarse de los asuntos indicados en la convocatoria. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los tenedores de bonos asistentes o representados, salvo los casos previstos en el artículo 62.

Los concurrentes firmarán una hoja de asistencia en que se indicará, junto a cada firma, el valor total de los bonos que cada uno posea o represente y el nombre de la persona representada, en su caso. De las deliberaciones y acuerdos de la junta se dejará constancia en un libro especial de actas, que llevarán los representantes de los tenedores de bonos.

Las actas serán firmadas por los representantes de los tenedores de bonos y por el que, en su ausencia, haya presidido la junta, y por el notario asistente, y serán también reducidas a escritura pública en el registro del mismo notario por el presidente de la junta y por la persona autorizada al efecto.

Cuando una sociedad hubiere hecho distintas emisiones de bonos en diferentes condiciones de interés, de amortización o de garantía, los tenedores de los bonos correspondientes a cada una de las distintas emisiones, constituirán juntas separadas e independientes.

En cuanto a los representantes, la ley indica que sólo personas naturales no incapaces y las jurídicas que señala, entre las cuales se cuentan los Bancos comerciales autorizados por la Superintendencia de Bancos al efecto, podrán desempeñar esas funciones.

No podrá designarse en la escritura de emisión como representante de los tenedores de bonos a los accionistas, directores o empleados de la sociedad emisora.

Si por cualquier motivo faltare alguno de los representantes, los tenedores de bonos elegirán, en junta general, al que deba reemplazarlo.

La junta general de tenedores de bonos podrá también revocar libremente y sin expresión de causa, a los representantes designados en la escritura de emisión o a los que hubieren sido elegidos con posterioridad. La elección y la revocación de los representantes deberán ser acordadas por mayoría absoluta del valor total de los bonos en circulación.

Todo cambio en las personas de los representantes deberá ser anotado al margen de la inscripción de la escritura de emisión y de las inscripciones hipotecarias o prendarías en su caso.

Además de las facultades generales que les correspondan como mandatarios y de las que se les otorguen en la escritura de emisión o por la junta de tenedores de bonos, los representantes tendrán dichas atribuciones especiales que la ley les confiere, sin que valga ninguna estipulación en contrario para limitarlas o suprimirlas.

Los representantes podrán examinar por sí o por las personas que ellos designen, los libros y documentos de la sociedad, y asistir, sin derecho a voto, a las reuniones del directorio y de la junta general de accionistas.

Deberán velar especialmente por el pago oportuno a todos los tenedores de bonos, y sin preferencias entre ellos, de los correspondientes intereses y de los bonos sorteados o vencidos.

Los representantes y las personas que ellos designen para inspeccionar los libros y documentos de la sociedad; deberán guardar reserva sobre los negocios de ésta, quedándoles prohibido revelar o divulgar las circunstancias y detalles de que hubieren tomado conocimiento en el desempeño de sus funciones, en cuanto no fuere estrictamente indispensable para el resguardo de los intereses de los tenedores de bonos.

Si infringieran esta prohibición, incurrirán en las penas señaladas en los artículos 216 y 247 del Código Penal, sin perjuicio de las responsabilidades civiles a que hubiere lugar.

Los representantes de los tenedores 'de bonos se entenderán autorizados para ejercer a nombre de éstos, con las facultades ordinarias de los procuradores, todas las acciones judiciales que correspondan en defensa de su interés común o para el cobro del valor de los cupones y de los bonos sorteados o vencidos.

En las demandas y demás gestiones judiciales que entablen los representantes en interés de todos o de algunos de los tenedores de bonos, no será necesario expresar el nombre de cada uno de éstos, ni especificarlos individualmente.

Los tenedores de bonos sólo podrán ejercitar por intermedio de los representantes las acciones judiciales en contra de la sociedad.

Si la sociedad incurriere en mora de treinta días o más en el pago de los cupones de los bonos, o si infringiere cualquiera de las estipulaciones del contrato o de las disposiciones de la ley, o cuando hubiere fraudes en la administración, los representantes podrán exigir que se remueva y reemplace en todo o parte el directorio de la sociedad.

En los casos del artículo 68, o siempre que hubiere motivo grave, los representantes ele los tenedores ele bonos podrán también pedir al, presidente de la República la revocación del decreto que autorizó la existencia de la sociedad.

Los representantes de los tenedores de bonos responderán de la culpa o negligencia en el desempeño de sus funciones y de la violación de cualquiera de los deberes que su cargo les imponga.

XI. Balance.

Son pocas las disposiciones legales que se refieren al balance de las sociedades anónimas aun cuando tratan la materia en forma suficiente. Los detalles han sido suplidos por sucesivas circulares de la Superintendencia, la última de las cuales, derogatoria de las anteriores, es la N° 797, de 30 de junio de 1965. Esto ha permitido incorporar a esas instrucciones las diferentes enmiendas legales relativas a la contabilidad de las empresas y a los procesos de valorización y revalorización de bienes, al mismo tiempo que uniformar la presentación de este documento para todas las sociedades anónimas del país. Se acompaña allí un ejemplar del tipo de balance que debe ser llenado por las sociedades anónimas para ser presentado a las asambleas de accionistas, a la Superintendencia correspondiente y a los Servicios de Impuestos Internos.

a) Quién lo regula y quién lo aprueba. Los administradores deben presentar el balance junto con la memoria de su administración y un inventario de las existencias a la asamblea general ordinaria, en la forma descrita anteriormente.

El balance, inventario, actas, libros y demás piezas justificativas de la memoria serán depositados en la oficina de la administración ocho días antes del señalado para la reunión de la asamblea general. El balance debe ser suscrito por los miembros de la junta de Vigilancia, además del presidente y del Gerente de la sociedad. Además, debe ser autorizado por un contador, miembro del Colegio de Contadores, de acuerdo con la ley relativa a estos profesionales. (Artículo 56, Decreto de Educación N° 15.141, de 11 de Diciembre de 1956, reglamentario de la Ley N° 13.011).

La asamblea deberá pronunciarse sobre estos documentos.

b) Cosas que debe contener: menciones obligatorias. En conformidad con la letra h) del artículo 83 del DFL. N° 251, corresponde también a la Superintendencia fijar las normas generales para la confección de los balances y comprobar su exactitud. Y ella puede, según se ha visto, practicar visitas a las sociedades legales y estatutarias sobre la materia.

Aparte de lo anterior, en la cuenta de Ganancias y pérdidas del Balance se colocarán en rubro separado todas las sumas percibidas durante el ejercicio por el Presidente y los Directores, sean como remuneración por su calidad de tales, dieta por asistencia a sesiones, participación en las utilidades, sueldos u honorarios que les haya correspondido por su calidad de empleados, técnicos o profesionales, gratificaciones, viáticos o estipendios extraordinarios ae cualquiera clase.

Las menciones obligatorias son aquellas que aparecen en el formulario que apareció como anexo de la Circular N° 797, de 1965, de la Superintendencia.

c) Criterios de avaluación. Las instrucciones impartidas sobre el particular son precisas y detalladas. Se mencionarán solamente aquellas referentes a los valores mobiliarios y a la facción de inventarios.

En cuanto a los primeros al cierre de cada ejercicio se revalorizarán los Valores Mobiliarios ajustándolos a su cotización bursátil, conforme a lo dispuesto en el inciso 2° del Artículo 35 de la Ley de la Renta, Revalorización del Capital Propio. Las diferencias que no alcancen a ser absorbidas por dicha revalorización, sé ajustarán con abono a 'Fluctuación de Valores'.

En caso que la cotización oficial del Mercado sea inferior al valor de libros, se ajustarán con cargo a dicha cuenta dé Fluctuación, incluyéndose la diferencia en el Activo Nominal.

Las acciones liberadas recibidas por la Sociedad deberán ser contabilizadas a su valor de Bolsa, determinado después de efectuado al cierre correspondiente por la Sociedad emisora, o a su valor nominal, si éstas no se transaran, y en ambos casos con abono a la cuenta transitoria 'Reserva de Acciones liberadas', la que deben liquidarse con cargo a abono a 'Fluctuación de Valores', al final del ejercicio.

En cuanto a los segundos, en consideración a que existen diversos métodos de valuaciones de inventarios, las Sociedades deberán indicar en nota explicativa del Balance, el sistema adoptado. Si ha existido cambio de sistema deberá explicarse en una nota la incidencia de tal cambio.

d) Reservas ocultas. Fuera de la reserva legal, equivalente cuando menos, por disposición leal, al 20% del capital y que se formará como mínimo, con una cuota de las utilidades no inferior al 5% de ellas, la ley no favorece la formación de otras reservas, pues dispone que no debe destinarse una cuota para fondos especiales que supere al 30% de las utilidades, pues el resto de éstas deberá distribuirse a los accionistas a prorrata de sus acciones. Sin embargo, como permite que los estatutos dispongan otra cosa, en la práctica se permiten las reservas ocultas en la medida que la Superintendencia las autorice y tolere.

Sobre las reservas, ese organismo instruye a las sociedades que se consideran como reservas sociales aquellas Reservas que hayan sido formadas por distribución de utilidades acordada por la junta de Accionistas y las formadas con utilidades realizadas en la enajenación ocasional de bienes.

Se considerarán como reglamentarias las de Revalorizaciones y las que se deriven de la aplicación de leyes especiales.

Tanto las reservas sociales como las reglamentarias no podrán modificarse sin el acuerdo de la junta de Accionistas correspondiente.

Deben considerarse como tales reservas las fluctuaciones de Valores y de Cambios, las que por estar destinadas a ajustes, tienen, por lo tanto, movimiento durante el ejercicio.

e) Publicidad. En conformidad con el artículo 115 del DFL. 251, las sociedades publicarán sus balances y cuenta de ganancias y pérdidas, por una sola vez, en un diario del domicilio social con tres días de anticipación a la fecha en que se celebrará la junta.

La Superintendencia determinará anualmente en cl mes de marzo, los diarios en que deban hacerse las referidas publicaciones.

Si el balance presentado por el Directorio fuere alterado, volverá a publicarse en la forma acordada dentro de los diez días siguientes.

La Superintendencia ha señalado que los diarios en que deben hacerse las publicaciones deben ser de reconocida circulación.

Respecto de las Agencias de Sociedades Anónimas extranjeras, el artículo 125 inciso 29 del DFL. N° 251, señala que el balance de la Agencia principal en Chile será publicado en el Diario Oficial.

d) Balance consolidado. La legislación vigente no contempla la obligatoriedad para la sociedad matriz de presentar un balance relativo a todo el grupo de sociedades relacionadas con ella y la Superintendencia no se ha sentido habilitada para imponer esa obligación dentro de sus actuales facultades. Sin embargo, el Proyecto en discusión en el Parlamentó chileno establece en su artículo 21, la obligación para bichas sociedades matrices de confeccionar ese balance consolidado.

XII. Modificaciones del capital.

a) Aumento. Aún cuando el Código expresaba que el capital es preciso e invariable, se permite su aumento cuando las necesidades sociales así lo imponen mediante la respectiva reforma de estatutos, sujeta a todos los trámites de esta operación.

b) Reducción: También el Código se pronunciaba en contra de la reducción del capital, pero el artículo 96 del DFL. N° 251, alteró este predicamento. Según él las Sociedades Anónimas lealmente instaladas, tengan o no completo su capital autorizado, podrán disminuirlo por vía de la reforma de sus estatutos.

Sólo podrán autorizarse las disminuciones de capital, previo informe de la Superintendencia y siempre que aparezca que la parte de capital que se trata de disminuir es innecesaria para los fines sociales.

XIII. Disolución.

a) Causas de disolución: El término natural de la sociedad es la llegada del plazo pactado, pues no pueden autorizarse sociedades anónimas por término indefinido. Pero puede haber disolución anticipada por diversas razones que se explicarán. Estas deberán reducirse a escritura pública y, una vez traducidas en el decreto supremo, inscribirse y publicarse como en el caso de la constitución.

La disolución anticipada puede ser voluntaria o forzada.

La voluntaria se acordará por unanimidad, salvo cuando los estatutos dispongan otra cosa. La forzada ocurre frente a ciertos hechos posteriores a la autorización que obligan a disolver la sociedad o puede asumir la forma de revocación.

La sociedad está obligada a disolverse cuando, una vez autorizada, no reúne la cuota del capital pagado dentro del plazo que se le impuso por el Presidente de la República, o cuando dentro de ese plazo, no ha logrado hacer suscribir todo el capital o no ha dado principio a las operaciones sociales.

También debe disolverse si se pierde una proporción del capital social por encima de la prevista en los estatutos o cuando se reúnen las acciones en manos de un solo accionista. El Directorio consignará estos hechos por escritura pública, copia de la cual se remitirá a la Superintendencia, debiendo ser publicada en el Diario Oficial una vez y por tres en un diario del domicilio social e inscrita en el Registro de Comercio correspondiente (artículo 92 del DFL. N° 251, de 1931). Igualmente debe disolverse si el objetivo social es declarado ilícito por una ley posterior.

Además de lo dicho, puede ocurrir que el Presidente de la República expida un decreto de revocación. Ello puede ocurrir si ha habido inobservancia o violación de los estatutos (articulo 437, Cód. Com.), o si la revocación es propuesta por la Superintendencia porque la administración social se ha llevado en forma fraudulenta o manifiestamente descuidada. La Contraloría General de la República ha exigido que en este caso, se acredite que se han llevado a cabo las investigaciones pertinentes, pues esta exigencia surge del artículo 83, letra k) del DFL. 251.

b) Procedimiento de la liquidación: Disuelta la sociedad, los administradores deben hacer por sí mismos la liquidación (artículo 965, Cód. de Com.), salvo que los estatutos o la asamblea general acuerden otra cosa. Los liquidadores no podrán entrar en funciones sino una vez que estén cumplidas todas las solemnidades que la ley señala para la disolución de la Sociedad. Entretanto, el último Directorio deberá continuar a cargo de la administración de la Sociedad. Pero el Superintendente, no obstante lo prescrito en los contratos sociales de las entidades sujetas a vigilancia, sobre el nombramiento de liquidadores, podrá ser designado como tal por la mayoría absoluta de los socios.

El Superintendente en casos calificados y a petición de accionistas que representen el 20 % del capital social, podrá tomar a su cargo por si o por medio de algunos de los empleados del Servicio, que indique, la liquidación de cualquiera de las empresas sujetas a su vigilancia y al efecto tendrá las facultades, atribuciones y deberes que la ley impone y confiere a los liquidadores.

Los estatutos sociales continúan aplicándose durante el proceso de la liquidación pues la sociedad conserva su personalidad jurídica durante él por expresa disposición de la ley (artículo 110 DFL. N° 251, de 1931). De esto derivan algunas consecuencias como, por ejemplo, que la sociedad en liquidación podrá ser declarada en quiebra en tal carácter, que se continuarán reuniendo las asambleas, convocadas por los liquidadores, que debe darse curso a los traspasos de acciones, firmando los nuevos títulos los miembros de la comisión liquidadora, etc.

El Superintendente resolverá como árbitro arbitrador sin ulterior recurso las dificultades que se susciten entre los liquidadores en el ejercicio de sus funciones.

Los liquidadores cesarán en su cargo por incapacidad legal sobreviniente o por su declaración en quiebra.

Los liquidadores durarán en sus funciones hasta el término de la liquidación, salvo que los estatutos establezcan una norma diferente y sin perjuicio de la facultad de la junta de Accionistas para revocarles el mandato.

Cabe hacer presente que si una Sociedad Anónima suspendiera el pago de sus obligaciones el gerente dará aviso inmediato a la Superintendencia.

Si algún acreedor se presentare a los Tribunales solicitando la declaración de quiebra, el juzgado ante el cual se presentare la demanda, pondrá el hecho en conocimiento de la misma oficina.

En uno y otro caso la Superintendencia investigará la solvencia de la empresa; si comprueba que la solvencia subsiste, propondrá las medidas necesarias para que la empresa prosiga en sus operaciones; si estimare que no es posible tal prosecución, dará aviso al Tribunal competente para que la quiebra siga su tramitación en forma legal.

c) Cierre de la liquidación. Para los procedimientos del cierre de la liquidación, la Superintendencia ha impartido instrucciones de las cuales se enuncian las más importantes:

1. Si la disolución proviniere de revocación de la autorización de existencia de la Sociedad, deben cumplirse las formalidades respectivas con el Decreto correspondiente y citar el Directorio a junta Extraordinaria de Accionistas para dar cuenta de la revocación de la autorización de existencia de la Sociedad y designación de Comisión Liquidadora. Si la liquidación procede de pérdida del 50% del capital, o vencimiento del plazo de duración, el Directorio debe dar cumplimiento a las formalidades legales respectivas y convocar a junta Extraordinaria de Accionistas para dar cuenta de la situación producida y designar la Comisión Liquidadora, salvo que los Estatutos dispongan que la liquidación deba ser hecha por el Directorio. 2. Debe darse cumplimiento al artículo 22 del Código de Comercio que ordena inscribir en el Registro de Comercio el nombramiento de la Comisión Liquidadora. 3. Una vez cumplidas todas las formalidades indicadas anteriormente, debe constituirse la Comisión Liquidadora, pudiendo designar. Presidente y Secretario y dar poder a éstos para que la representen, firmen los cheques, etc. 4. La Comisión Liquidadora deberá llevar un Libro de Actas, en que se dejará constancia de todas las sesiones que celebre y acuerdos tomados. Puede designarse al efecto el Libro de Actas del Directorio. 5. La Comisión Liquidadora deberá formar inventario al tomar posesión de su cargo, del Activo y Pasivo del negocio, y tomar posesión de los libros, correspondencia y papeles que reciba. Practicará también, un Balance de Situación a la fecha de la liquidación, de manera que quede establecido el estado real de la Sociedad a esa fecha. En esta forma podrá apreciarse después el resultado que se obtenga de la liquidación de los bienes. 6. Deberá la Comisión Liquidadora ceñirse estrictamente a las disposiciones del artículo 413 del Código de Comercio y a las que expresamente le haya conferido la junta de Accionistas. 7. A medida que se vayan liquidando las diversas partidas del Activo y Pasivo debe ir traspasando a la Cuenta 'Ganancias y Pérdidas' los saldos que vayan resultando, ya sea de utilidad o pérdida. 8. Debe abrirse una cuenta bancaria a nombre de la Sociedad en liquidación, a la que deben llevarse todas las entradas que se obtengan durante la liquidación y los giros que se efectúen. 9. El Secretario deberá presentar en cada reunión de la junta Liquidadora un estado de liquidación. Estas reuniones sería conveniente que se celebraran, por lo menos una vez al mes. 10. La contabilidad debe ser llevada al día. 11. Una vez cancelados los acreedores y pagados los impuestos correspondientes, puede la junta repartir dividendos de liquidación entre los accionistas. Para los pagos de dividendos debe confeccionarse una planilla en que se deje constancia del nombre de cada accionista y número del cheque y su monto y firma de la persona a quien se efectúe el pago la que, además, firmará un recibo duplicado con el impuesto correspondiente. El pago debe efectuarse previa presentación del título, en el cual deberá quedar estampado el número del dividendo de liquidación pagado y su monto.

Para los efectos de legalizar debidamente el término de la liquidación de una Sociedad Anónima procede que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 413, inciso 8° del Código de Comercio que establece que el liquidador estará obligado a rendir al fin de la liquidación una cuenta general de su administración, o sea, que se cite a una junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de dar cuenta del término de la liquidación y que la junta ratifique lo obrado por los liquidadores. El Acta de dicha junta debe reducirse a escritura pública, copia de la cual debe remitirse a la Superintendencia. Una vez cumplida esta formalidad debe entenderse que se ha dado término al mandato conferido a los liquidadores.

Los saldos de la liquidación que no hayan sido cobrados por sus dueños dentro de 5 años del término de ella, serán entregados a la Superintendencia, la que los depositará y los destinará a los Cuerpos de Bomberos, si nadie los reclamare dentro de otros cinco años contados desde ese depósito (artículo 21 Ley N° 7869, de 21 de Noviembre de 1944).

XIV. Fusión; Sistemas; Efectos.

La fusión no ha sido expresamente considerada por el legislador chileno, salvo en las referencias que hace a la venta del activo y pasivo de la sociedad, que deberá ser resuelta en asamblea extraordinaria con las mayorías que los estatutos dispongan y bajo la presencia de un notario. En este caso la fusión asume la forma de una verdadera anexión, lo que ocurre también cuando una sociedad absorbe a otra que desaparece. De modo que deberá procederse a la liquidación de esta última con las formalidades legales, como si se tratara de una disolución anticipada de la sociedad anexada. La sociedad anexante debe proceder como en el caso de una reforma de sus estatutos.

Otro caso de fusión, específicamente tal, es la unión de dos sociedades para formar una tercera, esto es, una nueva. Los trámites de la formación de ésta deberán cumplirse íntegramente.

XV. Transformación en Sociedad de otra forma.

Se habla de ella cuando hay un cambio de tipo social, originariamente adoptado, manteniendo la identidad de su persona jurídica, como cuando tina sociedad colectiva se transforma en responsabilidad limitada, o ésta en anónima.

Originalmente hubo en Chile oposición al cambio de tipo social sin que mediara la disolución de la sociedad original. Disuelta ésta se creaba, acto seguido, la nueva sociedad propuesta. La antigua doctrina chilena y las prácticas bancarias suscribían este procedimiento.

Hoy día se piensa que el instituto jurídico sociedad es sustancialmente único y unitario y los distintos tipos de ellas no son más que formas o modos de ser de un fenómeno único. Como consecuencia, la personalidad jurídica es propia de todas las formas del contrato social y de cualquiera de ellas, por lo que el cambio de tipo no lleva consigo una alteración de su calidad de sujeto en derechos.

Por otra parte, creemos que el legislador chileno ha, contemplado expresamente la transformación de la sociedad regulando alguno de sus efectos impositivos, como lo hace, por ejemplo, en el Código Tributario, DFL. N° 190, de 1960, en su artículo 69 y en el N° 24 del artículo 19 de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, N° 16.272.

Donde se presenta problema es en el cambio de sociedad de personas a sociedad anónima, debido al distinto régimen que se exige para la modificación de las primeras y constitución de las últimas. Así, los trámites que van desde el depósito del prospecto en la Superintendencia del ramo hasta el decreto del Presidente que declara legalmente instalada la sociedad anónima, son largos y exceden con creces el plazo de 60 días dentro de los cuales debe inscribirse el acuerdo de transformación. No podría inscribirse antes de estar legalmente instalada, puesto que el acuerdo de cambio estaría perfeccionado y la sociedad anónima todavía no existiría.

Para subsanar este inconveniente se ha ideado el sistema de acordar la modificación elaborando, en el mismo acuerdo, los estatutos, pero sometiendo el acuerdo a la condición suspensiva de que se autorice la existencia de la sociedad y se la declare legalmente instalada. Se evita en esta forma el peligro que significaría el que la sociedad anónima no fuera autorizada. Este mecanismo también se ha usado para la transformación en las sociedades de personas debido a que el cumplimiento de los requisitos puede ser demoroso.

Se ha estimado que en el caso de que el contrato permita la modificación por mayoría, los disidentes tienen derecho a separarse y a pedir el reembolso de su interés social (derecho de receso). En las sociedades anónimas es conveniente regular esta situación en el acuerdo modificatorio.

Según criterio aplicado por la Dirección de Impuestos Internos, si una sociedad de personas que pretende transformarse en anónima, dentro del plazo que tiene para hacer su próxima declaración de impuesto a la renta ha obtenido la dictación del Decreto Supremo que autoriza su existencia como sociedad anónima y se han cumplido dentro de ese mismo término las formalidades de legalización correspondientes (inscripción y publicación del Decreto y extractos respectivos), el impuesto se declarará y determinará conforme a las normas que la ley da para esta clase de sociedades. En caso contrario, la declaración, determinación y pago de los tributos deberán hacerse de acuerdo con las disposiciones aplicables a la sociedad de personas que aspira a la transformación.

XVI. Nacionalidad y condición de las Sociedades extranjeras.

El Código de Comercio manifestó en 1865 que las compañías anónimas extranjeras no podrán establecer agentes en Chile sin autorización del Presidente de la República.

Los agentes que obraren por esas compañías sin haber obtenido la autorización gubernativa quedarán personalmente obligadas al cumplimiento de los contratos que celebraren y sometidos a todas las responsabilidades precedentemente establecidas, sin perjuicio de la acción a que hubiere lugar contra dichas compañías.

Posteriormente se ha reglamentado con mayor detalle este procedimiento de autorización, que afecta también a los bancos. Respecto de las compañías de seguros, que también deben asumir la forma de sociedades anónimas, como este comercio se nacionalizó en 1931, se reservó para las sociedades anónimas chilenas constituidas en conformidad a las normas de las compañías de seguros.

El Presidente de la República concederá a las Sociedades Anónimas extranjeras la autorización para establecer agencias en el país, requerida por el artículo anterior, siempre que garanticen los derechos de los terceros que contraten con la Sociedad y se ajusten a las condiciones que a continuación se indican.

La solicitud de autorización deberá ser acompañada de los siguientes documentos emanados del país en que tenga su domicilio la Sociedad y debidamente localizados:

a) Copia auténtica de los estatutos, traducida al español si no estuviere en este idioma y visada por el cónsul chileno, de la escritura de constitución de la Sociedad, de las demás piezas que indiquen cómo se ha formado el capital social y de los antecedentes que acrediten que la Sociedad se encuentra legalmente constituida en el país de origen; b) Un poder general otorgado por la Sociedad al agente que ha de representarla en el país, en el que se exprese de una manera terminante que el agente obra en Chile bajo la responsabilidad directa de la Sociedad, con facultad de ejecutar operaciones en su nombre y que se le otorgue expresamente las facultades a que se refiere el inciso segundo del artículo 89 del Código de Procedimiento Civil; c) Un estado de las erogaciones hechas por los accionistas para completar el capital social; d) Una copia autorizada del último balance de las operaciones sociales; e) Un certificado de subsistencia de la Sociedad.

El solicitante deberá declarar el nombre de la Sociedad con el cual funcionará en Chile, con expresión en español del objeto de ella:

a) El nombre con que la Sociedad funcionará en Chile, con expresión en español del objeto de ella; b) Que la Sociedad conoce la legislación chilena y los reglamentos por los cuales habrán de regirse en el país sus agencias, actos, contratos y obligaciones; c) Que los bienes de la Sociedad quedan afectos a las leyes chilenas especialmente para responder de las obligaciones que ella haya de cumplir en Chile; d) Que la Sociedad se obliga a constituir un fondo especial con valores colocados y realizables en Chile para atender a las obligaciones que hayan de cumplirse en el país. Este fondo será determinado por el Presidente de la República según la naturaleza de cada sociedad y se formará con la cuota de las utilidades de cada balance que indique el decreto de autorización; e) Cuál es el capital efectivo que va a tener en el país para el giro de sus operaciones y la fecha y forma en que ésta ha de ingresar en la caja de la Agencia en Chile; f) Que se obliga a poner en conocimiento del Presidente de la República toda modificación que se opere en la organización social y a comunicar el cambio de representante, debiendo contener el nuevo poder, en todo caso, las exigencias señaladas en el inciso b) del artículo anterior, y g) Cuál es el domicilio de la Agencia principal.

El decreto que otorgue la autorización, los estatutos y el poder del agente serán inscritos en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la Agencia principal y publicados, por una vez, en el 'Diario Oficial' y por tres veces en un diario del mismo domicilio.

El Presidente de la República podrá autorizar la publicación de un extracto de los estatutos, cuando éstos sean demasiado extensos. El extracto será visado por la Superintendencia.

El agente enviará a la Superintendencia una copia del balance de la Agencia principal en Chile y otra del balance de la casa matriz, debidamente traducido.

El balance de la Agencia principal en Chile será publicado en el 'Diario Oficial'.

El permiso podrá ser revocado si la sociedad no ofrece las mismas garantías, si ha modificado sus estatutos en forma inconveniente o por cualquiera otro causa que calificará el Presidente de la República.

La Superintendencia podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, de quien corresponda, para clausurar las oficinas de las Agencias de Sociedades Anónimas Extranjeras que no hayan obtenido la autorización del Presidente de la República.

En conformidad con el artículo 49 del Reglamento toda Agencia deberá comunicar a la Superintendencia respectiva el cambio del representante de la Sociedad Anónima extranjera en el país y remitir copia autorizada y legalizada del correspondiente poder. El nuevo poder será inscrito en el Registro de Comercio del domicilio de la Agencia.

XVII. Empresa Pública en forma de Sociedad  en la que participan entidades públicas y sujetos privados.

A partir del año 1938 en que se creó la Corporación de Fomento de la Producción, se han multiplicado en Chile las sociedades de economía mixta, esto es, aquellas en que participan entidades públicas, como la indicada Corporación, y otras a las que sus leyes orgánicas facultan expresamente para constituir las indicadas sociedades (Empresa de Comercio Agrícola, Empresa Nacional de Minería, etc.) y accionistas privados. Actualmente, tales sociedades anónimas operan en rubros que se han estimado de interés nacional como acontece con la actividad hotelera, la de semillas y fertilizantes, la industria del acero y otros de parecida índole. Recientemente tales formas sociales han adquirido mayor auge en virtud de la legislación que permite incorporar capitales extranjeros en industrias vitales para el país como la del cobre, estableciendo un régimen especial que reconoce exenciones tributarias, garantías y otros incentivos para estimular esos aportes foráneos, y sometiendo su formación y actividad a reglas que en algunos aspectos se apartan de las que hemos examinado para las sociedades anónimas en general.

En relación con esta materia, el artículo 7°, letra a), de la ley N° 16.425, permite al Presidente de la República eximir, total o parcialmente, de todo impuesto, contribución, derecho o gravamen 'a los socios, accionistas, o terceros por los aportes que efectúen a estas Sociedades Mineras Mixtas'. De igual exención podrán gozar las empresas cuyos bienes resulten transferidos o enajenados a las Sociedades Mineras Mixtas a consecuencia de aportes o a cualquier otro título.

Por su parte, el artículo 13-A de la ley N° 11.828, agregado por el artículo 239 de la ley N° 16.464, permite eximir a las Sociedades Mineras Mixtas de la aplicación de los artículos 97, 100, 101, 106, 107, 108 y 114 del DFL. N° 251, de 1931, y del artículo 463 del Código de Comercio, siempre que efectúen la inversión de utilidades que prescribe el artículo 13?A de la ley N° 11.828, y el decreto del Ministerio de Minería N° 114 de 1966, y cuentan para ello con informe favorable de la Superintendencia.

Se eximen, además, de todo impuesto, contribución, derecho o gravamen a los contratos necesarios para el funcionamiento de las Compañías Mineras Mixtas.

Por último, la letra c) del artículo 2° de la ley No 16.225 autoriza para exceptuar también de todo impuesto, contribución o gravamen a los contratos que sean necesarios para el funcionamiento de las sociedades mineras mixtas en forma amplia.

Todas las sociedades anónimas mixtas están obligadas a informar y proporcionar los antecedentes que les sean requeridos por las Oficinas de Informaciones de la Cámara de Diputados o del Senado o por Comisiones de esos cuerpos legislativos. En caso de no hacerlo, la Contraloría General de la República puede fijarles un plazo para ello y sancionar a sus ejecutivos si, dentro del plazo fijado, no acataren dichos requerimientos. Las exenciones alegadas en cuanto a que, por tratarse de personas privadas, no estarían sujetas a la obligación de proporcionar esas informaciones han sido desestimadas.